¡ANIQUILADA! | La Corte falló a favor de Luis Juez y desplazó del Consejo de la Magistratura a un senador impuesto por CFK
El Máximo Tribunal invalidó la maniobra de Cristina, la cual buscó que asuma como consejero el Senador del FdT, Martín Doñate. De esta manera, se resolvió que el lugar sea ocupado por el cordobés, Luis Juez.
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Hoy, la Corte Suprema de Justicia ordenó (a través de un fallo de 25 páginas firmado por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) desplazar a Martín Doñate del Consejo de la Magistratura. De esta manera, su lugar será ocupado por el senador cordobés, Luis Juez, de Juntos por el Cambio.
El documento judicial sostuvo que la maniobra kirchnerista en la Cámara alta quebró “las reglas más básicas del debido proceso legislativo. La Presidencia del Senado no solo designó al representante de ‘Unidad Ciudadana’ sin convocar al ‘Frente PRO’ para escuchar sus posiciones, sino que lo hizo de espalda a los pedidos escritos que este último bloque ya le había presentado”.
Claudio Martín Doñate, Senador del Frente de Todos
Según argumentaron, ese puesto le correspondía a Juez como representante de la segunda fuerza política. Doñate llegó al Consejo como fruto de una jugada promovida por Cristina Kirchner en el Senado: partir el bloque del Frente de Todos en dos subloques para tener más representantes en el organismo que remueve y elige a los jueces de la Nación.
En diálogo con Los Antes, Luis Juez celebró la sentencia, la cual “demolió las pretensiones del kirchnerismo porque establece conceptos que son edificantes, contundentes y definitivos. Es importante porque no deja ningún resquicio: es una interpretación contundente de cómo debería haber actuado el Senado de la Nación”.
En ese sentido, señaló que “el fallo dice claramente que se han violado un montón de antecedentes y normativas” y “establece que la maniobra del kirchnerismo lesiona la representación política”.
Más tarde, en Cadena 3, el senador argumentó que no esperaba esa decisión de la CSJ, y resumió el veredicto emitido: “La Corte le dijo a la Vicepresidenta que actuó en una maniobra abusiva que no comprende la Constitución Nacional. El tramposo siempre se sale con la suya, pero esta vez la sentencia de la corte tuvo un nivel de contundencia”.
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El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.
La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.
Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.
Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.
Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.
El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.
La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.
En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.
La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.
Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.
La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.
Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.
– Jorge Capitanich y Marta Soneira
Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.
La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.
A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.
La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.
“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.
Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.
Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.
Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
