El Gobierno asegura que “no hay ajuste” sino “ordenamiento fiscal”
La vocera presidencial negó un recorte presupuestario en áreas como Salud o Educación y habló de un reacomodamiento.
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La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo este jueves que la reducción de los créditos presupuestarios en salud y educación establecida hace tres semanas no constituye un ajuste, sino un “mejor ordenamiento fiscal” de gastos que no estaba previsto ejecutar en el curso de este año sino en 2023, y descartó que esa medida se traduzca en recortes en las áreas de salud o educación.
Cerruti se refirió de esa manera a la decisión administrativa 826/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 22 de agosto en el Boletín Oficial, con la que se dispuso el reordenamiento de créditos presupuestarios por $ 210.000 millones. Todo el “ordenamiento fiscal” nace del compromiso del Gobierno con el FMI a cerrar el 2022 con un déficit anual primario del 2,5% del PBI. Esto lleva a tener que establecer cortes y reestructuraciones de financiamiento a sectores del aparato político.
“En todos los casos, las rebajas propuestas representan una reducción parcial de los créditos sub ejecutados a la fecha, con el fin de no provocar daños ni ajustes a las políticas públicas prioritarias de cada Ministerio”, afirmó el Palacio de Hacienda.
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Según publicó The Wall Street Journal el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó un préstamo de alrededor de US$ 20.000 millones para la Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo de unos US$ 5.000 millones, estructurada como una operación de recompra (más conocido como “repo”). El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente US$ 4.200 millones en enero de 2026 mediante la entrega de activos de inversión como garantía a cambio de dólares.
La publicación detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó dos componentes principales: un intercambio de divisas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas fue brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre, de acuerdo con el medio financiero. El préstamo del sector privado no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas.
Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a finales de octubre. En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente.
Frente a estas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el Gobierno hubiera negociado un rescate financiero por US$ 20.000 millones adicionales al swap: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, afirmó en X, respondiendo, de ese modo respondió a las informaciones de The Wall Street Journal.
La explicación de Caputo contrastó con declaraciones que él mismo había formulado semanas antes. El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones, el ministro afirmó en LN+: “Hay un swap de 20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Se refirió a dichos previos de Scott Bessent, quien describió públicamente el esquema de apoyo al país.
A mediados de octubre, Bessent indicó: “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”. En esa misma oportunidad afirmó: “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”. Luego definió el esquema como “una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y agregó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.
Las conversaciones, aclara el diario, están todavía en una fase inicial y “podrían cambiar o desmoronarse”. En Wall Street advierten que los bancos quedarían expuestos si el escenario financiero se complica y la Argentina no logra colocar deuda ni obtener otras fuentes de financiamiento para devolver el préstamo. Un portavoz del Tesoro, por su parte, se limitó a expresar que “Estados Unidos sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo” con la consolidación económica, sin ofrecer detalles sobre el esquema de apoyo.
No obstante, Caputo sostuvo que esas tratativas nunca tuvieron lugar. El ministro ya se había expresado el día anterior en redes sociales sobre el artículo del WSJ, cuando respondió a un usuario que preguntó por el acuerdo citando la nota con la frase: “¿Qué mier… es esto?“. El funcionario replicó: ”Excelente pregunta“, sin brindar, por ese momento, mayores precisiones.
El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), reveló que la economía argentina atraviesa una recesión consolidada, con ventas en baja, salarios depreciados y costos en alza. Según el informe, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y seis de cada diez trabajan sin ganancias.
El estudio advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación” y que el sector productivo nacional “opera por debajo de su capacidad real”. La utilización promedio del aparato productivo fue de 54,6%, cifra considerada preocupante por la entidad. En la industria, el nivel fue de 54,7%, por debajo del umbral del 60% que se asocia a un uso saludable de la capacidad instalada.
La encuesta, realizada entre más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, muestra que el 88% enfrentó aumentos de costos y el 74%debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas registró fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el deterioro del mercado interno.
El presidente de ENAC aseguró que “el consumo se derrumba”
El presidente de ENAC,Leo Bilinski, advirtió que “el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año”, ante un escenario de demanda deprimida y suba constante de costos. “Las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos y el consumo se derrumba”, detalló el dirigente.
En el frente laboral, solo el 17,1% de las firmas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos trepan al 28,8%, con un resultado neto de -2,99% en el empleo pyme durante el trimestre.
El financiamiento, lejos de destinarse a inversión, se volvió una herramienta de supervivencia. El 21,3% de las empresas se endeudó para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos.
A su vez, el 59% de las firmas denunció demoras en los pagos de clientes y el 47% más incumplimientos, generando una asfixia de liquidez: las pymes financian a sus compradores a 37 días, pero pagan a proveedores en 30.
Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 76% de los empresarios cree que la economía seguirá empeorando y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.
Los bancosSantander y BBVA aplicaron un fuerte freno al crédito en Argentina en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política, los elevados tipos de interés y la caída en las expectativas de crecimiento. Ambas entidades españolas admitieron que tomaron medidas “drásticas” para reducir costos, como limitar la concesión de préstamos y recortar coberturas sobre el capital.
El deterioro del contexto quedó reflejado en los balances. Según BBVA, las perspectivas de crecimiento económico se deterioraron en el tercer trimestre por la inestabilidad política, las presiones cambiarias y el alto costo del dinero. Santander, por su parte, calificó la situación como “complicada” y reconoció mayores dificultades de los clientes para repagar los préstamos, lo que obligó a incrementar provisiones.
Como consecuencia, el crédito se desplomó. BBVA habló de una desaceleración “significativa” y reveló que la producción de préstamos cayó 9% entre julio y septiembre, mientras que el crecimiento del tercer trimestre fue mucho menor al del período anterior. En Santander, el financiamiento quedó prácticamente limitado a empresas exportadoras y del sector energético.
El contexto de tasas explica gran parte del freno. Los tipos de interés llegaron a tocar el 60% en octubre, lo que disparó el costo del riesgo: 4,91% para BBVA y 7% para Santander. “Con tipos de interés reales en estos niveles, es imposible ganar dinero”, advirtió Héctor Grisi, consejero delegado del Santander. El impacto también golpeó los resultados: Santander perdió 348 millones de euros entre enero y septiembre, y BBVA redujo sus ganancias un 25% en el trimestre.
Aun así, ambos bancos mantienen expectativas moderadas de mejora. BBVA sostuvo que un enfoque persistente en la reducción de la inflación y la baja de tasas podría favorecer el entorno financiero. Santander, en cambio, se mantiene a la espera del impacto de la asistencia financiera de Estados Unidos y actúa con máxima prudencia hasta que haya señales más claras.
El primer proyecto argentino de cobre en entrar en producción se ubicó en Mendoza. PSJ Cobre Mendocino presentó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura provincial y anunció una inversión inicial de US$ 560 millones para el proyecto San Jorge, con inicio de obras previsto para 2026.
Según su CEO, Fabián Gregorio, la escala de producción prevista podría aportar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones mendocinas, estimadas en poco menos de US$ 2.000 millones.
“El envío de la DIA a la Legislatura provincial es un hito importante, condición necesaria, pero no suficiente, para acercarnos a nuestra licencia operativa”, señaló Gregorio en diálogo con Forbes. “Estamos contentos, la verdad estamos con mucha satisfacción por la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que ha hecho el gobierno y sobre todo que lo ha enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento que va a ser, supongo, en forma inminente”.
Gregorio precisó que San Jorge “es un proyecto mediano muy interesante, tiene una escala importante de tratamiento de minerales y pretende producir cuarenta mil toneladas de anuales de cobre fino, asociado con cuarenta mil onzas de hora como subproducto. Esto se va a prolongar inicialmente a lo largo de dieciséis años, pero estimamos que puede tener una vida útil hasta inclusive a los veintisiete años, dependiendo de las condiciones de mercado y geológica, pero es una posibilidad importante”.
El proyecto se presentó como el primer desarrollo de cobre en producción en el país y se asentó en Uspallata. La propuesta productiva se enfocó en un mineral estratégico y en un esquema de operación que contempló costos anuales definidos y una vida útil extendida, con potencial de ampliación sujeta a condiciones geológicas y de mercado.
El proyecto perteneció a Zonda Metals, de capitales suizos, que se asoció con el Grupo Alberdi, de capitales argentinos, para su desarrollo en Mendoza. “Existía una mirada importante sobre la Argentina, primero por su potencial geológico, por su marco normativo que siempre fue bueno, pero hoy se va consolidando con medidas de promoción como el RIGI y por el contexto macroeconómico que viene ofreciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, las expectativas se fueron incrementando claramente en estos últimos años y hoy estamos seguramente en esos bloques de empresa que están creyendo en la Argentina y apostando cada vez más fuerte”.
Consultado por el proceso político reciente, el CEO indicó que “independientemente de la relevancia que puede tener para la macroeconomía local, nos hemos mantenido al margen de eso. Recuerden que estamos en una en una provincia, la forma que se maneja la minería en la Argentina también es muy regionalizada, es muy federal. No digo que haya sido irrelevante, pero no ha estado en nuestra agenda condicionando”.
Respecto de los próximos pasos, Gregorio afirmó: “Estamos trabajando con un equipo intensamente para aplicar al RIGI. En las próximas semanas vamos a tener definiciones y vamos a estar haciendo algún anuncio al respecto. Y cuando esté ratificado por la Legislatura, vamos a acelerar los procesos de factibilización definitiva de la mina, vamos a cerrar la ingeniería detalle y estamos trabajando ya sobre el cierre del financiamiento. Tenemos todas las pretensiones que en algún tramo del 2026 estemos en condiciones de iniciar la construcción de la mina, que va a demandar entre dieciocho a veinticuatro meses”.
Entrevistado por Radio Post, Gregorio describió: “Es una ejecución de alto impacto y rápida implementación. Para que una mina de este tipo funcione, hay que invertir mucho dinero”. Precisó que son 120 millones de dólares anuales en gastos operativos, y remarcó que el emprendimiento tuvo “una mirada muy enfocada en Mendoza”.
Sobre la extracción aclaró que “se aplicará un método de flotación, que consiste en moler la roca, tratarla con agua en un circuito cerrado y filtrarla para obtener un concentrado de cobre. Es un proceso limpio, sin filtraciones ni sustancias contaminantes: todos los reactivos son biodegradables”.
En materia de empleo, Gregorio sostuvo que durante la construcción se generarían unos 3.900 puestos entre directos e indirectos, con alrededor de 600 empleos permanentes en operación: “Por cada trabajador directo, se replican tres más en distintos sectores de Mendoza. En algunos casos, ese número puede ser aún mayor”.
En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a analizar la DIA de PSJ Cobre Mendocino, enviada por el Poder Ejecutivo para su ratificación. Por videoconferencia, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que la discusión legislativa “es una decisión política sobre un informe técnico” y buscó garantizar que los legisladores conocieran “cómo se llegó a la decisión administrativa, el proceso que está reglado y fundado”. Añadió que “este proceso llevó 9 meses y ha tenido la interacción con cada uno de los intersectoriales que han participado, profesionales incluso de otros lugares como Chile y San Juan. No ignoramos la normativa comparada”.
Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental. Estamos en un nivel muy superior”. Recordó además que “cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían. Igual lo exigimos acá”.
Según los fundamentos de la elevación, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental garantizó participación ciudadana efectiva mediante consultas públicas, talleres y visitas técnicas. Se convocó y celebró una audiencia pública, se admitieron observaciones por escrito, y se dispuso la compulsa pública de las actuaciones en formato físico y digital. En paralelo, se tramitaron procedimientos de consulta previa a comunidades originarias vinculadas al área de influencia.
FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral “Composición de precios: carne, pan y leche” y analizó la estructura de valor de la cadena desde la producción hasta el consumidor. El trabajo indicó que uno de cada cuatro pesos del precio final se destinó a impuestos y que, según la cadena, los costos, los tributos y las ganancias presentaron diferentes participaciones.
En carne vacuna, en agosto el kilo promedió $12.141. Sobre ese precio, los costos representaron el 52%, los impuestos el 28% y la ganancia el 20%. Por eslabones, la cría explicó el 26%, el feedlot el 22%, el frigorífico el 3%, la carnicería el 22% y los impuestos el 28%.
Dentro de la carga tributaria, el 77% correspondió a tributos nacionales, el 17% a provinciales y el 7% a municipales; por tipo, se destacaron IVA (34,4%) y Ganancias (32,0%), seguidos por Ingresos Brutos (13,7%). La cadena absorbió $6.320 por kilo en costos, $3.449 en impuestos y obtuvo $2.472 de resultado. En el eslabón frigorífico, el informe indicó una pérdida de $2 por kilo. Los fletes de punta a punta de la cadena representaron el 1,4% del precio (unos $175 por kilo), y el costo laboral totalizó el 11% (equivalente a $1.345 por kilo). Entre febrero y agosto de 2025, el precio al consumidor subió 19% frente a una inflación de 14,2% y los costos perdieron participación, mientras que impuestos y ganancias la ampliaron.
En pan francés, en agosto el kilo promedió $3.199 (con diferencias regionales: $3.760 en GBA y $2.111 en el NEA). La composición del precio se integró por 60% de costos, 24% de impuestos y 16% de ganancias. Por eslabones, el trigo explicó el 8%, el molino el 4%, la panadería el 64% y los impuestos el 24%. La carga tributaria se distribuyó 79% nacional, 19% provincial y 2% municipal; por tipo, prevalecieron IVA (44,4%), Ganancias (28,4%) e Ingresos Brutos (18,2%).
La cadena afrontó $1.927 por kilo en costos, $760 en impuestos y obtuvo $513 de resultado. La producción de trigo registró un resultado negativo de -$11 por kilo de pan. Los fletes incidieron 1,7% del precio (unos $53,4 por kilo) y la mano de obra totalizó 34% (unos $1.060 por kilo), con mayor peso en panaderías. El informe señaló que el precio del trigo se multiplicó por 12 entre el campo y la panadería. Entre febrero y agosto de 2025, los costos aumentaron por encima del precio del pan, lo que redujo la participación de las ganancias e impuestos en el precio final.
En leche entera en sachet (1 litro), en agosto el precio promedió $1.653. La estructura se compuso de 71% de costos, 26% de impuestos y 3% de ganancias (unos $56 por litro). Por eslabones, el tambo explicó el 28%, la industria el 26%, el comercio el 20% y los impuestos el 26%. La carga impositiva se repartió 79% nacional, 17% provincial y 4% municipal; por tipo, IVA concentró el 67,9% y Ingresos Brutosel 16,3%. La cadena afrontó $1.175 por litro en costos y $422 en impuestos. Los fletes representaron el 6,5% del precio (unos $108 por litro), y la mano de obra totalizó el 18% (unos $299 por litro), con mayor peso en el comercio.
En el tambo, el precio promedio pagado fue de $474 por litro, los costos estimados ascendieron a $479 y los impuestos a $8, por lo que el resultado fue negativo en $13 por litro. El informe consignó que el precio se multiplicó por 3,5 entre el campo y la góndola y recordó que la leche tributó 21% de IVA, a diferencia de carne y pan, que aplicaron 10,5%.
Respecto de los granos,el maíz explicó el 8% del precio final de la carne bovina y el 4% del de la leche; en el pan francés, el trigo explicó el 9% del precio. Con base en los coeficientes oficiales de conversión y los precios de agosto de 2025, FADA estimó que, en promedio, casi el 90% del precio de estos productos respondió a otros componentes (costos diversos, márgenes e impuestos).
“Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”
La economista de FADA Antonella Semadeni explicó la metodología: “Distinguimos entre los costos de producción, los impuestos y las ganancias de cada uno de los eslabones de la cadena”.
“En términos generales y en promedio, el 60% del precio que paga un consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”.
Para graficarlo, agregó: “Supongamos, vamos a la carnicería, compramos un kilo de carne, bueno, de ese kilo de carne que yo pago, 250 gramos los estoy pagando en concepto de impuestos. Lo mismo en el caso de la leche, yo compro un sachet de leche de un litro, un vaso que me tomo, de los cuatro que me voy a tomar, uno son impuestos. Y lo mismo en el caso del pan, voy a la panadería, compro cuatro pancitos, uno que estoy pagando son impuestos”.
Al analizar el rol del Estado en la cadena, planteó que “funciona como una especie de eslabón más, que se lleva más que el resto de los eslabones, y no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no invierte, no madruga, por así decirlo, pero cobra el 25% de cada precio final”.
Para cubrir sus gastos, la mitad de los hogares en argentina usa ahorros, pide dinero prestado, vende pertenencias y compras en cuotas o al fiado, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según el documento “Estrategias de manutención ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, en el primer semestre 2025:
37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado
16,1% pidió préstamos a familiares/amigos
14,2% pidió préstamos a financieras
50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta
9,3% vendió sus pertenencias
Evolución de las estrategias de los hogares
“El 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos porcentuales y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025”, señaló el INDEC.
Según el organismo, “para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado“.
“Hoy la mitad de los hogares vive a crédito. El financiamiento dejó de ser una herramienta de progreso para transformarse en un mecanismo cotidiano de supervivencia, donde la deuda reemplaza al ahorro y al aumento real de los ingresos”, señalaron desde el CEPEC.
Situación de acuerdo a distintos estratos de ingreso
En detalle, el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención; mientras que, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos.
En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres.
En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos.
El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%).
El uso de ahorros no presenta grandes diferencias entre estratos de ingreso, salvo entre 2020 y 2021, cuando disminuyó el porcentaje de hogares de mayores ingresos que declaró hacer uso de ahorros.
“También se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos –sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado– y de la utilización de ahorros para gastos corrientes”, informó el organismo.
El CEPEC considera que los números del INDEC muestran que “la economía de los hogares está cada vez más tensionada. El modelo actual se apoya en tres pilares interdependientes: trabajo (82%), que ya no garantiza estabilidad; asistencia estatal (14,6%), que crece como sostén estructural; y deuda o uso de ahorros (más del 50%), que completan los ingresos faltantes“.
Y concluye: “Los hogares argentinos viven entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en una economía donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad depende del crédito o del apoyo estatal”.
Las filiales argentinas de los bancos españoles aplicaron recortes drásticos ante tasas del 60%, presión cambiaria y morosidad creciente. Qué esperan del país.
Las guías municipales de Cañuelas multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año, tras un aumento del 200% aprobado en diciembre de 2024. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente”, alertaron desde CAMyA.
La DGI denunció a Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, por montar un circuito de billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres con cuentas de personas de bajos ingresos.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
