DANANN Y LA “AFI DE MACRI” | Así es la nueva OPERACIÓN K para vincular el “atentado” de CFK a la oposición

En exclusiva, los detalles de la jugada con la que el kirchnerismo busca vincular el fallido atentado con la oposición y los "discursos de odio".
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Decidido a utilizar el fallido atentado contra Cristina Kirchner como una herramienta que le permita consolidar su avanzada contra la Justicia, la oposición y la libertad de expresión, el kirchnerismo busca vincular al atacante de la vicepresidenta y su pareja con Juntos por el Cambio. La maniobra se puso en marcha este jueves en C5N, donde el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade hizo referencia a un “referente libertario” con “mucho vínculo, por lo menos en redes sociales” con Brenda Uliarte y pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos. “Silvia Majdalani lo infiltró en la organización de Milei para romperla por dentro”, denunció sin dar mayores precisiones. Dos horas después, quien tomó la posta fue el periodista militante Juan Alonso. En su cuenta de Twitter, coronó los dichos del legislador con un hilo en el que le puso nombre y apellido al acusado: “se llama Manuel Jorge Gorostiaga y se hace llamar Emmanuel Danann en redes sociales”.

Martín García on Twitter: “PARA PARA cómo cómo @rodotailhade ? cómo que mandaron a infiltrar a un partido político para romperlo desde adentro. GRAVE @JMilei @LLibertadAvanza pic.twitter.com/MYYvtelaPc / Twitter”

PARA PARA cómo cómo @rodotailhade ? cómo que mandaron a infiltrar a un partido político para romperlo desde adentro. GRAVE @JMilei @LLibertadAvanza pic.twitter.com/MYYvtelaPc

Además, Alonso ratificó lo dicho por Tailhade “fue empleado de la AFI desde febrero de 2018 y respondía a Silvia Majdalani con el fin de infiltrar a los libertarios de Milei”– y amplió: “Ahora estaría cerca de Patricia Bullrich”. También señaló: “Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel tenía a este sujeto como contacto en redes sociales”. Y apuntó: “Nótese cómo Danann desestima el intento de asesinato contra @CFKArgentina. Tiene un millón y medio de seguidores en YouTube y no está lejos del discurso del odio contra CFK”.

Juan Alonso on Twitter: “#UrgenteEste muchacho se llama Manuel Jorge Gorostiaga y se hace llamar Emmanuel Danann en redes sociales. Fue empleado de la AFI desde febrero de 2018 y respondía a Silvia Majdalani con el fin de infiltrar a los libertarios de Milei. Ahora estaría cerca de Patricia Bullrich. pic.twitter.com/AaadZ5ui73 / Twitter”

UrgenteEste muchacho se llama Manuel Jorge Gorostiaga y se hace llamar Emmanuel Danann en redes sociales. Fue empleado de la AFI desde febrero de 2018 y respondía a Silvia Majdalani con el fin de infiltrar a los libertarios de Milei. Ahora estaría cerca de Patricia Bullrich. pic.twitter.com/AaadZ5ui73

Juan Alonso on Twitter: “Un importante líder liberal consultado por este periodista, confirmó que Manuel Jorge Gorostiaga se distanció de Milei (actuó y habló en varios de sus actos) y ahora estaría con Bullrich. Otra fuente lo vincula con Silvia Majdalani de forma inorgánica. Qué hizo en 2018 y 2019? / Twitter”

Un importante líder liberal consultado por este periodista, confirmó que Manuel Jorge Gorostiaga se distanció de Milei (actuó y habló en varios de sus actos) y ahora estaría con Bullrich. Otra fuente lo vincula con Silvia Majdalani de forma inorgánica. Qué hizo en 2018 y 2019?

Juan Alonso on Twitter: “Publica noticias en contra de la reforma constitucional en Chile y toma posición del lado Bolsonaro de la vida. O debería decirse de la muerte? Por estas situaciones es urgente la Ley de Medios que anuló Macri y penalizar el discurso del odio y el negacionismo de la dictadura. pic.twitter.com/lIJo6jcBM6 / Twitter”

Publica noticias en contra de la reforma constitucional en Chile y toma posición del lado Bolsonaro de la vida. O debería decirse de la muerte? Por estas situaciones es urgente la Ley de Medios que anuló Macri y penalizar el discurso del odio y el negacionismo de la dictadura. pic.twitter.com/lIJo6jcBM6

Si bien es cierto que Brenda Uliarte, hoy imputada junto a Fernando Sabag Montiel por el ataque a la vicepresidenta, es seguidora de Danann en redes sociales, esto no prueba que él o cualquiera de los otros 563 usuarios que la joven sigue en Instagram hayan tenido que ver con su decisión de participar –directa o indirectamente– del fallido intento de magnicidio. Pero lo importante pasa por otro lado.

Según pudo reconstruir el portal PeriodismoyPunto, Danann empezó trabajar para el gobierno de Cambiemos el 1º de febrero de 2016. Traductor público de profesión, el influencer fue contratado por el Ministerio del Interior para prestar funciones en la Subsecretaría de Asuntos Políticos, primero, y en la Dirección Nacional Electoral (DINE), después. Allí estuvo hasta el 31 de octubre de 2018, cuando ingresó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Esto marca una notoria contradicción con las afirmaciones de Tailhade y Alonso, pues su ingreso a la Administración Pública se produjo dos años antes de lo señalado por ellos. Pero eso no es todo: “En el Ministerio del Interior y la DINE se entraba con huella digital, por lo que fácilmente puede comprobarse si Danann trabajó ahí o su contratación fue una ‘cobertura'”, indicó bajo estricto off the record un excompañero del influencer.

Sobre su pase a la AFI, el cual se concretó el 1º de noviembre de 2018, los colegas de PeriodismoyPunto pudieron saber que Danann fue contratado para cubrir una vacante como traductor en la Dirección Operacional de Inteligencia Exterior. Allí recibió el alias de Marco Galiani, en el marco de la normativa de secreto de identidad que regía entonces para los empleados de la agencia, hicieran o no tareas de inteligencia.

Su estadía en la casa de los espías duró hasta enero de 2020, luego de que el presidente Alberto Fernández dispusiera la intervención del organismo y pusiera al mando a la exfiscal Cristina Caamaño.

En ese momento, Javier Milei no era más que un economista con alta exposición mediática que coqueteaba con la idea de jugar en política. Pero recién confirmaría ese salto el 26 de septiembre de 2020, cuando anunció su decisión de ser candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021. Su primer acto de campaña lo hizo el 7 de agosto de 2021, en Plaza Holanda.

Danann junto al economista libertario, Javier Milei.

Por lo tanto, resulta imposible que Danann se haya infiltrado en el armado del economista para “romperlo desde adentro” por orden de la exsubjefa de la AFI Silvia Majdalani –como denunció Tailhade. A menos que la exseñora Ocho le haya conseguido al joven libertario el mítico auto DeLorean, con el que Michael Fox y Cristopher Lloyd supieron volver al futuro en los ya lejanos años 80.

Al cierre de esta edición, el diputado y referente de La Libertad Avanza (LLA) no se había expresado sobre la denuncia de Tailhade. Pero sí lo hizo una de sus más estrechas colaboradoras: Lilia Lemoine, expareja de Danann y actual vicepresidenta del Partido Libertario (PL), quien sorprendida por las declaraciones de Tailhade y los tuits de Alonso no dudó en contestar por Twitter: “Es traductor público… A ustedes les chifla el coco”.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1568100293526671362
  • Fuente: Periodismo y Punto – Camilo Cagnacci
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Una financiera ligada a “Chiqui” Tapia habría lavado $818.000 millones

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta evasión impositiva y maniobras de lavado de dinero. La presentación se radicó en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora y señaló que la firma se habría usado para lavar activos y movió alrededor de $818.000 millones, además de evadir más de $3.300 millones del denominado Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025.

La investigación tomó cuerpo cuando agentes de ARCA detectaron un patrón que se repitió en distintos expedientes: cuentas pertenecientes a personas de bajos ingresos que recibieron montos siderales en efectivo y que, de inmediato, derivaron esas sumas hacia billeteras virtuales. Ese movimiento, habitual para eludir controles, terminó por señalar a Sur Finanzas como uno de los nodos principales del circuito.

– Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

Según la denuncia, la DGI detectó la maniobra de presunto lavado de activos a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, mediante pagos con QR, terminales SurPos y links de pago, con operaciones que movieron (hasta abril pasado) unos $818.000 millones. Las sospechas se consolidaron cuando se comprobó que el 31% de quienes realizaron movimientos de dinero eran “sujetos no categorizados”, sin inscripción en ARCA.

La financiera surgió hace pocos años en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Lomas de Zamora. En 2022 se creó con la denominación Neblockchain S.A. y empezó a funcionar como operadora de criptomonedas y billetera virtual. A fines de 2023 tomó impulso en torno a la gestión de criptoactivos y servicios digitales y, en agosto de 2024, modificó su nombre para pasar a llamarse Sur Finanzas PSP SA. En apenas cuatro años, el emprendimiento pasó de operar con tres empleados a manejar más de veinte sucursales dedicadas a préstamos, cambio de divisas y servicios digitales.

En lo formal, la firma quedó ligada a la familia Vallejo. La financiera, cuya presidenta era Graciela Vallejo y cuyo vicepresidente era Maximiliano Ariel Vallejo, tuvo como figura central a Ariel Vallejo, señalado como el hombre a cargo de la empresa y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. En las redes sociales, Vallejo se mostró con dirigentes y figuras del fútbol, acompañado por la frase “Somos la billetera del futbol”. La denuncia indicó que Sur Finanzas era “en lo formal” propiedad de Ariel Vallejo, quien figura como investigado por presunto lavado de dinero.

El vínculo con el mundo del fútbol se extendió más allá de las fotos. Durante la gestión de Tapia en la AFA, Sur Finanzas actuó primero como anunciante y luego como prestamista de distintos clubes del fútbol argentino, especialmente de primera división. La firma logró que el Torneo de la Liga Profesional se llamara “Copa Sur Finanzas” y también se convirtió en sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda. Además, colocó importante publicidad en el club de Tapia, Barracas Central, y en otros equipos.

Detrás de la estructura formal, los investigadores describieron un circuito basado en prestanombres y contribuyentes de bajo perfil fiscal. Para ARCA, las inconsistencias mostraron una estructura sostenida apoyada en terceros que ocultó al verdadero dueño del dinero. Los casos individuales ilustraron el alcance de la maniobra.

– El 24 de octubre, dos días antes de las elecciones, Vallejo creó cuatro empresas en Miami (La Nación)

En uno de los expedientes apareció la constructora TAR, que recibió más de $6.000 millones sin relación con su actividad declarada y derivó parte de esos fondos hacia una casa de cambio comprada por el propio Ariel Vallejo. En paralelo, en la causa Andis se detectó que dinero manejado por otros imputados habría terminado invertido en criptomonedas a través de “Neblockchain”, el nombre anterior de Sur Finanzas PSP.

La investigación también se concentró en monotributistas con niveles de facturación incompatibles con los montos operados. Un contribuyente inscripto en la categoría “D”, que facturó menos de $5 millones en 2024, movió más de $230 millones y registró operaciones digitales por $87.000 millones, además de comprar un BMW valuado en casi $99 millones. Otro monotributista, de categoría “A”, manejó $7.000 millones en apenas cuatro meses y realizó retiros por $176 millones en el exterior, pese a declarar como único bien un vehículo modelo 2008.

En el plano tributario, la DGI sostuvo que Sur Finanzas no pagó el Impuesto a los Débitos y Créditos, conocido como Impuesto al Cheque, que debía cobrar a las empresas que operaron con sus sistemas y a las personas no alcanzadas por las excepciones previstas en ese régimen. De acuerdo con los cálculos del organismo, la evasión acumulada desde el inicio de las operaciones en 2022 hasta abril de este año ascendió a $3.327 millones.

La avanzada oficial contra la financiera se produjo en medio de las críticas al presidente de la AFA por recientes irregularidades en el ámbito deportivo, como la entrega de un sorpresivo título a Rosario Central por una sumatoria de puntos y no por haber ganado un certamen concreto, y las sospechas sobre Pablo Toviggino, ladero de Tapia, por su presunta influencia sobre los arbitrajes. En ese contexto, la denuncia penal contra Sur Finanzas apuntó a desarmar la estructura que, según la DGI y ARCA, utilizó billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres para mover enormes volúmenes de dinero por fuera de los controles fiscales.

Santilli visitó Entre Ríos y selló con Frigerio una agenda común de reformas: “El trabajo tiene que ser en equipo”

Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.

Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.

Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.

El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.

El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.

Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.

Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.

En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.

El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.

“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.

Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.

Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.

Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.

Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.

Productores repudiaron a Kicillof por aumentar impuestos en medio de las inundaciones: “Nos tira un salvavidas de plomo”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.

CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.

La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.

Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.

En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.

La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.

De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.

La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.

“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.

La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.

El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.

En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.

Una auditoría detectó subsidios sin controles ni rendición de cuentas en el Instituto Nacional del Cáncer

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.

El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.

Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.

Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.

– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer

La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.

Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.

– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación

También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.

El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.

Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.

La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.

*Fuente: El Auditor

Tras la salida de siete diputados, Ritondo reorganiza el bloque PRO y refuerza su liderazgo

El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.

Pérdida de bancas y movimientos internos

Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.

“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.

Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista

La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.

En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.

Reconfiguración del bloque y alineamientos

La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.

Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.

El rol de Macri y el diálogo con Milei

El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.

En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.

El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.

Bullrich denunció al sindicalista que dijo que su trabajo “es provocar la crisis de este gobierno”

La ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, previsto en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, luego de que el dirigente afirmó que su “trabajo” era desestabilizar al Gobierno de Milei en medio del debate por la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

El eje de la acusación se basó en una frase que el dirigente estatal pronunció durante una entrevista televisiva en el programa QR, del canal Bravo TV, en la que afirmó: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, esas expresiones constituyeron una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el presidente de la Nación en el marco de sus facultades democráticas para enviar un proyecto de ley al Congreso.

La presentación quedó radicada ante la justicia federal, en el juzgado a cargo de Sergio Ramos, y se formalizó a través de un escrito firmado por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Soto actuó en representación del Ministerio de Seguridad Nacional y por orden expresa de Bullrich.

En la denuncia el funcionario expuso que el Ministerio tomó conocimiento de las declaraciones de Aguiar “ante la noticia de la futura presentación por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de ley de reforma de la legislación laboral”. Allí sostuvo que el secretario general de ATE expresó “una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”. 

El escrito remarcó que las manifestaciones de Aguiar resultaron “altamente reprochables” por provenir de quien tenía la responsabilidad de ejercer la representación de los trabajadores del Estado. Según la denuncia, el dirigente instó de manera deliberada a “poner en crisis” al Gobierno, es decir, a afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.

La denuncia del Ministerio de Seguridad se inscribió, según el propio texto, en un contexto de fuerte tensión política y sindical en torno al proyecto de reforma laboral y a la reacción de los gremios estatales. En ese escenario, el escrito oficial puso el foco en la responsabilidad de los dirigentes sindicales por el alcance de sus declaraciones públicas y en la protección del funcionamiento de las instituciones democráticas.

Desde ATE, Aguiar respondió públicamente a la “ofensiva” judicial del Gobierno. En un comunicado titulado ATE responde a la denuncia del Gobierno contra Aguiar: ‘Son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich’, el secretario general del gremio sostuvo: “El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles. Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”.

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El secretario general de ATE vinculó la denuncia con la situación económica y con la estrategia del Ejecutivo frente a las protestas. “Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva”, señaló. Y agregó: “Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”.

En paralelo a la presentación judicial, ATE anunció un paro nacional contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno. La medida de fuerza se convocó para este miércoles e incluyó una movilización a la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, a las 12. El gremio encuadró la huelga como el “primer paro nacional contra la reforma laboral”, en rechazo a los cambios impulsados por el Ejecutivo.

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