Ramiro Marra presentó un proyecto para que el sueldo de los políticos sea acorde a su rendimiento
El representante de La Libertad Avanza (LLA) propuso que los trabajadores del Poder Legislativo en CABA cobren en Letras de Confianza Dirigencial, ¿De qué se trata?
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El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, presentó un proyecto para modificar la forma en la que cobran su sueldo los políticos. ¿Acompañará también este proyecto el diputado nacional Javier Milei?
Según lo presentado, se crearán nuevos títulos públicos bajo el nombre Letras de Confianza Dirigencial (LECODI-CABA) y las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (jefe y vicejefe de Gobierno, legisladores, secretarios y ministros) cobrarán su sueldo en dicha modalidad.
Además, este proyecto presentado por el diputado del bloque de Javier Milei busca que se estipule que la mitad de estos títulos públicos se liciten en el mercado abierto. Por lo que, en cierta medida, la propia gente que los compre irá marcando cuánto terminan ganando los funcionarios de la ciudad.
La iniciativa apunta a generar un mecanismo que afecte a los sujetos que tienen alguna incidencia en la diagramación o ejecución presupuestaria. Esa afección se da en forma de un castigo económico en caso de una mala gestión financiera que afecte la confiabilidad crediticia del GCBA, ya que si la gestión es mala, el precio de estos títulos bajará, y los funcionarios pasarán a percibir menos ingresos.
“Nuevo proyecto: Que los políticos de turno cobren con títulos de deuda. Van a ver como se empiezan a preocupar por gestionar bien”
“En el sector privado cuando uno gasta de más o hace mal las cosas, va a la quiebra. Estamos acostumbrados a que en el sector público todo se haga mal y los principales responsables no sientan la diferencia. Con este proyecto queremos modificar la forma en la que los políticos se comprometen con la gestión, ya que si hacen mal las cosas, sus bolsillos también se van a ver afectados”, concluyó Ramiro Marra.
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La propuesta de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, que instaba a los órganos competentes a apartar temporalmente al intendente, fue desestimada tras no conseguir el apoyo necesario en la Cámara Baja. La iniciativa requería tres cuartas partes de los votos para ser tratada, pero sólo obtuvo 103 votos a favor, frente a 79 en contra, y no hubo abstenciones. Esta situación impidió que el proyecto avanzara, dejando al caudillo matancero en su puesto mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.
El proyecto presentado por la legisladora del PRO manifestaba su “preocupación ante el procesamiento del intendente de La Matanza” y pedía la “inmediata suspensión en el cargo, mientras se sustancian las investigaciones pertinentes”. Lospennato criticó duramente la decisión de Unión por la Patria de no apoyar la moción, acusándolos de brindar protección política a Espinoza. “Quieren decirse que defienden a las víctimas de violencia, pero no defienden a todas las víctimas, porque si las víctimas son de un poderoso como Espinoza, a Espinoza le dan protección política”, declaró.
El caso que rodea al intendente Espinoza se remonta a una denuncia presentada por Melody Rakauskas, una de sus secretarias, quien lo denunció en la Justicia por abuso sexual. Este procesamiento judicial se encuentra en una etapa clave, con la existencia de una semiplena prueba que, según Lospennato, justifica el pedido de suspensión para que Espinoza no interfiera en las investigaciones en curso.
La negativa de UxP a tratar el proyecto de suspensión generó una fuerte reacción en la oposición. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada, señaló: “Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos”.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, advirtió este domingo que “once de los doce últimos policías caídos en cumplimiento del deber fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires“, al tiempo que pidió a las autoridades bonaerenses y judiciales “apresar a los asesinos prófugos”.
“De los últimos doce Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, once fueron asesinados en PBA. Esta semana, tras recibir tres tiros, fue víctima el oficial [Juan Manuel] Castelli, en Lomas de Zamora. A esta hora seguimos esperando los resultados de las acciones del Juzgado correspondiente para que apresen a los asesinos que siguen prófugos”, sostuvo el funcionario porteño.
En ese sentido, señaló que en los últimos nueve meses “se triplicaron los enfrentamientos de nuestra Policía en la Provincia, cuando van a trabajar o regresan de cumplir servicio a sus casas”. Al respecto, detalló que eso significa que hubo “un 42% de aumento del delito en la provincia de Buenos Aires porque en definitiva son vecinos que están de civil, los quieren robar, se identifican y se produce un enfrentamiento”.
A raíz de ese escenario, apuntó contra la gestión bonaerense de Axel Kicillof al exigir “decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad”. “Esto habla del descontrol que hay en gran parte del sur del Conurbano lindante con la CABA en general. Necesitamos decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad en esos distritos de la PBA para que ejecuten políticas serias y a largo plazo para que sus vecinos y los de CABA vivan más seguros”, enfatizó.
Asimismo, manifestó que “más del 50 por ciento de los delitos en la Ciudad son de reincidentes que provienen del Conurbano a delinquir” y que “más del 50 por ciento de los delincuentes quedan en libertad”.
“El delito no distingue límites políticos. Los números desnudan una realidad incontrastable que no se resuelve con eslogans. La seguridad de la Ciudad depende también de un Conurbano ordenado y trabajando en sintonía. Es la única salida tras décadas de abandono y desidia”, remarcó.
Sumado a esto, el ministro porteño publicó en su cuenta de X un gráfico en el que se detalló que “desde el pasado 10 de diciembre hasta el 1 de agosto” se produjeron “148 enfrentamientos armados” entre algún policía de la Ciudad y delincuentes, de los cuáles “34 fueron en Capital Federal y 114 en Provincia“.
Asimismo, de los 12 policías asesinados entre 2021 y 2024, uno ocurrió en CABA y los otros 11 en el distrito bonaerense. En ese sentido, Wolff cerró: “Nosotros tenemos diferencias ideológicas, diferencias políticas. Ahora, cuando tocan a alguien de una fuerza para mí no hay diferencia”.
EL CRIMEN DE JUAN MANUEL CASTELLI
Dos delincuentes asesinaron el pasado miércoles a un policía de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un intento de robo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima fue identificada como Juan Manuel Castelli, de 41 años y que prestaba servicio en la Dirección de Alcaldía 12.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el efectivo se encontraba en el partido bonaerense viajando en su moto para tomar servicio. En ese momento, fue interceptado por dos delincuentes que intentaron sustraer sus pertenencias.
Como consecuencia, los ladrones le efectuaron dos disparos de arma de fuego que impactaron en una de sus piernas y en un brazo. Luego del suceso, se dieron a la fuga, sin haber robado nada.
Tras el disparo, el oficial fue asistido en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, aunque los médicos no pudieron salvarlo, ya que la bala que impactó en su pierna perforó la arteria femoral y finalmente falleció a raíz de la gravedad de las heridas. El caso fue tomado por la UFI N°19 Dep. Jud. Lomas de Zamora.
El ministro de Seguridad porteño se expresó en X acerca de lo sucedido en la localidad bonaerense: “Dos delincuentes lo interceptaron para robarle cuando estaba viniendo a trabajar a la Ciudad. Uno de los asesinos ya está detenido y buscaremos al otro hasta encontrarlo”
Además, agregó unas palabras para los seres queridos de la víctima: “Mis condolencias a sus familiares y a la Policía de la Ciudad en este terrible momento”.
Del mismo modo, el secretario Diego Kravetz indicó: “Lamento muchísimo el fallecimiento del Oficial Mayor Juan Manuel Castelli, asesinado en un intento de robo mientras venía a la Ciudad a cumplir con su deber. A Juan Manuel lo interceptaron dos ladrones en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, y le dispararon para intentar robarle la moto”.
El ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó la prisión preventiva del expresidente AlbertoFernández, luego de que Fabiola Yañez, ex primera dama, lo denunciara por violencia de género. En declaraciones realizadas este domingo a Radio Rivadavia, Petri fundamentó su pedido señalando que, dado el poder y la influencia de Fernández, existe un alto riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial.
El ministro destacó que la prisión preventiva es una medida comúnmente aplicada en casos similares, y se mostró sorprendido por la inacción de la Justicia en este caso específico: “En la mayoría de los casos donde se presentan pruebas tan contundentes y donde se cumplen los supuestos de peligro de fuga o entorpecimiento, la respuesta inmediata suele ser la prisión preventiva”, expresó.
La denuncia de Yañez, que incluye supuestas pruebas fotográficas y mensajes de texto que conforman el maltrato físico por parte de Fernández, desencadenaron una serie de reacciones en el ámbito político. Petri no sólo se refirió a la gravedad de las acusaciones, sino que también apuntó contra el Poder Judicial por no actuar con la celeridad necesaria, considerando la capacidad del expresidente para “encubrir y manipular”.
En sus declaraciones, también repasó algunos de los escándalos que marcaron la gestión de Fernández, como la fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia y el Vacunatorio VIP. Según el titular de la cartera de Defensa, estos hechos reflejan una actitud de impunidad y falta de responsabilidad que, en su opinión, debería ser tenida en cuenta por la Justicia.
Además de exigir la prisión preventiva para Fernández, Petri dirigió duras críticas al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, denunciando la falta de respuesta y apoyo a Yañez cuando ella buscó ayuda. “Es inaceptable que un ministerio creado para proteger a las mujeres haya ignorado la situación de Fabiola Yañez. Esto confirma lo que muchos hemos dicho: ese ministerio no servía para nada”, afirmó el funcionario.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de investigar a los funcionarios que pudieron haber encubierto o desestimado las denuncias de Yañez. Según sus palabras, “la Justicia no sólo debe enfocarse en Fernández, sino también en quienes miraron hacia otro lado cuando la ex primera dama pidió ayuda”.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días Yañez amplíe su testimonio ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa. Hasta ahora, la exprimera dama ha manifestado sentirse presionada y agobiada por la situación, lo que ha retrasado su declaración formal.
Por su parte, Petri finalizó la entrevista reiterando su pedido a la Justicia para que actúe con la misma rigurosidad que en otros casos similares, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no tomar medidas preventivas. “Es hora de que el Poder Judicial demuestre que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente”, concluyó.
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.
La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.
El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.
La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.
El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.
No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.
Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.
El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero
“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.
Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.
“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.
En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.
Ministro de Salud, Mario Russo. Fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular y tiene una reconocida trayectoria de casi una década en FLENI.
La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.
El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
