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La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento dictado en contra de Sergio Gerardo Oliva, intendente de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, por el delito de abuso de autoridad.
En la causa iniciada en el año 2016 se acusó a Oliva de haber abierto un paso clandestino de ingreso y egreso al territorio nacional, en un área de seguridad de frontera. En pocas palabras, un paso ilegal, utilizando maquinaría alquilada al intendente de Pichanal.
Sergio “Checho” Oliva también se desempeñó como jefe comunal
Uno de los argumentos que se utilizó para sustanciar la acusación fue que promovía el contrabando. Dicha causa, se inició a raíz de denuncias realizadas en abril de 2016 en contra de la Municipalidad de Aguas Blancas, por parte de gendarmería
Sergio Oliva, se defendió argumentando: “Se abrió una calle que llegaba hasta el río Bermejo con la intención de extraer áridos para mejorar justamente las calles de acceso a las oficinas públicas nacionales que luego me acusaron de fomentar el contrabando”. El problema radica, en que este camino fue aprovechado por otras personas como paso clandestino, motivo por el que Gendarmería responsabilizó a Sergio Oliva de promover el contrabando.
Ante esta situación, Aduana informó a la Fiscalía sobre la circulación de embarcaciones a partir de las 6 y hasta las 24, lo cual implicaría transporte ilegal de personas y bultos, ya que el paso de chalanas oficial funciona de 7 a 19.
Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento de Oliva, aunque le cambió la calificación legal, ya que en primera instancia se lo había acusado de contrabando de mercadería agravado por la calidad de funcionario público. Sin embargo, el Tribunal consideró que no existen elementos para endilgar al imputado ese delito y lo cambiaron a simple abuso de autoridad. Además, los jueces Mariana Catalano y Alejandro Castellanos confirmaron el embargo de los bienes del jefe comunal por la suma de $60.000.
Finalmente el ex jefe comunal fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial de un año por incumplimiento de deberes de funcionariopúblico.
*Fuente Diario El Tribuno
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Durante un acto oficial en Casares, provincia de Buenos Aires, donde se entregaron viviendas y se inauguró la Casa de la Provincia junto a otras obras, Lucas Terra, un joven con discapacidad, fue agredido por miembros de la custodia del gobernador Axel Kicillof. El incidente ocurrió tras un grito de Terra dirigido al mandatario:“Dejá de mentir, dejá de robar”. La acción derivó en que dos efectivos policiales de civil lo tomaran del cuello y le propinaran un golpe de puño mientras lo retiraban del lugar.
– El intendente de Casares, Daniel Stadnik junto al gobernador Kicillof en el acto donde el joven fue agredido
Lucas Terra, quien desde hace años solicita una vivienda adaptada a su situación de discapacidad, narró su experiencia: “Yo estoy hace años anotado para una vivienda. Lo único que le dije (a Kicillof) es: ‘Dejá de mentir, dejá de robar’. Fue ahí que me agarró un gordo del cogote, me pegó una piña. Tengo certificado de discapacidad. Me pegaron, no me dio tiempo a atinar a nada…”, explicó al medio Casares On Line. Terra también agregó que su intención inicial era hablar con el gobernador, saludarlo y tomarse una foto.
Tras el ataque, Terra realizó una denuncia formal contra los guardaespaldas de Kicillof y destacó la intervención de los funcionarios municipales Juan Goreta y Claudio Coronel. “Si no fuera por ellos, no sé qué me podía pasar”, dijo.
El intendente de Casares, Daniel Stadnik, inicialmente declaró desconocer los hechos, pero posteriormente confirmó haber hablado con Goreta y Coronel. Según estos últimos, la custodia del gobernador actuó desconociendo que se trataba de una persona con discapacidad. “Ante esa situación, intercedieron para explicarle [a la custodia] que era un chico especial. Si no fuera por ellos, se lo habrían llevado detenido”, relató Stadnik.
El jefe comunal también lamentó el episodio y expresó su compromiso de seguir ayudando a Terra dentro de las posibilidades del municipio. “Nosotros siempre estamos ayudándolo de una u otra manera porque sabemos de su situación, pero le habíamos dicho que no teníamos casa para entregarle. Tendremos que ver de qué manera podemos ayudarlo”, concluyó Stadnik.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.
El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.
La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.
LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:
Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.
“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.
“Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.
Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.
EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”
La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.
“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.
AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:
La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.
Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.
Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.
El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó severas irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco. Más del 66% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos establecidos para percibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes resultaron alarmantes, involucrando diagnósticos falsos, informes médicos irregulares e incluso confesiones de fraude.
La auditoría, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue parte de una serie de operativos desplegados en localidades chaqueñas —Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli—. Los trabajos pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.
2689 beneficiarios fueron citados a la auditoría, de los cuales 2344 (87,17%) asistieron.
Solo 365 casos (13,58%) cumplieron con los requisitos.
1796 casos (66,79%) fueron declarados desfavorables y serán dados de baja.
345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron.
Otros 183 casos (6,81%) continúan bajo fiscalización médica.
Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran situaciones que evidencian un esquema de corrupción y negligencia.
Amputación falsa: A una mujer se le otorgó la pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, pero la auditoría confirmó que estaba en perfecto estado de salud.
Diagnósticos contradictorios: Beneficiarios presentaron informes inconsistentes; por ejemplo, alegaban tener hipertensión, mientras el Cuerpo Médico registró diagnósticos de diabetes.
Cáncer de mama inexistente: Una mujer cobró una pensión por cáncer de mama, pese a nunca haber sido diagnosticada ni haberse realizado exámenes médicos.
Pensión por pie plano: Una niña recibió el beneficio por un diagnóstico de pie plano, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados.
Confesión de fraude: Una mujer admitió que su pensión fue gestionada por su empleadora con el único fin de evitar pagar su salario.
En el caso de Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes percibe pensiones por invalidez, la auditoría encontró que el 97% de los beneficios eran fraudulentos. El fiscal federal Carlos Amad denunció un esquema que involucraba a médicos, gestores, funcionarios municipales y al intendente Carlos Antonio Ibáñez. Las investigaciones revelaron que se pagaban hasta 30.000 pesos para obtener certificados falsos y dar inicio a expedientes aprobados sin control. Además, se descubrió un patrón de familias completas que accedían a pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo menores de edad que aparecían como beneficiarios sin ninguna discapacidad.
Amad informó que en allanamientos realizados en viviendas particulares se incautaron cuadernos con registros de pagos de coimas, certificados médicos falsificados y evidencia de complicidad entre gestores y autoridades locales. Entre los diagnósticos irregulares figuraban enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes” y “traumatismos de columna lumbar”, utilizados para justificar las solicitudes de pensiones.
Según datos oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, lo que equivale a un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Esta cifra representa un impacto severo para un sistema que debería priorizar a las personas con discapacidad real.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan”.
UNA TRAMA QUE DURÓ DÉCADAS
La investigación revela que el esquema de corrupción en las pensiones no contributivas no es reciente. Según la ANDIS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra, según fuentes oficiales, es “inédita incluso en países devastados por conflictos bélicos”.
Durante la administración de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se mantuvo estable, pero en la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 1.250.000. Investigaciones actuales sugieren que la falta de controles médicos rigurosos fue clave para la expansión de este fraude.
El fiscal Amad destacó que estas pensiones eran “moneda de cambio para favores políticos”, perjudicando a quienes realmente las necesitan. Además, señaló que muchos solicitantes que presentaron documentación válida fueron rechazados debido a la saturación generada por expedientes fraudulentos.
Diego Spagnuolo aseguró que el objetivo de las auditorías es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a la corrupción. Para ello, se implementaron nuevos controles médicos y cruces de datos con otras instituciones del Estado. Desde la ANDIS, explicaron que “esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
