Luis Juez apuntó contra el peronismo: “Tienen pánico porque huelen que van a perder el poder”

El senador nacional participó de la constitución de la Mesa de Juntos por Cambio (JxC) del departamento Juárez Celman.
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En el marco de la visita que el senador nacional y líder del Frente Cívico, Luis Juez, realizó en el departamento Juárez Celman, advirtió este martes que Hacemos por Córdoba “tienen pánico de perder el poder” en las elecciones de 2023, y que si “le da el cuero y la performance electoral”, será candidato a gobernador.

El ex intendente de Córdoba participó en la constitución de la Mesa de Juntos por el Cambio (JxC) del departamento Juárez Celman, en el centrosur de la provincia, la que quedó armada por una coalición política.

https://twitter.com/ljuez/status/1562223815345709056

Son todas las fuerzas que integran esta expresión plural, que son clave para los tiempos que se vienen. El peronismo, por primera vez en 24 años, tiene pánico porque huele que va a perder el poder”, expresó Juez en General Cabrera, tras la firma del acta de creación.

“A ningún cordobés se le cruza por la cabeza que la salud pública puede ser mejorada, nadie cree que la educación puede ser de calidad, ninguno de todos los que estamos aquí, ni nadie que cruza por la calle cree que desde mañana la justicia de Córdoba puede ser independiente. Nos han arrebatado la esperanza de que la cosa pública pueda ser distinta“, dijo Juez.

https://twitter.com/ljuez/status/1562065071454437379

“Los que ambicionamos puede ser distinto, pero no es un trámite porque vamos a enfrentar un aparato monstruoso. La plata que no está en la salud pública ni en seguridad está en la pauta publicitaria. La única chance que tiene el gobierno para mantenerse en el poder es dividirnos y lo va a intentar a como dé lugar y, por eso, compartir este espacio. Es un salto de calidad para sostener los mismos sueños y la misma ilusión”, aseguró.

Luego apuntó: “Esta reunión que pretendemos replicar a lo largo y a lo ancho de la provincia es muy importante porque en cada lugar que estamos la gente nos pide que sigamos juntos. La responsabilidad principal es reunir a toda la dirigencia de todos los partidos políticos que integran JxC y abrirles la puerta a mujeres y hombres de otras estructuras y pensamientos que puedan y quieran acompañarnos. Debemos buscar mecanismos de diálogo, construcción, fortalecimiento, es el desafío inmediato“.

https://twitter.com/ljuez/status/1560974270179823616

“Los del Gobierno van a discutir los cronogramas electorales como les sirva a este proceso agotado del peronismo de la provincia. Van a cambiar las reglas de juego tantas veces como les sea necesario. ¿Qué nos queda a nosotros? La unidad, el trabajo, la construcción de la esperanza. Ustedes se espantarían si vieran los cientos de millones de pesos que el Gobierno está destinando a publicidad para intentar silenciarnos y escondernos y de esa forma sacarnos del registro público y que la discusión sea la que ellos quieren y no la que la gente necesita que se dé”, agregó.

Voy a intentar, si me da el cuero, si me alcanza la performance electoral, ser el candidato a gobernador de este espacio, pero ese sueño o anhelo personal nunca va a ser en detrimento de los dirigentes de JxC, ni de nuestras chances. Cuando llegue el momento, si hay alguien mejor posicionado que yo, sólo díganme qué lugar de la cancha tengo que ocupar y allí me verán”, lanzó.

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Argentina dejará de fabricar TAM (Tanque Argentino Mediano) y comenzará a comprar Stryker a EE.UU a precio más caro

El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.

La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.

Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa

La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.

La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.

El legendario Tanque Argentino Mediano

Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.

Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina

Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAM y otros programas de equipamiento militar autóctonos.

GRAN HERMANO FISCAL: Kicillof gastó millones en drones con IA para vigilar a productores y vecinos con el fin de reforzar el cobro de impuestos

Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.

El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal. 

El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.

La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.

– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús

La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.

Negligencia y posible corrupción: el incendio en Los Alerces expone qué pasa en La Patagonia

La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública. 

A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldánpuso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego. 

El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes. 

La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.

En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas, el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas. 

Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.

Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales. 

Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos. 

La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña. 

Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos. 

Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre. 

Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.

Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest. 

El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral. 

Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.

Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticas como el mantenimiento de los aviones hidrantes. 

Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.

En otras palabras, el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado. 

Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)

CÓRDOBA | Los millones que se lleva Luis Majul del gobierno de Llaryora

A pesar de que el reconocido periodista mantiene históricamente una postura mediática anti-peronista, a Luis Majul no parece molestarle recibir dinero de los gobiernos que, en los papeles, dice criticar. Para no extendernos demasiado en el tiempo, analizamos lo que el conductor de televisión ha facturado en el último lustro, donde se observa un flujo constante de fondos públicos provenientes de las arcas cordobesas.

A partir de una publicación realizada por el periodista Lázaro Llorens, Data 24 investigó esta situación de la pauta oficial cordobesa, y más puntualmente de la destinada al famoso periodista.

Durante la gestión de Juan Schiaretti, y según los registros de transparencia.cba.gov.ar, la empresa La Cornisa Producciones S.A. recibió transferencias millonarias bajo el amparo de la pauta oficial. Al contrastar los montos nominales con su valor real ajustado por inflación a enero de 2026, la magnitud del gasto es evidente.

Mientras los cordobeses sufrían una de las cuarentenas más estrictas y prolongadas, con comercios asfixiados, el Estado destinaba millones a la productora del periodista.

· Ejercicio 2020: Cobró $1.863.400 (ajustado por inflación: $66.023.158).

· Ejercicio 2021: Cobró $2.539.700 (ajustado por inflación: $66.097.494).

· Ejercicio 2022: Cobró $3.420.200 (ajustado por inflación: $58.971.888).

· Ejercicio 2023: Cobró $11.428.000 (ajustado por inflación: $101.155.619).

Es fundamental destacar que, en todos los casos, el objeto del gasto fue Publicidad y difusión de actos de gobierno. En términos llanos: la provincia le paga a Majul para que difunda y promocione las acciones de la gestión de turno, convirtiendo al periodista en un engranaje más de la propaganda oficial.

Tras el pico de facturación en el año electoral 2023, se observa una particularidad: durante el año 2024, Luis Majul no recibió pauta oficial de Córdoba (al menos no a través de su productora La Cornisa Producciones S.A.). Sin embargo, esta austeridad fue sólo un paréntesis.

Desde que comenzó el ejercicio 2025, Majul retomó su red de negocios con el gobierno de Martín Llaryora, llevándose $12.000.000 adicionales. A pesar de que el gobernador cordobés mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional de Javier Milei —círculo donde Majul se mueve con comodidad—, los intereses económicos parecen primar sobre las diferencias políticas.

El gasto de Córdoba en pauta oficial

La gestión de Martín Llaryora se ha consolidado como una de las que más recursos destina a la propaganda en todo el país. Al analizar los dos años de su mandato, los números reflejan una política de gasto en imagen que no conoce de crisis.

· 2024: El presupuesto vigente fue de $25.121.976.705 (ajustado: $71.429.845.795), con un monto devengado (gasto ya comprometido y por pagar) de $9.820.754.220 (ajustado: $27.923.558.222).

· 2025: El presupuesto pasó a $37.291.969.000, con un devengado de $27.868.718.043.

Un dato revelador para los contribuyentes: al ajustar por inflación, se observa que en 2024 y 2025 se devengó prácticamente la misma cifra (cerca de 28 mil millones de pesos actuales). La pauta oficial es, para el mandatario, un gasto blindado contra cualquier ajuste.

Cómo acceder a la información

Todos los datos vertidos en esta nota son públicos y se pueden chequear en el portal oficial transparencia.cba.gov.ar, sección “Ejecución presupuestaria”, seleccionando el año de ejercicio. Para hallar la información puntual sobre el periodista, se debe buscar por beneficiario bajo el nombre “La Cornisa Producciones”.

*Por Augusto Grinner

El gobierno endureció el control marítimo y avanzó contra la pesca ilegal extranjera

Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.

El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real. 

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.

El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.

Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.

ESCÁNDALO EN EL SENADO: la hija de Jorge Capitanich cobra más de $2,1 millones de la Cámara alta

El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.

Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.

La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.

Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.

El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.

Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.

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