Denuncian a Gerardo Morales por violación de derechos humanos
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos presentó ante el Congreso de la Nación, un informe con las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Morales.
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La presentación con el nombre de “Jujuy es Argentina”, se realizó el pasado miércoles y estuvo a cargo de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos. La misma, se trata de un relevamiento en el cual se detallan las violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Provincia de Jujuy. Fue elaborado entre el 13 y el 15 de julio, donde el colectivo compuesto por abogados, periodistas, trabajadores sociales y militantes sociales recabaron los testimonios denunciantes.
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“Jujuy es Argentina” cita diversas violaciones a los DDHH del gobierno de Gerardo Morales, entre ellas: la violación del derecho a la protesta y a la libertad de expresión y persecución política; abuso de poder; violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Además, afirman que “no existe el estado de derecho”, por lo que piden por la intervención del Poder Judicial de la provincia.
El informe registra “vulneraciones a los derechos humanos en no menos de 58 casos”. Esta información fue recopilada por medio de entrevistas, testimonios orales y escritos y/o denuncias formales y los delitos que se le adjudican al Estado jujeño. En la misma hicieron una separación por categorías. En consecuencia, el informe separa los delitos en diez apartados, donde los primeros cinco son: Allanamientos irregulares (7); Espionaje ilegal/infiltración (2); Violación a ley de inteligencia (1); Persecución política con armado de causas (2) y Obstáculos a la debida defensa (3).
Los restantes: Hostigamientos y persecución a la Organizaciones sociales (2); Detención y torturas (7); La creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social (9); La violación a los derechos de los pueblos indígenas (7) y Despojo de tierras (17).
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El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que brinda cobertura a cerca de 550.000 militares, gendarmes, prefectos, jubilados y sus familias, atraviesa una crisis sin precedentes que lo llevó al borde del colapso. Un informe detallado expone una combinación explosiva de desmanejo financiero, desidia y problemas estructurales que hoy dejan a miles de servidores de la patria sin la atención médica que merecen.
La situación es crítica. En tan solo 18 meses de la era Milei, el IOSFA pasó de tener reservas positivas de $25.000 millones de pesos, a un déficit acumulado que supera los $160.000 millones. Actualmente, la obra social pierde la asombrosa cifra de $15.000 millones por mes, cifras que dibujan un panorama de quiebra inminente.
Cóctel explosivo
Por un lado, el “sinceramiento de precios” de 2024 disparó los costos de medicamentos y prestaciones médicas en más de un 300%, mientras que los ingresos por aportes de los salarios militares –ya devaluados– crecieron a un ritmo mucho menor. A esto se suma la ausencia total de asistencia estatal extraordinaria por parte del Tesoro Nacional, dejando al IOSFA a la deriva, a diferencia de otras obras sociales masivas como PAMI.
La situación en IOSFA es dramática: reservas evaporadas, un déficit de $160.000 millones, más de 90 cortes diarios de servicios y la renuncia de su director. Ya se habla de una quiebra técnica y crece el fantasma de la privatización silenciosa. Los afiliados militares, retirados y sus familias quedan a la deriva.
Pero las críticas más duras apuntan a problemas internos de gestión que rayan en la desidia:
Activos ruinosos: La obra social mantiene 33 hoteles, centros de recreación y 33 farmacias que, lejos de ser rentables, son un lastre financiero constante. Una clara muestra de un despilfarro inexplicable.
Gasto descontrolado: Un alarmante 92% de los ingresos se destina sólo a cubrir prestaciones básicas, dejando un margen nulo para cualquier imprevisto o inversión. La gestión vive al día, al borde del precipicio.
Burocracia inflada: Con una planta de personal que casi duplica a otras obras sociales de tamaño similar (como IOMA), la estructura del IOSFA está sobredimensionada, devorando recursos en sueldos que no se ven reflejados en la eficiencia del servicio.
Ausencia de controles: La falta crítica de auditorías médicas sobre clínicas y prestadores es señalada como un agujero negro por donde el dinero desaparece sin fiscalización, alimentando sospechas de malversación y un posible vaciamiento deliberado.
El drama de los afiliados: castigos por reclamar
El colapso financiero se traduce directamente en un drama humano. Los afiliados denuncian un promedio de 90 interrupciones diarias en los servicios por falta de pago a prestadores. Las demoras en la autorización de insumos críticos como stents o marcapasos se extienden por varios meses, poniendo vidas en riesgo. Farmacias con escasez de medicamentos y reintegros que nunca llegan completan un panorama desolador.
“El servicio está en ruinas”, coinciden los afectados en redes sociales, que describen “médicos que se van, hospitales vacíos y farmacias sin medicamentos”. A pesar de la obligatoriedad del aporte, los afiliados se sienten abandonados y prisioneros de un sistema que no les permite buscar otra cobertura, se trata de una obra social cautiva, símil IOMA.
Tras la difusión de la información inicial sobre la crisis de IOSFA, este medio recibió nuevos contactos de afiliados que no sólo confirmaron cada punto expuesto, sino que agregaron una denuncia gravísima: si los familiares de los militares realizan reclamos formales ante el IOSFA por la falta de atención o cobertura, los propios militares en actividad reciben reprimendas y castigos disciplinarios dentro de sus unidades.
El parche del IAF y el temor a la privatización
La inestabilidad directiva, con el pasaje de tres presidentes en un año y medio, todos cercanos al Ministro de Defensa, Luis Petri; se evidencia la imposibilidad de contener la crisis. El préstamo de $40.000 millones del IAF (Instituto de Ayuda Financiera), una entidad clave para las jubilaciones militares, es considerado por muchos como un parche superficial que sólo prolonga la agonía y pone en riesgo los fondos de retiro. Además, este préstamo fue gestionado por la actual presidente de IOSFA cuando ésta aún trabajaba en el IAF, lo que resuena aún más.
Crece también la preocupación por un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud, lo que muchos ven como el paso previo a la privatización total de la obra social militar. La idea es que, al dejarla quebrar, se justifique su venta; una estrategia que la comunidad militar rechaza enérgicamente, considerándola un ataque a la solidaridad y a los derechos de quienes sirvieron a la nación.
El gobierno de Mendoza logró suspender las elecciones PASO para este año y 2026. Lo hizo a través de una aprobación exprés en la Legislatura provincial, donde el oficialismo radical contó con apoyo del PRO. El resultado fue contundente: 37 votos a favor y 9 en contra.
La iniciativa, impulsada por la diputada Stella Maris Huczak, en un principio solo buscaba eliminar las primarias de este año. Sin embargo, en una maniobra de último momento, se amplió el alcance hasta 2026. El oficialismo argumentó que se busca ahorrar recursos y simplificar el calendario electoral.
Desde el PJ y el Partido Verde, surgieron críticas por el apuro del trámite. Legisladores opositores denunciaron que la medida no pasó por todas las comisiones necesarias y que se evitó un debate profundo. El senador Dugar Chappel calificó la jugada como “engañosa”.
Además, la norma aprobada incluye un artículo que suspende las PASO en municipios que decidan desdoblar sus elecciones. Esto generó nuevas tensiones entre el Ejecutivo provincial y los intendentes.
Con las internas eliminadas, la UCR mendocina acelera su acercamiento a La Libertad Avanza. La vicegobernadora Hebe Casado anunció públicamente su afiliación al partido libertario, aunque todavía no fue registrada formalmente ante la Justicia Electoral.
El gobernador Alfredo Cornejo mantiene conversaciones reservadas con sectores cercanos a Milei. El objetivo sería consolidar una alianza provincial de cara a las elecciones generales de octubre.
No todo es unidad dentro del radicalismo. El ministro de Defensa, Luis Petri, planteó una alternativa para definir candidaturas: usar un colegio electoral interno. Esta propuesta enfría momentáneamente las negociaciones con los libertarios y refleja las tensiones dentro del oficialismo.
Por su parte, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados provincial, defendió la decisión. Aseguró que las PASO “ya no cumplen la función para la que fueron creadas”.
Aunque todo indica que las elecciones se alinearán con el calendario nacional —previstas para el 26 de octubre—, el Ejecutivo todavía no lo confirmó. El gobernador tiene tiempo hasta el 18 de julio para tomar esa decisión.
Mientras tanto, la Junta Electoral provincial trabaja en la reestructuración de los plazos legales. Deberá redefinir fechas para la presentación de alianzas y listas, será necesario adaptar el cronograma electoral a la nueva situación.
Con este movimiento, Mendoza se convierte en la primera provincia en suspender por dos años consecutivos las elecciones primarias. La medida le da al oficialismo margen para negociar sin presiones internas y avanzar con alianzas estratégicas.
El pasado 20 de junio, fecha en la que la Argentina conmemora el legado de Manuel Belgrano, la Escuela Primaria N.º 154 del barrio El Frutillar, en Bariloche, incluyó la bandera mapuche Wenufoye en la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional realizada por alumnos de cuarto grado. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron a los niños, de guardapolvo blanco, izando la insignia indígena junto a la celeste y blanca, escena que de inmediato generó una fuerte polémica.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, repudió el hecho en su cuenta de X: “Argentina tiene una sola bandera, la celeste y blanca. El legado de Belgrano que hoy honramos. En varias escuelas de Río Negro se hizo la promesa a la bandera mapuche. Es inadmisible y repudiable. Los docentes que lo promovieron deben ser sancionados”. La publicación se viralizó y recibió decenas de apoyos; entre ellos, mensajes que exigieron incluso “inhabilitación de por vida”.
En diálogo con el diario Río Negro, las maestras defendieron la inclusión de la Wenufoye: “Que hoy los niños vengan y nos digan que quieren presentar la Wenufoye, sin que uno se lo imponga, te llena de satisfacción”, expresó una de ellas, aludiendo al origen mapuche de varios alumnos.
El episodio destapó una práctica extendida en distintas escuelas rionegrinas. Según la Coordinadora del Parlamento Mapuche, desde 2005 los establecimientos de la provincia incorporaron actividades interculturales y, en algunos casos, el izamiento de la bandera indígena. El organismo recordó que la presentación de la Wenufoye “cuenta con un amplio respaldo legislativo” a partir de la Ley Provincial 2287/88, el artículo 42 de la Constitución de Río Negro, la Ley de Educación 4819/2013, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 24.071.
La entidad respondió a Avruj con un comunicado en el que señaló: “‘Es inadmisible y repudiable’ que un personaje nefasto, como lo es Claudio Avruj, ejerza el cargo de presidente del INAI”. Afirmó además que “la presencia de la Wenu Foye junto a la bandera Argentina en las escuelas no niega ni ofende al emblema patrio”, sino que “refleja la diversidad cultural del país”.
El debate se intensificó tras conocerse otros actos escolares similares. En General Roca, treinta alumnos de cuarto grado presentaron la Wenufoye pocos días antes del Xiñoy Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Claudia Durjera, coordinadora de Enseñanza Intercultural Bilingüe y madre de uno de los niños, explicó que la bandera “pasa a ser propiedad de los chicos” y subrayó que cada vez más alumnos “buscan su identidad y la reafirmación” pese a posibles casos de bullying.
El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.
A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.
Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.
En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.
En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido.
En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.
La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.
La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas.
Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.
Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.
La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.
El gobierno de Mendoza volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez por la entrega de cinco pozos acuíferos a Cresud, la empresa del magnate Eduardo Elsztain. La autorización se otorgó en la subcuenca El Carrizal, una zona que tenía restricciones por riesgo de sobreexplotación.
El permiso fue concedido por el Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli. La decisión sorprendió, ya que desde 2024 regía una veda de dos años para nuevas perforaciones. Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno provincial levantó parcialmente esa prohibición.
En la zona existen volúmenes de agua disponibles. Pero distintos informes técnicos alertaron sobre la fragilidad del acuífero. Para muchos expertos y productores la explicación oficial no alcanza.
– El Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli
Tras las autorizaciones, se registró un fuerte aumento en el valor de las tierras beneficiadas. Algunos terrenos pasaron de valer cifras mínimas a cotizar millones de dólares. Esto encendió sospechas sobre un uso especulativo del recurso hídrico.
Cresud no fue la única favorecida. También recibieron permisos otras firmas vinculadas a empresarios como Young Woo, Walter Bressia y Pedro García Mateo. En total, se aprobaron nueve perforaciones nuevas.
Desde Irrigación defendieron los permisos. Aseguraron que no se superó la cantidad de agua permitida y que se exigieron condiciones técnicas estrictas. Entre ellas, monitoreo automatizado y controles permanentes.
A pesar de eso, regantes y asociaciones de productores denunciaron falta de transparencia. Afirmaron que las decisiones benefician a los sectores más poderosos. Además, advirtieron que se pone en riesgo el acceso al agua de pequeños y medianos usuarios.
El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el gobernador Cornejo propuso disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Ese organismo controlaba el agua potable. Ahora, todo el poder pasaría al Departamento General de Irrigación.
Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación. Denunciaron que se busca instalar un modelo de gestión basado en la lógica del mercado. También recordaron las recientes detenciones de militantes que protestaban por el acceso al agua.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
