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Las tabacaleras también sufren las consecuencias de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional, y en las últimas horas, el sector anunció que los cigarrillos aumentarán por tercera vez en lo que va del año. Así lo informó la Tabacalera Massalin que comercializa prácticamente todas las marcas que se pueden encontrar en el mercado.
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“El sector tabacalero soporta en la Argentina una alta presión fiscal, cercana al 80% del precio de venta del producto al consumidor”, manifestaron desde la empresa. Además, agregaron que “este nivel se ubica entre los más elevados a nivel mundial y corresponde a la suba de los impuestos que rigen el sector”.
Los incrementos entonces rondarán entre los $15 y los $45 pesos y la lista de precios quedará de la siguiente manera:
· Los Marlboro costarán $325 en su versión SP20, $360 en su versión box 20 y $200 box 10.
· Phillip Morris arrancarán en $185 el box 12, el SP de 20 unidades con $300 y cerrará la box de $20 en $325.
· Chesterfield costará $250 en su versión SP de 20 y $300 en su versión box de 20. Mientras que la opción box 10 tendrá un valor de $150.
· L&M costará $260 y $250 los blue o red.
· Harmony Colorados y Dorados subirá a $250 el atado común de 20.
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Los funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno y técnicos de la AFIP están trabajando intensamente para finalizar los decretos reglamentarios correspondientes a la Ley Bases y al paquete fiscal.
Según fuentes cercanas al proceso, se espera que los decretos empiecen a ser publicados en el Boletín Oficial a partir de la próxima semana. Este paso es crucial para que la AFIP pueda concluir las resoluciones necesarias y así implementar los cambios propuestos.
En el ámbito fiscal, la AFIP está desarrollando aplicativos que incorporan modificaciones en las escalas y alícuotas del monotributo, ajustes en el impuesto a las Ganancias, la implementación de una moratoria impositiva, un nuevo esquema para liquidar el impuesto a los Bienes Personales y la regularización de activos mediante un blanqueo.
Por su parte, el Ministerio de Economía busca tener todo listo lo más rápido posible para comenzar a incrementar la recaudación por diversas vías. La reintroducción del Impuesto a las Ganancias implicará que aproximadamente 800.000 asalariados vuelvan a tributar bajo este impuesto, con la establecimiento de nuevos umbrales desde los cuales se aplicará el gravamen.
Para los asalariados, estos umbrales serán de $1.800.000 y $2.300.000 de salario bruto para trabajadores solteros y casados con dos hijos respectivamente. En el caso de los autónomos, el monto de ganancia imponible sujeto al gravamen será $335.000 menor que los montos mencionados anteriormente.
En el año 2024 se actualizan diversos parámetros del monotributo, incluyendo el límite de facturación de cada categoría, el monto del impuesto integrado, los alquileres devengados, y las contribuciones a Obras Sociales y al Régimen Previsional. Además, las categorías superiores no tendrán restricciones según el tipo de actividad realizada, permitiendo a quienes realicen locaciones o servicios inscribirse en categorías actualmente restringidas como I, J o K.
En cuanto al impuesto sobre Bienes Personales, se introducen cambios significativos. Se propone una reducción progresiva de las alícuotas, eliminando la diferencia entre bienes situados en el país y en el exterior. La alícuota máxima para el ejercicio fiscal 2023 será del 1,5%, reduciéndose gradualmente hasta alcanzar el 0,25% en 2027. Además, se permite a los contribuyentes pagar de manera anticipada el impuesto correspondiente a los períodos 2024-2027 de forma unificada.
El régimen de blanqueo se presenta como una oportunidad amplia para regularizar activos existentes hasta el 31 de diciembre de 2023. Incluye a residentes y a personas jurídicas vigentes a esa fecha, con excepciones para quienes hayan ejercido funciones públicas en los últimos diez años y sus familiares, así como para individuos declarados en quiebra o condenados por delitos tributarios y aduaneros, entre otros.
Además, se establece una extensa moratoria para obligaciones impositivas y de la Seguridad Social vencidas hasta el 31 de marzo de 2024. Esta moratoria abarca incluso el Aporte Solidario y Extraordinario establecido por la Ley 27.605, permitiendo la regularización de obligaciones incluidas en planes de pago caducados o no, así como aquellas en discusión administrativa y judicial, con la condición de que la cancelación total de la deuda resulte en la extinción de la acción penal correspondiente.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las personas que recibieron ayuda salarial del Estado durante la pandemia a través del programa ATP y aquellos que cuentan con subsidios en las tarifas podrán adquirir dólares en el mercado financiero mediante las cotizaciones MEP y contado con liquidación.
En un comunicado difundido el martes por la tarde, la autoridad monetaria, liderada por Santiago Bausili, informó sobre nuevas medidas para flexibilizar los controles cambiarios en las importaciones. “El Banco Central de la República Argentina ha dado un nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, con el objetivo final de eliminar completamente las restricciones”, declaró la entidad.
Con esta medida, se habilitará a ciertos grupos, anteriormente restringidos, a acceder a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación. Estos incluyen beneficiarios de refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia, diversos créditos a tasa cero y subsidios, entre otros. También se permitirá a estos individuos suscribir créditos hipotecarios en pesos y utilizar el dólar MEP para operaciones inmobiliarias.
El BCRA también decidió reducir los plazos para que las empresas paguen importaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y aumentar el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el MLC. A partir del 1º de agosto, el esquema de pagos de importaciones se reducirá a dos cuotas: una a los 30 días y otra a los 60 días, cada una del 50% del monto total.
Asimismo, se amplió el monto exento de liquidación para las exportaciones de servicios por parte de personas humanas residentes. Ahora se permite cobrar hasta USD 24.000 por año calendario en cuentas locales en dólares sin la obligación de liquidarlos en el MLC, frente al límite anterior de USD 12.000.
Pasó el día de la porcinocultura y desde la Federación Porcina destacaron varios motivos para consumir esta proteína animal. La intención es seguir ganado espacio en el plato de los argentinos cuyos bolsillos son cada vez más flacos.
Motivos para consumir carne porcina hay muchos. Lo que le falta al sector son políticas que, primero, reviertan la crisis que atraviesan las empresas y que, luego, le den aliento a la actividad.
“Desde diciembre que el precio viene bajando y no vemos que haya posibilidades de recuperación. Pasamos de un precio por kilo vivo de 1.250 pesos en diciembre a los actuales 950 a 1.000 pesos. Y mientras tanto los costos siguieron subiendo, y hoy están por arriba de los 1.100/1.200 pesos el kilo vivo, por lo cual todos los criaderos tenemos números en rojo”, advirtió Daniel Fenoglio, el presidente de la Federación Porcina.
El director ejecutivo de la entidad,Agustín Seijas, agregó: “En los últimos 4 meses el sector perdió 25.000 millones de pesos, lo que indica un fuerte proceso de descapitalización de las empresas”.
El directivo de la entidad hizo el siguiente cálculo: “El costo de hacer 1 kilo de carne porcina es de 1.150 pesos, pero el precio no supera los 1.000 pesos. Por eso la pérdida es de 150 pesos por kilo. En un criadero de 500 cerdas que produce 3.500 kilos al año se pierden 525 millones de pesos”.
MIENTRAS EL PRECIO BAJÓ 25% DESDE DICIEMBRE LOS COSTOS AUMENTARON
Fenoglio explicó:“El 70% del costo de producir un kilo de cerdo se lo lleva el alimento: maíz, soja, pellet de soja.Pero un valor muy grande está en los núcleos vitamínicos y minerales, que son importados y están por lo tanto dolarizados y que han sufrido muchos aumentos desde el año pasado a esta parte. También aumentó el costo de la mano de obra y otros insumos como la energía eléctrica y el gas que se utiliza también para la producción”.
El empresario agregó que, en este contexto,“la carne de cerdo está muy barata, es la más económica del mercado y estamos tratando de transformar eso en una oportunidad para que tenga más aceptación en el consumo interno”.
El empresario indicó que la crisis que sufre el sector está dejando su huella en las empresas: “Algunos están sufriendo demasiado, sobre todo los productores menos eficientes, que no tienen tal vez buenas instalaciones o sus costos muy ordenados. Muchos van a quedar en el camino”.
“También pesa la espalda financiera que tenga cada uno. Muchas veces el productor mediano o grande puede sortear un poquito mejor esta tormenta sobre todo si es eficiente, pero muchos chicos o muchos ineficientes van a caer en el camino.Va a ser un año donde mucha gente va a quedar fuera del negocio”.
Los productores tuvieron reuniones con las autoridades nacionales a quienes pidieron medidas que les permitan sortear esta crisis cada día más profunda.
Seijas explicó: “Pedimos que se quite el 5% de retenciones que nos permitiría exportar al costo y no a pérdida como sucede ahora, y que se acelere en la apertura del mercado chino para los subproductos, que se elimine el diferencial entre el IVA que se paga en la compra de insumos (21%) y el que se aplica a la venta de carne (10,5%), ya que genera una saldo técnico de IVA; y que se quite el impuesto PAIS para la importación de insumos veterinarios y nutricionales”. “Pero todavía no tuvimos respuesta alguna”, finalizó.
En el día de hoy, el gobierno publicó en su boletín oficial el Decreto 599/2024 en el que se establece una nueva reglamentación en el acceso a los mercados aerocomerciales. Esta medida busca transformar la dinámica actual en la aviación nacional, a través de la fomentación de la competencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos.
La desregulación implica la eliminación de restricciones que anteriormente limitaban la entrada y operación de nuevas aerolíneas en el mercado argentino. Con esta medida, se espera una mayor oferta de vuelos, precios más competitivos y un incremento en la calidad del servicio, beneficiando tanto a los pasajeros como a la industria en general.
La entrada de nuevas aerolíneas podría traducirse en una mayor variedad de destinos, frecuencias de vuelo y tarifas más accesibles. Esto no solo facilita los viajes de negocios y turismo dentro y fuera del país, sino que también puede estimular el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.
Los nuevos reglamentos del sector aerocomercial en Argentina se regirán por principios que incluyen: acceso libre al mercado con procedimientos administrativos rápidos; estímulo a la competencia leal; desregulación tarifaria y libertad de precios; seguridad operacional y vigilancia continua; libertad comercial en frecuencias y rutas aéreas bajo criterios operativos; intervenciones gubernamentales limitadas y digitales; otorgamiento inmediato de frecuencias solicitadas; incentivos para nuevas rutas y transportadores; declaración y transparencia en niveles y capacidad aeroportuaria; asignación justa de servicios aeroportuarios; y participación ad honorem de actores de la industria en la toma de decisiones, coordinados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni agregó que “con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina, esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampas, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea.”
Esta política de “Cielos abiertos” va en consonancia con lo anunciado recientemente por el gobierno nacional a partir de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de junio fue del 4,6%, acumulando una variación de 79,8% en el primer semestre de 2024 y alcanzando un preocupante 271,5% en la comparación interanual. Este dato confirma un rebote en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde diciembre.
La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 14,3% debido a las subas en las tarifas de servicios y alquileres. Otros sectores que registraron incrementos significativos fueron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%). En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%) tuvieron las menores variaciones.
Las proyecciones —tanto del Gobierno como de diversas consultoras— anticipaban que la inflación de junio superaría el 4,2% de mayo. Luis Caputo, ministro de Economía, expresó su expectativa de que la inflación general se situara por debajo del 5%, mientras que el Presidente, JavierMilei,aseguró que los datos privados estaban “en offside”, pronosticando una cifra menor al 5%.
Pese a la inflación en ascenso, el Gobierno se mantiene optimista y apunta a reducir el IPC a cifras cercanas al 2% para finales de 2024, con el objetivo de converger con el crawling peg (devaluación administrada) del dólar oficial y, eventualmente, liberar el cepo cambiario.
Reacción sindical: ATE exige una recomposición salarial del 80%
La inflación no solo impacta en los precios, sino también en los salarios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó urgentemente la convocatoria a paritarias para negociar una recomposición salarial.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, criticó al Gobierno por “no convocar a paritarias” y afirmó que la presión inflacionaria está deteriorando los ingresos de los trabajadores estatales. “La cantidad de estatales bajo la línea de la pobreza ha aumentado drásticamente, al igual que el nivel de endeudamiento de las familias”, señaló.
Según el INDEC, una familia necesita $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer en la indigencia. En respuesta, ATE demanda un aumento salarial del 80% en una sola cuota para compensar la pérdida real de los salarios, que según el sindicato, ha sido del 22,4% durante el acuerdo 2023-2024. Mientras el Gobierno apuesta por una desaceleración de la inflación y la estabilización de los precios, los analistas privados mantienen proyecciones más cautelosas, situando la inflación mensual entre el 5,5% y el 4% para el resto del año.
Es un hecho: el Gobierno dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán aportar en la misma proporción que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución, a través del Decreto 600/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo implica la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria al Fondo Solidario de Redistribución en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.
La normativa justificó la medida partiendo de la base que todas las entidades que participan del Fondo “reciben el 100 % de los beneficios y recursos generados por dicho fondo”, pero se exhibía “una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad”.
Ante este panorama, el Gobierno consideró necesario plantear “la necesidad de corregir esta disonancia para asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución”.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que “la simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones”.
Asimismo, aseguró que “la modificación propuesta simplifica el sistema de aportes y contribuciones y elimina las disparidades relacionadas con las remuneraciones brutas mensuales, garantizando una mayor transparencia y equidad”.
Al mismo tiempo, el decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud estableciendo que los mismos no podrán:
Supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones;
Efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria;
Realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión;
Establecer períodos de carencia
Decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado.
