¡BOMBA DE TIEMPO! | El Gobierno quiere congelar el precio de los medicamentos por dos meses
El Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio se reunieron ante la suba indiscriminada del dólar y acordaron congelar los precios de los medicamentos en un intento de acallar los reclamos de los jubilados.
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Este anuncio fue confirmado por la cartera que dirige la ministra Carla Vizzoti, el ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Comercio dieron a conocer que: “Por los próximos 60 días hemos acordado con las cámaras de los laboratorios para mantener una trayectoria de precios, que nunca estarán por encima de la inflación”, explicó Vizzoti y añadió que de esta forma los medicamentos podrán estar al acceso de los jubilados dado que, “se mantendrán un punto por debajo de la inflación”, por un total de 60 días.
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En este contexto, con la inflación en constante crecimiento y una contemplación de casi 90% anual, el Gobierno lanzó el programa Pacientes Cuidados que consta en garantizarles el acceso a los medicamentos a los jubilados. Con este programa se les hará un 35% de descuento en sus compras. Solamente podrán acceder a este beneficio la población con cobertura pública exclusiva, esto quiere decir que serán beneficiarios quienes no cuenten con obra social o prepaga.
“Es una medida que propuso la propia industria y farmacia, que ellos mismos van a financiar y van a poder retirar los medicamentos en las farmacias adheridas”, detalló la funcionaria Sonia Tarragona durante la misma conferencia brindada en la Casa Rosada en la que expusieron sus pares, Pollera y Vizzoti.
Conferencia de prensa de la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández y empresarios farmacéuticos
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Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.
Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.
Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.
Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.
El farmacéutico y candidato a legislador porteño Marcelo Peretta (lista Remedios para CABA) acusó a los sucesivos gobiernos de haber convertido en “una estafa” el proyecto del Polo Farmacéutico de Lugano III y IV. La iniciativa, sancionada por la Ley 7168 en 2005 para reunir a empresas productoras e investigadoras de medicamentos, permanece como “un terreno baldío” casi veinte años después.
En un video difundido en redes, Peretta señala las rejas oxidadas que rodean el predio y afirma: “Aquí debía haber 100 productores de medicamentos, pero veinte años después solo hay 4”. Para el postulante, el incumplimiento configura una violación de los deberes de funcionario público previstos en la Ley 25 188 y en el artículo 248 del Código Penal.
El dirigente apunta a una “connivencia” multipartidaria: “Hay connivencia entre macrismo, kirchnerismo y radicalismo, cuyos partidos están financiados por los laboratorios y, a cambio, les congelan este proyecto que traía competencia, producción y trabajo”.
Peretta sostiene que la parálisis del polo encarece el acceso a los medicamentos: “esta es la prueba de que la política está comprada por la industria farmacéutica y, por eso, tenemos los medicamentos más caros del mundo”. Su programa incluye instalar nuevos laboratorios en el predio para aumentar la competencia, obligar a recetar por nombre genérico y sancionar a los médicos que prioricen marcas comerciales por “intereses económicos” y limitar la publicidad engañosa y cortar el financiamiento empresario a la política.
“Vamos a abrir más laboratorios para generar competencia y cortar el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros. Tengo conocimiento, experiencia y valentía para enfrentar a las corporaciones y aliviar a los porteños”, aseguró.
El lunes pasado, el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario al confirmar que la reducción de retenciones vigente desde enero terminaría el 30 de junio. “A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó el mandatario.
La medida original, que redujo la alícuota de la soja del 33% al 26% en enero pasado, se había presentado como temporal y se sumó a otras disposiciones gubernamentales. Aun así, el anuncio de Milei desató inquietud entre los productores, que esperaban mayor continuidad. Cabe recordar que, según el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se había reservado la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.
La declaración presidencial generó reacciones inmediatas de la dirigencia rural. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), recalcó que el productor mediano y pequeño vende su grano a medida que necesita cubrir costos y no por especulación: “Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”. Sobre la urgencia de eliminar los derechos de exportación, sostuvo: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido”. Además, insistió en la necesidad de que la baja transitoria sea definitiva, sobre todo para la próxima campaña de trigo.
– Lucas Magnano, presidente de Coninagro
Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), interpretó que el mensaje de Milei estaba dirigido más bien a los exportadores que al productor. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás”, subrayó.
En una entrevista posterior, Pino cuestionó que no se hubiera incluido la eliminación de retenciones en la denominada Ley Bases y apuntó contra el oficialismo: “Llama la atención que no esté incluida”. Además, acusó cierta “angurria del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que se considera ya ganado” y remarcó que “el Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”. A su criterio, las razones fiscales del Gobierno están “desfasadas de la realidad del campo” y consideró que “no se puede gobernar desde el prejuicio”. Según Pino, la producción no está detenida y “cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor”.
– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Sobre la insistencia oficial para que el agro “liquide”, Pino fue categórico: “El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”. También apuntó que “los números marcan lo contrario” a la supuesta falta de ventas.
Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtió que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás” y calificó el anuncio como una “amenaza” de volver a subir impuestos si el sector no vende: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.
En una línea similar, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), consideró que los dichos de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza” y alertó: “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales”.
Por su parte, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), recordó que en el sector se presumía una continuidad de la baja más allá de junio. Sin embargo, resaltó que el mismo Gobierno había tomado medidas que benefician al sojero con la eliminación del dólar blend y el salto de la cotización de $1080 a $1200 tras levantarse el cepo cambiario. “Es muy prematuro tomar una postura al respecto con lo que dijo el Presidente hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, puntualizó.
El lunes 14, los titulares de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El encuentro estaba originalmente programado para abordar temas como barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, a raíz de la emergencia tras los incendios en Río Negro durante el verano. Sin embargo, las declaraciones de Milei sobre el regreso de las retenciones alteraron el foco de la discusión.
– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta
Al término de la reunión, Pino indicó que no se profundizó en la cuestión de la suba de retenciones porque “el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”.
Los dirigentes agropecuarios reiteraron en todas sus intervenciones que la previsibilidad y la reducción de la carga impositiva resultan claves en un momento crucial para planificar la campaña de trigo. A la espera de medidas oficiales, manifestaron que continuarán reclamando que la baja transitoria de las retenciones se transforme en definitiva y que no haya un incremento de los gravámenes después del 30 de junio.
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
En el primer aniversario de la marcha en defensa de la educación pública, la oposición retoma el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.
Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros legisladores de bloques dialoguistas, presentaron un proyecto de ley que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes. La iniciativa toma como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y establece una fórmula mixta de actualización para 2025, que incluye el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y las tarifas de servicios públicos.
Además, el proyecto prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Por su parte, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otra iniciativa con objetivos similares, que instruye al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta contempla ajustes bimestrales retroactivos al 1 de enero de 2025 y la recomposición de los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, según la inflación acumulada informada por el INDEC.
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional, y en la importancia de establecer mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las becas estudiantiles.
Desde la oposición señalaron que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025.
El proyecto de Tavela y Ferraro cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, en los que se encuentran Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.
En tanto, la iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancada Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky y Mónica Macha, entre otros.
Tal como ya advertían el año pasado, en la Casa Rosada mantienen firme la línea: no pasará ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal. Así, si la oposición logra avanzar con su iniciativa, el final podría repetirse con un nuevo veto del Presidente.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025