16 septiembre, 2025

La Justicia SALVÓ a la jueza responsable del asesinato de Lucio Dupuy

El STJ de La Pampa rechazó la posibilidad de que la jueza responsable del asesinato de Lucio Dupuy reciba un sumario administrativo.
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La casta judicial pampeana salvó del sumario administrativo a la jueza de familia de General Pico, ANA CLARA PÉREZ BALLESTER, quien autorizó a la madre del pequeño Lucio a llevarlo a vivir con ella, luego de estar dos años ausente. Semanas más tarde, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Pérez lo asesinaron y cometieron sobre la criatura las peores atrocidades.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa emitió ayer un fallo dividido. Ahora, bloquea la posibilidad de que PÉREZ BALLESTER sea investigada por su accionar al concluir y convalidar el acuerdo de partes por el cual la tía de Lucio le devolvió la tenencia a la madre. Quien recomendó hacer un sumario fue el instructor de la investigación interna para determinar si había existido una denuncia previa por hechos de violencia intrafamiliar.

“Mientras que en el expediente sobre la tutela se ordenó la realización de prueba de testigos y de un informe socio ambiental, hechos razonables que permitieron conocer el hogar en el que viviría el niño Lucio, a la hora de resolver dejar sin efecto la designación de la tutela no dispuso las mismas medidas probatorias a pesar que estaba homologando un convenio privado no celebrado ni ratificado en presencia de ningún órgano judicial. Así se homologó el acuerdo sobre el cuidado personal del niño sin que previamente hubiera existido un informe socio ambiental u otra diligencia de prueba tendiente a garantizar el bienestar del niño, desatendiendo, en opinión de esta Instrucción, la perspectiva de infancia. Es por ello por lo que resultaría viable la formación de un sumario disciplinario para comprobar la existencia o inexistencia de faltas u omisiones en el desempeño del cargo”, sentenció el instructor.

Pérez Ballester gozó del apoyo de gran parte del arco judicial de la provincia. En diciembre de 2021, el Colegio de Magistrados la defendió alegando que “En ambos expedientes (el que otorga la tutela de la madre y el que homologa el acuerdo de partes) se siguió el procedimiento de ley, se dio intervención a la Asesoría y se resolvió de conformidad a lo solicitado por las partes y al derecho aplicable”. Incluso, desde la institución se arriesgaron a decir que “en la causa no existían, no fueron denunciados ni se presentaron indicios que alertaran situaciones de violencia que ameritaran adoptar otra decisión”.

UNO POR UNO, LOS MIEMBROS DEL STJ QUE VOTARON A FAVOR DE LA JUEZA

FABRICIO LOSI
ELENA VICTORIA FRESCO
EDUARDO FERNÁDEZ MENDÍA

LA JUEZA PÉREZ BALLESTER LE SENTENCIÓ LA MUERTE A MI NIETO”

En diálogo con los medios, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, fue tajante con la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Para él, el fallo es “una verdadera vergüenza. Pero bueno, la sociedad ya sabe que entre ellos (por la casta judicial) se iban a cubrir”.

“Para mi es responsable el que lo defiende como el que actuó. Ana Clara Pérez Ballester le sentenció la muerte a mi nieto”, agregó. La Justicia “tiene que ponerse, una vez en la vida, del lado de la sociedad y dejar de ser un círculo tan cerrado. En el caso de Lucio no trabajaron como debieron trabajar. Están defendiendo algo indefendible”.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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