INSÓLITO | Diputada chaqueña presentó un proyecto de ley para crear el Día Provincial del Heavy Metal
La insólita iniciativa fue presentada por Andrea Charole, diputada provincial por el bloque justicialista y busca establecer los 16 de mayo de cada año como el "Día Provincial del Heavy Metal".
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La idea del polémico e innecesario proyecto es poder celebrar, aunque sea por una jornada este género musical, lo indignante es que a la diputada Andrea Charole parece no preocuparle la terrible situación que atraviesa la provincia de Chaco en cuanto a seguridad, educación, salud y trabajo, y prefiere priorizar sus gustos particulares a las problemáticas sociales y culturales de dicha provincia.
“Los gastos que demande la aplicación de esta Ley se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Instituto de Cultura del Chaco”, menciona el artículo 7 del proyecto que fue presentado el viernes 27 de mayo, es decir, que para que dicha fecha sea festiva, el pueblo deberá pagarlo. En este contexto, Charole defendió su propuesta y se tomó el trabajo de hacer todo un recorrido histórico sobre el género musical. Tras ser criticada por su ridículo proyecto, la diputada se defendió afirmando que “hay que ser respetuosos en cada gusto”.
“La verdad es que no me esperaba tanto revuelo. Si se conmemora el Día Nacional del Folclore y el Día Nacional del Chamamé, ¿por qué no puede haber un Día del Heavy Metal?” declaró la diputada en una entrevista dada luego de la repercusión.
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La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.
“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.
El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.
El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.
“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.
– El proyecto de Vivona
Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.
Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.
En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
El gobierno de Javier Milei convocó el lunes 19 de mayo a audiencias públicas para adjudicar a empresas privadas más de 4.400 kilómetros de rutas hoy administradas por Corredores Viales S.A. La Resolución 827/2025, publicada en el Boletín Oficial, abrió la inscripción hasta el 9 de junio en la página de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Corredores Viales gestiona más de 6.000 kilómetros —un tercio del tránsito de la red troncal— e incluye tramos clave como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná en Rosario y alrededores. Tras la adjudicación, la compañía estatal entrará en disolución y liquidación, según el procedimiento que conduce el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
“Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, respecto del Proyecto ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’”, estableció la resolución.
La Etapa II del plan forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC) y contempla ocho tramos situados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Vialidad precisó que el esquema “fue reconfigurado en base al análisis de las necesidades y potencialidades de los futuros concesionarios” y destacó que “se amplían las posibilidades de adjudicación a distintas empresas y se mantiene la transparencia y competencias en pos del beneficio general”.
CALENDARIO DE AUDIENCIAS
Miércoles 11 de junio, 10 h – Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal (Petracchi 646, San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires): Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur.
Jueves 12 de junio, 10 h – Complejo Deportivo Municipal General San Martín (RN 7, Junín, provincia de Buenos Aires): Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano.
Viernes 13 de junio, 10 h – Auditorio Municipal Rafael de Aguiar (Maipú 22, San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires): Tramos Portuario Sur y Portuario Norte.
La RFC se organizará en tres etapas. La primera, ya concluida, abarcó 700 kilómetros del ex Corredor 18 (Ruta del Mercosur). La segunda licitará los 4.400 kilómetros anunciados y la tercera sumará otros 4.170 kilómetros. En total, el programa comprenderá 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos, equivalentes al 20 % de la red nacional y al 80 % de su tránsito.
“Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, remarcó la DNV.
El organismo vial tomó posesión el 9 de abril de la Ruta del Mercosur luego del vencimiento del contrato con la ex concesionaria CRUSA. Inició relevamientos del estado de los caminos y suspendió el cobro de peajes hasta que el tramo vuelva a licitarse, proceso que fuentes oficiales estimaron entre septiembre y octubre.
“En esta instancia, se dio lugar a las consultas, propuestas e inquietudes de usuarios, vecinos y agrupaciones del sector. Sumado a ello, se realizó un Data Room donde los oferentes interesados participaron para expresar sus opiniones y proyectos. En base a esto, se analizó la documentación propuesta y se confeccionó la Versión 2 de los documentos preliminares”, añadió Vialidad.
Con las audiencias de junio, la gestión libertaria avanzó en su objetivo de transferir a operadores privados los corredores más transitados del país y concluir la liquidación de Corredores Viales S.A.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
Kicillof abandonó por completo a los bonaerenses, lo mal que tiene que estar para hacer punterismo político electoral en medio de una catástrofe como la de estos días. https://t.co/lBFBR5foLr
