Pidieron que Alperovich vaya a juicio oral y público por la violación de su sobrina
La sobrina del ex gobernador de Tucumán trabajaba para él cuando era senador nacional y fue allí cuando sucedieron los abusos por los que hoy se lo acusa.
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Los fiscales pidieron que el ex gobernador José Alperovich vaya a juicio oral por la presunta violación de su sobrina. Los abusos ocurrieron entre los años 2017 y 2018, según las declaraciones de la víctima, además detalló que serían al menos nueve hechos, de los cuales dos son en grado de tentativa por abuso sexual y seis por violencia sexual agravada con acceso carnal.
“Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la victima, y la ponía como un mero objeto de su satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, acusaba la fiscalía al rememorar en caso.
En el día de ayer el fiscal Santiago Vismara y Mariela Labozzeta pidieron que Alperovich vaya a juicio oral y público. La fiscal Labozzate, quien se especializa en casos de violencia de género, explicó junto con Vismara que en este caso en particular la victima estaba “cautiva” por la dependencia económica y sobre todo por el vinculo parental que los une y agregaron: “Los métodos para obtener el control sobre la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión”.
“Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del ‘yo’ de la víctima en relación con los demás”, concluyeron.
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En una reciente entrevista concedida a la revista Gente, Estanislao Fernández denunció que el rol de su padre en la arena política, en lugar de acercarle posibilidades, se las ha alejado. Sin embargo, “Dyhzy” -tal como se da a conocer en redes sociales en calidad de drag queen-, omite mencionar que, gracias a los contactos de Alberto Fernández, todavía conserva un contrato en Provincia Seguros, una de las empresas del Banco Provincia.
Segú constató el sitio REALPOLITIK, a pesar de residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estanislao logró ingresar a este organismo en diciembre de 2015, el mismo mes en que Daniel Scioli abandonó la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Desde entonces, ha cobrado ininterrumpidamente su sueldo hasta el día de hoy.
“A diferencia de lo que considera la gente, más que darme trabajo, me ha quitado”, aseguró el hijo de Alberto Fernández. “Más que ayudarme, me perjudicó. Lo que sí creo es que soy una persona muy inteligente y trabajadora, y todo lo que he ganado fue gracias a mi esfuerzo”, añadió.
En formato drag queen, completamente de amarillo y con el micrófono de la revista Gente en mano, el hijo de Alberto Fernández acusó al ex presidente de haberle complicado su vida laboral. Los detalles en www.realpolitik.com.ar
Como era de esperar, las declaraciones de Estanislao generaron controversia en la escena pública y, particularmente, en las redes sociales. Actualmente, el hijo del ex presidente cobra un sueldo de organismo estatal bonaerense mayor a $800.000 mensuales, sin cumplir ninguna función. Según fuentes del lugar, jamás lo vieron trabajando en ningún área de Provincia Seguros.
Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
*Por Christian Sanz, director periodístico de Diario Mendoza Today
“Hola Christian! Soy Osvaldo Rofrano presidente de Gases Aconcagua SA”. El mensaje me llegó por mensaje directo de Twitter el pasado 23 de mayo de 2024.
Acto seguido, el hombre me explicó: “Hoy está entrando a Mendoza una empresa Cascia S.A. que son testaferros de Juan Manzur, senador Nacional, líder narco del norte”.
A su vez, me reveló que se tuvo que ir del país “por amenazas que llegaron de Tucumán (…) Estoy a más de 10 mil km de Argentina”.
Le respondí al día siguiente, el 24 de mayo, y acordamos que me pasaría una serie de documentos y datos sobre aquella corrupción que juraba conocer.
En realidad, ya lo habíamos entrevistado en octubre del año pasado, lo cual derivó en un par de notas que fueron publicadas por Diario Mendoza Today. Esta fue una de ellas.
Pero ahora la cosa era diferente, más densa: Rofrano me aseguró que lo venían amenazando de muerte luego de tener una fuerte discusión con una tal Suárez, quien estaba instalando una empresa de gases medicinales en el parque industrial de Luján de Cuyo. En la trama aparecía el tópico del narcotráfico.
Le recomendé hacer una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, incluso le expliqué que podía hacerla desde internet. Sin necesidad de concurrir a la Justicia de manera presencial. No al menos en un principio.
En esos días advirtió en sus redes sociales: “Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad”.
Ello concluyó en el terrible hallazgo de este jueves: Rofrano apareció ahogado en la pileta de su vivienda, en Luján de Cuyo. Presuntamente con manos y pies atados con precintos.
Los investigadores persisten en decir que pudo haberse suicidado, ya que los mismos no estaban ajustados. Pero todo es muy extraño en estas horas. Demasiado.
Pasó hace un mes y medio, en simultaneo con la decisión de Javier Milei de echar al jefe de Gabinete Nicolás Posse. En ese momento desde el Congreso hablaron con Santiago Caputo, principal asesor y estratega político del Presidente, de una “salida de lujo” para Martín Menem, titular de Diputados. El plan era que el riojano aterrizara en el Ministerio del Interior, la cartera que dejaba Guillermo Francos. Pero Menem se plantó, logró el apoyo clave de Karina Milei y el recambio finalmente se abortó.
La maquinación tenía anclaje en el fuerte malestar que hay en la Cámara baja con Menem. Y que crece en el día a día y es transversal a todas las bancadas de la oposición, desde las más aliadas hasta las más críticas del oficialismo.
Le objetan demasiado al riojano: falta de palabra, no respetar acuerdos políticos, colocarse en el rol de un común legislador libertario en vez de portarse como titular de la Cámara, de viajar demasiado para el armado de La Libertad Avanza en el interior y de estar ausente en la previa a sesiones clave, de haber colocado un celoso sistema de control de presencialidad que alcanza hasta al personal de jerarquía de los bloques, de tener pisados los sueldos de los diputados en comparación con los de los senadores.
Hay más. Le critican haber firmado una resolución de aumento del 80% en las dietas justo cuando la oposición impulsaba un incremento del 8,1% para los jubilados. “Nos quiso hacer quedar como unos caraduras”, se queja un referente opositor.
Bajo este clima, en diciembre Menem deberá revalidar con los votos de la Cámara su cargo en la Presidencia. Si el tema estuviera en manos de un solo bloque, se resolvería bastante rápido. En la bancada de Unión por la Patria, por ejemplo, sostienen que podría haber un acuerdo para que el ex macrista Emilio Monzó, hoy integrante de la bancada Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Pichetto, sea electo presidente de la Cámara.
Le rescatan muñeca política a Monzó, presidente de la Cámara baja durante la administración macrista. Pero en el kirchnerismo dicen que incluso podrían votar por el propio Pichetto —“es más dificil porque algunos nuestros lo ven como un converso”, dicen— o hasta por Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO.
“Sí, podría ser hasta Ritondo. Hay una sensación generalizada de que no va más con Menem”, dice un diputado muy relevante de UxP.
Ritondo estuvo en la cabeza de Milei para presidir la Cámara. Era aún diputado pero había sido electo presidente, cuando un legislador lo consultó sobre a quién elegiría para la Cámara. Contestó que estaba entre Ritondo y Oscar Zago, quien a posteriori fue un efímero jefe del bloque de LLA. Finalmente se inclinó por Menem.
Mauricio Macri, incluso, en aquella época le pidió por Ritondo. El líder del PRO cuenta a sus visitantes que el único cargo por el que le pidió a Milei fue por la Presidencia de Diputados. Y que no se lo dio. Primer desplante.
Pese al cansancio que se palpa con Menem, en el PRO y en la UCR advierten que el presidente de la Cámara de Diputados debe tener el voto del pleno pero también el aval de la Casa Rosada.
En ambas bancadas dicen que ir en contra de la voluntad del Gobierno podría interpretarse como un “golpe institucional” y que no se sumarán a una movida de este estilo.
Eso sí. Desde los bloques aliados le insisten a Santiago Caputo con que la Cámara está demasiado desordenada y que eso puede costarle muy caro al Gobierno.
Recalcan que en cualquier momento la oposición puede pedir una sesión especial y juntar los votos para aprobar algo que disguste a la administración libertaria, voltear un DNU y hasta avanzar con el juicio político del Presidente.
Otra vez entre referentes de bancadas hablan de una posible salida de lujo.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de fomento de inversiones estratégicas. Con esta iniciativa, pretende garantizar que YPF y la petrolera malasia Petronas construyan una planta de tratamiento de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que promuevan grandes inversiones, producción y empleo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa en La Plata. Según el burócrata, esta ley tiene como objetivo cubrir varios de los requisitos y necesidades planteados por las compañías energéticas para avanzar con el proyecto en Bahía Blanca.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, junto al presidente de YPF, Horacio Marín
El mandatario explicó que los proyectos que se acojan a este nuevo régimen recibirán tratamiento prioritario en términos de aprobación normativa y añadió que ofrecerán estabilidad tributaria por un periodo similar al del régimen nacional.
Tras el anuncio de Kicillof, el vocero presidencial, ManuelAdorni, comentó desde Casa Rosada que “Kicillof tiene la libertad, dentro del marco legal, de hacer lo que considere necesario”, pero resaltó las deficiencias de la provincia y la importancia de generar confianza en los inversores.
El proyecto de la planta de GNL, planeado desde 2017, representa una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos ocho años. Aunque la provincia de Río Negro ya ha adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof apuesta por este nuevo régimen provincial para atraer la inversión a Bahía Blanca.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la controversial cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche, impulsada por el kirchnerismo.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, concluyó que la controversia legal no fue válida porque la provincia de Río Negro no fue consultada.
El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, jubilada desde entonces, dictaminó el 2 de febrero de 2022 a favor de un amparo presentado por la comunidad Millalonco Ranquehue. Este amparo solicitaba la entrega de 180 hectáreas del Batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sean transferidas a nombre de la comunidad mapuche.
El terreno en cuestión, ubicado en la ladera oeste del cerro Otto, está registrado a nombre del Ejército Argentino. La Corte Suprema determinó la anulación del caso debido a la omisión de citar a la provincia de Río Negro, la cual era necesaria para su participación en defensa en el juicio.
La comunidad mapuche había demandado al Estado Nacional para obtener el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que afirmaba ocupar de manera “actual, tradicional y pública”, reconocidas por una resolución del INAI en 2012, basada en un relevamiento técnico, jurídico y catastral.
En primera instancia, se había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que, en 60 días desde la firmeza de la resolución, transfiriera gratuitamente el dominio de las tierras al INAI. El Ejército Argentino apeló la decisión fuera de plazo, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el recurso por presentarse fuera de los términos procesales establecidos.
En 2023, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini presentaron recursos extraordinarios contra la decisión judicial, los cuales fueron denegados, resultando en la presentación de quejas ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso también derivó en una causa penal contra los abogados estatales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, proceso en el cual la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos. Esta decisión está actualmente recurrida ante la Corte Suprema.
Recientemente, la Corte Suprema declaró la nulidad del trámite judicial relacionado con la transferencia de las tierras, ordenando que la Provincia de Río Negro sea incluida en el proceso judicial.
El fallo se fundamentó en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el cual establece competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de adjudicación de tierras a comunidades indígenas.
La Corte destacó que las normativas reglamentarias específicamente prevén la participación de las provincias en los procedimientos de adjudicación de tierras y criticó que, en este caso particular, el INAI había excluido inicialmente a la Provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche, sin luego darle intervención en el proceso judicial para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso ha tenido varias idas y vueltas, incluyendo decisiones previas de la Corte que suspendieron la entrega de las tierras con la intervención del procurador Eduardo Casal. Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsó las acciones legales contra los abogados que apelaron fuera de plazo, lo que impidió temporalmente la transferencia de parte del predio militar. –
