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Esta juntada nos cuesta seis veces lo que costaba cuatro años atrás. Perdimos 7 pizzas caseras, 79 kilos de harina, casi 6 de queso y 33 paquetes de aceitunas. Nos quedamos sin 180 vasos de bebida para compartir.
EL INDEC registró un 6% de inflación y llegó a 58% en los últimos 12 meses, la más alta en 30 años. El equipo de FADA, utilizando el parámetro de medición “Changómetro”, determinó que la inflación cotidiana marca que una reunión con amigos, hoy cuesta más de seis veces que en 2017. “Este informe es una fotografía de un momento, de una experiencia compartida, para reflejar cómo la pérdida de valor de nuestros pesos afecta nuestra vida. Un par de pizzas caseras, dos cervezas, una gaseosa y un heladito, en 2017 nos salía $580 y hoy sale $3.400”, seis veces lo que costaba ($2820 más), advierte la economista Natalia Ariño.
El Changómetro de este mes refleja la foto de cuatro adultos que se juntan a comer y cocinan dos pizzas, una especial y una de palmitos. Para tomar, buscan un par de cervezas con una gaseosa y compran un pote de helado de postre. Esos mismos productos valen 6 veces lo que costaban en diciembre 2017. En cuatro años, ese ritual de fin de semana se ve afectado.
“Nuestro billete de $1.000 perdió la capacidad de comprar 79 kilos de harina, casi 6 de queso, casi 4 de jamón, 41 latas de tomate y 33 paquetes de aceitunas. Si nos gusta la de palmitos, en cuatro años perdimos 43 sachets de salsa golf y 22 latas de palmitos. Si vemos las bebidas, nos perdimos 180 vasos entre gaseosa y cerveza. Con el helado quedaron los 4 potes en el camino, no nos alcanza ni para uno”, afirma Ariño.
“Un análisis obligado al tratar este tema es ver qué pasó con los salarios en estos años, si acompañaron el ritmo de la inflación”, comenta David Miazzo, Economista Jefe de FADA. “Al comparar diciembre 2017 y marzo 2022, vemos que los salarios reales promedio cayeron un 21%”, advierte Miazzo. Los trabajadores del sector privado registrado perdieron un poder de compra promedio del 17% y el sector público 18%. Los no registrados un 34%, los más perjudicados. “Esto equivale a decir que si un trabajador informal ganaba $1000 hace cuatro años, hoy gana 660”, completa Ariño. Sin embargo, hay medidas que pueden tomarse para poder “tratar” la fiebre de la inflación: son 3 y no puede faltar ninguna: reducción de la emisión, equilibrar el gasto público y generar confianza en la economía del país.
Inflación ¿Afecta nuestros vínculos?
“El billete de $1.000 es el de mayor valor que tenemos en Argentina, y día a día vamos viendo cómo nos alcanza para menos”, sostiene la economista. Si vemos los productos que necesitamos para preparar estas pizzas, descubrimos que con ese billete en diciembre 2017 comprábamos 90 kilos de harina ($11) y hoy sólo 11 ($86). Con el queso sucede lo mismo, comprábamos casi 7 kilos ($148) y ahora apenas 1 ($945). Y las 51 latas de tomate que nos alcanzaban ($19,50) hoy se redujeron a 10 ($99). Después está decidir los “toppings”, qué le ponemos arriba: si aceitunas, palmitos, salsa golf, jamón, todo eso presenta aumentos considerables en estos últimos años.
*Con información de FADA
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Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Mileien su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.
La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.
Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.
Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.
“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.
Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.
Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.
Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.
Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.
LOS LÁCTEOS
El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.
Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.
En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.
De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.
La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
La deuda soberana arranca el viernes con debilidades, borrando parcialmente el rebote que se había dado en los últimos días. El contexto de tensión global golpea a la renta fija local. En promedio, los bonos muestran mermas de 10% desde los máximos de abril.
IMPACTO GLOBAL
Todos los tramos de la curva argentina muestran una jornada en rojo, con el Global 2029 cayendo 1,04% y el Global 2030 perdiendo 0,92%.
Por su parte, el Global 2035 y el Global 2038 caen 1,4% y 1,3%, mientras que el GD41 y el GD46 caen 1,5% y 1,36% respectivamente.
En medio de temores sobre una recesión y en la que el mercado sospecha que la Reserva Federal deberá bajar la tasa de interés de una manera más acelerada respecto de lo esperado, las acciones caen, así como también los rendimientos de los bonos del tesoro americano.
Es decir, se está dando un contexto de fly to quality, o salto a la calidad, en donde los inversores buscan activos seguros en medio de la mayor volatilidad y temores de recesión. En un escenario en donde los inversores priorizan activos de menor volatilidad y seguros, la renta fija local sufre dicho panorama ya que son instrumentos de alto riesgo.
La volatilidad en la renta fija local proviene del mercado internacional, en donde los inversores comienzan a incorporar riesgos recesivos en EEUU luego de datos económicos débiles.
El mercado laboral evidenció una creación de empleo de 114.000 debajo de lo esperado, a la vez que el desempleo saltó al 4,3%, por encima del 4,1% que esperaban los economistas en EEUU. En base a todo ello, los analistas de PPI afirmaron que los factores internacionales explican casi el 70% de la performance de la caída de los bonos recientemente.
ACCIONES EN ROJO
Las acciones también operan a la baja tanto en la plaza local como en Wall Street.
BBVA lidera las pérdidas, con una caída de 12,1%.
Vista Cae %, 7,3 por Grupo Supervielle que pierde 7,1% e YPF, y Banco Macro, con mermas de 5,9%.
Le siguen YPF, Despegar, Corporación América, TGS y Grupo Financiero Galicia, que caen entre 4% y 5%
El S&P Merval baja 2,9%, mentras que medido en dólares retrocede 4,7%
En cuanto al impacto local, Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap, señaló que la volatilidad global puede afectar a los activos argentinos.
Hacia delante, Ruiz Guiñazú remarcó que la Argentina necesita un viento de cola para consolidar la recuperación.
“Las empresas argentinas se mueven con cierta diferencia porque están más afectados por los indicadores macroeconómicos en Argentina. Las empresas argentinas con baja deuda y buenos resultados operativos han tenido caídas. Necesitamos que el contexto pueda ayudar a la macro y las empresas puedan desbloquear su potencial”, sostuvo.
Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, espera que el ajuste actual en Wall Street se mantenga, pudiendo contagiar a los activos locales.
“Creo que la volatilidad actual en Wall Street se va a prolongar y de ocurrir, Argentina podría contagiarse del contexto global. Creo que los bonos podrían ajustar a paridades cercanas a u$s 40 y el S&P Merval a la zona de u$s 1000. Allí podría ser un buen punto para volver a comprar”, indicó.
Además, agregó que las valuaciones de los activos locales estaban muy elevados, por lo que el mercado ajusta también en expectativas.
“Veníamos con un valor en dólares de los activos muy alto basado meramente por expectativas. Ahora el mercado sigue a la espera mientras tanto de conclusiones finales en el plan económico y la salida política que se está acomodando. Pero esto es una buena excusa para acomodar también los activos locales que venían recontra sobre exigidos o sobrevaluados”, afirmó.
En ese sentido,Bagilet entiende que, de corto plazo la recomendación es quedarse fuera, aunque de mediano plazo sigue apostando a la Argentina.
“Con paridades más cercanas a 40 e índice Merval cercano a los u$s 1000 dólares, es una caída aproximada de 10% a 11% en dólares”, detalló.
Con una visión similar, los analistas de Don Capital, advierten que la volatilidad en el mercado puede perdurar.
“Dada la volatilidad observada en las últimas sesiones, impulsada por las decisiones de la Fed y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, es probable que este escenario persista en el futuro cercano”, afirmaron.
Sin embargo, también entienden que los drivers locales son preponderantes en la deuda local.
“Al comparar bonos representativos, como el GD30 con el EMB, vemos que en el último año existe una correlación del 85%, lo que evidencia la estrecha relación de Argentina con sus pares de mercados emergentes. Creemos que, a pesar de la volatilidad futura, si la política económica local sigue siendo efectiva y el escenario externo se orienta hacia una reducción de tasas, los bonos argentinos podrían recuperar atractivo para los inversores”, dijeron desde Don Capital.
LOS BONOS EN MODO AJUSTE
El contexto de mayor volatilidad en los mercados globales se da en un escenario negativo para la renta fija argentina.
En promedio, los bonos muestran mermas de 10%.
Tomando desde el pico de abril, el GD29 cae 6,5%, mientras que el GD30 cae 11%.
En el tramo medio, las debilidades son de 13% y 12% para el GD35 y el Global 2038 desde los picos de abril.
Finalmente, en el extremo más largo, los títulos caen 14% y 12% en el GD41 y en el GD46 desde sus máximos previos.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que la volatilidad de Wall Street no afecta de manera significativa a los activos locales.
“Si en septiembre hay una baja de tasa por parte de la FED, ayudaría a que los bonos argentinos a mejorar su performance como los del resto del mundo”, estimó.
En cuanto a la dinámica de los activos locales, Lazzati aclaró que los bonos y las acciones argentinas están en un período de stand by durante 60 días, esperando los resultados del blanqueo a ver si se juntan entre u$s 2000 y u$s 3000 millones, algo que ayudaría a fortalecer la reserva.
“Creemos que estamos en un periodo stand by en donde bonos y acciones van a fluctuar positivamente ante una demanda futura”, comentó Lazzati.
A su vez, el ajuste actual se dio en un contexto en donde el diferencial por legislación se achicó, generando posibilidades de arbitraje entre legislaciones, es decir, pasar de ley local a internacional y ganar la cobertura legal sin costo.
Agustín Helou, trader de Portfolio Investments, considera que ante bajos spreads por legislación, luce lógico pasarse de bonos local a ley extranjera.
“No creo que vaya a ocurrir algun evento crediticio. Pero ante spreads tan bajos, si un día se estresa la deuda, el inversor con bonos de ley NY está mejor parado que el que posee ley local“, comentó Helou.
Los riesgos sobre la deuda local no se eliminaron, y si bien el Gobierno muestra voluntad y capacidad de pago al remarcar que tiene (o va a tener) los dólares disponibles para pagar la deuda en 2025, el mercado aun desconfía.
“Creo que es conveniente pasarse de bonos ley local a NY, por una cuestión, de ´por las dudas´. Si el inversor tiene ciertos miedos sobre el tema reservas, que vienen vendiendo, esa estrategia no está mal. En algún momento se va a tener que llegar a un acuerdo con acreedores. Dado el stock de deuda y flujo de dólares, este no alcanza para pagar el perfil que tiene hoy la Argentina”, advirtió Helou.
Lucas Decoud, analista Renta Fija en Grupo IEB, detalló que si bien el spread de GD30/AL30 pasó de 2,65% a 5,1% actualmente, este se ubica en niveles cercanos al spread promedio entre 2020 y 2021 que fue de 5,78% luego del canje de Guzmán.
Además, recordó que en el periodo que va desde 2022 hasta antes de las elecciones primarias del 2023 el spread promedio se ubica en 16%.
“Creemos que el premio que brinda el pasarse de legislación extranjera a local todavía no es significativo o compensa adecuadamente la mayor robustez legal de los bonos globales sobre los Bonares”, dijo.
En cuanto a la estrategia, el especialista de Grupo IEB agregó que sigue prefiriendo posicionarnos en GD35 y GD41.
“Estos bonos operan con paridades más bajas que el tramo corto, lo que los vuelve defensivos en escenarios adversos y si la curva comprime a niveles de créditos emergentes presentan un upside potencial superior”, comentó Decoud.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
