GOLPE AL BOLSILLO | Aumentarán las prepagas, internet, telefonía, televisión y monotributo

Desde el primero de enero, las cuotas de prepagas y obras sociales subieron un 9%.
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Se trata del último tramo de cuatro incrementos iguales autorizados por la Superintendencia de Salud en julio pasado, de esta manera las cuotas aumentaron 41,2% en los últimos 6 meses. A pesar de los incrementos del último tiempo, las prestadoras de servicios manifiestan que la situación del sector de salud es crítica, internet, TV y telefonía.

Este 2022 traerá aumentos de 9,8% en las tarifas de los prestadores de internet, de telefonía fija y de televisión por cable o satélite de empresas medianas, que tienen hasta 100.000 accesos totales o conexiones. Un dato a tener en cuenta: El incremento no alcanza a las grandes compañías de telefonía celular y cable porque, en su mayoría, tienen medidas cautelares. Telecom por su parte, informó que, a partir de este mes, aumentará hasta un 13% los precios mensuales de su servicio de televisión, internet y telefonía nacional y los packs, adicionales y otros cargos hasta un 15%.

En cuanto al monotributo, durante este primer mes se incrementa en un 26% los montos a pagar cada mes por el componente impositivo y por los aportes a la obra social y al sistema previsional del monotributo. En la categoría A el importe total pasará de $2646,22 a $3334,24. En la B, el monto irá de $$2958,95 a $3728,29 y en la C, subirá de $3382,62 a $4262,11 (servicios) y de $3325,44 a $4190,06 (venta de cosas muebles).

En las categorías más elevadas el importe total mensual pasa de $12.789,38 a $16.114,67 en la H, que es la última correspondiente a actividades de servicios, y de $19.912,74 a $25.090,13 en la K, la más alta para comercio de bienes muebles.

El aporte para la obra social, en tanto, queda en $1775,18 y el que se deriva al sistema jubilatorio irá de los $1270,99 a los $3296,62, dependiendo de la categoría. por otro lado, comenzará a pagarse también el impuesto inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Para la primera cuota, el aumento será de 2,9%, en febrero 3,4% y en marzo, las cuotas subirán 3,7%.


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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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