Camporistas HOSTIGAN a periodista que hizo público un caso de ABUSO SEXUAL de concejal K

Una comunicadora se solidarizó con dos víctimas del concejal K Diego Escobedo, acusado de haberlas hostigado y exigido que tengan sexo a cambio de información. Los militantes de la agrupación no la perdonaron.
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En las últimas horas, Gisela se acercó a la fiscalía de General Rodríguez a realizar una denuncia que, según asegura, intentó durante mucho tiempo no hacer, confiando en que las amenazas cesarían en algún momento. Pero no fue así. Llevó como prueba decenas de mails, mensajes de texto y de redes sociales en las que cobardes escudados en el anonimato amenazan con terminar su vida.

La historia comenzó cuando dos mujeres, militantes de La Cámpora, se acercaron a ella para pedirle ayuda por un caso de violencia de género y acoso por parte del concejal local y amigo de Máximo Kirchner, Diego Escobedo. “Si una mujer me pide ayuda, desde mi espacio trato de estar. Es así que cubrí la situación, sobre todo porque estaban siendo hostigadas hasta en sus propias casas”, explicó Gisela a REALPOLITIK.

“Soy una mujer que trabaja en medios de comunicación desde hace unos siete años en General Rodríguez, y llegué a ser una de las más escuchadas en el distrito”, explicó, justificando así la razón por la que las dos víctimas buscaron su ayuda. “Las ayudé porque sé lo que es vivir a diario de este modo. Es horrible. Pensar que en algún momento te van a matar, y no sabés si será cuando dormís o cuando estás haciendo las compras. Te sangra el alma todos los días”.

Fue entonces que Gisela utilizó los medios de comunicación a su disposición para hacer pública la situación de las víctimas de Escobedo. Al tiempo que ocurría esto, el dirigente de La Cámpora era denunciado en la UFI Nro. 9 por violencia de género, hostigamiento y maltratos. No sólo ello, sino que también fue denunciado por exigirle a las mujeres que militaban con él que tengan relaciones sexuales con gente de otras agrupaciones a cambio de información.

Lejos de sostener una postura de contención con las víctimas, los militantes de La Cámpora reaccionaron de forma demagoga y cobarde. Comenzaron a atacar a cualquiera que insinuara que lo que hizo Escobedo estuvo mal, y se ensañaron particularmente con Gisela por hacer pública la alarmante situación.

“Comenzaron con el reparto de mi número personal. Me llegaban mensajes desde números que desconocía. Los bloqueaba y aparecían más. Me enviaban notas de otros medios periodísticos en los que Escobedo aseguraba que las víctimas mentían. Como no les respondí, comenzaron las amenazas por mensajes”, explicó Gisela a este medio.

Pronto la situación comenzó a escalar. “Pocos días después se sumaron las llamadas telefónicas a todas horas del día. Yo no las atendía, y se multiplicaban, todas desde números desconocidos. Tengo reiteradas llamadas hasta la madrugada. Instalé aplicaciones bloqueadoras de llamadas, hice lo que pude. Fue una verdadera tortura”.

Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Todos afirmaban que acabarían con su vida, de distintas maneras y con expresiones con distintos grados de agresividad. Crearon incluso perfiles falsos suyos en las redes sociales, lo que multiplicó los ataques hacia su persona.

Gisela intentó como pudo que los hostigadores se cansen y que el tormento cese, pero nunca ocurrió. Los ataques continuaron y no le quedó otra opción que recurrir a la fiscalía. “Estoy muy cansada. ¿Qué debo esperar? ¿A que efectivicen las denuncias?”.

*Fuente: REALPOLITIK


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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