MILEI EN CONTRA DE QUIENES USAN SU IMAGEN EN LAS LISTAS: Aclaró que no tiene candidatos ni partidos en las provincias
En algunas provincias se usó la imagen del economista para hacer política sin su aval...
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Milei en contra de quienes usan su imagen en las listas: aclaró que no tiene ni candidatos ni partidos en las provincias
Un común fenómeno electoral atravesó al partido y, puntualmente, a la imagen del victorioso candidato a diputado porteño, Javier Milei, de La Libertad Avanza. Concretamente, a lo largo y ancho del país, diferentes candidatos han utilizado sin el aval del economista, su imagen para hacer campaña política en las provincias. Desde el entorno del candidato libertario aclararon que el juego trascendería solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aunque en algunas provincias sí hubo apoyo, el armado para lo nacional no esta cocinado aún.
El hecho que más resonó fue el que involucró al cordobés Rubén Petetta. Ocurrió que el aspirante a la lista de diputados habría estado detenido en el año 2006 por el intento de cobrar una coima de $30.000. Esto ocurrió mientras Petetta ocupaba el cardo de Director de Espectáculos Públicos bajo la gestión del entonces intendente Germán Kammerath. Y si bien fue sobreseído, nunca pudo demostrar su inocencia.
El spot “trucho” usado por los entonces precandidatos
Además, los supuestos candidatos utilizaron la imagen y la voz del libertario sin su consentimiento. Confundiendo al electorado cordobés mientras argumentaban que Milei los apoyaba, cuando en verdad jamás grabó un spot para ellos.
A fines del pasado agosto, Silvia Barboza, Juan Manuel Martínez y Eduardo Agüero se alejaron de esa lista tras conocer la investigación, realizada por Clarín. “Repudiamos este hecho, apegándonos a las ideas de la libertad y exigiendo honestidad y transparencia, para diferenciarnos de toda la casta política”, comunicaron.
Agüero, quien iba como segundo precandidato a diputado suplente calificó al tema de “bastante turbio” y advirtió que “no quisiera estar vinculado a personas sospechadas de semejantes acusaciones”. Por su parte, Martínez señaló que “cuando hay dudas respecto a la honestidad de una persona, prefiero dar un paso al costado”. Finalmente, y bajo la misma sintonía que sus pares, que renunció “cuando vi los antecedentes de corrupción de Petetta y que Milei se despegó de la lista que representábamos en Córdoba”.
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El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.
El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.
D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.
– La contramarcha
Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.
Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.
El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.
La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, promulgó una enmienda constitucional que convierte a la provincia en la primera jurisdicción de Argentina sin fueros de ningún tipo. Esta decisión fue avalada por el 63.61% de los votantes en un referéndum vinculante realizado el 26 de octubre.
Los fueros (también llamados inmunidades especiales) son protecciones legales otorgadas a ciertos funcionarios públicos, magistrados, legisladores y, en algunos casos, dirigentes sindicales.
Es importante destacar que existían dos tipos de inmunidades distintas. La inmunidad de opinión protegía a los legisladores por las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, garantizándoles la libertad de manifestar sus ideas y posiciones políticas sin temor a represalias judiciales. Por otro lado, la inmunidad de arresto y de proceso impedía que los funcionarios fueran detenidos o sometidos a juicio sin una autorización previa del Poder Legislativo, lo que comúnmente se conoce como el “desafuero”.
– El anuncio del gobernador Torres, en mayo de este año
La reforma chubutense eliminó los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial que garantizaban estas inmunidades judiciales y de arresto. Con esto, a partir de su promulgación el pasado 7 de noviembre, ningún funcionario, legislador, magistrado ni dirigente sindical gozan de protecciones especiales que impidan su arresto, allanamiento o proceso penal.
Torres impulsó esta medida bajo el concepto de que “nadie debe estar por encima de la ley”. Su argumentación se centra en que los fueros representan “privilegios injustificados” que crean ciudadanos de primera y segunda clase. Torres enfatizó que la reforma constituye “una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley” y describió los fueros como habiendo estado “de la mano de la desidia y la corrupción”.
El lema central de la campaña fue “Chubut sin fueros”, transmitiendo la idea de que eliminar estos privilegios avanzaría hacia mayor transparencia institucional y equidad.
Sin embargo, la reforma mantiene el “fuero de opinión”, la protección que resguarda la libertad de expresión de los representantes electos. Esta distinción es importante porque diferencia entre proteger la capacidad de hablar libremente en funciones públicas —que se mantiene— y proteger a las personas de la acción de la justicia por delitos comunes —que desaparece.
La consecuencia práctica más significativa es que ahora si una condena judicial contra cualquiera de estos funcionarios queda confirmada, puede ejecutarse inmediatamente sin necesidad de un desafuero o autorización legislativa adicional.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicales de Chubut (AMFJCH) sostuvo que los fueros no son privilegios personales, sino garantías institucionales necesarias para proteger la independencia judicial. Según esta perspectiva, los fueros no protegen a los jueces como individuos, sino que son mecanismos destinados a permitir que el Poder Judicial funcione sin presiones políticas, económicas o mediáticas.
Los magistrados argumentaron que eliminar los fueros “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial”y explicaron que estos fueros existen desde la antigüedad para proteger a los primeros parlamentarios de reyes todopoderosos. La idea es que sin estas protecciones, un ejecutivo poderoso podría usar la justicia como herramienta de represión contra jueces que toman decisiones que le desagradan.
Líderes gremiales argumentaron que los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que los representantes de trabajadores puedan reclamar y protestar sin miedo a represalias judiciales. Omar Unquén, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, advirtió que la eliminación “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.
Un argumento sindical interesante es que varios líderes señalaron que si un sindicalista comete un delito, la justicia ya puede actuar como con cualquier otro ciudadano. En otras palabras, el fuero no protege actos delictivos en flagrancia. La distinción es sutil pero importante, ya que los fueros protegen de represalias por actividades gremiales legítimas, no de investigaciones por delitos comunes.
Lo notable de este cambio es que fue legitimado democráticamente por los ciudadanos. La Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional en marzo de 2025, y luego se convocó a un referéndum vinculante donde los chubutenses debían decidir si respaldar o rechazar la medida.
Incluso cuando magistrados presentaron recursos judiciales intentando frenar la consulta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habilitó el referéndum, considerando que el proceso se ajustaba a los mecanismos constitucionales vigentes en la provincia. Con más de 280 mil votantes participando, quedó claro que los chubutenses, al menos mayoritariamente, preferían un sistema donde todos fueran iguales ante la ley.
El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.
Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.
Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.
El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.
En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.
Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.
“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.
El informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) revelado recientemente en noviembre de 2025 documenta un fenómeno delictivo sin precedentes en el área metropolitana. Los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registraron un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024. Esta cifra representa no solo un incremento estadístico, sino una transformación radical en el panorama de seguridad deficiente del conurbano bonaerense antes y después que asumió el actual gobernador Axel Kicillof.
Para contextualizar esta magnitud, los números específicos evidencian la gravedad, revelando cómo la tasa pasó de 3.9 hechos cada 100.000 habitantes en 2015 (411 casos) a 26.8 en 2024 (2.917 casos). Es decir, actualmente se registra aproximadamente uno de cada 3.700 habitantes del GBA como víctima de robo violento anualmente. En términos más cotidianos, esto equivale a un robo violento cada 5 minutos en el conurbano.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Los datos recopilados por los expertos Guido Brunetti, Nicolás Vergara y Sebastián Martinenco muestran una concentración clara en los municipios del oeste y sur del GBA, con tasas que duplican o triplican los registros nacionales. En 2024, Quilmes registró la tasa más alta con 44.9 hechos por 100.000 habitantes (311 casos), seguida por Esteban Echeverría (42.4), Merlo (41.0), Malvinas Argentinas (37.0) y Lanús (36.5).
Lo alarmante es que once de los 24 municipios del GBA superan en más del doble la tasa nacional de robos violentos, según señaló el abogado, especialista en criminalidad económica y presidente de FININT, Juan Félix Marteau. Algunos municipios experimentaron incrementos especialmente preocupantes, siendo Merlo que acumuló un aumento del 190% en los últimos dos años, mientras que Lanús registró el mayor crecimiento interanual, con un 80% más de hechos respecto al año anterior.
La evolución temporal revela un patrón bien definido. La tendencia ascendente se mantiene desde 2017, con un crecimiento sostenido hasta 2020, cuando la pandemia de COVID-19 generó una caída brusca de la delincuencia. Durante el confinamiento, los robos cayeron aproximadamente 52.5% en términos de denuncias de delitos contra la propiedad. Sin embargo, tras la flexibilización de las restricciones, se produjo una fuerte reactivación delictiva. Entre 2023 y 2024, los robos violentos crecieron un 37%, pasando de 1.839 a 2.917 casos.
El informe de FININT, junto con análisis de seguridad gubernamentales, identifica tres factores centrales que explican la escalada de robos violentos. En primer lugar, la circulación ilícita de armas de fuego es identificada como un detonante crucial para el incremento de la violencia. Estas armas provienen principalmente de robos en dependencias policiales, de la comercialización de armas decomisadas que no fueron destruidas, y del reciclado de arsenales declarados en desuso por las fuerzas policiales. La disponibilidad de armamento aumenta significativamente la capacidad letal de los delincuentes y, consecuentemente, la violencia empleada en los robos.
El segundo lugar, está el consumo de sustancias y el narcotráfico. Conforme a las encuestas del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires, el 63% de los encuestados identificó la drogadicción y el narcomenudeo como la segunda causa principal de inseguridad, apenas por debajo de la pobreza y marginalidad. No obstante, FININT advierte que no existe necesariamente una relación directa entre la presencia del narcotráfico y la violencia expresada en robos. Ambos fenómenos pueden evolucionar de manera divergente, ya que el narcotráfico opera frecuentemente de forma silenciosa, fuera del radar de las políticas de seguridad, mientras que los robos violentos se concentran territorialmente en municipios específicos.
Finalmente, el último factor son los problemas institucionales en la Policía Bonaerense. La fuerza tiene 100.000 efectivos pero enfrenta cuestionamientos significativos sobre su funcionamiento, capacitación y reformas internas. Fuentes de seguridad advierten que la falta de reformas profundas y la persistencia de problemas internos afectan la capacidad de respuesta ante el delito.
La ola delictiva actual se caracteriza porque no hay más delincuentes, sino que son los mismos pero cometen más delito. Las principales modalidades incluyen entraderas (robos a viviendas), implicando inteligencia previa sobre las viviendas. En el conurbano, los delincuentes rompen puertas, en Capital Federal, trepan en altura. El horario principal es entre las 8 y las 21 horas, cuando los propietarios no están en casa.
Los robos de celulares representa una de las modalidades más preocupantes, con estimaciones de 10.000 arrebatos diarios en la Ciudad de Buenos Aires y 5.000 en el conurbano. El Robo de autopartes y vehículos, donde los delincuentes se llevan ruedas, patentes y estéreos. Esta modalidad cobró especial relevancia en 2024, pues registró 128.477 robos totales en la provincia, con crecimiento del 18% respecto a 2023.
“La provincia está en una de las mejores situaciones de tasa de homicidios de la historia”, afirmó en su momento Kicillof, durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno dada en mayo, en La Plata, donde buscó ligar la problemática por falta de inversión estatal.
Un aspecto crucial del informe, y que revela la complejidad de la actualidad delictiva, es que mientras los robos violentos explotan sin precedentes, los homicidios dolosos muestran una baja sostenida. La tasa nacional de homicidios pasó de 6.6 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 3.8 en 2024, una caída del 42%. En el GBA, descendió de 8.0 a 5.6 en el mismo período, con 607 víctimas en 2024 frente a 857 en 2015.
De acuerdo con la encuesta del OPSA, la percepción de inseguridad alcanza 6.3 puntos en CABA, pero sube a 8.1 en el GBA Oeste y 7.9 en el GBA Sur, en una escala de 1 (‘muy seguro’) a 10 (‘muy inseguro’). A su vez, existe un problema significativo de cifras negras (delitos no denunciados). Según FININT, cuando un agresor se apodera ilegítimamente de un bien mediante violencia, las víctimas no siempre denuncian, incluso en casos de lesiones. Esto genera un importante subregistro en las estadísticas criminales. Estudios sugieren que los datos oficiales de robos representan solo una fracción de los hechos reales.
Cristian Ritondo, Diputado nacional y presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó su alegría por la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó el lugar del partido amarillo en la hazaña.
“La provincia de Buenos Aires tiene una simbología muy fuerte. Uno podía ganar la elección nacional, podía estar arriba, recuperar una gran cantidad de votos, tener una cantidad importante de votos, pero sin duda el triunfo en la provincia de Buenos Aires le da una contundencia mucho mayor al triunfo del país”, ponderó.
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En cuanto a la remontada respecto a la derrota del 7 de septiembre en el principal distrito del país, Ritondo dijo que se debe “al gran trabajo que hicieron quienes acompañamos y estructuramos desde el PRO”.
“De los diez distritos donde mayor diferencia sacó La Libertad Avanza, se va a encontrar con cinco o seis distritos gobernados por el PRO, desde Pinamar a Mar del Plata, pasando por Vicente López a San Isidro”, describió en declaraciones a Radio Mitre.
Del mismo modo, puso en valor “la coordinación territorial del equipo de Karina Milei con Sebastián Pareja”, junto con la parte comunicacional manejada por Santiago Caputo. “Cuando se trabaja en equipo se logran estas cosas”, resumió.
También mencionó que hay “un gran esfuerzo de los argentinos; más allá de la inflación, más allá de la baja de pobreza que quisiera, estamos a mitad del río haciendo un gran trabajo y haciendo lo que el presidente Javier Milei dijo que iba a hacer en la campaña”.
Al cerrar su análisis, el referente PRO puntualizó que los “argentinos han decidido no volver al populismo. Saben que esa receta es pan para hoy y hambre para mañana y por primera vez creo que se bancan un proceso entero donde creen que la Argentina tiene un mejor destino”.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul detalló presuntos pagos de coimas para asegurar negocios con el Estado entrerriano y mencionó al ex gobernador Gustavo Bordet, al senador electo Adán Bahl y a su entorno.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente por “negociaciones incompatibles” y un embargo multimillonario tras demostrar su “participación directa” en un esquema que direccionó seguros del Estado hacia el broker Héctor Martínez Sosa.
La SIGEN alertó que no hubo un seguimiento formal sobre el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de admisibilidad entre 2020 y 2022. También encontró fallas en la rendición de cuentas.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
