12 septiembre, 2025

¡ATRODEN! | Casación condenó a PRISIÓN EFECTIVA al militante K, Guazzora

Un reciente fallo judicial de la Cámara de Casación condenó al militante y operador K, Carlos Ezequiel Guazzora por violencia de género.
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Durante la tarde de hoy, el militante ultra K que se autopercibe periodista, Carlos Ezequiel Guazzora, se encuentra al borde de los barrotes a raíz de una denuncia por violencia de género.

La denuncia había fue realizada por su entonces pareja y empleadora, la exdiputada por el Frente para la Victoria, Stella Maris Córdoba. En la condena de marzo, el Tribunal Oral Federal 3 lo encontró culpable por amenazar (de ahí el término formal “coacción reiterada”) a la ex diputada.

El comienzo de la historia se remonta a 2014, cuando amenazó a Córdoba diciéndole que poseía un arma de fuego y que no tendría miedo de usarla contra ella. Esa amenaza viene a raíz de que Carlos Ezequiel era asesor de la exdiputada, pero ésta lo echó, por lo que Guazzora pidió ser reincorporado. Vale aclarar que el militante K fue procesado, por lo menos, en cuatro oportunidades por amenazas coactivas reiteradas. Los testigos declararon que Guazzora “era una persona violenta y que se drogaba”.

https://data24.com.ar/eze-guazzora-el-militante-k-que-amenaza-mujeres-y-tiene-causas-judiciales/

En marzo de 2021, la Justicia dictaminó que “Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género. No es relevante por qué fue cesanteado; una diputada puede decidir cómo conforma su equipo de trabajo. Lo que aquí se analiza es la conducta de Guazzora”. Además, la fiscalía confirmó la existencia de, al menos, cuatro episodios de amenazas hacia su expareja.

La actual sentencia judicial, que declara a la anterior condena como “irrisoria”, fue confirmada por el abogado del militante, Adrián Albor: “En un escandaloso fallo, casación condena a prisión efectiva a Ezequiel Guazzora”, empezó diciendo desde Twitter. Además, usó la vieja fábula del “Lawfare”, apuntó contra los jueces e incluso pidió al presidente que el indulto. “Los jueces del Lawfare: (Liliana) Catucci, (Juan Carlos) Gemignani y (Eduardo) Riggi se han cobrado una nueva víctima. Parece que con un celular y un micrófono le hiciste mucho daño a la oligarquía que digita todo en las sombras. Espero que Alberto Fernández cambie de posición respecto del indulto, se quejó.

El hilo de Albor anunciando la condena de Guazzora y pidiendo el indulto

Incluso, el letrado se atrevió a ir más allá e intentó desviar el debate judicial, haciendo una suerte de (patético) juego discursivo para invertir la culpabilidad, al señalar que “También es violencia de género que tu jefa te despida cuando cortás una relación sentimental con ella. Reclamar que te devuelva el trabajo no es delito”.

El fallo de la Sala Tercera de la Casación, firmado por los jueces Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, interpreta que el tribunal oral que lo condenó, en marzo, “a la hora de calificar los hechos no reparó en tan delicado aspecto, pues descartó la figura agravada cuya aplicación resultaba indiscutible e impuso una irrisoria sanción de cumplimiento condicional que lejos se condice con la gravedad del caso”.

“No dudó en amenazarla con contar todo lo sucedido al Grupo Clarín, llegando incluso a enviar, con inusitado despecho, correos electrónicos a funcionarios del más alto rango para perjudicar la carrera política de su ex pareja (…) finalmente logrado, pues la nombrada jamás volvió a ser incluida en una lista de candidatos”, señalaron los magistrados.

El máximo tribunal resolvió entonces agravar la situación del militante, condenándolo por “coacción agravada por haber sido cometido con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de un miembro de los poderes públicos” y en tal sentido resuelve “reenviar las actuaciones al tribunal de procedencia para que en forma urgente proceda a fijar la pena que corresponda”, lo que podría significar cumplimiento efectivo de la pena.

La condena fue contundente y LAPIDARIA: “Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género”.


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

Passamonti advierte sobre la “mala praxis” en las privatizaciones a riesgo de favorecer a “amigos del poder”

El presidente del Comité Nacional de la Unión del Centro Democrático (UCede), Andrés Passamonti, afirmó en una reciente entrevista junto al periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, que a casi dos años de gestión, las privatizaciones anunciadas por el gobierno están paralizadas, con ventas parciales como la de IMSA, montos modestos frente al activo estatal y prácticas que definió como “mala praxis”.

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El mapa de las privatizaciones prometidas se empantana: de Transener a AySA, de Intercargo a ARSAT, los anuncios se multiplican pero los pliegos no llegan y las prórrogas se acumulan. ¿Conviene vender rápido y a cualquier precio o esperar para no regalar activos estratégicos?

“Ahora invertimos, la mejoramos, empieza a dar superávit y entonces la vendemos, no se entiende. Las otras empresas también, pero es mala praxis, mala praxis como en muchas áreas de gestión y ellos se enojan cuando uno se lo dice, pero es real”, afirmó Passamonti. “Hoy se recaudarían unos mil millones de dólares… Es estar regalando las empresas”, agrego.

Uno de los mayores aportantes de Alberto y Cristina en 2019 será candidato de LLA

Tomás Ise Figueroa no es un improvisado ni un desconocido. Hasta diciembre de 2023 se movía como asesor de José Emilio “Pichón” Neder en el Senado, histórico operador del zamorismo y una de las espadas políticas más fuertes del norte argentino. Hoy aparece con el sello de La Libertad Avanza como candidato a senador nacional en Santiago del Estero. El giro desconcierta a propios y ajenos: de engranaje de la maquinaria kirchnerista y zamorista a “libertario” de pura cepa en cuestión de meses.

El burócrata aportó $1.778.400 para la campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo a través de una transferencia bancaria, el 8 de agosto de 2019, según confirman los registros de la Cámara Nacional Electoral. Fue el segundo financista individual más importante del Frente de Todos, solamente superado por el empresario santafesino Walter Grenón.

A valores de hoy, el monto aportado por Figueroa ronda los $70 millones.

El contraste no termina ahí. Además de haber sido asesor del zamorismo y financista del kirchnerismo, Figueroa ni siquiera reside en Santiago del Estero: vive en la Ciudad de Buenos Aires.

La militancia libertaria, que esperaba renovación y ruptura, estalló en redes sociales. Varios jóvenes lo tildaron de “caballo de Troya” y otros directamente de “garrón”. El descontento se hizo sentir: quienes apoyaron a Milei en la calle no entienden cómo la dirigencia eligió a un exfinancista K como la cara visible en una provincia clave.

La conducción de LLA en Santiago defiende la jugada. Figueroa no solo asumió la presidencia provincial del partido de Karina Milei, sino que además diseñó el armado junto a dirigentes locales y se encargó de garantizar recursos para una campaña que, de otra manera, sería imposible de financiar. Para ellos, pesa más la capacidad técnica y económica que la “pureza ideológica” que reclaman los militantes de primera línea.

El contraste es brutal. Milei construyó su discurso sobre el rechazo frontal al populismo y a la casta política, pero en Santiago lo representa un hombre que trabajó con el zamorismo y aportó a la caja del kirchnerismo.

La lista completa de LLA en la provincia también muestra un armado con nombres variados: Andrea Jorge acompaña a Figueroa en el Senado, mientras Laura Godoy y Matías Faila encabezan las candidaturas a diputados nacionales. Ítalo Cioccolani, por su parte, competirá por la gobernación. Un mix de dirigentes jóvenes, empresarios y técnicos que intentan vender como “renovación”.

El Gobierno le pediría ayuda al Mossad israelí por el escándalo de los audios

En las últimas horas, fuentes de la SIDE aseguraron a revista Noticias que, a instancias de Javier Milei, los agentes libertarios que responden a Sergio Neiffert evalúan pedirles asistencia a sus colegas del Mossad israelí en la crisis de los audios que involucran a la hermana del Presidente y al ex funcionario Diego Spagnuolo.

La explicación es que todo lo que podía fallar ya falló: un desconocido grabó al ex titular de la Andis hablando de coimas del 3 por ciento para Karina Milei, otro entró a la Casa Rosada y captó la voz de ella en su propio despacho, nadie pudo detener la filtración a los medios y solo el desesperado manotazo de un juez impidió que hoy se conociera el material completo de esos audios.

¿Y la SIDE? Bien, gracias. Uno de los agentes del organismo, que viene de gestiones anteriores, le contó a Noticias lo siguiente: “Hay mucha bronca con Neiffert por la inacción que mostraron en este caso, y por eso Milei quiere pedirle ayuda al servicio de Inteligencia de Israel, básicamente para que les enseñe a los de la SIDE cómo prevenir este tipo de situaciones y que no los sigan grabando a todos en todos lados. Primero Spagnuolo, después Karina, y no sabemos cómo sigue…”.

Otra de las fuentes consultadas dentro del organismo se sincera: “Están en eso. Les da miedo que los israelíes les respondan que no, por inútiles. Les da vergüenza todo lo que está pasando, digamos”.

– Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia

El agente consultado abunda: “Esto es responsabilidad del área de Contrainteligencia, que no pudo impedir que a un funcionario despechado y a la propia hermana del Presidente los grabasen con un simple celular. El que maneja Contrainteligencia dentro de la SIDE es un hombre al que puso ‘Jaime’ Stiuso”.

Según las fuentes consultadas, Stiuso -el poderoso ex director general de Operaciones de la SIDE- hoy continúa teniendo gran influencia en el organismo. Los libertarios lo consultan y hasta dejaron que llenara algunos casilleros de la Secretaría. Los agentes que hablan en esta nota cuentan que el propio Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente bajo cuya órbita está la SIDE, se muestra insatisfecho con el trabajo de su titular Neiffert, un hombre suyo.

Las críticas también le llueven a Caputo: Karina Milei y los primos Martín y “Lule” Menem lo señalan porque los agentes bajo su mando no pudieron prevenir absolutamente nada en todo este escándalo. “Caputo está pintado”, dicen cerca de “Lule”.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Emilia Ferragni)

ENCUESTAS | Por miedo a la baja en los números, Bullrich pide un acuerdo urgente con Macri

En la política porteña hablan de una caída de Patricia Bullrich en medio del escándalo de las coimas en Discapacidad. La ministra de Seguridad mide cerca de 36 puntos, aunque las proyecciones la dejan más cerca del 40% para octubre. En LLA lo niegan y dicen que las mediciones de la funcionaria se mantienen estables.

La debacle de la Provincia puso en alerta a los libertarios. Tras el cierre de la alianza con el PRO en la Ciudad, en La Libertad Avanza planteaban que Patricia podía llegar a 50 puntos, lo que la dejaba como una sólida candidata para la jefatura de Gobierno en 2027.


El sitio La Política OnLine tuvo acceso a los números de una importante consultora que trabaja con el gobierno porteño. Las cifras muestran que en las últimas semanas Bullrich comenzó a caer y pasó de 41 puntos a 36. Ese resultado la deja primera cómoda en la carrera al Senado, pero está lejos de las expectativas que había generado.

Otras tres consultoras que prefirieron no entregar sus mediciones tienen un escenario similar: el escándalo de las coimas le pegó a todos los candidatos del gobierno y Bullrich también comenzó a bajar.

En ese sentido, no parece casual que este miércoles la ministra haya salido a pedirle a Mauricio Macri -a quien denostaba hasta hace muy poco- que se sume a la campaña porteña.


“Me parece que sería bueno hablar en este momento con él. Me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino”, dijo la ministra.

Según la encuesta porteña para senadores, el peronista Mariano Recalde está en 26 puntos, Cristian Castillo del FIT obtendría 6,8% y Graciela Ocaña 5%.

En la performance para diputados los libertarios y el PJ tienen una importante caída respecto de los candidatos a senadores: Alejandro Fargosi baja a 29 puntos e Itai Hagman a 21. Myriam Bregman, en cambio, sacaría 9 puntos y Martín Lousteau 6,6%.

La cuestión de la boleta única no es menor: nadie sabe cómo reaccionará el electorado ante los candidatos menos conocidos como Fargosi o Hagman: es una ventaja para Bregman o Lousteau.

En La Libertad Avanza sostienen que la intención de voto de la ministra es un “electrocardiograma perfecto” y que no hubo diferencias en su imagen en los últimos meses. “Todas las encuestas que manejamos tienen una proyección de entre 40 y 45 puntos. Las que nos dan hoy 36 tienen una proyección a 41 o 42. En una elección tan polarizada estaríamos sacando 6 diputados, estaríamos mejor que ahora”, explicaron.

En 2021 la lista de María Eugenia Vidal obtuvo 48 puntos que se tradujeron en 7 bancas, pero tras el apoyo a la Ley Bases hubo un cisma y solo 4 diputados acompañaron al gobierno de manera lineal. A esas cuatro bancas se suman los escaños obtenidos por Javier Milei y Victoria Villarruel.

En LLA explican que seis bancas le permitirían a los libertarios mejorar la cosecha actual porque pasarían de 3 diputados propios (los libertarios  Nicolás Emma y María Fernanda Araujo y Sabrina Ajmechet) y uno casi propio como Fernando Iglesias y satélites como María Eugenia Vidal y Martín Tetaz a seis libertarios puros.

La afirmación es cierta, pero solo parcialmente: Mauricio Macri colocó en la boleta violeta a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri. La inestabilidad del vínculo entre Macri y Milei hace imposible predecir cómo votarán sus delegados en el Congreso.

En 2021 la suma de los libertarios y Juntos fue de 65%. “Es un número imposible, tampoco podemos sumar los porcentajes de Adorni y Lospennato. En 2017 o 2021 fueron elecciones con el radicalismo, la Coalición, socialismo y GEN adentro. Hoy es imposible pensar en algo así”, dijeron. Sin embargo, creen que el resultado de la Provincia puede terminar beneficiando a los libertarios en la Ciudad: “En Capital se activó el gorilismo. La foto del domingo dejó a varios asustados y en dos días ya recibimos varios ofrecimientos para fiscalizar”, explicaron.


*Fuente: LPO

Intendente de LLA dilapidó $877 millones en festivales y contradijo a Milei: “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión”

Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.

El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del  municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.

El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.

Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores

Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.

De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.

La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.

A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).

Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.

Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo (Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.

MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”

Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país. 

Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.

– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos

Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.

Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.

Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ 

La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.

– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)

Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”. Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.

La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.

Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.

Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.

Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.

Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.

El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.

Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.

En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.

– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento

El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.

La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.

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