En febrero del año 2010, el gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Fútbol para Todos, que prohibía todas las publicidades privadas en las transmisiones de los partidos, además de popularizar la televisación de los mismos, que de ahora en más se llevarían adelante en forma gratuita.
Aquella medida “nacional y popular” escondía un negociado a través de la publicidad. La financiación del programa Fútbol para Todos a través de la Casa Rosada fue de unos 200 millones de dólares anuales. Dado que no se permitía -por lo menos en los papeles- la participación de auspiciantes privados, no existía posibilidad alguna de recuperar la inversión. Pero hecha la ley, hecha la trampa.
La clave para “la trampa” estaba en los carteles de LED. Éstos habían sido incorporados a las canchas en el año 2009, en reemplazo de los viejos carteles estáticos de chapa. Con sólo apretar una tecla, todo el estadio podía ver la misma publicidad repetida en vallas de más de 200 metros de extensión.
Los anunciantes privados, que tenían vedado anunciar sus productos en las tandas o incluso durante los partidos, fueron tentados por empresas elegidas a dedo por el gobierno para “entrar por la ventana” al negocio de la pantalla chica.
¿Cómo funcionaba “la trampa”? La firma Publicidad Estática Internacional (PEISA), a cargo de la cartelería, se encargaba de combinar en las vallas de LED las publicidades privadas de primeras marcas que pagan 100 dólares el segundo para aparecer en los partidos. A su vez, la productora La Corte, a cargo de la producción televisiva, se encargaba de ampliar los planos para que durante 60 de los 90 minutos de partido se vean bien claras las vallas de LED. De este modo, y a pesar de que el gobierno había asegurado que prohibía la publicidad privada, ésta gozaba de plena salud y facturaba millones que luego se repartían entre las agencias de publicidad elegidas a dedo para el trabajo y el propio gobierno.
Es justamente a una de estas tres empresas cuestionadas por los oscuros manejos en torno al Fútbol para Todos que el gobierno pretende beneficiar con 93 millones de pesos. Se trata de La Corte SA, que estaría a cargo del servicio de “seguimiento y comunicación de las actividades presidenciales”, que implicaría la producción de cada participación de Alberto Fernández para maximizar el efecto positivo sobre los futuros electores, de cara a las elecciones de medio término.
La Corte SA es presidida por Pablo Diego Monzoncillo y dirigida por Carlos Fabián De Sousa, Daniel Laureano Monzoncillo y Mariano Luis Frutos. Vale recordar que, a mediados del 2020, la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de De Sousa en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas realizadas mediante las empresas Agosto SA y otras del Grupo Indalo. Paralelamente, en el marco de la misma investigación, la Justicia ordenó los procesamientos de Cristobal López y Osvaldo José Sanfelice.
Finalmente, entre los servicios particulares pactados en el pliego impulsado por la secretaría de Comunicación y Prensa, que conduce Juan Pablo Biondi, se incluye la cobertura con unidades móviles, las presentación previa a cada acto para “buscar la mejor cobertura”, cámaras con operadores, sistemas de codificación en tiempo real HD, drones y la distribución de todos los contenidos producidos. Con los votos en mente, el servicio sólo será por el término de seis meses corridos.
*Fuente: REALPOLITIK
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