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*Por: Marcelo Peña
“La muerte de Alberto Nisman fue una bisagra para todos nosotros, los que asumimos esta función sabemos que no es sencilla, que es peligrosa, pero a nadie se le había cruzado por la mente jamás hasta ese momento que se podía dejar la vida por la tarea de fiscal, por ejercer el ministerio Público”, explicó Marcelo Romero.
A su vez, sostuvo: “Yo estoy convencido, por supuesto que esto lo tiene que determinar el poder judicial que está investigando el hecho todavía, que Nisman murió por su función, o lo mataron o lo obligaron a matarse, estas son las dos hipótesis”.
“Su muerte nos marcó muchísimo, al punto tal que hubo una marcha espontánea. Me acuerdo que cuando fue convocada por los fiscales federales, por sus compañeros y por la Asociación Argentina de Fiscales y otras organizaciones de magistrados, mucha gente nos preguntaba: ‘¿Y ustedes van a pedir justicia a una marcha?’ No, en realidad no era pedir justicia, era homenajearlo, porque en aquel momento la ex procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó, no había hecho ni siquiera un minuto de silencio en los tribunales, no hubo un sólo homenaje oficial al fiscal fallecido”.
El abogado, Marcelo Romero; el criminólogo, Luis Olavarría; y el licenciado informático, Diego Lagomarsino; dialogaron con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y analizaron el caso Nisman.
Romero reflexionó: “Creo que lo dejaron solo, en su momento fue el más importante de la república porque estaba investigando el hecho más grave de la historia judicial argentina, como fue el atentado sangriento a la Asociación Mutual Israelitas Argentina (AMIA)”. “Él era el que estaba investigando ese lamentable hecho hasta ahora impune. Entonces, por dicha razón, debió haber sido cuidado como ningún otro y sin embargo creo que lo dejaron bastante solo”, consideró.
Por otra parte, destacó que “las imágenes que vimos en la escena del crimen, en el lugar del hecho, yo creo que deben ser exhibidas en todas las escuelas de criminalística del mundo para mostrar lo que no debe hacer un perito”. “La figura de Nisman, a partir de su muerte, lamentablemente para él, su familia y todos sus seres queridos, se agigantó, tal vez lo empezamos a reconocer después de su fallecimiento”, concluyó.
Por último, el fiscal platense estimó que “ojalá que los que están remplazándolo en la investigación de la AMIA puedan llegar a la verdad que quedó trunca con su muerte violenta”.
Un escándalo con olor a arroz, yerba y corrupción sacude nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, liderado por Federico Masso. Todo comenzó cuando en un allanamiento por una denuncia de violencia de género dejó al descubierto algo más que pruebas del esta denuncia inicial: pilas de mercadería destinada a programas sociales, cuidadosamente almacenadas en un domicilio que no parecía, digamos, un comedor comunitario.
El escenario del descubrimiento fue el Barrio 2500 Viviendas, en Manantial Sur. Allí, la policía encontró no solo al acusado de violencia de género, JALC, sino también fardos de alimentos con el inconfundible sello de “Prohibida su venta”. Lo que debía alimentar a las familias más necesitadas de Tucumán aparentemente estaba tomando otro rumbo, y no precisamente solidario.
Entre los productos incautados había arroz, fideos, puré de tomate, leche en polvo y yerba, todo prolijamente etiquetado como parte de la asistencia social. Además, cuadernos con sospechosas anotaciones apuntaban a una posible comercialización ilegal de los alimentos en negocios locales.
Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social, salió rápidamente a ofrecer explicaciones. Según él, la mercadería había sido entregada legalmente a una organización social con personería jurídica, y no al detenido en cuestión. “El detenido no tiene relación con la orden de entrega. Lo que debemos investigar es cómo y por qué esta mercadería fue encontrada fuera de su destino”, declaró, con un tono que oscilaba entre la indignación y el desconcierto.
Sin embargo, este no es el primer incidente que salpica a la gestión de Masso. A principios de año, ya se había denunciado la venta de productos de planes sociales en mercados negros. Al parecer, la fiscalización de la que tanto presume el ministro no está siendo suficiente para evitar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables terminen como moneda de cambio en redes de corrupción.
Masso aseguró que “el sistema no falló” y que la mercadería fue retirada por el padre del detenido, quien dirige la organización social beneficiaria. Según él, todo está documentado con remitos y declaraciones juradas. Incluso enfatizó su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con la fiscalía. “No vamos a permitir que un gramo de arroz que destinamos a miles de tucumanos sea utilizado inescrupulosamente”, sentenció.
Pero las palabras del ministro no logran disipar las dudas. Si el sistema funciona tan perfectamente como afirma… ¿Cómo es posible que alimentos etiquetados como “Prohibida su venta” terminen en una vivienda particular? ¿Cuántas veces más veremos estas “excepciones” que ponen en evidencia un patrón alarmante?
La causa, que empezó como una investigación por violencia de género, ahora suma un capítulo económico y político. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos está detrás de las pistas para esclarecer el desvío de los alimentos y su posible venta ilegal.
Mientras tanto, Masso intenta calmar las aguas reuniéndose con el gobernador y prometiendo investigar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, su gestión está bajo la lupa, y cada nuevo escándalo debilita la confianza en la transparencia que tanto pregona.
Mariano Mansilla, abogado y exdiputado provincial, formalizó una denuncia penal contra la diputada nacional Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, y Pablo Ruiz, hermano de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz. Las acusaciones se centran en el supuesto delito de peculado y malversación de bienes públicos por haber transformado el Complejo Casa de las Leyes en un espacio de actividades partidarias y religiosas.
De acuerdo con Mansilla, Pablo Ruiz, en su rol como coordinador del complejo, habría permitido que se realizaran reuniones partidarias y religiosas lideradas por Márquez, quien también ejerce como pastora evangélica. La denuncia sostiene que durante los meses de julio y agosto de este año, el edificio histórico, cuya función principal es cultural y legislativa, se utilizó como un “búnker” de La Libertad Avanza. Esto incluye no solo encuentros políticos, sino también actividades religiosas que, según Mansilla, no tienen cabida en un espacio financiado con recursos públicos.
La relación entre Nadia Márquez y Gloria Ruiz también fue un foco de atención en el caso. Ambas figuras mantenían una afinidad que habría sido una de las razones detrás de la suspensión de Ruiz. Críticas dirigidas hacia Márquez destacaron que esta cercanía facilitó su acceso y utilización de las instalaciones de Casa de las Leyes, lo que agrega una capa de complejidad a las acusaciones.
“Esto es parte de una estructura de corrupción que desvía bienes y fondos públicos destinados a fines culturales hacia usos partidarios y religiosos”, afirmó Mansilla. Además, subrayó que el rol de Márquez como funcionaria pública agrava su participación como cómplice primaria. Para el abogado, este tipo de acciones representan un claro abuso de poder que debe ser sancionado para garantizar la transparencia en la gestión pública.
La denuncia incluye material probatorio como videos, fotos y publicaciones de Márquez en redes sociales, en las que se evidencia su participación en reuniones dentro del complejo. Entre las pruebas destacan capturas de Instagram donde se promocionaban encuentros de La Libertad Avanza y testimonios de empleados legislativos que confirmaron la realización de estas actividades. Estas pruebas también incluyen registros en libros de visitas que muestran un uso constante de las instalaciones por parte de la diputada y su equipo.
“Los trabajadores incluso escuchaban salmos recitados en las oficinas, lo que claramente no corresponde a las funciones del edificio”, declaró Mansilla. Este testimonio se complementa con videos captados por los propios empleados, que muestran a personas ingresando al edificio para actividades religiosas y reuniones políticas. Para Mansilla, este tipo de evidencias refuerza la gravedad de las acusaciones y obliga a las autoridades a actuar con celeridad.
Otro aspecto relevante del desarrollo cronológico es que Carlos Eguía, exlibertario y ahora crítico del sector, fue quien primero denunció la situación de manera pública. Eguía reveló la existencia de reuniones políticas en las instalaciones de Casa de las Leyes y presentó videos y publicaciones de redes sociales de Márquez como evidencia.
El caso se produce en un contexto ya complejo debido a la suspensión de Gloria Ruiz, acusada de inhabilidad moral tras irregularidades en la administración del complejo. Mansilla vinculó este hecho a la cercana relación entre Ruiz y Márquez, insinuando que la vicegobernadora pudo haber facilitado el acceso a las instalaciones. La afinidad entre ambas figuras políticas ha sido motivo de críticas desde distintos sectores, que cuestionan cómo estas relaciones personales y partidarias podrían haber influido en la administración de bienes públicos.
En respuesta, Márquez desestimó las acusaciones. “La casta quiere mancharme con falsas denuncias. Que quede clara una sola cosa: La Libertad Avanza en Neuquén y no nos van a frenar”, expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales. También sostuvo que estas denuncias responden a una persecución política motivada por el crecimiento de su espacio. En sus declaraciones, destacó que los ciudadanos neuquinos están despertando y que su movimiento representa una amenaza para los sectores tradicionales de poder.
El partido libertario respaldó a Márquez mediante un comunicado en el que acusaron a Mansilla de ser un “opositor funcional” y criticaron su trayectoria política. También denunciaron que las acusaciones contra Márquez forman parte de un intento por desacreditar a La Libertad Avanza, un espacio que ha ganado relevancia en la región.
La denuncia presentada será incorporada al expediente del Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya investiga desvíos de fondos en la Legislatura neuquina. Este caso está bajo la supervisión de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, quienes recientemente llevaron a cabo allanamientos relacionados con presuntas operaciones fraudulentas bajo la gestión de Pablo Ruiz. En este contexto, se están analizando documentos y registros que podrían ampliar el alcance de las imputaciones.
Se espera que tanto Nadia Márquez como Pablo Ruiz sean citados a declarar en los próximos días. “Ahora corresponde que la Justicia investigue y determine responsabilidades”, concluyó Mansilla. Para el abogado, este caso podría sentar un precedente importante sobre el uso de bienes públicos y la responsabilidad de los funcionarios en su gestión.
La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del futbolista Gonzalo Montiel en la causa judicial que lo investiga por presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2019 en la casa de su familia, ubicada en González Catán. El fiscal LuisAlbertoBrogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, argumentó que las pruebas recopiladas no permiten sostener la acusación.
En un extenso escrito de 122 páginas, Brogna afirmó: “Aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso”. Además, destacó que, tras una exhaustiva investigación que incluyó declaraciones de 15 testigos, pericias psicológicas y revisión de los hechos, no se encontraron elementos que vinculen al jugador con el hecho denunciado. “En lo esencial, los testigos coinciden en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye”, agregó.
La denunciante, una joven que había tenido un vínculo sentimental con el futbolista, declaró haber sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta de Año Nuevo en la residencia familiar de Montiel. Según su abogada, Raquel Hermida, los gritos de la víctima durante el episodio fueron corroborados en la investigación, aunque el fiscal consideró que los testimonios y pericias no sostienen la hipótesis del abuso.
El fiscal señaló “inconsistencias” en el relato de la denunciante, incluyendo su incapacidad para recordar detalles esenciales que otros testigos afirmaron haber observado. En sus primeras declaraciones, la joven había afirmado no recordar lo sucedido, pero más adelante, tras un tratamiento psicológico, declaró haber sido abusada. “La recuperación tardía de los supuestos recuerdos y su incapacidad para recordar detalles esenciales arrojan sombras de duda sobre la credibilidad de su versión de los acontecimientos”, explicó Brogna.
LA DEFENSA DE MONTIEL Y LOS ELEMENTOS A SU FAVOR
Un mes atrás, los abogados defensores de Montiel, Daniel Rubinovich y RafaelSanLari, habían solicitado el sobreseimiento del jugador argumentando que la denuncia presentaba “múltiples inconsistencias”. Según la investigación, Montiel no estuvo presente durante el presunto hecho, ya que habría salido de la fiesta para trasladar a un amigo en su vehículo. Además, el fiscal mencionó que otro de los involucrados, Alexis Acosta, también fue acusado, pero su participación tampoco pudo ser probada de manera concluyente.
Brogna concluyó que “la Fiscalía debe actuar de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado, y no convertirse en un acusador ciego y parcial”. En este sentido, consideró que la falta de pruebas impide avanzar hacia una instancia de juicio oral.
LA POSTURA DE LA QUERELLA
Por su parte, Hermida solicitó a la Fiscal General que se rechace el pedido de sobreseimiento y se designe a otro fiscal para continuar la investigación. La abogada argumentó que existieron “incumplimientos” en el proceso y que el juicio oral sería la “instancia donde los imputados podrán desarrollar ampliamente su defensa”.
El caso, que desde un principio generó repercusión mediática por la fama del futbolista, plantea un desafío en la aplicación de principios de garantía como la presunción de inocencia y el análisis bajo perspectiva de género. La decisión final sobre el pedido de sobreseimiento quedará en manos del juez a cargo del caso.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.
Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.
Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.
La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.
– El abogado de la víctima, Julio Razona
En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.
El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.
Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.
La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.
En medio del revuelo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema y la posibilidad de que sean nombrados por decreto, en el máximo tribunal reflotaron antecedentes y dan señales no estar de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo proceda de dicha manera o al menos no sin que sus opiniones sean consultadas.
Desde el Gobierno descreen que la Corte no les tome juramento a los nuevos jueces si estos son nombrados por decreto presidencial, y si llegara a ser así, amenazan con que será el Ejecutivo mismo el que lo haga. En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.
Por el momento, el juez Ariel Lijo cuenta con 9 firmas en su pliego. Una de las mismas es de la senadora Lucía Corpacci, quien accedió a hacerlo por indicación de su jefa política Cristina Kirchner. El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. El pliego de Lijo está demorado porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno, no accediendo así al reclamo del kirchnerismo de acordar por Lijo y, en vez de García-Mansilla, proponer a una mujer. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrarlos en aras de, en 2025, contar con una Corte Suprema con 5 jueces.
En el actual escenario, desde la Corte Suprema sacaron del cajón antecedentes: el más cercano al presente es la vez que el ex presidente Mauricio Macri nominó a los jueces Hernán Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal. Fue el fruto de un acuerdo entre el entonces mandatario, los jueces de la Corte y la oposición. Con base en esas designaciones, las máximas autoridades del Poder Judicial quieren intervenir con un diálogo con el Gobierno, como sucedió con Macri.
Los gestos de la Corte Suprema para tomar parte en el procedimiento para designar nuevos miembros se inscribe en el marco de una relación ambivalente con el Gobierno, con ministros de buena relación como Ricardo Lorenzetti, y otros como Hernán Rosatti, que no tiene el visto bueno de Javier Milei y su entorno.
La causa por abuso sexual que enfrenta el intendente de La Matanza, FernandoEspinoza, sigue sumando episodios de indignación. En el marco del juicio, plagado de dilaciones y maniobras políticas, se reveló un sutil pero increíble comportamiento del jefe comunal, quien había asegurado en la pericia judicial que lo investiga por abuso sexual haber dejado de fumar hace quince años. Sin embargo, en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, Espinoza reapareció en escena fumando en público y hasta fue fotografíado portando un paquete de cigarrillos en la mano.
La incongruencia entre sus dichos ante la Justicia y su comportamiento público es sólo un detalle en un caso que escandaliza por su gravedad. Melody Rakauskas, la denunciante, sigue esperando que la Justicia avance en un juicio que parece empantanado por intereses políticos. La figura de Espinoza, acusado de un delito tan aberrante como el abuso sexual, contrasta sobremanera tanto con su libertad para pasearse por actos políticos de alto perfil como por su apoyo a la exvicepresidenta de la Nación.
La situación adquiere una dimensión aún más escandalosa en el contexto de otro caso que sacude la moralina peronista: el del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. Vale recordar que este fue detenido cruzando la frontera con 200 mil dólares sin declarar, y aunque ascendió a su banca de la mano de Unión por la Patria, ahora Cristina intenta desvincularlo de su espacio y asociarlo al gobierno de Javier Milei.
La doble moral exhibida resulta, a todas luces, indignante. Mientras por un lado se repudia el accionar de Milei y se enarbolan banderas de ética y justicia, por el otro se ampara a figuras como Espinoza, cuyo prontuario judicial es una mancha para cualquier fuerza política que lo respalde.
LA PERICIA
En el marco de la causa (CCC 24074/2021), las pericias judiciales revelaron un detallado informe sobre la vida personal y antecedentes de Espinoza. Entre los puntos destacados, se evaluó si presenta trastornos de personalidad, conductas violentas o inmadurez psicosexual. Sin embargo, el dato que ha trascendido y encendido las críticas es su declaración de no haber fumado en quince años, desmentida por su reciente aparición pública.
La pregunta que queda flotando en el aire es cómo una figura con semejantes acusaciones puede seguir caminando libremente y, aún más, representar al municipio más poblado del país con la anuencia de figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La denuncia de Melody Rakauskas no sólo señala un supuesto delito sexual, sino también pone bajo la lupa las estructuras de poder que lo protegen. La Justicia, mientras tanto, parece no estar a la altura de las circunstancias, dejando a la víctima en un estado de vulnerabilidad y al acusado en una posición de privilegio.
El caso de Fernando Espinoza es un reflejo de las contradicciones que carcomen a la política argentina, donde la moral se convierte en una herramienta de conveniencia y los ciudadanos son testigos de un sistema que prioriza los intereses partidarios por sobre la verdad y la justicia.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
