18 septiembre, 2025

Marcelo Romero | “A Nisman lo mataron o lo obligaron a matarse”

El fiscal Marcelo Romero dialogó con RADIO REALPOLITIK FM y analizó el caso del funcionario judicial encontrado muerto con una bala en la cabeza...
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*Por: Marcelo Peña

“La muerte de Alberto Nisman fue una bisagra para todos nosotros, los que asumimos esta función sabemos que no es sencilla, que es peligrosa, pero a nadie se le había cruzado por la mente jamás hasta ese momento que se podía dejar la vida por la tarea de fiscal, por ejercer el ministerio Público”, explicó Marcelo Romero.

A su vez, sostuvo: “Yo estoy convencido, por supuesto que esto lo tiene que determinar el poder judicial que está investigando el hecho todavía, que Nisman murió por su función, o lo mataron o lo obligaron a matarse, estas son las dos hipótesis”.

“Su muerte nos marcó muchísimo, al punto tal que hubo una marcha espontánea. Me acuerdo que cuando fue convocada por los fiscales federales, por sus compañeros y por la Asociación Argentina de Fiscales y otras organizaciones de magistrados, mucha gente nos preguntaba: ‘¿Y ustedes van a pedir justicia a una marcha?’ No, en realidad no era pedir justicia, era homenajearlo, porque en aquel momento la ex procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó, no había hecho ni siquiera un minuto de silencio en los tribunales, no hubo un sólo homenaje oficial al fiscal fallecido”.

Caso Nisman: El análisis de las pericias

El abogado, Marcelo Romero; el criminólogo, Luis Olavarría; y el licenciado informático, Diego Lagomarsino; dialogaron con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y analizaron el caso Nisman.

Romero reflexionó: “Creo que lo dejaron solo, en su momento fue el más importante de la república porque estaba investigando el hecho más grave de la historia judicial argentina, como fue el atentado sangriento a la Asociación Mutual Israelitas Argentina (AMIA)”. “Él era el que estaba investigando ese lamentable hecho hasta ahora impune. Entonces, por dicha razón, debió haber sido cuidado como ningún otro y sin embargo creo que lo dejaron bastante solo”, consideró.

Por otra parte, destacó que “las imágenes que vimos en la escena del crimen, en el lugar del hecho, yo creo que deben ser exhibidas en todas las escuelas de criminalística del mundo para mostrar lo que no debe hacer un perito”. “La figura de Nisman, a partir de su muerte, lamentablemente para él, su familia y todos sus seres queridos, se agigantó, tal vez lo empezamos a reconocer después de su fallecimiento”, concluyó.

Por último, el fiscal platense estimó que “ojalá que los que están remplazándolo en la investigación de la AMIA puedan llegar a la verdad que quedó trunca con su muerte violenta”.

*Fuente: REALPOLITIK


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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