18 septiembre, 2025

TODO UN APARATO JUDICIAL EN CONTRA | Caso Juez Piedrabuena (Parte II)

Si en Neuquén pasa lo que pasa, es porque la sociedad lo permite. Hasta que la sociedad no se rebele contra la corrupción, la mafia política y judicial, la historia se seguirá repitiendo. La solución esta en manos del pueblo.
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Ante un caso tan complejo y poco transparente, desde Data24 nos asesoramos con profesionales y nos aseguraron que la ley indica que el defensor del acusado en el jurado de enjuiciamiento tiene que ser defendido por el Defensor General (o Defensor ante el Tribunal Superior). En noviembre pasado Ricardo Cancela, Defensor General de la provincia de Neuquén, renunció por jubilación y tras 6 meses el cargo aún no fue cubierto. Mientras tanto, lo subroga un Defensor de Circunscripción (lo que antes eran defensores de Cámara), en este caso, el Dr. Raúl Caferra, un defensor que no quiere defender.

En ese momento, el Juez Piedrabuena solicitó una defensa técnica cuando corrieron vista de la acusación, y recién el 30 de abril pasado, el Defensor Subrogante fue a ver la causa y decidió citar al juez para el día 4 de mayo pasado, “accidentalmente” el mismo día que vencía el plazo para hacer su defensa. Él mismo le aconseja al Juez que renuncie dado que la decisión de echarlo ya se había tomado meses atrás, para evitar seguir siendo -junto con su familia- blanco de la prensa local, afín al aparato del Ministerio Público Fiscal.

Lo cierto es que el Doctor Raúl Caferra busca ser nombrado de modo permanente en el cargo que hoy se encuentra desempeñando como interino y enfrentarse a la fiscalía podría dificultar sus planes. El mismo día de esta reunión, el doctor Caferra decidió excusarse de la causa. Actualmente, el juez Piedrabuena no cuenta con la defensa que la ley y la Constitución Nacional le amparan (y nunca la tuvo en el trámite del juicio político, pese a su estado de salud y emocional, que lo mantiene impedido de ejercer como juez).

Asumir la defensa de Piedrabuena en el juicio político implica tener que hablar de los manejos indebidos y abusos de la fiscalía, exponiendo a funcionarios corruptos de la corporación judicial y oficiales de la Policía que actuaron abusando de su posición de poder, por lo que, quien haga esta tarea, si pretende hacerla bien, es posible que luego también corra la misma suerte que Piedrabuena y sea blanco de represalias, lo que conlleva a dificultar que existan defensores dispuestos a hacerla (incluso, muchos abogados particulares locales no se animan a hacer esa defensa) porque falta coraje y reina el “no te metas”, ya que piensan que esto nunca les podría pasar a ellos, ni tiene implicancia en sus vidas y profesión (aunque no se dan cuenta que con esta actitud, cada día ceden un poquito más de su libertad y son más esclavos).

Durante la audiencia el clima fue tan hostil hacia el Juez Piedrabuena y su abogado, Francisco Oneto, que cuando el Juez le pregunta si tiene algo más para agregar, el Doctor Oneto responde: “No, si agregó algo más me sacan la matricula”.

La inacción y la corrupción del sistema judicial obstruyen el esclarecimiento de la causa y funcionan como obstáculo para que el Juez Piedrabuena obtenga justicia.

– Especial para Data24.com.ar –


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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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