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El fiscal federal Carlos Stornellisolicitó este viernes que se investigue si detrás de la detención del sindicalista platense Juan Pablo «Pata» Medina hubo una «mesa judicial» macrista.
En su presentación, Stornelli pidió que se investigue la veracidad de los dichos que Medina dice haber escuchado de su colega Marcelo Balcedo, detenido en la República Oriental del Uruguay.
En declaraciones a la prensa, Medina dijo que por intermedio de Balcedo tomó conocimiento de que “le estaban haciendo una causa política por una decisión del gobierno nacional que había bajado línea política”, y agregó que “fue el gobierno nacional, concretamente elex presidente Macri, quien habría dicho que al ‘Pata’ Medina había que meterlo preso” y que la orden también le llegó a María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro y «a todo el arco político».
Por ende, el fiscal solicitó que Balcedo sea citado a prestar declaración testimonial, «a fin de que se explaye sobre los hechos investigados», y que también sea convocado el periodista Hugo Alconado Mon, quien en su libro La raíz de todos los males dio por cierta la versión, para que «con el debido resguardo del derecho de reserva que le asiste» aporte datos sobre lo denunciado por Medina.
*Por Luis Gasulla, Periodismo y Punto
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En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.
Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.
UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN
La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.
Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.
El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.
MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES
La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.
Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.
En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.
Ministro de Salud, Mario Russo. Fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular y tiene una reconocida trayectoria de casi una década en FLENI.
La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.
El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.
Horas después de presentar el nuevo PRO, Mauricio Macri se manifestó públicamente contra la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Además, detalló que le comunicó la postura al presidente Javier Milei, quien impulsó la candidatura del polémico magistrado.
“Pienso lo mismo que le dije a Javier, que no estaba de acuerdo, me parece que es un error. También lo dije hoy, lo más importante para restablecer a la Argentina es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pala, pero lo más importante es la Justicia“, indicó el exmandatario.
“Entonces, nominar a alguien que ya genera un debate enorme a la Corte, no sé Javier, no la entiendo. Pero es una decisión de él”, agregó.
Respecto de la postura de Milei, explicó: “Mi planteo con Milei fue ese. Hablar con la verdad y que nadie se enoje. Yo le dije todo lo que pienso. Le comenté que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”.
Sobre los integrantes postulados por el hace ya varios años, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, manifestó que “gustaban más o menos, pero que no hubo debate”.
Además, adelanto que el PRO no acompañara el pliego en el senado. “Me parece que la mayoría de mis senadores no va a votar el pliego, puede que haya alguno que sí”, indicó.
El periodista e investigador que destapó los detalles de la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, la cual culminó en una denuncia por violencia de género, reveló nueva información preocupante que ha conmocionado a todos los allegados del expresidente de la Nación.
“Al menos dos veces en los últimos tres meses, Alberto Fernández le dijo a Fabiola Yáñez que se quitaría la vida si lo denunciaba. El sábado pasado fue un día muy difícil, con mucha preocupación en ese sentido. Lo mismo había ocurrido un par de meses atrás”, escribió el periodista a través de su perfil en X.
Claudio Savoia detalló el fin de semana complicado en el panorama personal y mediático para el exjefe de Estado. A su vez, el periodista de Radio Mitre, Eduardo Feinmann, reveló cómo pasó los últimos días Alberto Fernández.
Feinmann señaló que el exmandatario está recluido en su casa de Puerto Madero, completamente solo. “No lo visita nadie”, comentó el comunicador, y agregó: “Dicen que está muy angustiado, está destruido psicológicamente. Ayer se la pasó todo el día escribiendo”.
En ese sentido, el abogado de Yáñez mencionó que “las cuatro fotos que aparecieron en el teléfono de la señora María Cantero no serían las únicas fotos”, y agregó: “Es lógico pensar que esas son solo las fotos que le mandó a María. Hay que ver cuántas otras fotos también tienen en su teléfono celular”.
PIDEN AMPLIAR LA DECLARACIÓN
La Justicia invitó a Yáñez a declarar, dado que en casos de violencia de género solo se puede avanzar con la aprobación de la víctima. Ella aclaró que no quería viajar a Argentina para evitar riesgos de sufrir nuevas agresiones por parte del expresidente. Por esta razón, se decidió que la audiencia se realice de manera virtual.
Esta situación ha generado gran conmoción y preocupación en el ámbito político y social, aumentando la tensión alrededor del expresidente y su círculo cercano.
“Cuando hice el libro de Alberto Fernández no tenía la información de que había tenido encuentros o discusiones tan fuertes que evidentemente terminaron en golpes, según los mensajes de Fabiola Yáñez con la secretaria del ex presidente, María Canteros, en el marco de la causa de los seguros”, inició Silvia Mercado.
La periodista contó: “María Canteros, que es la secretaria histórica de Alberto Fernández, es la esposa de Martínez Sosa y la que facilitó los negocios que tanto beneficiaron a ambas partes en materia de contratación de seguros por parte del estado, lo cual es totalmente escandaloso”. “Esta información, según me enteré anteayer, ya la tenía Clarín hace mucho tiempo, sobre los golpes que habría sufrido Fabiola Yáñez de parte de Alberto Fernández desde que comienza la causa de los seguros y avanzan sobre el celular de María Canteros“, detalló la entrevistada.
Desde este aspecto, explicó que “si bien había rumores de un vínculo tortuoso y difícil, parte de eso yo lo cuento en mi libro, pero en mi caso pruebas de golpes yo no tenía. Desde Clarín me comentaron que esa información la tenían hace bastante y estaban esperando el momento adecuado para informarlo y finalmente decidieron hacerlo el domingo con una nota muy bien escrita y precisa del periodista Claudio Savoia”.
Asimismo, opinó que “son temas muy delicados, más allá de que haya pruebas, y la gran diferencia en este tipo de casos es que si la víctima no está decidida a hacer la denuncia es una intromisión en la vida privada y es por eso que el diario Clarín no publicaba, ya que estaba en este debate durante mucho tiempo. Pero como acceden a la prueba, deciden sacarlo adelante”.
“Es muy delicada la situación judicial de Alberto Fernández en el sentido judicial del término, pero a mi siempre me pareció que era un farsante, una persona resbaladiza, sin ideas propias, sin compromisos ideológicos, ni lealtades, una persona muy acomodaticia. Una persona muy talentosa para manejarse dentro del poder, con una capacidad muy especial para protegerse a sí mismo y con gran capacidad de daño”, subrayó la periodista.
“A ella no le fue tan mal porque viene de una familia extremadamente humilde del norte de la Argentina y ahora es la ex mujer de un ex presidente, con un hijo que lleva el apellido del padre, aunque él no sea el padre“, reveló.
Desde el primero de este mes, los cadetes de la Policía de la Ciudad y los aspirantes a Bomberos porteños cuentan con cobertura médica integral durante su formación. Este beneficio, impulsado por la gestión del ministro de Seguridad de CABA, WaldoWolff, representa un avance significativo en el respaldo y cuidado de los uniformados.
El anuncio fue realizado esta semana por el titular de esa cartera, quien confirmó la contratación de un servicio médico asistencial para los cadetes y aspirantes que cursan la formación inicial en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). La cobertura, proporcionada por la empresa de medicina prepaga DOCTORED, incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico, internaciones, y programas de prevención y promoción de la salud, sin ningún tipo de copagos.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó la importancia de esta medida: “Como gobierno tenemos la obligación de cuidar a quienes nos cuidan. Para nosotros, la Policía de la Ciudad es un orgullo y siempre vamos a estar ahí para acompañarlos. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”.
El ministro Wolff también subrayó el impacto positivo de esta iniciativa: “Esta medida es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
COBERTURA INTEGRAL
La cobertura médica abarca una amplia gama de servicios y beneficios. Los cadetes y aspirantes tendrán acceso a atención médica integral, que incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico y visitas médicas a domicilio. Además, contarán con una línea de atención telefónica exclusiva y acceso a ambulancias disponibles las 24 horas en el ISSP.
Los beneficios en farmacias también son destacados, con descuentos del 40% sobre cualquier receta, un 70% en medicamentos para enfermedades crónicas y un 100% de cobertura en caso de internación. Este paquete integral asegura que los futuros oficiales y bomberos puedan centrarse en su formación y preparación sin preocuparse por su salud.
La implementación de la cobertura médica, detallaron los funcionarios, es resultado del trabajo conjunto entre la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (OSPESE), liderada por María Georgina Ricciardi, y el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta. Ambos destacaron la importancia de esta medida para el bienestar de los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Este hecho histórico refleja el compromiso, la firmeza y la decisión política de respaldar el trabajo de los policías y bomberos porteños. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”, agregó Macri sobre la medida, que se enmarca en el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad.
Como parte del plan de formación trazado por las autoridades, los cadetes deberán cumplir dos años de formación policial, que incluye seis meses de clases regulares, un año de internación en el Instituto y seis meses de práctica profesional. Durante su preparación, los efectivos realizan prácticas de tiro, entrenamiento físico, y reciben asesoramiento nutricional y seguimiento médico. También aprenden en laboratorios de informática y mediante simuladores de autos y motos policiales.
En palabras de Wolff, esta medida “es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.