15 enero, 2025

¡ESCÁNDALO EN EL PRO DE CÓRDOBA! | Falsificaron más de 600 afiliaciones

Se trata del concejal de La Calera, Ariel Mealla. El papelón político agita al PRO de la provincia. MIRA EL VIDEO.
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En el día de ayer, el Director de este portal, Eduardo Prestofelippo, publicó un contundente informe en su canal de YouTube. “Hoy te vas a enterar cómo un concejal del PRO falsificó más de 500 afiliaciones” comenzó diciendo el periodista.

La información expuesta por El Presto, narra un escándalo político ocurrido en el PRO de la provincia de Córdoba. El hecho delictivo relaciona directamente al concejal de La Calera, Ariel Mealla.


MIRA EL INFORME ACÁ:

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El burócrata, que transita su segundo mandato como concejal, es fuertemente cuestionado por los votantes y sus pares políticos, ya que, además de nunca presentar proyectos, “juega” para el oficialismo local desde una falsa oposición.

Frente a su actitud, algunos concejales del PRO de La Calera, trataron de negociar con él para que ceda su puesto por algún dirigente de renombre. Mealla no cedió. Se apoya en autoridades que poseen mayor jerarquía: Javier Pretto (Presidente PRO Córdoba), Gabriel Frizza (Presidente del departamento Colón) y Oscar Agost Carreo (Vicepresidente PRO Córdoba).

Ellos “cubren y posiblemente ayudaron a Mealla en sus prácticas irregulares e ilegales. De otro modo, cuesta concebir por qué el apoyo absoluto a un concejal que no defiende los intereses ni de su partido, ni de sus votantes”, disparó El Presto.

Las ambiciones políticas del edil lo llevaron a elegir el camino “más fácil”: la corrupción. Sus intenciones son las de presidir al departamento de Colón, para ello, el concejal falsificó más de 500 afiliaciones de gente carenciada, a la cual Mealla y su pequeño grupo de militantes iba a repartir bolsones de comida. Con la escusa que necesitaban fotos de su DNI para presentar ante el ministerio del desarrollo social, luego las usaron para afiliarlos sin su consentimiento.

LAS PREUBAS

Durante la noche del pasado 30 de septiembre, un movimiento de personas y vehículos llamó la atención de los vecinos del barrio de El Diquecito, situado en La Calera. En una cabaña se alojaron un grupo de personas entra las que se encontraba Mealla.

Durante la madrugada, los vecinos vieron como el concejal tiraba desesperadamente bolsas a la basura, cuando se marcharon, los vecinos revisaron las bolsas (dos tipo consorcio, dos tipo supermercado). Allí se toparon con todas las pruebas que el periodista usó para su informe.

“Mealla y su grupete trabajaron toda la noche falsificando las afiliaciones”, afirmó El Presto. Y mostró las pruebas una por una.

Los documentos que el periodista expuso en su video son tan contundentes como numerosas: fichas de afiliaciones al PRO, fotocopias de documentos de identidad, resmas de papel, hojas detallando nombres y apellidos, tikets, etc.

Después de mostrar todos los documentos, el periodista dijo: “Es momento de que el concejal Ariel Mealla empiece a rendir cuentas. Primero por haber engañado y abusado de a buena fe en su necesidad alimenticia y económica de los vecinos, que eso es lo peor, eso habla de que Mealla es un flor de hijo de puta, porque se abusó de gente que no tiene para comer”.

“Tiene, además, que rendir cuentas ante la Justicia por sus acciones ilegales, es necesaria una intervención judicial penal”, agregó.

Tras el informe, el edil solo atinó a twittear lo siguiente:

ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS QUE MOSTRÓ EL PRESTO


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Desde 2027, Entre Ríos implementará la Boleta Única y ahorrará $1.500 millones: “Es un salto de calidad democrática”

Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.

La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.

El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.

La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.

Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.

La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.

Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.

Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.

La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.

El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

Redacción

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Villarruel pidió una sesión navideña para bajar las dietas (de casi $10 millones) a los senadores pero hasta los libertarios se oponen

Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.

El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.

El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.

Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.

Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.

Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.

Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.

La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.

De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.

En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.

Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.


*Fuente: La Política OnLine

Redacción

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Más peleas en el gobierno | Bullrich salió a destrozar a Villarruel: “Oportunismo político”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.

En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.

Patricia Bullrich on X (formerly Twitter): “Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH / X”

Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH

El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.

El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.

El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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“Cada vez son menos”: Bullrich menosprecia al PRO y presiona a Macri para que cierre con Milei

En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.

Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.

La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.

Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.

Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.

La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.

Redacción

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Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar

A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.

A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.

Silencio forzado y caza de filtraciones

Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.

La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.

El entramado judicial y los nexos locales

El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.

Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas

El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.

Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.

Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.

Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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