Se trata del programa de “Asistencia Crítica y Habitacional” que será coordinado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y dispondrá de $54 millones.
Se le entregarán $50 mil al mes por persona a los tomadores de tierras, que podrán ser destinados para gastos de alojamientos, materiales de construcción y alimentos.
“Con el objetivo de acompañar, cuidar y asistir a esos sectores más necesitados de la sociedad, y a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, es necesario optimizar los recursos destinados a las políticas públicas existentes, resultando de vital importancia la creación de un Programa de asistencia habitacional, con el objeto de atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional”, dispone el decreto 938/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial.
Según este, en un inicio el beneficio de $50 mil podrá ser otorgado por 3 meses, pero, si la situación de la persona lo amerita, puede extenderse por 3 meses más.
Los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y demostraron su malestar respecto a la medida tomada por el gobernador…
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En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.
Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.
UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN
La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.
Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.
El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.
MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES
La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.
Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
“Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, tuiteó Sturzenegger
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
Un nuevo capítulo en la interna libertaria se sumó el viernes por la noche, cuando las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron otro cruce en X que dejó entrever que el vínculo entre ambas sería irreconciliable. Los pases de factura, los chats en Whatsapp filtrados, una denuncia por maltratos y la renuncia de Lemoine a la comisión de Comunicación e Informática.
Luego de que Lemoine pusiera en duda la fidelidad de Pagano para con el Presidente Javier Milei y la señalara por presuntamente “hacerle la segunda al kirchnerismo”, la periodista no se quedó con los brazos cruzados y respondió por medio de una publicación en X. “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó”, chicaneó al asegurar que todo habría sido producto de “proyecciones personales”.
“Sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba”, apuntó al hacer referencia al supuesto material confidencial que Lemoine tendría en su poder. Después de señalar la “impunidad” de la que gozaría su compañera de bloque, no dudó en profundizar: “No te tengo miedo Lilia Lemoine. Ni a vos ni a tu verdadero jefe”.
Minutos más tarde, Lemoine reveló que había renunciado a la comisión de Comunicación e Informática por presuntos maltratos que habría recibido por parte de su colega. “Yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada Pagano”, confesó al compartir un video de archivo, en el que el operador Rolando Graña la acusaba de presuntamente haber ejercido maltrato laboral contra sus compañeros.
A modo de aportar pruebas para validar su testimonio compartió las capturas de una discusión que tuvieron en el grupo de Whatsapp creado para tratar asuntos relacionados a la comitiva legislativa. Pese a que no se indica la fecha, en esa oportunidad, se enfrentaron porque Lemoine no se había presentado a una reunión pactada. “Algunos tenemos entre 6 y 8 comisiones y asistimos a todos los plenarios y comisiones. No nos dan los tiempos”, se sinceró para después recriminarle haber ido en contra de la postura oficialista.
Frente a esto, Pagano sentenció: “Vos mejor que yo no hable, que de compañerismo no tenés moral de hablar. Y sos una irresponsable por haber renunciado al cargo”, al agregar que tenía derecho de hacerlo pero no de presentar la renuncia “un minuto antes”. Incluso, le recomendó que renunciara a las comisiones que no podía ir si no le daban los tiempos.
“Seguí hablando”, ironizó Lemoine al acompañar el mensaje de un emoji con un beso, a la vez que le advirtió: “Dejá de operar a tu propio bloque, trepa… No te tengo miedo”. Fue ahí que Pagano la acusó de querer “ser famosa” y le pidió: “Simula al menos que nos das mucha vergüenza ajena”.
Después de que Lemoine compartiera ese cruce que tuvieron en Whatsapp, Pagano no retrocedió y manifestó: “Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión”. Asimismo, arremetió: “Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas”, y avisó: “Yo también tengo muchas capturas para mostrar, me sobra tiempo”.
El conflicto inicialmente surgió de una entrevista que Lemoine brindó al programa Solo una vuelta más, emitido por TN, en donde fue cuestionada sobre la interna libertaria. “No es que La Libertad Avanza tiene un problema en el bloque, tenemos un problema de infiltración”, reveló al indicar que habría “un topo” que llegaría a tener influencia sobre tres diputadas del espacio.
Fue en ese momento que el nombre de Pagano apareció en la conversación, debido a que la ex “novia” de Javier Milei confió que sospechaban de un supuesto nexo que tendría con Franco Bindi, a quien definió como “operador castrochavista y asesor de Leopoldo Moreau”. “Ella no admite tener un vínculo con él pero se sabe que sí y, en simultáneo, empiezan a pasar cosas raras”, señaló para luego recriminarle a su compañera de bancada por haber renunciado la presidencia de tres comisiones que le habrían ofrecido al comienzo del mandato.
“Ni siquiera -la comisión de- libertad de expresión porque dijo que los periodistas colegas la iban a matar por las barbaridades que decía Javier”, expuso al disparar que “ese es el nivel de lealtad que ella tiene”. Además, explicó porqué el bloque se opuso a que ella presidiera la comisión de juicio político ante la posibilidad de que pudiera traicionarlos y habilitara un juicio político en contra del presidente.
Por último, la periodista sentenció: “Todo esto porque no supera el no ser la elegida (otra vez). Seguí participando”.
A su vez, otros integrantes de La Libertad Avanza reaccionaron al cruce y tomaron postura. Es el caso de la diputada María Celeste Ponce (quién está denunciada penalmente por pedirle retornos a una ex asesora), Ponce otorgó su apoyo a Lemoine: “Te banco compañera de banca e indiscutible liberal libertaria”. Así, Pagano saltó: “Vos anda y preséntate en la justicia. Ponete a derecho y no seas casta. Tenés mucho que explicar”, a lo que la otra parte respondió: “No te preocupes que yo estoy haciendo lo que corresponde. No soy farandulera y no levanto operaciones”.
En esta línea, Ponce recibió el apoyo de Lemoine, quien le agradeció: “Dando pelea desde la batalla cultural. Celeste, con el corazón siempre en el lugar correcto”. También la bancó el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, que le dedicó: “Fuerza. Tu lealtad con tus compañeros de bancada como Lilia y el Presidente hace que los ciudadanos y partidarios del gobierno cada vez te tengamos más afecto y apoyo”.
La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.
Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.
La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.
Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei,Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.
La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.
Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.
Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.
Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?
LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO
La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.
Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.
La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá.
La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá.
Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.
En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.
Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.
Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.
En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.
“Fue una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giúdici, que es además la secretaria Parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, que tuvo como idea modificar la actual ley 24.018 que habla sobre las pensiones de privilegio”, comenzó Florencia De Sensi.
En este sentido, afirmó que “en realidad lo que busca esta modificación es quitar la jubilación de privilegio en aquellos casos donde se hayan cometido delitos de índole sexual, delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones que tienen estas personas que perciben esta jubilación denominada de privilegio”.
“Este tipo de privilegio lo perciben los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes tambiény no se da ante una denuncia, sino que la ley se activaría ante un fallo de segunda instancia por el cual se podría ratificar la primera de las instancias”, detalló la diputada nacional.
A su vez, indicó que “la idea cuando uno presenta siempre un proyecto de ley es que el texto pueda ser tratado en el recinto y siempre lo que se busca es poder dialogar con otros bloques que tengan un pensamiento similar para que el proyecto se transforme en ley y luego sea reglamentado”.
“En este caso entendemos que el bloque de La Libertad Avanza como otros bloques dialoguistas, como podría ser Hacemos Coalición Federal o el radicalismo, podrían empatizar y adherir a este proyecto para llevarlos todos juntos al recinto porque nosotros no buscamos levantar una bandera política desde el PRO”, contó De Sensi.
Florencia De Sensi, diputada nacional del Pro, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la presentación de un proyecto que le quitaría a ex presidentes su pensión de privilegio en caso de cometer delitos de índole sexual, de corrupción, en el ejercicio de la función.
En consonancia, advirtió: “A nosotros como partido si hay algo que nos caracteriza son los valores que tenemos, es siempre haber luchado en contra de la corrupción, esa fue siempre nuestra bandera, no es algo de ahora y ante cada atropello kirchnerista nosotros vamos a estar ahí dándole una respuesta a la sociedad. Las jubilaciones de privilegio fueron algo que María Eugenia Vidal eliminó cuando ella fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y eso comprueba que esa fue una bandera que siempre fue nuestra”, resaltó la dirigente amarilla.
Finalmente, concluyó: “El gobierno anterior se dio después de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera elegir que la fórmula se componía por Alberto Fernández y ella como su vicepresidente y esta situación de atropello y aberraciones el ex presidente no las cometió solo, y no me refiero de los golpes a Fabiola, sino que hablo de la causa de los seguro que involucra a muchos funcionarios que pertenecen al kirchnerismoy se encuentra involucrados”.
Desde el primero de este mes, los cadetes de la Policía de la Ciudad y los aspirantes a Bomberos porteños cuentan con cobertura médica integral durante su formación. Este beneficio, impulsado por la gestión del ministro de Seguridad de CABA, WaldoWolff, representa un avance significativo en el respaldo y cuidado de los uniformados.
El anuncio fue realizado esta semana por el titular de esa cartera, quien confirmó la contratación de un servicio médico asistencial para los cadetes y aspirantes que cursan la formación inicial en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). La cobertura, proporcionada por la empresa de medicina prepaga DOCTORED, incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico, internaciones, y programas de prevención y promoción de la salud, sin ningún tipo de copagos.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó la importancia de esta medida: “Como gobierno tenemos la obligación de cuidar a quienes nos cuidan. Para nosotros, la Policía de la Ciudad es un orgullo y siempre vamos a estar ahí para acompañarlos. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”.
El ministro Wolff también subrayó el impacto positivo de esta iniciativa: “Esta medida es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
COBERTURA INTEGRAL
La cobertura médica abarca una amplia gama de servicios y beneficios. Los cadetes y aspirantes tendrán acceso a atención médica integral, que incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico y visitas médicas a domicilio. Además, contarán con una línea de atención telefónica exclusiva y acceso a ambulancias disponibles las 24 horas en el ISSP.
Los beneficios en farmacias también son destacados, con descuentos del 40% sobre cualquier receta, un 70% en medicamentos para enfermedades crónicas y un 100% de cobertura en caso de internación. Este paquete integral asegura que los futuros oficiales y bomberos puedan centrarse en su formación y preparación sin preocuparse por su salud.
La implementación de la cobertura médica, detallaron los funcionarios, es resultado del trabajo conjunto entre la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (OSPESE), liderada por María Georgina Ricciardi, y el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta. Ambos destacaron la importancia de esta medida para el bienestar de los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Este hecho histórico refleja el compromiso, la firmeza y la decisión política de respaldar el trabajo de los policías y bomberos porteños. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”, agregó Macri sobre la medida, que se enmarca en el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad.
Como parte del plan de formación trazado por las autoridades, los cadetes deberán cumplir dos años de formación policial, que incluye seis meses de clases regulares, un año de internación en el Instituto y seis meses de práctica profesional. Durante su preparación, los efectivos realizan prácticas de tiro, entrenamiento físico, y reciben asesoramiento nutricional y seguimiento médico. También aprenden en laboratorios de informática y mediante simuladores de autos y motos policiales.
En palabras de Wolff, esta medida “es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
