Los Grabois: Propiedades, deudas y contratos con el Estado

Lejos de marxismo, los padres de Grabois poseen múltiples propiedades y abultadas deudas. Radiografía de una familia acostumbrada a vivir de contratos con el Estado.
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Tras la muerte de Don Féliz Etchevehere, se inició un proceso sucesorio que incluyó un inventario completo de todos los bienes, entre ganado, acciones, vehículos, departamentos y terrenos. En líneas generales, el 50 por ciento de la herencia quedó en manos de su cónyuge, Leonor Barbero Marcial, y el resto fue repartido en partes iguales (un 12,5 por ciento) para cada uno de los cuatro hermanos: Luis Miguel, Arturo Sebastián, Dolores y Juan Diego.

Poco tiempo después, Dolores inició acciones legales contra sus hermanos por un terreno en disputa, en la zona de Casa Nueva en Entre Ríos. Mientras los reclamos cursaban el camino habitual dentro de los marcos legales, Dolores cambió de abogado y comenzó a ser patrocinada por el dirigente social Juan Grabois, que ni lento ni perezoso vio una oportunidad para volver a las primeras planas.

Pocas horas después, un nutrido grupo de militantes se acercó en una imponente caravana de autos, cargados con palos, banderas y pancartas de ATE y la CTA, y ocuparon una parte importante del predio, ubicando su “base de operaciones” a unos 200 metros del casco de estancia. Del otro lado, se acomodaron los hermanos Etchevehere junto a un conjunto de ruralistas.

Grabois se apresuró a tomar el micrófono y asegurar que “los Etchevehere son la expresión más clara de las minorías que manejan la Argentina como si fuera su estancia o su empresa”. Ataviado con su habitual disfraz de dirigente social, con las zapatillas gastadas, despeinado, con la barba de varios días y la ropa sucia.

Nada de su imagen, sin embargo, se condice con la realidad de su familia.

Juan es hijo de Roberto Arnoldo “Pajarito” Grabois, un reconocido dirigente peronista que tuvo su momento de gloria en la década del 60, cuando fundó un movimiento estudiantil, escribió un libro y trató personalmente con Juan Domingo Perón. Desde entonces, se conoce poco y nada de él.

Sin embargo, “Pajarito” supo progresar económicamente hasta convertirse él mismo en una de esas minorías de las que habla su hijo. Según los registros a los que pudo acceder REALPOLITIK, actualmente poseería seis propiedades, algunas de ellas de imponente tamaño, y él mismo vive sobre la calle Malabia en el coqueto barrio de Palermo, en Capital Federal.

A pesar de que su hijo Juan no tuvo reparos en burlarse de una manifestante de la oposición que se paseó en un Audi por el que debía 170 mil pesos de patente, “Pajarito” debe más de 206 mil pesos del impuesto automotor de su elegante Mercedes Benz GLK300 4Matic, cuyo valor aproximado es de 3.8 millones de pesos.

Algunas de su media docena de propiedades tienen grandes dimensiones, hay de 700 m2, 800 m2 y hasta de 1.508 m2, y están excelentemente ubicadas entre Palermo y la avenida Santa Fe.

En la Central de Deudores del Sistema Financiero, Roberto Arnoldo figura con una abultada deuda de 545 mil pesos, repartidos entre el Banco Galicia, el HSBC, el Concosud, el Patagonia y la tarjeta American Express. Su madre, Olga Isabel Gismondi, también vivió del estado, como empleada en el Honorable Senado de la Nación. Actualmente, cobra una jubilación de 40 mil pesos y maneja una Suzuki Grand Vitara. Beneficios de vivir del estado.

Hoy, tanto los padres de Grabois son monotributistas.

Lejos de la imagen que intenta plasmar entre sus militantes, más lejos aún de la identificación como dirigente social representando a los cartoneros, la vida de Juan Grabois gravita entre las lujosas propiedades de Palermo, los Mercedes Benz y las deudas impositivas.

Contrastada con la realidad, poco y nada queda de su impronta humilde, sus discursos sobre la dignidad de los pobres y la revolución agraria con la que, casi como un vendedor de espejos de colores o un encantador de serpientes, supo atraer a centenares de ingenuos militantes.

*Fuente: REALPOLITIK


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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

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