14 julio, 2025

El Gobierno prohibió las armas de fuego en los liceos militares

Cuestionan una serie de artículos de una reciente disposición ministerial. Desde los órganos oficiales respondieron que “los Liceos no se van a cerrar”.
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10 Years Experiences

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*Por: Milton Del Moral

La Resolución 255/2020 del Ministerio de Defensa, dictada el miércoles 5 de agosto de 2020, despertó la inquietud de algunos actores de la comunidad educativa de los liceos militares. Autoridades, presidentes de asociaciones de ex cadetes y egresados con predominancia en la sociedad advierten que el plan de reforma impulsado por el gobierno nacional intenta socavar la esencia militar, desalentar la formación de nuevos oficiales y desarticular la presencia de los graduados en el ámbito público.

Por la naturaleza de las medidas adoptadas, lo comprenden como una maniobra de desmilitarización de la población, una norma con sesgo ideológico. Y de ahí, sus reparos y objeciones. Los puntos de la reforma más criticados son la renovación de los planes de estudio en medio del curso lectivo, la incorporación de los nueve liceos militares a la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la desafectación del concepto de reservistas y la suspensión de las prácticas de tiro tradicionales.

Para Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y egresado del Liceo Aráoz de Lamadrid, la iniciativa es improcedente. “Sería desnaturalizar la esencia misma de los liceos militares. Si bien todos los que van terminan siendo militares efectivamente, se trata de una formación de hombres de bien, de conducta y disciplina militar que se traduce en los hábitos y costumbres”. En su análisis, sugiere que la resolución apunta a desanimar a las camadas futuras: “El no uso de armas y que no puedan ser oficiales de reserva es la motivación misma que lleva al adolescente a ingresar a estas instituciones”.

El artículo 6 de la medida exclama: “Los egresados de los Liceos Militares pasarán a integrar la reserva como establecen las Leyes Nº 24.429, 24.948 y 19.101 y sus modificatorias, permaneciendo fuera del servicio activo, en el grado que ya otorga la Fuerza, cuando su aptitud e instrucción militar satisfagan las competencias exigidas para cada caso, sin responsabilidad operacional alguna hasta tanto se aprueba la Ley de Reserva”.

Los egresados de los distintos liceos se convierten, automáticamente, en oficiales de reserva. Se gradúan con el rango de alférez en la Fuerza Aérea, guardiamarina en la Marina y subteniente en el Ejército, y pasan a formar parte de las reservas de las Fuerzas Armadas del país, en disponibilidad de ser llamados para cumplir tareas y desempeñarse en diversas áreas ante eventuales procesos. En esta nueva disposición, el carácter de los reservistas queda suspendido y condicionado hasta la promulgación de la Ley de Reserva, aún en formulación sin un horizonte claro sobre su regulación.

El artículo 7 también sustituye su fundamentación: “Los cadetes de los Liceos pertenecientes a 1º y 2º año de los Liceos Militares solamente podrán recibir conocimientos teóricos sobre el uso de armas, mientras que los de 3º año y superiores de los Liceos Militares realizarán práctica de tiro en simuladores”. De modo que la práctica de tiro con arma de fuego quedará restringida. Según voceros de los institutos, el ejercicio integra la formación básica. Lo asumieron como una medida prohibitiva del punto de vista presupuestario porque el costo de los simuladores afectaría ampliamente la partida.

Alejandro Barbosa, presidente de la Comisión de Padres de alumnos del Liceo General Belgrano de Santa Fe, reparó en el contexto histórico. “Este es el cuarto intento, desde 2006, en el que se proponen reformar los liceos militares. En ese año ya querían cerrar estas instituciones educativas. En este momento, hay una resolución del Ministerio de Defensa en la cual se establecen cambios inmediatos y otros quedan sujetos a discusión para el 2021”, dijo en diálogo con el portal LT10 de Santa Fe.

Es parte de una instrucción vieja que quedó de la época de Nilda Garré. Hoy está el mismo personal que estaba trabajando con ella en aquel momento”, acreditó el doctor Luis Juez, diputado nacional por la provincia de Córdoba y graduado del Liceo Militar General Paz. En aquellos años hubo intentos similares de supresión de los liceos militares que a través de amparos judiciales terminaron diluyéndose y modificando únicamente cambios parciales. Esta nueva resolución aspira a completar las reformas impulsadas durante la presidencia de Néstor Kirchner.

“Es de una ignorancia supina creer que si vas a un Liceo Militar salís con formación militar, es como pensar que si estudiás en la UBA te recibís de enólogo –comparó Juez, con sorna–. Te lo dice un tipo que cursó el Liceo Militar en la peor época de la dictadura militar porque entré en el 76 y salí en el 81. Te diría que el 95% de mi promoción no fue a ninguna de las tres fuerzas. El actual jefe del ejército, el general Agustín Cejas, es un compañero mío desde los 11 años y tiene conceptos más arraigados de la democracia que cualquier dirigente político de cualquier partido”.

Para el abogado, diplomático y político cordobés, sería torpe seguir insistiendo en una “línea argumental que no tiene asidero ni explicación racional”. “Solo una cabeza llena de prejuicios setentistas puede entender que ir a un Liceo militar instruye valores en contra de la democracia”, calificó, y anunció que intentará hablar con el ministro Agustín Rossi para convencerlo de que desista de la imposición de la norma. También el prestigioso nutricionista Alberto Cormillot, médico graduado del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, se refirió a su formación educativa: “El Liceo fue uno de los hitos más importantes de mi vida y donde me enseñaron la responsabilidad, la lealtad, la puntualidad, la disciplina. Les estoy muy agradecido y ojalá puedan mantener el nivel de excelencia que supieron tener”.

“Como egresado y padre, espero que las modificaciones no desnaturalicen ni hagan perder la esencia de la institución. El liceo militar no forma ‘soldados para la guerra’, lejos está y estuvo de ello. De mi promoción, por ejemplo, ninguno siguió la carrera militar. Es un aprendizaje integral que te forma para la vida, donde además de una reconocida educación de excelencia, se inculcan valores, respeto y apego a las normas de convivencia, el premio al esfuerzo, la disciplina, el amor a la patria, la solidaridad”, expresó Marcelo Pérez, egresado del Liceo Naval Militar Almirante Storni y ministro de Gobierno de Misiones desde diciembre de 2015.

Barbosa también habló de la pérdida de esencia y del concepto de desmilitarización como intención de fondo: el temor y la inquietud compartida casi en unanimidad por distintos actores de la formación educativa militar. El director nacional de Formación del Ministerio de Defensa, Sergio Eissa, respondió a las críticas y fue contundente: “Los liceos no se van a cerrar y no hay ningún plan oculto que se desprenda de esta resolución. Tampoco se va a desnaturalizar su rol como instituciones que forman las reservas porque eso está en la Ley 19.101, que no se va a modificar. La resolución convoca a una jornada pedagógica como se hace en todas las instituciones educativas que se va a realizar en cada Liceo con la participación de los padres, los docentes, los graduados, donde se va a evaluar la calidad de la enseñanza y de los planes de estudios. Ellos propondrán cambios o no. Luego nos juntaremos con la Dirección General de Educación de las Fuerzas Armadas para ver cuáles son las propuestas que hizo cada comunidad educativa, pero en ningún caso se va a modificar la esencia”.

En rigor, la resolución establece la coordinación de un plan académico y pedagógico con perspectiva hacia 2030: “Los directores generales de Educación de las Fuerzas Armadas, junto al director nacional de Formación, elaborarán, antes del 31 de julio de 2021, un nuevo plan pedagógico 2030 para los Liceos Militares y Colegios Secundarios de la jurisdicción”. Asimismo, ordena que el programa deberá ser aprobado por Resolución Ministerial. “Los Liceos van a seguir formando ciudadanos. El Ministerio de Defensa no va a imponer nada”, apuntó Eissa, en plan de paz.

*Fuente: Infobae


Redacción

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NEGOCIOS Y MILLONES | El enigmático testaferro (y acreedor) de Alberto Fernández

*Por Christian Sanz

El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.

Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.

Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.

Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.

Aparece allí toda una trama de negocios que fue descubierta por su “segundo”, Jorge Rivas, y que culminó en un suspicaz hecho de violencia contra este.

Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.

El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.

Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.

Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.

En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.

*Fuente: Tribuna de Periodistas

Redacción

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Llaryora reclama $10.000 millones a Milei mientras dilapida casi el cuádruple de ese monto en pauta

Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. 

“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.

Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei. 

Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.

En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.

Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.

Redacción

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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El Gobierno irá a instancias judiciales para frenar la cautelar por el feriado del Día del Trabajador del Estado

El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.

Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.

El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.

Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.

El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.

La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.

En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.

Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.

Redacción

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INTERNA K, AL ROJO VIVO | Kicillof exigió disciplina y verticalismo de cara a las elecciones: “Aplaudan, no salgan a matarme”

Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.

Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.

En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.

Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.

La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.

Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.

Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.

A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.

Redacción

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Disparos en PBA: Karina suma dirigentes con oscuros antecedentes penales a LLA

*Por Augusto Grinner

El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.

El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.


Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.

El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.

– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro

La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas, cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.

Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.

La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.

Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?

Redacción

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