*Por: Manuel Jove
En un contexto en el que el fenómeno que combina la necesidad habitacional con un factor delictivo se replica en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, La Matanza vuelve a ser noticia por la modalidad que adoptan algunos propietarios de campos para evitar expansiones de asentamientos.
Las zanjas para evitar ingreso de okupas empiezan a aparecer como una alternativa concreta ante la inacción del Estado. Esto sucede, por ejemplo, en las inmediaciones de dos importantes predios tomados hace casi un año.
En la segunda mitad del 2019 comenzó a gestarse una toma de grandes proporciones sobre la Ruta 1001, entre Rafael Castillo y González Catán, en terrenos que son propiedad de la empresa eléctrica Edenor y de la Municipalidad de La Matanza. Para noviembre, después de las elecciones, se instaló una segunda usurpación a pocas cuadras, a la vera del mismo camino.
En el medio de esos dos predios ocupados de hay un local partidario. Es la unidad básica de la Primera Agrupación Peronista Paraguaya de La Matanza (PAPPEM), espacio que apoyó a Fernando Espinoza en su carrera electoral hacia la intendencia y a Verónica Magario, entonces jefa comunal, como candidata a Vicegobernadora de Axel Kicillof. La sede política está ubicada en la entrada del barrio Rodolfo Walsh, creado en 2010 a través del Plan Federal de Viviendas.
De cara a las elecciones del año pasado, la PAPPEM ofrecía el servicio de empadronamiento para ciudadanos nacidos en Paraguay y residentes en La Matanza. “Si sos paraguayo y nunca votaste podés traer tu fotocopia de DNI y empadronamos”, proponían desde la agrupación en los folletos que repartían en mano y virtualmente.
En la zona de Rafael Castillo aseguran que esa gestión se traducía en colaboración para llegar a una parcela en alguna de las usurpaciones antes mencionadas. “Los convocaban a empadronarse y a votar con la promesa de tierras y los llevaban a invadir los predios de la Ruta 1001”, cuenta un vecino que prefiere resguardar su identidad a partir de la constantes amenazas que sufrió en los últimos meses. “Les dijeron que nadie los iba a sacar de ahí y cuando hubo desalojo por orden judicial los ayudaron a volver”, agrega. Fuentes judiciales a cargo de la investigación por la usurpación confirman que los primeros en llegar fueron, efectivamente, ciudadanos de nacionalidad paraguaya.
Desde su centro, la PAPPEM cumplió también una función social. Organizó, con la colaboración del Municipio, un comedor y un merendero para los menores que viven con sus familias en las tierras usurpadas. Además repartieron colchones para las casillas y ropa de abrigo en invierno, actividades siempre promocionadas en sus redes sociales. También aportaron su colaboración para el tendido irregular del cableado de luz.
Esas tomas de la 1001 se convirtieron, tiempo más tarde, en un negocio inmobiliario. Se realizó un loteo informal y las parcelas que originalmente se dividieron entre los primeros en llegar se vendían por 50, 60 y 70 mil pesos, según el tamaño y la ubicación. Lo más insólito: se podía acceder a estas ofertas incluso a través de publicaciones en grupos de compra venta de Facebook. Hoy, después de reiterados intentos fallidos de desalojo, el proyecto de bienes raíces sigue funcionando.
*Fuente: Data Clave
