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Este pasado sábado 5 de noviembre se llevó a cabo el encuentro de los congresales de la provincia de Buenos Aires que integran el Partido Justicialista (PJ). Pero ello no se llevó todas las miradas, sino más bien el enfrentamiento de 2 dirigentes peronistas de peso que se enmarcan como referentes marplatenses de cara al 2023.
Se trata del director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, y el ex senador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Lucas Fiorini, quiénes estuvieron a punto de irse a golpes de puño en medio del Congreso pejotista. Vale recalcar que este último ahora se encuentra muy ligado a los círculos de La Cámpora (LC), con la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, como principal conductora.
El director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, pidió en la mesa del Frente de Todos (FdT) que haya unas PASO en Mar del Plata
Los militantes de “Manino” fueron de los primeros en llegar al lugar de los festejos, el Club Once Unidos, para luego ser protagonista de enfrentamientos con sectores más ligados al kirchnerismo. Sin embargo, anteriormente, el director de Correo Argentino habría tenido un cruce con Fiorini por la temática de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo cual casi llevó a que ambos se fueran “a las manos”.
En paralelo, la entrada tambipen subió el tono, porque militantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) avanzaron contra las vallas que impedían el ingreso constante, lo cual se frenó tras unos minutos. Todo ante la atenta mirada del albertista de primera hora en Mar del Plata, el concejal sindicalista Miguel Ángel Guglielmotti.
El Congreso del Partido Justicialista (PJ) se llevó adelante, ante tantas faltas
Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que las internas en el Frente de Todos no tienen paz y el peronismo cada vez se nota mucho más agrietado. Sin embargo, muchos comprenden que, de no haber unas PASO en el ámbito local, se abrirían alternativas hacia otros sectores. ¿Habrá cruces hacia Juntos?
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El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.
El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.
El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.
El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.
– Carlos Curestis
En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.
Desde la UCR, el senador AgustínMáspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.
– Christian Gribaudo
El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.
Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.
– Teresa García
García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.
En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.
Carola Laner, diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, representando a la ciudad de Concordia, y presidiendo la importante Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la situación de la delincuencia y advirtió que “es el peor mensaje que le podemos dar a nuestra sociedad”, en una nota con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, en Canal EY!
“La ‘puerta giratoria’ empodera únicamente a los delincuentes”, afirmó Laner, agregando: “Es el mensaje de que podemos robar el dinero de todos y que los juicios pueden demorar años.”
El proyecto más destacado y representativo de Laner es su iniciativa para incorporar la figura de “reiterancia delictiva” como criterio para la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. Presentado el 20 de mayo de 2024, esta iniciativa busca establecer una distinción clara entre reiterancia y reincidencia.
“La reiterancia es la conducta delictiva repetida en el tiempo. Mientras que la reincidencia es aquella persona que ha reiterado en el delito y se produce cuando una persona comete un delito después de una sentencia definitiva”, explicó Laner, algo que se sostiene viendo las estadísticas en Concordia, por ejemplo, de 1.000 detenciones, el 70% corresponden a delincuentes reiterantes.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
En el primer aniversario de la marcha en defensa de la educación pública, la oposición retoma el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.
Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros legisladores de bloques dialoguistas, presentaron un proyecto de ley que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes. La iniciativa toma como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y establece una fórmula mixta de actualización para 2025, que incluye el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y las tarifas de servicios públicos.
Además, el proyecto prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Por su parte, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otra iniciativa con objetivos similares, que instruye al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta contempla ajustes bimestrales retroactivos al 1 de enero de 2025 y la recomposición de los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, según la inflación acumulada informada por el INDEC.
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional, y en la importancia de establecer mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las becas estudiantiles.
Desde la oposición señalaron que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025.
El proyecto de Tavela y Ferraro cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, en los que se encuentran Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.
En tanto, la iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancada Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky y Mónica Macha, entre otros.
Tal como ya advertían el año pasado, en la Casa Rosada mantienen firme la línea: no pasará ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal. Así, si la oposición logra avanzar con su iniciativa, el final podría repetirse con un nuevo veto del Presidente.
La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.
Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.
A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.
Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.
Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.
Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.
Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).
El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.
