Vialidad: Ante la falta de personal capacitado, convocan a una jubilada para liquidar sueldos
La encargada de realizar esta tarea contrajo COVID-19 y, al no contar con un sustituto entre el personal, desde el ente bonaerense recurrieron a su predecesora en el puesto. Improvisación, nombramientos de militantes sin formación completan el panorama de un área en pleno desmantelamiento.
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Los trabajadores de Vialidad estuvieron a punto de no cobrar su sueldo a fin de mes, como sucede habitualmente. Es que la persona que cumple esta función enfermó de coronavirus y no tiene quien la reemplace entre la planta de operarios. Vale aclarar que la tarea de liquidar salarios según las distintas categorías del personal requiere de una especificidad técnica y de alguien capacitado para aplicarla.
Al no haber trabajadores capacitados en Vialidad para instrumentar esta actividad, el gobierno provincial no tuvo mejor idea que solicitar la presencia de quien se desempeñaba liquidando sueldos anteriormente: una adulta mayor, ya jubilada. Dicha irregularidad es síntoma de una gestión que viene profundizando la falta de personal en un área que cuenta solamente con 913 operarios para toda la provincia de Buenos Aires y que, ni bien tomó las riendas del gobierno, despidió monotributistas con el argumento de que fueron contratados durante el mandato de María Eugenia Vidal; es decir, con fines puramente ideológicos.
Lejos de dar marcha atrás con estas cesantías arbitrarias y en el marco que son necesarios sus conocimientos en la materia, según denunciaron fuentes allegadas a REALPOLITIK, la gestión de Axel Kicillofcontinúa emparchando un área que no da abasto con los escasos recursos con los que cuenta. Así, por citar un ejemplo, hay personal administrativo que es cubierto por profesionales, sean arquitectos o ingenieros, en caso que no puedan asistir a una jornada laboral.
En tanto, para la tarea de liquidar sueldos, había un puñado de cinco personas capacitadas previo al actual gobierno bonaerense del Frente de Todos; o, actualmente, hay un operador de motoniveladora para una sola máquina, por lo que nadie podría sucederlo si se ausenta a trabajar por algún motivo. Por otra parte, todo parece indicar que esta problemática se agravará, teniendo en cuenta que a fin de año se jubilarán alrededor de cien personas.
De todos modos, en Vialidad no escasean únicamente los recursos humanos, sino que también son necesarias herramientas o máquinas que la provincia no tiene y que, en muchas ocasiones, se las entregan a municipios afines ideológicamente.
*Fuente: REALPOLITIK
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El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
En una decisión que busca cambiar el rumbo de la empresa estatal, la asamblea de accionistas de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas decidió remover de su cargo al secretario general del gremio de pilotos (APLA) Pablo Biró, quien fue el responsable directo de al menos 13 paros en el último año, situación que generó millonarias pérdidas económicas, atentando contra la operatividad de la empresa y afectando a aproximadamente 100.000 pasajeros.
A través de esta medida, el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, busca que Biró deje de ser el representante de los trabajadores de la empresa. Su lugar lo ocupará Eduardo Juan García, director suplente y también miembro de APLA. Se estima que el gremio hará una presentación judicial para revertir esta situación.
Desde el inicio del mandato, el gobierno ha intentado avanzar en la privatización de la empresa, en un primer momento se la incluyó dentro de la Ley Bases para su privatización, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, nuevamente el gobierno buscará, con apoyo del Pro, más negociaciones con la oposición dialoguista, para poder aprobar una ley que permita privatizarla.
En el mientras tanto, el gobierno avanzó en una racionalización de la empresa sumamente deficitaria, y en este sentido, la decisión de expulsar a Biró continúa en esa dirección: un sindicalista que defendió los privilegios de una casta aeronáutica, con salarios exorbitantes lejos del valor de mercado, más choferes privados y beneficios en pasajes de primera línea. Privilegios pagados con los impuestos de todos los argentinos.
Se estima que el gobierno logró reducir en un 70% el déficit de Aerolíneas Argentinas, y en ese sentido muchas empresas ya han manifestado el interés de adquirir la empresa en caso de ser privatizada. De esta manera se la haría más eficiente aún y no dependería para su funcionamiento de los impuestos de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos nunca han podido subirse a un avión.
El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.
Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.
El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.
La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.
La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.
Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.
El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”
El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.
Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.
El concejal Cristian Beneito, de Vamos Juntos, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon que apunta a incorporar publicidad en los polideportivos municipales para generar nuevos recursos destinados a su mantenimiento. La iniciativa plantea la modificación de la Ordenanza Municipal Nº 22.920, que regula el Código de Publicidad, mediante la adición del artículo 60.5, habilitando la colocación de anuncios en los polideportivos Las Heras, Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y los que se sumen en el futuro.
“Seguimos apostando con el sector privado para generar más trabajo y así mejorar nuestros polideportivos municipales”, expresó Beneito al presentar el proyecto. Con esta medida, se podrán formalizar convenios público-privados que permitirán ingresos a través de la publicidad en estos espacios, con el compromiso de destinar los fondos exclusivamente al mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones.
La propuesta amplía la regulación ya existente en otras instalaciones deportivas, como el Parque Municipal de los Deportes y la Laguna de los Padres. Entre sus beneficios, el proyecto pretende atraer a grandes marcas y abrir un espacio para que comerciantes locales se publiciten, generando empleo y potenciando el perfil turístico de Mar del Plata.
Beneito aseguró que la publicidad estará regulada bajo la supervisión del EMDER y no alterará la estética de los polideportivos, buscando un equilibrio entre el aspecto comercial y visual de los espacios. “Esto significa más recursos para mejorar nuestras instalaciones y hacer crecer nuestra ciudad con alianzas estratégicas”, concluyó el concejal, destacando que la iniciativa permitirá redirigir parte del presupuesto municipal a otros programas y proyectos importantes.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.
La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.
El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.
Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).
Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo GarcíaEleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.
Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.