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Datos duros sobre la economía: la Argentina cuenta con el segundo peor sistema previsional sobre una lista de 43 países que abarcan al 65% de la población mundial, según el “Global Pension Index 2021″ elaborado por el Mercer CFA Institute.
El único de los 43 países con un puntaje inferior al de la Argentina incluidos en este índice Global sobre la calidad de los sistemas jubilatorios es Tailandia.
Mercer elabora el índice general de cada país en función de tres subíndices o notas sobre cuán adecuado es el sistema, cuán sostenible es y cuál es su grado de integridad.
El índice general es construido asignando a la “Adecuación” una ponderación del 40%, a la “Sostenibilidad” un 35% y a la “Integridad” un 25 por ciento.
¿Quiénes están mejor? Islandia, con un puntaje general de 84,2 puntos sobre 100, goza del mejor sistema jubilatorio del mundo. Países Bajos y Dinamarca se le suman en el podio de los tres países mejor evaluados.
¿Y en Sudamérica? Chile, el mejor rankeado, con 67 puntos en el índice general, Uruguay (60,7), Colombia (58,4), Perú (55), Brasil (54,7), México (49) y la Argentina (41,5).
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El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se aprobó la primera inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado recientemente. El proyecto corresponde a un parque solar de YPF Luz en la localidad de El Quemado, Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI que se presentó hace menos de dos meses”, expresó Caputo en sus redes sociales, destacando que hay otros seis proyectos en evaluación.
El parque fotovoltaico, desarrollado por YPF Luz en conjunto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares. Se prevé que la primera etapa comience en el primer trimestre de 2026 y esté lista en 18 meses. Además, se estima que evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a la transición energética en Argentina.
Este anuncio se suma al reciente lanzamiento de otro gran proyecto energético: el oleoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con Punta Colorada, Río Negro. Esta infraestructura permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2027, generando ingresos cercanos a USD 13.000 millones anuales. Empresas como Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell participarán en su construcción, que comenzará en enero de 2024.
En paralelo, la multinacional Rio Tinto confirmó una inversión de USD 2.500 millones para ampliar su proyecto de litio en el Salar del Rincón, Salta. Este desarrollo, que prevé producir 60.000 toneladas de litio carbonato de alta calidad anualmente, será clave para la industria de baterías y tendrá una vida útil estimada de 40 años. La construcción de la planta ampliada comenzará en 2025, fortaleciendo a Argentina como un actor relevante en el mercado global de litio.
El RIGI, que entró en vigencia hace unos meses, ofrece beneficios fiscales como exenciones en IVA y Ganancias, además de ventajas en derechos de importación y exportación para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones. Estos incentivos buscan atraer grandes capitales para reactivar la economía y consolidar al país como un polo estratégico en energías renovables y recursos naturales.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.
Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.
EL INFORME DE EL PRESTO DENUNCIA: Dejaron “PUDRIR” toneladas de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer
En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”.
También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.
El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose.
Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.
La industria metalúrgica argentina, uno de los pilares de la economía nacional, enfrenta un panorama crítico debido a una carga impositiva que supera el 32% del precio en puerta de fábrica sin incluir el IVA. Este porcentaje duplica el de Brasil y México, según un reciente informe elaborado por cámaras sectoriales que representan a fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, línea blanca, autopartes y otras ramas del sector.
El estudio, respaldado por entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), revela que un tercio de estos impuestos son distorsivos, es decir, se acumulan a lo largo de la cadena de valor sin generar beneficios tangibles. Esto incluye tributos como Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, tasas municipales y sellos. “Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, con una estructura impositiva compleja y más de 155 impuestos y tasas”, alertaron las cámaras en el documento.
El informe detalla ejemplos concretos de cómo la presión fiscal afecta los costos de productos industriales. Una sembradora, por ejemplo, carga con un 33% de impuestos en Argentina, frente al 15% en Brasil y al 19% en México. Situaciones similares se observan en productos como tolvas, cabezales maiceros y acoplados.
“Los impuestos explican en promedio el 44% del precio final de los bienes metalúrgicos, incluyendo el IVA”, enfatizan los autores. Este nivel de presión fiscal no solo encarece los productos locales, sino que también pone en desventaja a las empresas argentinas frente a sus competidores internacionales.
Este impacto se ve agravado por la acumulación de impuestos en la cadena de valor. En otros países, las tasas municipales y los tributos similares tienen un peso considerablemente menor, lo que facilita la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Además, el informe subraya que la complejidad del sistema tributario argentino genera costos administrativos adicionales para las empresas.
El sector metalúrgico genera más de 350.000 empleos directos y representa exportaciones por 11.500 millones de dólares anuales. Sin embargo, los industriales advierten que la falta de competitividad podría desencadenar una crisis de desindustrialización si no se implementan medidas correctivas de manera inmediata.
“Coincidimos con el esfuerzo del gobierno para estabilizar la macroeconomía, pero esto es solo el principio. Necesitamos políticas micro que reduzcan la carga impositiva, el costo laboral no salarial y los costos logísticos”, sostienen las cámaras en el informe.
El documento también destaca la necesidad de fomentar el financiamiento al sector privado, actualmente muy por debajo de los niveles internacionales. Mientras que en Brasil el crédito al sector privado equivale al 72% del PBI, en Argentina apenas alcanza el 12%. Este bajo nivel de financiamiento limita la capacidad de las empresas para invertir en innovación y mejorar sus procesos productivos.
Por otra parte, el informe enfatiza la importancia de una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado: “Es crucial que los gobiernos nacional, provinciales y municipales trabajen en conjunto para ajustar la presión tributaria de manera ágil y efectiva“, señalan. Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar un escenario de menor producción industrial y pérdida de empleos formales.
Además de la presión impositiva, la industria enfrenta otros obstáculos como costos logísticos elevados, falta de crédito competitivo y un sistema laboral rígido y costoso. Pese a estas adversidades, las cámaras mantienen un mensaje optimista: “Los industriales argentinos sabemos producir y competir, pero necesitamos políticas públicas que resuelvan los factores que las empresas no podemos controlar”.
La logística también representa un factor crítico. Según el citado informe, los costos logísticos en Argentina son significativamente más altos que en países vecinos debido a la deficiencia de infraestructura y la falta de un sistema ferroviario eficiente. Esto no solo encarece el transporte de bienes, sino que también limita el acceso a mercados internacionales.
El sistema laboral también plantea un desafío importante. La rigidez en las regulaciones y el alto costo de la mano de obra no salarial complican la contratación y reducen la competitividad de las empresas. “Es necesario avanzar en reformas que promuevan la flexibilidad laboral y reduzcan los costos redundantes”, afirman las cámaras.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.
La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.
El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.
La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.
Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.
Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.
Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.
La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.
El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
YPF firmó hoy un memorándum de entendimiento con las empresas estatales de India Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) para venderles gas natural licuado. El objetivo contempló exportar hasta 10 millones de toneladas al año, equivalentes a 47 millones de metros cúbicos diarios de gas (30% de la producción nacional actual), una vez que la Argentina avanzara con sus proyectos de licuefacción.
El acuerdo incluyó cooperación en litio y otros minerales críticos, y también abarcó la exploración y producción de hidrocarburos, según informó la petrolera estatal. Esta firma concluyó la gira que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, inició a comienzo de año por Israel, Corea y Japón para promover el gas de Vaca Muerta en nuevos mercados. El ministro de Petróleo y Gas Natural de India, Hardeep Sinh Puri, el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain, y directivos de OIL, GAIL y OVL participaron del acto en Nueva Delhi.
“Es una enorme satisfacción poder avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos potencialmente de gas. Estamos convencidos de que el país tiene una oportunidad de convertirse en un exportador de energía y lograr el objetivo buscado por toda la industria de generar ingresos por US$30.000 millones en los próximos 10 años”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. “Quiero agradecer el compromiso y la dedicación del embajador argentino en la India (Mariano Caucino) y todo su equipo que desde el primer momento se involucraron y contribuyeron a alcanzar este objetivo”, agregó.
GAIL tiene la operación de más de 16.000 kilómetros de gasoductos y gestiona los contratos de compra de GNL en la India, mientras que OVL y OIL representan la segunda y la tercera petroleras más grandes del país, con más del 15% de la producción total. En la información difundida, YPF destacó que el MOU es una declaración de intenciones y no implicó compromisos de inversión inmediatos.
La petrolera estatal buscó demandantes de gas equivalentes a 47 millones de m³/d para dar viabilidad a su proyecto de GNL y acceder a financiamiento a tasas razonables. En diciembre pasado, YPF anunció una asociación con la angloholandesa Shell, la segunda mayor operadora de GNL del mundo, para la primera fase del proyecto Argentina LNG, que contempló una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas al año. El plan completo estimó una inversión de US$30.000 millones para construir gasoductos de 580 kilómetros y levantar una terminal de procesamiento en Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Al mismo tiempo, Pan American Energy (PAE) contrató un buque de licuefacción junto con la empresa noruega Golar. El buque FLNG Hilli Episeyo, con una capacidad de 2,45 MTPA (aproximadamente 11,5 millones de m³/d), llegará a la Argentina en 2027. Entre las socias del proyecto figuran Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%), YPF (15%), PAE (40%) y Golar (10%). La compañía noruega construyó además otro buque con capacidad de 3,45 MTPA, que podría estar disponible a fines de 2027, lo que permitiría ampliar la exportación a 27 millones de m³/d, equivalente al 20% de la producción nacional actual.
– Hardeep Singh Puri, ministro de Petróleo y Gas Natural de India
En proyecciones de YPF, la Argentina podría exportar el equivalente a US$30.000 millones en 2031 por sus ventas de petróleo y GNL, un monto cercano al valor de las exportaciones de granos (US$23.125 millones en 2024). De ese total, la petrolera estatal previó exportaciones de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones. El reciente escenario energético internacional también incluyó una posible aceleración de los proyectos de GNL en Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, que el gobierno de Joe Biden había pausado por temas ambientales. Según la información oficial, esta situación podría motivar a YPF a agilizar la llegada de buques de licuefacción y postergar la construcción de una planta en tierra, proceso que demandaría un plazo mayor.
Desde la empresa señalaron que habrá que esperar para conocer el impacto de los anuncios de Trump en materia energética. YPF, por su parte, continuó con la iniciativa de “Argentina LNG”, dividida en tres etapas de 10 MTPA cada una. En esa línea, la compañía consideró que uno de los barcos podría destinarse a las demandas de la India y que la ventana de oportunidad ofrecida por la transición energética urgió a acelerar las exportaciones de gas proveniente de Vaca Muerta.
La firma malaya Petronas salió oficialmente del proyecto, mientras que Shell ingresó como productor y comprador (offtaker) del GNL que genere uno de los buques. El otro podría abastecer a la India u otras grandes petroleras. La llegada del primer buque Hilli Episeyo a las costas de Río Negro representó la fase inicial de un plan de expansión que se complementaría con un segundo buque de Golar. También aparecieron perspectivas de colocaciones en Europa, Israel, Japón, Corea del Sur y China.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
