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Datos duros sobre la economía: la Argentina cuenta con el segundo peor sistema previsional sobre una lista de 43 países que abarcan al 65% de la población mundial, según el “Global Pension Index 2021″ elaborado por el Mercer CFA Institute.
El único de los 43 países con un puntaje inferior al de la Argentina incluidos en este índice Global sobre la calidad de los sistemas jubilatorios es Tailandia.
Mercer elabora el índice general de cada país en función de tres subíndices o notas sobre cuán adecuado es el sistema, cuán sostenible es y cuál es su grado de integridad.
El índice general es construido asignando a la “Adecuación” una ponderación del 40%, a la “Sostenibilidad” un 35% y a la “Integridad” un 25 por ciento.
¿Quiénes están mejor? Islandia, con un puntaje general de 84,2 puntos sobre 100, goza del mejor sistema jubilatorio del mundo. Países Bajos y Dinamarca se le suman en el podio de los tres países mejor evaluados.
¿Y en Sudamérica? Chile, el mejor rankeado, con 67 puntos en el índice general, Uruguay (60,7), Colombia (58,4), Perú (55), Brasil (54,7), México (49) y la Argentina (41,5).
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El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
El sondeo, llevado a cabo por DC Consultores entre el 7 y el 9 de septiembre a 3.070 personas de todo el país mediante dispositivos móviles, arrojó datos contundentes sobre las percepciones de la población respecto al actual gobierno de Javier Milei y la posible influencia del kirchnerismo en el futuro político y económico del país.
Entre los principales resultados, se destaca que el 70,9% de los consultados señaló como su peor temor el regreso del kirchnerismo, mientras que el 29,1% expresó que el mayor riesgo sería la implementación de una economía liberal, alineada con las políticas del presidente.
CONFIANZA EN EL MODELO LIBERAL
A casi nueve meses del gobierno de La Libertad Avanza los encuestados mostraron una tendencia favorable hacia el modelo económico propuesto por el oficialismo. El 64,7% cree que con este sistema Argentina tendrá un futuro mejor, mientras que un 35,3% no tiene esperanzas en la actual gestión. Asimismo, un 60,8% considera que el país será más competitivo a nivel mundial bajo este esquema, en contraste con el 39,2% que lo descarta.
La confianza en el sector privado como motor de la economía también es elevada: un 63,4% de los encuestados opinó que su situación familiar mejorará con una menor intervención estatal y un mayor protagonismo del sector privado. Esta percepción está en línea con los pilares del plan económico de Milei, que desde su llegada a la presidencia puso énfasis en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el déficit cero, algo que, según el propio mandatario, requerirá fuertes ajustes.
En cuanto a la paciencia que los ciudadanos están dispuestos a tener ante las promesas del gobierno, el 30,8% expresó que tiene fe y aguantará “lo que sea necesario” para ver los resultados de las políticas del Gobierno. Un 27,4% aseguró tener paciencia porque “lo anterior era peor”, mientras que el 25,3% mostró resignación, admitiendo que “no queda otra” hasta que finalice el mandato de Milei. En cambio, apenas el 16,5% indicó que no puede esperar y que “el kirchnerismo era mejor”.
LAS CRÍTICAS DE CRISTINA DIVIDEN OPINIONES
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner reapareció recientemente con una extensa carta publicada el viernes de la semana pasada en la que criticaba duramente las políticas económicas de Javier Milei. Según los resultados de la encuesta de DC Consultores, las opiniones sobre esta intervención están divididas. Un 31,6% de los consultados cree que la carta es un intento de la condenada por recuperar el poder, mientras que un 23,5% considera que las críticas son acertadas. Además, un 21,2% afirmó que Kirchner “no sabe de economía”.
Un 14% de los encuestados calificó la carta como un ejercicio de “demagogia”, mientras que un 9,7% sostuvo que el kirchnerismo representa “volver al pasado”. Estos datos muestran el impacto que todavía genera la figura de Fernández de Kirchner en la escena política, incluso desde su rol como exmandataria.
LAS PRINCIPALES FIGURAS EN LA OPINIÓN PÚBLICA SEGÚN LA CONSULTORA: Villarruel encabeza el podio
La encuesta colocó a la vicepresidente Victoria Villarruel como la figura mejor valorada, con un 66,9% de imagen positiva. Le siguen la ministra de Seguridad, PatriciaBullrich, con un 63%, y el presidente Javier Milei con un 59,6%. Otros nombres destacados fueron los del economista liberal José Luis Espert (59,3%) y el diputado porteño del kirchnerismo Leandro Santoro (36,7%).
Por otro lado, las figuras asociadas al kirchnerismo, como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el exministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, registraron los niveles más altos de imagen negativa, con un 74,2% y un 85,8% respectivamente, lo que refuerza el rechazo hacia este espacio político entre la mayoría de los consultados.
En la noche del domingo, el mandatario nacional se hizo presente en el Congreso de la Nación para explicar las bases de la llamada “Ley de leyes” (porque a partir de ella es que se pueden elaborar otras leyes). La importancia de este proyecto de ley radica en que el gobierno explica cuánto dinero y en que cosas lo va a gastar durante el año próximo, además de contener en ella las expectativas para los años próximos en materia, por ejemplo, de inflación, valor del dólar, crecimiento del PBI, etc.
Este presupuesto está basado en dos principios “fundamentales e inquebrantables”: superávit fiscal y déficit cero. La primera premisa, en palabras de Milei, “es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar”, además agregó “nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Va a garantizar el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión; va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones; y para los períodos de abundancia como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos”.
Este proyecto de ley establece una regla fiscal, que a partir del próximo año, y en los años subsiguientes, el presupuesto nacional tendrá que ser equilibrado y superavitario, tal como lo dice el artículo primero: “Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero.”
El Gobierno Nacional, a través de este proyecto de ley, realiza una serie de estimaciones:
Luego de una inflación anual en 2023 que fue del 211,4%, y que para este año se estima en 104,4%, se proyecta para el 2025 una inflación anual de 18,3%, para el 2026 un 11,6% y en 2027 un 7,4% de inflación anual.
En cuanto al dólar oficial, el Gobierno calcula que para fin de año cerrará en $1019,9 y para fines de 2025 estará en $1207.
Se proyecta un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno para el año 2025. En 2026 se proyecta un crecimiento del 6,2% y en 2027 un 6,7%.
El sector agropecuario crecería un 3,5% respecto a este año en 2025, el sector de bienes 5,6%, el sector servicios 4,4%. Las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 7,7%, la inversión aumentará un 9,9% y el consumo privado crecerá un 4,5%.
En su discurso, el presidente criticó a la “casta política” porque “necesita del déficit fiscal” para “poder hacer negocios personales”. Aseguró que vetará todos los proyectos de ley que no justifiquen de donde se obtienen los recursos para financiarlos o que directamente atenten contra el equilibrio fiscal. Además, tuvo un cruce con diputados kirchneristas a quienes acusó de “no saber sumar”.
El presidente, frente a la crítica de que su gobierno carecía de gestión, resaltó algunos de los logros de su mandato: evitar la hiperinflación, realizar el ajuste, achicar el estado, eliminar los piquetes, reducir los índices de inseguridad en Rosario. Frente al rol del estado, Milei fue determinante “lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub-nacionales”.
Acerca de los beneficios del superávit fiscal y financiero a largo plazo, justificó diciendo que “el superávit va a hacer que la deuda sea sostenible; la sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro; y en consecuencia al crecimiento económico y del salario real. A su vez implicará menor presión fiscal futura sobre los contribuyentes, lo que significará mayor incentivo para invertir.”
Milei se dirigió a los gobernadores de todo el país: “A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes.” Haciendo una clara referencia al ajuste que ya hizo el Estado Nacional, y que las provincias deben realizar también.
Para cerrar el discurso, el presidente citó a Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y orador romano “El presupuesto debe equilibrarse; el tesoro debe ser reaprovisionado; la deuda pública debe ser disminuida; la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado”. Y le envió un mensaje a los kirchneristas: “Esta frase tiene más de 2000 años, ustedes de eso no aprendieron nada.”
El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios.Desde este miércoles, las comunasya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.
La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.
Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.
La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.
En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.
En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.
EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO
El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.
La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.
UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K
La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.
Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.