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Hoy, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso la excarcelación de Lázaro Báez. Además, le impusieron una fianza de 632 millones de pesos, la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días y la retención de su pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, más la prohibición de salida del país.
Báez se alojará en Pilar, más precisamente en el lujoso barrio privado conocido como Ayres del Pilar. Tras conocerse la noticia, cientos de vecinos del barrio comandado por el intendente K Federico De Achával, marcharon en frente de la residencia de Báez mostrando descontento.
La manifestación tiene como “objetivo” bloquear la residencia del empresaurio K. Los vecinos lo consideran “persona no grata” y piden que se vaya.
La vivienda es una de las antiguas del barrio y tiene unos 450 metros cuadrados. Está ubicada en el lote 37, del barrio La Arboleda, con 800 metros cuadrados de parque. Está tasada en alrededor de 450 mil dólares según el valor fiscal registrado. Los vecinos del barrio se muestran indignados en los grupos de WhatsApp y aseguran que la casa está a nombre de una sociedad anónima, Badial SA cuyo propietario es Lázaro Báez.
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Durante la conversación con El Presto, Danann dejó en claro que su apoyo a Marra no responde a fanatismos, sino a una necesidad de coherencia ideológica. “¿Qué somos, libertarios o personalistas?”, se preguntó y, a su vez, diferenció su visión del proyecto libertario de una lealtad ciega a figuras como Milei o su entorno inmediato. Aunque valoró su relación con el presidente, advirtió sobre la creciente infiltración de kirchneristas en el espacio.
Danann fue tajante al referirse a la posible candidatura de Manuel Adorni en CABA. Aunque destacó que le cae bien y espera que no sea una postulación meramente testimonial, afirmó: “Yo hoy no podría votar a Adorni por el tren fantasma que tiene atrás”. También mencionó el temor que genera en muchos militantes la figura de Pilar Ramírez y otros personajes ligados al kirchnerismo.
En contraposición, defendió a Ramiro Marra, a quien calificó como un dirigente coherente y leal desde los inicios del movimiento libertario. “Lo humillaron públicamente, lo expulsaron… no se merecía eso”. A su juicio, muchos votantes desencantados con el rumbo que tomó el espacio en la Ciudad podrían inclinarse por Marra: “Parece que ese es el pensamiento de mucha gente que dice ‘bueno, hoy me la juego con Marra, que está desde el principio’. Cuando votaron a Milei, era con Villarruel y Ramiro; ahora están todos separados”.
Finalmente, Danann lanzó una advertencia directa a Milei: si no retoma el liderazgo de su espacio con liberales auténticos, corre el riesgo de ser traicionado por los mismos que hoy lo rodean. “Me parece que la guillotina se la tiene que aplicar a la cantidad enorme de kirchneristas que se le infiltraron en el espacio, y no a tipos como Ramiro Marra, que están desde el principio”. En esa línea, señaló casos como el de Carlos Kikuchi y legisladores que, según él, ya han demostrado deslealtad. “Ojalá construya con liberales, no con kirchneristas, porque lo van a traicionar”, concluyó.
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
Durante una entrevista con la chimentera Mariana Brey, Javier Milei sostuvo: “Ella (por Villarruel) es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Ella dejó de participar en las reuniones de gabinete allá por el mes de mayo del año pasado”. La frase, replicada por todos los canales oficiales, puso en primer plano la interna que el oficialismo arrastra desde el inicio de la gestión.
La ausencia de Victoria Villarruel en las reuniones de Gabinete se registró desde mediados de 2024, cuando faltó a dos convocatorias consecutivas en Casa Rosada. En noviembre, Milei afirmó que su vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
El 2 de abril pasado, ambos encabezaron actos separados por Malvinas, gesto que profundizó las sospechas de ruptura. La tensión escaló con los aumentos votados en el Senado: Milei lo consideró “un privilegio de la casta”, mientras Villarruel, como titular de la Cámara alta, evitó confrontar públicamente.
Analistas políticos describieron a comienzos de 2025 que la relación “se dobló, pero no se rompió” y advirtieron que un eventual quiebre complicaría la gobernabilidad. Aun así el enfrentamiento ya alcanzó un punto inquietante.
Milei reforzó un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos e Israel. En su primera gira internacional avaló la política israelí sobre Gaza y ratificó que Argentina “estará con los defensores de la libertad”. Ya en campaña había proclamado: “Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel”, postura que reiteró ante la ONU al prometer una “nueva doctrina argentina” centrada en ambos aliados.
Ese sesgo exterior contrastó con el perfil de Villarruel, quien abrazó un patriotismo más conservador y cuestionó pactos como el acuerdo británico-argentino sobre Malvinas, al que calificó de “migajas” para el país. El contrapunto ideológico alimentó las versiones de que la vice buscaría abrir su propio juego dentro del oficialismo, aunque ella negó cualquier ruptura y reiteró su pertenencia a La Libertad Avanza.
A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.
Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.
Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.
Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
Kicillof abandonó por completo a los bonaerenses, lo mal que tiene que estar para hacer punterismo político electoral en medio de una catástrofe como la de estos días. https://t.co/lBFBR5foLr
