Luego del fallido ataque a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, varios dirigentes del Frente de Todos pretenden impulsar una Ley Anti Odio.
Esta ley ya funciona en Venezuela y tiene penas de cárcel que van desde los 6 a 20 años. La misma fue sancionada en noviembre de 2017, según precisaron desde el medio LN+ en el año 2021 hubo más de 35 detenidos por “propagar el odio” en redes. De esos 35 detenidos: 37% son periodistas; 25% internautas y 17% miembros de organizaciones no gubernamentales que criticaron las medidas del presidente Nicolás Maduro.
Ahora, a nivel nacional el “fantasma” de la aplicación de esta ley fue instalado por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y la titular del INADI, Victoria Donda.
Por su lado, Cerruti criticó el mensaje de Patricia Bullrich en el que pidió que la justicia esclarezca los hechos, pero no repudió lo sucedido. en ese sentido. la portavoz se expresó con respecto “al odio” que destila “la ultraderecha”: “Discurso de odio no es crítica, ni siquiera insulto. Es profundamente ideológico: es el discurso de la ultraderecha. El discurso antidemocrático. El discurso que, como Patricia Bullrich, se niega a repudiar un intento de magnicidio porque quiere seguir alentando a la jauría“.
Bajo la misma linea argumentativa, la titular del instituto que pretende erradicar la desigualdad y discriminación, Victoria Donda, responsabilizó directamente a los medios de comunicación por el intento de atentado contra la actual vicepresidente: “Estos discursos son el semillero de acciones concretas que llegan a la violencia física extrema y hasta intentos de homicidio como el sufrido por la vicepresidenta”.
Luego, en una nota para el medio Infobae, la exdiputada izquierdista confirmó su postura: “Nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas”.
QUÉ PREGONA LA LEY ANTI ODIO
Tomando de ejemplo a la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” que se aprobó el 10 de noviembre del 2017 en Venezuela, esta pretende suprimir el libre ejercicio de la libertad de expresión facilitando, de esta forma, a la censura permanente.
El rol del Estado es clave en el efectivo cumplimiento de esta ley dado que, este debe sancionar a los medios de comunicación que violen esta ley y tiene la libertad de eliminar contenidos, revocar licencias, bloquear sitios de internet -como portales de noticias- e imponer penas de hasta 20 años. Evidentemente, todo oculto bajo un manto de tolerancia y respeto que finalmente solo se aplica a los simpatizantes del régimen chavista o en su defecto, régimen kirchnerista en Argentina.
