Una intendente quiere reemplazar la estatua de Néstor Kirchner por la de René Favaloro
Natalia Contini, la referente del PRO de Córdoba, pidió sacar la estatua del expresidente Kirchner bajo el fundamento de desterrar la imagen de la "corrupción política".
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La localidad de Anisacate, de la provincia de Córdoba, eligió a su intendente este domingo, Natalia Contini, la primer mujer en comandar el municipio y vencer al peronismo. Con una lucha en la que cada votó marcó la diferencia, dado que ganó por sólo 19 sufragios, Contini se lanzó de lleno a la intendencia ratificando una de sus promesas de campaña, quitar el monumento de Néstor Carlos Kirchner.
“Les dijimos a los vecinos que si llegábamos a ganar, íbamos a remover esta estatua para colocar una de una persona que realmente nos ha dejado un legado y nos enorgullece como argentinos, que es el doctor Favaloro. La elección no fue azarosa porque salíamos de una pandemia y habíamos aplaudido mucho a los médicos por su tarea”, reflexionó.
La intendente electa Natalia Contini junto a la estatua que desea remover
Para la mandataria municipal, la instalación de la escultura en el año 2011(durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner)fue un gran error, por ello sugirió que la misma sea reemplazada por una estatua de René Favaloro. Contini aseguró que iniciará a la brevedad con los movimientos que sean necesarios para ejecutar tal cambio.
“Lo dijimos y lo haremos. Incluso, lo consultaremos de manera digital, porque no vamos a repetir lo que nos pasó como vecinos de no ser consultados”, expresó al diario La Nación y cerró: “Los vecinos nos decían, en la campaña, que no se sienten representados por la estatua de Kirchner, que representa lo que está mal en política, la corrupción“.
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El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.
En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.
En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.
“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba:‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.
“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.
Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”
La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.
Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.
El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.
“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.
En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.
Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.
“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.
Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.
El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.
El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.
En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.
EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)….
El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.
En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.
El intendente de la ciudad costera, Guillermo Montenegro, anunció que busca que un empresas privadas vinculadas a la industria financien la edición 39° del histórico Festival de Cine de Mar del Plata. “Mi idea es hacer el Festival de Cine Netflix, el Festival de Cine Star+ o el Festival de Cine HBO”, expresó el jefe comunal como una alternativa para conseguir los recursos.
Sobre las conclusiones a las que arribaron, manifestó que el espíritu es “ponernos creativos y trabajar con el sector privado, con productoras, cadenas de streaming, todo lo que tiene que ver con la industria del cine”. El objetivo es que “nuestra ciudad mantenga el Festival Internacional de Cine pero también que por ese festival no se le puede sacar la plata a los vecinos ni aumentar impuestos”.
Mientras tanto, el kirchnerismo salió a criticar esa postura, alegando una “pérdida de soberanía nacional y cultural”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se preguntaron “por qué tienen que ser Amazon o Netflix los que cuenten nuestras historias”.
Esta avanzada de ultraproteccionismo K fue duramente criticada por el senador bonaerense de la Quinta sección, Alejandro Rabinovich: “El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan Nicolás Kreplak y Axel Kicillof, la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes”.
El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan @nkreplak y @Kicillofok , la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes.Necesitan… pic.twitter.com/ltA5rlf0nj
“Necesitan mantener los espacios donde se refuerce su propia mística. Desde chiquitos, en lugares de adoctrinamiento, todos igualitos, todos con la misma gorrita o todos haciendo los dedos en V, ¿por qué? No se lo cuestionan, porque sí”, sostuvo.
“Dirigen sus películas y necesitan donde proyectarlas para que vayan sus diputados, concejales y militantes a hacer de cada reunión un acto partidario. Y canten ‘Ya de bebé en mi casa había una foto de Perón en la cocina’. Y se rasguen las vestiduras hablando de la cultura. Como si fuera de ellos. Y como si ellos no miraran Netflix los días de lluvia“, agregó además.
Esta asignación millonaria, anunciada en un contexto donde el presidente Javier Milei ha instado a recortar fuertemente el gasto público, ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno provincial. Por caso, en lugar de destinar recursos a áreas urgentes como Educación, con las escuelas en franco deterioro y los estudiantes sufriendo la amenaza permanente del narcotráfico, Maximiliano Pullaro optó por canalizar una cantidad exorbitante de dinero hacia un conglomerado mediático para cuidar su imagen.
El acuerdo con Scaglione, que implica el salvamento del pasivo económico de sus empresas y el compromiso anual de 2.000 millones en pauta publicitaria, se presenta en un momento en el que La Capital de Rosario, el diario más antiguo de Argentina, enfrenta dificultades financieras debido a la caída de la publicidad y la circulación, problemas que también afectan a otros medios del interior del país.
El hecho de que Pullaro haya decidido destinar esta suma significativa de dinero a un medio de comunicación, mientras la crisis económica golpea a la población y otros sectores están en riesgo, ha despertado críticas contundentes. Especialmente cuando se considera que parte de los recursos de Scaglione se utilizaron para financiar la llegada de Marcelo Tinelli al Grupo América, en lugar de invertir en el fortalecimiento del periodismo local y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de La Capital.
Daniel Vila y Gustavo Scaglione
La decisión del gobernador, en un momento donde la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son imperativas, plantea interrogantes sobre las prioridades de Pullaro y sus relaciones con los poderes económicos. Mientras tanto, el debate sobre el rol de los medios de comunicación y su relación con el poder político y económico continúa abierto, alimentando preocupaciones sobre la independencia y la ética periodística en un contexto de crisis y desafíos para el periodismo argentino.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
