La presentación lleva la firma del secretario general de ATE (Capital), Daniel Catalano, un sindicalista kirchnerista. La denuncia entró a la Cámara Federal este jueves y recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº12, subrogado en la actualidad por el juez Ariel Lijo.
Luego de que la presentación formal recayera en los tribunales de Comodoro Py, ahora resta saber si el juez a cargo avanzará o la archivará. Esta denuncia se llevo a cabo por la judicialización que hizo el gobierno porteño con respecto a la toma de los colegios.
“Denuncié penalmente a Horacio Rodríguez Larreta y a la ministra Acuña por persecución policial e ilegal a estudiantes y sus familias” y además por “criminalizar” las protestas pacificas que se dieron en las instituciones tomadas, explicó el “Tano” Catalano en su cuenta de Twitter.
El motivo principal de la denuncia fueron los operativos ordenados por el Gobierno de la Ciudad en los colegios que fueron tomados. Si bien el instituto que inició la revuelta (Mariano Acosta) ya retomó su actividad, varias instituciones aún siguen tomadas.
Es por ello que, hace unos días, una importante cantidad de efectivos de la Ciudad, con el aval directo del Gobierno porteño, se acercaron a las instituciones y tomaron los datos de los estudiantes que permanecían en la toma. Además, vigilaron la situación y notificaron a los padres y madres de quienes participaron en la medida estudiantil.
Por este accionar policiaco, el sindicalista denunciante, consideró que tanto Larreta como Acuña son “responsables de las amenazas, denuncias penales y presencia policial en las escuelas y hogares de los estudiantes que se encuentran realizando actos de protesta por las condiciones de las escuelas”.
Catalano también señaló en la denuncia que la actitud del gobierno porteño ha tenido como fin “criminalizar” a los jóvenes que están manifestándose legítimamente por situaciones que “el Estado debe resolver por las vías pertinentes y no mediante el uso del aparato punitivo”, explicó.
La causa avanzará o no dependiendo del juez a cargo, ahora, con la representación del abogado Martín Alderete, el secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado de la ciudad de Buenos Aires se les imputó a los funcionarios porteños los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y criminalización de la protesta social.
