Triunfa la libertad de expresión: Rechazan demanda de Cristina contra Feinmann por llamarla “coimera”
Para el juez Agugliaro, expresiones como el deseo de “ver presa” a la vicepresidente y otras en ese tono “no acarrean ningún hecho ilícito concreto contra ella”.
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El juzgado Civil 100 a cargo del juez Ricardo Darío Agugliaro desestimó una denuncia que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner había hecho en el 2016 al periodista Eduardo Feinmann por haberla llamado “coimera” y haber utilizado otras expresiones para referirse a su situación patrimonial, en el contexto de las revelaciones por el caso conocido como “los bolsos de José López”.
Según la denuncia de la vicepresidente, el periodista provocó daños en su honor en, por lo menos, 8 programas, pero el juez aseguró en el fallo que los comentarios y apreciaciones de Feinmann en Animales Sueltos estaban “íntimamente vinculados con asuntos de interés público”.
Agugliaro entendió que el deseo expresado por Feinmann de “ver presa” a la vicepresidente y otras frases de tono similar “no acarrean ningún hecho ilícito concreto contra ella. Por lo tanto, no deben someterse a un test de veracidad, por cuanto se limitan a adjudicarle una determinada forma de actuar”, indicó el juez.
El juez valoró la importancia del “periodismo de investigación” y señaló desde su perspectiva que “el excesivo rigor y la intolerancia llevarían a la autocensura, lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes”, en referencia a cuando fue tratada como “coimera”, como dice textualmente en el fallo.
“Las afirmaciones realizadas por el demandado constituyen a la postre afirmaciones dogmáticas que deben ser discutidas, pero de modo alguno es competencia del suscripto calificarlas como ofensivas en sí mismas, y al así decirlo no estoy avalando el derecho al insulto ni a la gratuita vejación”, cerró Agugliaro.
Pos su parte, Feinmann expresó por LN+: “Ganó la sociedad, no gané yo, yo simplemente fui un demandado por daños y perjuicios”. Asimismo, señaló que la vicepresidente “pretendía que yo me bajara los pantalones, que pague con mis bienes porque a ella no le gustaron mis dichos”.
“Lo que pretendían Cristina y su abogado, Dalbón, era que uno como periodista se arrodille ante ella y le pida disculpas y de esa manera meternos miedo, cerrarnos la boca o intentar cerrarnos la boca”, consideró.
Además, apreció el momento en el que se produce el fallo, justo después de que el intendente Mario Ishii dijera en un acto junto al Presidente y el gobernador, Axel Kicillof, que la gente tiene que ir contra los medios.
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El primer mes de 2025 estuvo marcado por una escalada de inseguridad en el Conurbano bonaerense del kirchnerista Axel Kicillof, concentrada especialmente en los partidos de La Matanza y Moreno, donde ocurrieron homicidios de civiles y enfrentamientos armados con agentes de las fuerzas de seguridad.
Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el asesinato de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años que intentó defender a un vendedor ambulante de un robo en Moreno y terminó apuñalado. Familiares, amigos y vecinos protestaron frente a la Municipalidad de Moreno, y la manifestación concluyó con balas de goma y gases lacrimógenos. Las autoridades municipales, encabezadas por la intendenta Mariel Fernández, describieron el homicidio casi como una riña callejera. Sin embargo, en simultáneo se conoció que otros cuatro asesinatos sacudieron ese mismo distrito en diferentes episodios, incluido el de un motociclista de 25 años en un asalto sobre la ruta 7, un crimen intrafamiliar y un doble homicidio vinculado a un presunto ajuste de cuentas narco.
Las estadísticas históricas mostraron que Moreno ya había registrado altas tasas de homicidios en años anteriores: en 2016 llegó a 15,8 casos cada 100.000 habitantes, superando el índice que en ese entonces mostraba Rosario (12,1). En 2023, la Procuración General bonaerense computó 59 homicidios en el departamento judicial Moreno-General Rodríguez, con cinco asesinatos cometidos por menores. De hecho, un informe del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) alertó sobre un incremento del 48,7% de menores involucrados en hechos delictivos en Moreno y General Rodríguez desde 2023.
– La intendente Mariel Fernández junto a Cristina Kirchner
El impacto de la violencia también se sintió en La Matanza, que se ubicó como el partido con mayor cantidad de hechos de inseguridad en los últimos 31 días, afectando localidades como Villa Madero, Isidro Casanova, La Tablada, San Justo y alrededores. Según datos publicados por el Fuero Criminal y Correccional (FCC), La Matanza quedó tercera en un ranking general de distritos con aumentos de casos de inseguridad (18,3%), detrás de Mar del Plata (25,9%) y La Plata (19%), y por encima de Moreno-General Rodríguez (18,1%) y Lomas de Zamora (15,1%).
En medio de esta ola delictiva, ocurrió el asalto al ministro de Transporte, Martín Marinucci, el 21 de enero en Ramos Mejía. Ladrones agredieron a su esposa y huyeron con su cartera y el teléfono del funcionario. Días después, la UFI N.º 13 de La Matanza detuvo a un menor de 16 años por el hecho y recuperó la cartera en Dock Sud.
También predominaron los enfrentamientos entre delincuentes y agentes de la Policía Bonaerense y de la Policía de la Ciudad. En La Matanza, al menos diez efectivos se batieron a tiros con asaltantes durante enero. El primer caso ocurrió el 3 de ese mes, cuando un oficial de civil fue interceptado por tres ladrones armados en Villa Luzuriaga. El policía abrió fuego y mató a uno, hirió a otro y el tercero se dio a la fuga. A lo largo de las semanas, se contaron ocho delincuentes muertos y tres heridos en distintas balaceras, incluida la de dos motochorros que abordaron a un policía de civil en Villa Madero: uno murió por un disparo y el otro se estrelló contra un auto al intentar escapar.
“Vinieron a golpearnos”: Así fue la agresión a los medios en La Matanza
La cobertura de este último episodio terminó con agresiones a la prensa cuando familiares y amigos de los ladrones muertos enfrentaron a los periodistas que llegaron al lugar. “Fueron directo a golpearnos y lo hicieron porque pudieron”, denunció Ana Ortiz, notera de TN, quien afirmó que los agresores no mostraron temor alguno a los oficiales que presenciaban la escena.
La violencia también alcanzó a los propios miembros de las fuerzas de seguridad fuera de su horario de servicio. En Castelar, dos motochorros asesinaron a Brian Coria, un oficial de la Policía Bonaerense de 34 años que se dirigía a la casa de su novia en una motocicleta Kawasaki Z400. Los delincuentes le dispararon en la zona del coxis, le robaron el vehículo y su pistola Bersa reglamentaria. Días después, se confirmó que uno de los asaltantes muertos en Villa Madero, de 15 años, había participado en ese homicidio, aunque no habría sido el tirador, sino el conductor de la moto. El mismo menor también habría cometido el robo que sufrió el médico Santiago Bos el 14 de enero, cuando lo balearon en el estómago y en la pierna para quitarle su moto y otras pertenencias.
En Moreno, otro episodio trágico ocurrió con Pablo Fernando Bartoli, de 38 años, asesinado de un disparo en la espalda cuando se dirigía a su trabajo en la madrugada. Por el hecho, fue detenido un menor de 17 años que había participado en otro robo de motocicleta la noche anterior en la misma zona de Cuartel V.
La seguidilla de homicidios y robos, sumada a la participación recurrente de menores en los delitos, intensificó el cruce entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y su par bonaerense, Javier Alonso. Wolff exigió medidas más efectivas en territorio provincial, al argumentar que 13 de los últimos 14 policías asesinados en la provincia pertenecían a la Policía de la Ciudad.
Aunque ambos funcionarios se reunieron la semana pasada, el encuentro terminó con reproches públicos. Tras la reunión, Alonso afirmó que “los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos, y la suciedad que invade las calles porteñas se maquillan con estrategias superficiales, como si un perfume pudiera ocultar la falta de soluciones reales para los vecinos”. Además, desmintió la existencia de ataques sistemáticos contra policías porteños.
Wolff respondió con un comunicado donde aseguró que habían acordado trabajar en conjunto, pero luego contestó: “Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas entre políticos”. Y añadió: “2024 fue el año con menor cantidad de homicidios generales y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de haber gobernado PBA 40 años, todavía no entendieron que la gente quiere soluciones, con las chicanas siguen sufriendo la inseguridad. Lo espero para trabajar cuando quiera”.
– El ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff
En este contexto, el asesinato de Lucas Aguilar cobró una dimensión nacional cuando el presidente Javier Milei destacó el accionar del joven y anunció la creación de la Condecoración al Valor del Hombre Común: “Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto. El vendedor ambulante fue apuñalado pero sobrevivió gracias a Lucas, que hizo el sacrificio máximo por un desconocido y entregó su vida para defenderlo”, manifestó el mandatario. La distinción sería entregada a los familiares del joven, quien murió apuñalado por un agresor identificado como Luis Benjamín Benítez, de 36 años, con antecedentes y tres condenas firmes que no le impidieron recuperar la libertad el 16 de abril de 2024.
La secuencia de hechos violentos que se concentró en las últimas semanas incluyó también el caso de Esteban Jesús Maciel, de 29 años, asesinado en Pericles y Pirovano, y el enfrentamiento en Daract y Vicente López, donde un policía de la Ciudad abatió a un joven de 18 años que intentó robarle la moto. Los partes oficiales señalaron que ese delincuente ya tenía antecedentes y una orden de captura vigente.
Pese a las detenciones, las cifras de criminalidad en el Conurbano bonaerense continuaron en aumento durante el primer mes de 2025, con La Matanza y Moreno como principales escenarios de robos, homicidios y la aparición reiterada de menores en el circuito delictivo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.
“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.
El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.
Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.
Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.
“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.
En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.
Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.
De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y RicardoÁlvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.
El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.
La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”
En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.
La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.
Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.
Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.
“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.
Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar”en su nominación como Juez de la Corte Suprema.
De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.
“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,
“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
