Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La portavoz del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, afirmó que el Gobierno no esta trabajando sobre un proyecto de ley que regule los “discursos de odio”. Señaló que, para el tema, “ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de Alfonsín hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen”.
La débil demanda de censura por parte de la militancia K hacia las redes fue demolida por la contraparte, la cual se manifestó preocupada sobre las intenciones del oficialismo para regular la libertad de opinión y de expresión en las plataformas.
Entrevistada en la radio del operador kirchnerista, Roberto Navarro, la vocera de Alberto aclaró sobre afirmaciones que salieron del mismo riñón político, en concreto, las vertidas por el diputado oficialista, Eduardo Valdés.
“Nos pusimos a trabajar en una Ley Micaela contra el odio. Creo que hay que trabajar sobre eso desde las conciencias. Y espero que mi proyecto lo firmemos oficialistas y opositores”, agregó Cerruti.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por Javier Milei, manifestó su desacuerdo con la dirección del partido. En una reciente entrevista en Radio con Vos, el legislador señaló que la política no debería consistir en “quién aplaude más fuerte” y criticó duramente el entorno de Milei, al que responsabilizó de imponer una lógica verticalista y poco democrática.
Casielles, quien acompañó a Milei desde los primeros días de LLA, se mostró especialmente decepcionado con la estructura actual del partido, que, según él, está dominada por decisiones impulsivas y caprichosas que no tienen en cuenta el diálogo interno ni la competencia profesional. “Yo trato de mantener siempre una línea, y el espacio tiene una volatilidad que no me representa”, explicó, subrayando que cada vez encuentra menos coincidencias con el rumbo de LLA, aunque por el momento asegura no haber abandonado el espacio.
El diputado también puso como ejemplo de esta falta de estabilidad la rotación constante de funcionarios en altos cargos del gobierno de Milei, que considera perjudicial para el desarrollo de una política coherente y sólida: “En diez días se fue un Secretario de Energía, un Canciller y quien dirigía la Aduana”.
Casielles no solo lamentó la salida de Mondino, sino que defendió su lealtad y profesionalismo. Según el legislador, la decisión de apartarla se basó en un desacuerdo con el rumbo de la política internacional, un tema sensible para LLA y que, según Casielles, debería discutirse en profundidad en lugar de resolverse mediante “movimientos erráticos”. En sus redes sociales, Casielles manifestó su descontento por la velocidad con la que la Administración cambia sus funcionarios, dejando al descubierto lo que describe como “una ausencia de planificación y una falta de rumbo a largo plazo”.
La situación generó tensiones también en el bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, donde, aunque mantienen una estructura de interbloque, la unidad empieza a mostrar grietas. Casielles describió el espacio como más verticalista que liberal, con una dinámica donde la crítica y el disenso son mal recibidos. “En LLA no hay lugar para gente que piense distinto”, afirmó en una entrevista en el programa “Rosca y Casta”, agregando que la política no puede sustentarse en la lealtad ciega sin un plan de país claro.
Según el legislador, su intención es que el partido construya un proyecto a mediano y largo plazo que permita a Argentina avanzar de forma sólida y estable, con un país “fuerte y eficiente”. Sin embargo, para Casielles, este objetivo se desvanece en un contexto en el que se prioriza la lealtad por encima de las ideas y la competencia. “Si lo que vale es quién aplaude más fuerte, poco podemos construir”, sentenció.
A los recientes 1.500 millones de pesos asignados al canal estatal RTS Televisión Santafesina, ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe suma una nueva resolución que adjudica una suma millonaria a la empresa Amplify SA, propiedad de Juan ManuelAngelini, Federico María Di Benedetto y Marina Hernández. Estos tres empresarios comparten un elemento común: todos ellos fueron funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de Angelini, quien ocupó el cargo de director General de Comunicación Participativa, el 1 de octubre de 2023 ingresó como planta de gabinete de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CACRMP), según se desprende de la resolución SAGYP Nro. 473/23. Durante los últimos años, actuó como aportante en las campañas electorales de Juntos por el Cambio y llegó a administrar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Por su parte, DiBenedetto viene desarrollándose en diferentes cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008: fue coordinador del departamento de Comunicación y Prensa del jefe de Gabinete de Ministros, subsecretario de Comunicación y secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. Además, al igual que Angelini, realizó en diversas oportunidades aportes de campaña al Pro durante los últimos años.
Finalmente, Marina Hernández se desempeñó como subsecretaria de Gestión Comunal de la Ciudad y supo mantener, en numerosas oportunidades, actividades con Larreta principalmente durante la última gestión.
El beneficio fue otorgado por Luis Persello, el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Fe que mantuvo trabajos cruzados en la administración pública durante varios años, tanto en el ministerio de Justicia y Seguridad como en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
A través de una resolución, Persello adjudicó la suma total de 18.600.000 a la empresa Amplify SA, con el objetivo de realizar capacitaciones en técnicas de opinión pública, estrategias de focus group, y relevamientos de datos a través de medios digitales y redes sociales.
La resolución explica que el contrato incluye: “La prestación del servicio realización de capacitaciones en técnicas y metodologías para la opinión pública, estrategias de focus group y relevamiento de datos e información y servicio de realización de capacitaciones sobre uso, alcances y manejo de redes sociales”. Sin embargo, el documento no especifica cómo se implementarán estas actividades ni los resultados esperados.
Según pudo saber REALPOLITIK, Persello prometió al gobernador Pullaro que estos estudios constituirán herramientas útiles para ajustar estrategias políticas y medir el estado de ánimo social, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Y, en paralelo, devolver los favores recibidos en épocas electorales.
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.
Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.
La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.
En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.