TODO UN APARATO JUDICIAL EN CONTRA | Caso Juez Piedrabuena (Parte I)

Diego Piedrabuena, un juez con sentido común, honestidad e independencia que es perseguido por la Justicia de Neuquén.
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El miércoles pasado, Liliana Geldrez (esposa del Juez Piedrabuena), debió presentarse a una audiencia por un pedido de revisión de la decisión del fiscal Manuel Islas en una de sus denuncias, la misma que el fiscal había decidido desestimar, por considerar que no había delito sexual.

El día 12 de diciembre pasado, cuando Liliana fue detenida ilegalmente junto a su esposo, por la policía de Neuquén, fueron llevados a la comisaria Primera (de la Ciudad de Neuquén) y separados al llegar. Sin una orden firmada por el juez de turno, la cabo Leonor Rivera Sosa lleva a Liliana a un cuarto y la obliga a quitarse la ropa, inclusive la ropa interior delante de dos policías hombres. Y procede a manosearla entera, metiéndole la mano dentro de sus genitales innecesariamente, mientras junto a sus dos compañeros se burlaban de la detenida. En su momento, ambos oficiales masculinos niegan a identificarse, tiempo después el Juez Piedrabuena pudo acceder a la declaración de uno de ellos y descubrió que el nombre de uno de los implicados en la requisa ilegal era el oficial Ernesto Colipi y que fue este quien ordenó la requisa.

En otras palabras, el uniformado Colipi admite haber hecho más de lo que Liliana declara, asegura que expuso sus manos sobre la detenida cuando no fue así. Como consecuencia de ambas declaraciones, el Juez Leandro Nieves asegura que eso es una contradicción, cuando lo que tiene que tomar de Colipi es su admisión de haber estado presente en una revisión física cuando la ley se lo prohíbe al tratarse de una detenida femenina.

El fiscal Islas Manuel al recibir una queja por lo sucedido le restó importancia a la situación afirmando que era un procedimiento estándar asegurando que la misma se encontraba justificada porque el corpiño de Liliana tenía unos alambres de metal (todos los corpiños con push up lo tienen, es decir, es normal) y con ellos podía autolesionarse. Siguiendo esta lógica, ¿por qué revisarla sus zonas intimas? ¿por qué obligarla a quitarse toda la ropa? Lo cierto es que no había causa legal para ello. En este momento cabe preguntarse, si está era una medida habitual, ¿por qué al Juez Piedrabuena no le realizan el mismo procedimiento?

¿Qué dijo el Juez Leandro Nieves ? Aseguró que el fiscal Islas estaba en lo correcto, que no había abuso, que los policías actuaron correctamente (no existe la orden de un juez aprobando la requisa, los dos oficiales masculinos no debían estar presente durante la misma y no existía causa probable para la revisión física), y que no existía abuso sexual porque la cabo Rivera Sosa había utilizado guantes durante la revisión.

Liliana tuvo la oportunidad de conversar con el juez Leandro Nieves y esté le pidió que se quede tranquila y le aseguró que su denuncia sería investigada, pero en lugar de ello, la misma fue desestimada y archivada.

Fiscal de la causa, Manuel Islas

Esto que le dijo el juez, solo puede ser explicado por dos hipótesis:

  1. El juez confirmó lo que había resuelto el fiscal, sin saber que había sucedido realmente (de hecho, si ves la audiencia vas a notar que dice que confirma, pero no dice que es lo que confirma); o
  2. Le tomó el pelo, porque lo resuelto por el fiscal era justamente desestimar la denuncia y archivarla, lo cual implica que no se investigue más, es decir, que no puede hacer las dos cosas a la vez.

En Neuquén la Justicia funciona a capricho, no brindan un juicio justo… con todo el aparato del Estado en contra, el Juez Piedrabuena y su esposa Liliana, como miles de neuquinos más, jamás podrán obtener justicia.

Juez de la causa, Leandro Nieves

– Especial para Data24.com.ar –


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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