13 mayo, 2025

Terrorismo periodístico

El terrorismo periodístico progresista es un peligro claro y presente para Argentina y sus ciudadanos. Asusta la naturalidad con la que la ciudadanía toma las reiteradas violaciones a los derechos y libertades.
10 Years Experiences

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*Por: Alfonso Recasens

El objetivo de los medios de comunicación izquierdistas siempre ha sido aterrorizar a los votantes y controlarlos hipnóticamente usando una orquestada programación para inducir temor.

Mike Adams, 2016

En 2010, El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, criticó el artículo del diario Clarín sobre la muerte de una persona por día en accidentes “como terrorismo periodístico que no soluciona el problema”. Durante todo el 2020, los medios de comunicación en Argentina estuvieron pasando imágenes de personas intubadas, en bolsas negras, de personas encerradas, de las calles vacías en todo el país y haciendo conteo de los casos de contagio por covid-19 ¿Esto es generar conciencia o terrorismo? ¿Qué es terrorismo? ¿Quién y cómo se decide qué actos son llamados “terroristas”? ¿Varía esa definición en función de quiénes son los atacantes, las víctimas o el lugar en que se comete el acto?

Raúl Zaffaroni en 2012, “Analicemos lo que se nos está construyendo y veamos cómo se nos manipula y se nos infunden miedos a través de construcciones artificiales de la realidad en nuevas versiones. La historia nunca se repite, pero sí se continúa. Tengamos cuidado con eso“. Cada 15 minutos los grandes medios de comunicación salen con algo nuevo del bicho o la nueva cepa que aterroriza al mundo, afirman que ellos abogan por el amor, la paz y el progresismo, pero cualquier análisis de su contenido lleva a la conclusión de que sus conductores y noteros son periodistas-terroristas. Ellos buscan, fabrican las noticias que son manipuladas para hipnotizar a sus lectores/televidentes y dejarlos aterrorizados por ellas. El FALSO MIEDO es el mantra de los periodistas-terroristas.

Siempre hay alguien que intenta crear una realidad amenazante, caótica, y seleccionar los datos de realidad que nos hacen vivir en un mundo temible, un mundo que te quiere ver pobre, paranoico y comiendo de su mano.

“Si nos remitimos al pasado, el concepto de terrorismo viene del terror de la Revolución Francesa, es decir, del terror perpetrado por el Estado. Solo en décadas recientes el terrorismo se ha entendido como violencia cometida por actores no estatales y la violencia cometida por el Estado ha sido excluida de la idea de terrorismo.”

Lisa Stampnitzky, Disciplinando el terror: cómo los expertos inventaron el ‘terrorismo’

Resulta que ahora no existen más enfermedades, sólo el covid. Juegan con el miedo peor de un ser humano, la muerte y aún peor, la posible muerte de quienes más amas: tus hijos y familiares. En octubre del año pasado, ibas caminando por la calle y lo único que veías eran rostros tristes, desanimados, preocupados, cansados. Hoy la gente entró en un estado de atonía, automatismo, se respira agotamiento, tristeza.

Como en el Medioevo, repuntó el fanatismo intolerante hacia el diferente, hacia aquel que no apoya el confinamiento, hacia aquel que no usa barbijo en la vía pública, hacía aquel que hace ejercicio sin barbijo, hacía aquel dueño de bar que se niega a cerrar a la 1 AM porque sale perdiendo. Al pueblo judío, se le acusó de haber infectado los ríos para causar la peste negra. La desesperación de la ciudadanía hizo que muchas comunidades hebreas fueran devastadas por este odio que desató una persecución irracional encabezada por la iglesia católica.

En pleno encierro, televisión y hogar son un maridaje perfecto. 14 horas de penetración directa de propaganda oficialista. En la sociedad del encierro, el peligro de pisar la calle por que hay un “virus chino”, detenciones, multas, policías nerviosos, en esa tormenta la televisión y las redes sociales son un gran amigo.

Quiero hablarte del spot armado por el gobierno, “LA CUIDADANIA”. Me recuerda mucho a la propaganda durante la 2da Guerra Mundial, donde buena parte del sacrificio ciudadano se encontraba en la vida diaria, en adaptar su estilo de vida. Además de cuanta campaña para hacer sentir a la población parte de algo grande, la oleada de propaganda de odio por parte de los medios de comunicación que son afines al gobierno hacia quienes no comparten la visión del presidente con la pandemia y las restricciones para los ciudadanos.

Esta propaganda termina diciendo “Argentina Unida” ¿dónde? Nunca vi un spot con tanto boludeo por aquel que no actúa como el gobierno quiere. Quizás, hace unos 9 meses atrás mucha gente hubiera repetido feliz cualquier consigna absurda como esta. Leo comentarios de los usuarios en Facebook y todos sorprendidos por la intención agresiva de esta propaganda tratando a la personas como seres despreciables, un relato triste y obsoleto.

La propaganda nace con la necesidad de hacerle creer al pueblo en algo. Para conmover e involucrar a las personas en una causa. Se construye una realidad, donde aquel que no tiene barbijo es un potencial asesino y aquel que tiene el barbijo bien puesto es un héroe. La construcción de una prenda de uso cotidiano y disciplinaria, un ciudadano domesticado y obligado a entregar su libertad. Aislado y colectivizado, convertido en un súbdito. La representación de la sociedad Argentina.

Siempre la culpa es del otro, según el gobierno nacional piensan en la gente y todo lo que hacen es para esconder la mugre que generan día a día los parásitos del Frente de Todos.

El terror se puede sembrar mediante incendios, saqueos en las principales ciudades del país, amenaza de bomba, la liberación de miles de presos que vuelven a donde cometieron sus delitos. Pero hay otras formas menos directas y evidentemente más efectivas, pasan desapercibidas por la mayoría de la sociedad: mediante campañas mediáticas que salen de manera sincronizada en los principales canales de noticias financiados por el gobierno nacional. El terrorismo periodístico progresista es un peligro claro y presente para Argentina y sus ciudadanos. Asusta la naturalidad con la que la ciudadanía toma las reiteradas violaciones a los derechos y libertades.

Estos abusos no pueden seguir ocurriendo. Es momento de animarse a pronunciarse en contra de este plan terrorista sanitario y mediático que nos viene perjudicando desde hace 10 meses, desinformando, metiendo pánico, empobreciendo, enfermando y matando a la sociedad argentina.

Gracias a Rafa Garduño y Silvina Pais por las observaciones.


Redacción

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Peretta denunció “estafa y abandono” en el Polo Farmacéutico de Lugano

El farmacéutico y candidato a legislador porteño Marcelo Peretta (lista Remedios para CABA) acusó a los sucesivos gobiernos de haber convertido en “una estafa” el proyecto del Polo Farmacéutico de Lugano III y IV. La iniciativa, sancionada por la Ley 7168 en 2005 para reunir a empresas productoras e investigadoras de medicamentos, permanece como “un terreno baldío” casi veinte años después.

En un video difundido en redes, Peretta señala las rejas oxidadas que rodean el predio y afirma: “Aquí debía haber 100 productores de medicamentos, pero veinte años después solo hay 4”. Para el postulante, el incumplimiento configura una violación de los deberes de funcionario público previstos en la Ley 25 188 y en el artículo 248 del Código Penal.

El dirigente apunta a una “connivencia” multipartidaria: “Hay connivencia entre macrismo, kirchnerismo y radicalismo, cuyos partidos están financiados por los laboratorios y, a cambio, les congelan este proyecto que traía competencia, producción y trabajo”.

Peretta sostiene que la parálisis del polo encarece el acceso a los medicamentos: “esta es la prueba de que la política está comprada por la industria farmacéutica y, por eso, tenemos los medicamentos más caros del mundo”. Su programa incluye instalar nuevos laboratorios en el predio para aumentar la competencia, obligar a recetar por nombre genérico y sancionar a los médicos que prioricen marcas comerciales por “intereses económicos” y limitar la publicidad engañosa y cortar el financiamiento empresario a la política.

“Vamos a abrir más laboratorios para generar competencia y cortar el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros. Tengo conocimiento, experiencia y valentía para enfrentar a las corporaciones y aliviar a los porteños”, aseguró.

Redacción

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El Gobierno rescindió un contrato millonario con la obra social rural y apunta contra la conducción sindical

La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) resolvió cancelar un convenio que desde 2007 mantenía con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), destinado a operar alrededor de 500 bocas de expendio en todo el país. La decisión se tomó luego de considerar que el sistema era ineficiente, carecía de controles adecuados y representaba un gasto mensual de cerca de $700 millones.

El contrato en cuestión habilitaba un esquema presencial de entrega de vales médicos a través de oficinas gestionadas por el sindicato. Según el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, ese mecanismo era “obsoleto, opaco y costoso”, y su finalización permitirá destinar los fondos directamente a mejorar la atención médica de los más de 760.000 afiliados rurales.

– Marcelo Petroni

La intervención fue ordenada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023 con el objetivo de sanear la obra social. En los primeros informes de auditoría se detectaron irregularidades administrativas y financieras graves: una deuda cercana a los $100.000 millones y un déficit mensual de más de $4.000 millones. El informe también señaló sospechas de fraude, desvío de fondos y falta de trazabilidad en la gestión anterior.

Los resultados de la auditoría fueron presentados a la Justicia. Desde hace meses, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga al secretario general de UATRE, José Voytenco, quien fue embargado y tiene sus cuentas bancarias inhibidas por presunto lavado de activos y manejo irregular de fondos sindicales.

Voytenco, opositor al Gobierno, rechazó los señalamientos y calificó la intervención como una operación política. Desde el sindicato alegaron que, durante los casi 60 días en que recuperaron el control de OSPRERA en 2023, habían logrado implementar mejoras en la gestión. Sin embargo, el Gobierno volvió a intervenir la obra social poco después.

Petroni aclaró que la rescisión del contrato no afectará a los trabajadores de planta de OSPRERA, quienes continuarán en sus puestos. El nuevo modelo de atención incluirá telemedicina, atención personalizada mediante call center y entrega digital de vales a través de las delegaciones oficiales, con control y trazabilidad directa por parte de la obra social.

Este esquema descentralizado busca garantizar una atención médica más equitativa, moderna y eficiente, eliminando la dependencia de intermediarios sindicales. “Lejos de ser un recorte, es una transformación que apunta a una mayor transparencia y mejor acceso para los afiliados”, sostuvo el interventor.

En paralelo, el Gobierno también pidió judicialmente la intervención del sindicato UATRE por supuestas irregularidades en su congreso general ordinario realizado en noviembre de 2023, donde se aprobó la memoria y balance y se reafirmó el liderazgo de Voytenco. La medida fue impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.No obstante, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno. En su fallo, los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva destacaron que la justicia no puede intervenir en conflictos internos entre afiliados y dirigentes, en resguardo de la autonomía sindical.

Redacción

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Avanza en Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.

El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.

La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.

La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.

Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín, cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.

Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad. 

El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.

Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.

Redacción

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Marra propuso un mega operativo policial en las villas para enfrentar a la delincuencia

En un video publicado en sus redes sociales, Marra denunció que las villas son el principal foco de inseguridad en CABA, un problema que el Gobierno porteño no ha sabido resolver. “OPERATIVO CERROJO EN TODAS LAS VILLAS”, afirmó el legislador, exigiendo controles fijos y móviles, requisas y respaldo legal a las fuerzas de seguridad para proteger a los porteños.

El candidato detalló que los puntos de control en cada entrada de las villas incluirán detectores de metales y revisiones exhaustivas, mientras que operativos móviles actuarán dentro de los barrios para desmantelar redes de narcos y delincuentes. Marra señaló que hoy en día los robos en la Ciudad terminan con los celulares localizados en las villas, una situación que su plan busca erradicar. “Los chorros y los narcos se esconden detrás de la gente honrada; es hora de que el miedo lo tengan ellos, no la gente de bien”, lanzó Marra, criticando la impunidad que permite que estas mafias operen.

El video, que acompaña un tweet viral, genera debate sobre la necesidad de actuar con firmeza frente a un problema que afecta la seguridad de toda la Ciudad. Marra advirtió que, de no tomarse medidas drásticas, CABA podría convertirse en una “gran villa miseria”. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, cerró el candidato, reafirmando su compromiso con una CABA más segura y ordenada para todos.

Redacción

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Un indigente frenó a Marra y le dijo: “YO TE VOTO… no quiero más estar en la calle”

El candidato a legislador porteño por la UCeDé, Ramiro Marra, fue interpelado durante una recorrida de campaña por un hombre en situación de calle que le planteó de forma directa su realidad. El diálogo, breve pero contundente, giró en torno al lenguaje utilizado por Marra y la falta de respuestas concretas para las personas que viven en la vía pública. “Como a vos te gusta hablar, vos tenés que escuchar”, dijo el hombre, y cuestionó el uso del término “fisura” para referirse a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Eso es discriminar”, remarcó.

Marra negó que sus palabras tuvieran una connotación discriminatoria y sostuvo que se trataba de “conversaciones” que mantiene con distintas personas en condiciones similares. Sin embargo, el hombre insistió en su reclamo, visiblemente afectado por lo que considera una mirada estigmatizante. Aun así, expresó cierta esperanza en el diálogo político: “Sabés que me encanta tu forma de ser. Si hablás así, yo te voto”, afirmó.

El momento más sensible del intercambio llegó cuando el hombre confesó: “Estoy pidiendo ayuda porque no quiero delinquir. No quiero más estar en la calle”. En este contexto, volvieron a cobrar relevancia las anteriores declaraciones de Marra, en las que propuso la implementación de multas o detenciones para quienes duerman en la vía pública, bajo el argumento de que “las normas de convivencia, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error”.



Redacción

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Frigerio anuló 770 “contratos truchos” y exigió recuperar los millones de pesos robados por la corrupción peronista

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.

La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.

Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.

– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares

Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.

El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.

El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.

En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.

Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.

Redacción

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