15 enero, 2025

SUBVERSIÓN | Luego del encuentro con Alberto, los mapuches incendiaron maquinarias viales

El violento incidente se desató en Villa la Angostura y los actos fueron autoadjudicados por la RAM en una nota que dejaron el lugar de los hechos: "Libertad o muerte".
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Esta semana el Presidente fue sorprendido por un grupo de mapuches quienes se presentaron en un acto de inauguración para exigirle la liberación de las mujeres que fueron arrestadas en el operativo de desalojo en Villa Mascardi. Tras la inauguración del hospital que fue a presentar y finalizado el acto, Alberto Fernández decidió aprovechar su visita en la provincia de Neuquén y reunirse con la comunidad mapuche que irrumpió en su evento.

Si bien el contenido de la reunión no trascendió, sí se supo que uno de los integrantes de la comunidad le dio una carta al Presidente donde, entre otras cosas, volvía a insistir con la liberación de las “presas políticas”. El mandatario ignoró esa petición y consideró que con una reunión y mostrándole apoyo públicamente seria suficiente. No obstante, este viernes su supo que no fue así.

El viernes pasado, otro grupo atentó contra dos máquina viales que pertenecen a un centro invernal ubicado en las inmediaciones de Bariloche, las cuales eran utilizadas para el despeje de caminos

Este viernes a la madrugada cuatro integrantes de la RAM sorprendieron al sereno de un obrador en Villa la Angostura, se violentaron contra él e incendiaron cuatro máquinas viales. Seguidamente el foco fue trasladado intencionalmente a un tráiler que era utilizado para la construcción de una ruta, en uno de los accesos a la localidad neuquina.

La situación tuvo lugar este viernes a las 1.30 de la madrugada, los bomberos y las fuerzas de seguridad pudieron constatar que se trató de un ataque intencional, dado que en el lugar de los hechos el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) habían dejado una carta adjudicándose la situación. Luego de una hora de combate contra el fuego, los bomberos pudieron controlar las llamas.

La carta que dejaron en el lugar de los hechos

Este mismo viernes se inició la investigación para dar con los responsables. Los investigadores del Ministerio Público Fiscal y la Policía neuquina incautaron varios elementos como líquidos inflamables y combustibles, aunque claramente el texto manuscrito es la principal evidencia del caso.

El sereno -que resultó ileso- debió abandonar el lugar y fue allí cuando los atacantes comenzaron a incendiar varias máquinas viales que eran utilizadas para la construcción de la ruta de Circunvalación, que está en plena obra. El fiscal Adrián Lillo está al frente de la investigación y junto a efectivos de la comisaria 28º de Villa la Angostura buscan elementos clave para identificar a los atacantes. Por su parte, el fiscal José Geréz anunció que viajará en las próximas horas a la localidad para ponerse a trabajar junto a Lillo.

Los mapuches también le pidieron al Presidente no finalizar con las obras del Gasoducto Néstor Kirchner

QUÉ DECÍA LA CARTA DE LOS MAPUCHES

La carta que le brindaron al Presidente le advertía acerca del avance de las obras de gasoducto y , -entre lineas- intentaba evitar la finalidad de la misma.

“Usted, como autoridad máxima del Estado debe acompañar y garantizar derechos básicos y necesarios como salud, agua y un ambiente sano. También obligaciones que le indica la Constitución, el derecho internacional y el fallo reciente de la Corte Suprema de Abril del 2021. Este fallo le exige cumplir con la aplicación de la Consulta Indígena en todo proyecto que afecte nuestra vida cultural comunitaria. De no ser aplicado, Vaca Muerta o el ducto a inaugurar será una obra ilegal, sostuvo el wuerken de la zona Xawvn Ko, Gabriel Cherqui, quien escribió la carta y se la dio a Alberto Fernández.

Redacción

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Un escandaloso audio expone a Santillán ofreciendo convertir un club en SAD con acuerdos con Cúneo y la IGJ

Un escandaloso audio difundido esta semana por el portal especializado Doble Amarilla involucró a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un presunto intento de tráfico de influencias para convertir al Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la grabación filtrada, Santillán aseguró tener “todo arreglado” con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para garantizar la celeridad del trámite.

El material en cuestión proviene de un diálogo de Whatsapp ocurrido el 12 de julio entre la legisladora y el periodista Juan Cruz Sanz, quien ocupa el rol de presidente ejecutivo del club del sur desde octubre de 2023. “Es un trámite que lo llevamos con Cuneo Libarona, habilita a la inversión extranjera, viene a ser como un fideicomiso lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA como Arsenal”, señala Santillán en el audio.

EL POLÉMICO AUDIO DE SANTILLÁN

Santillán le propone a Sanz que le presente “una nota, no de intención, pero de consulta ante la Inspección General de Justicia. Tenemos a los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol, esa es una de las partes”. 

“Tenemos que tener dos partes: la interesada en invertir y la parte que recibe la inversión”, explica Santillán y le asegura que el camino está allanado. “Obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”.

En su relato, Santillán asegura a Deportivo Bancruz que tenían “todo armado” para que el club que iniciara el trámite no pudiera tener ninguna sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino: “La AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita. Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”.

– Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roque Vítolo (titular de la Inspección General de Justicia)

En otra parte del audio revela que el pedido lo hace alineada con el presidente de la Nación Javier Milei. “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”.

Consultada por el diario La Nación, la diputada oriunda de Mar del Plata confirmó que el audio existió pero negó la existencia de presión política: “Yo tengo la conversación completa, la que es prueba documental si la justicia lo requiere. Juan Cruz Sanz se presentó ante mí como presidente de un club, pidiéndome asesoramiento, anteriormente también había hablado con (Daniel) Scioli y (Julio) Garro. Le respondí las consultas y asesoré según sus inquietudes”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, prefirió el silencio y no dio declaraciones.

– El periodista y presidente del Club Social y Deportivo Bancruz, Juan Cruz Sanz

En redes sociales, Santillán respondió a las críticas asegurando que su gestión busca “modernizar un sistema quebrado” y promover la inversión privada como motor de crecimiento.

En un extenso posteo publicado en X, la diputada afirmó: “Un dirigente me contactó desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra el miedo que le tienen a las SAD y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la modernización de un sistema quebrado, que quebró la dirigencia que conduce la Liga Nacional del Fútbol Argentino”. Además, defendió la iniciativa impulsada por el gobierno, afirmando: “No hay ningún rédito personal en mi gestión, más que cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la Argentina en otro nivel, en el camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección. Es lo único que hay, y lo vamos a lograr”. 

El periodista Juan Cruz Sanz también aportó detalles sobre el contexto que lo llevó a mantener diálogos con Santillán. “Asumí con la intención de buscar fondos para revivir el club, que pueda volver a ser lo que fue, y así solicité ayuda a Daniel Scioli, ya como funcionario de este gobierno. Él me derivó a Julio Garro (ex subsecretario de Deportes), con quien me contacté dos semanas antes de que Milei lo echara del cargo”, explicó el presidente del Club Bancruz, al reconstruir la previa de su contacto con Santillán.

– El comunicado de Club Social y Deportivo Bancruz, publicado ayer en X

“Cuando a Garro lo echan, sigo la conversación con Santillán, siempre en la búsqueda de encontrar sponsor para revivir al club. Sabía que ella tenía llegada en el sector y lo primero que me pide es que el club debía convertirse en SAD. Yo estoy en contra de esa idea y el club también, pero decidí seguir la corriente, como periodista, para ver qué eran capaces de hacer”, agregó Sanz, quien desde el año pasado se alejó de los medios y actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Consejo Federal de Fútbol.

El dirigente también relató que tuvo una reunión con Juan Cruz Martínez, abogado de Santillán. “Hablo con la AFA y aviso que voy a seguir hablando con ella. Le seguí la corriente para que me sienten con los supuestos inversores, pero eso nunca ocurrió. Me pedían que armemos los papeles y todo el tiempo me decían no queremos nada”, detalló.

Finalmente, Sanz vinculó lo sucedido con Santillán a otros movimientos similares en el fútbol argentino. “Cuando pasa lo de Estudiantes, digo: están haciendo lo que me proponían a mí que haga con Bancruz, y por eso decido difundir el audio. Ahora debe investigar la justicia”, afirmó el presidente ejecutivo del club, que actualmente participa en la Liga de Fútbol Sur y cuenta con licencia deportiva para disputar el Torneo Regional Amateur.

Redacción

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Villarruel pidió una sesión navideña para bajar las dietas (de casi $10 millones) a los senadores pero hasta los libertarios se oponen

Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.

El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.

El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.

Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.

Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.

Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.

Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.

La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.

De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.

En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.

Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.


*Fuente: La Política OnLine

Redacción

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¡ESCÁNDALO! | Frigerio reveló que la obra social de Entre Ríos pagaba sueldos de $16 millones y la deuda asciende a $42.000 millones

En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores Mariano Gallegos y Marina Alegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo. Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.

La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.

Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.

Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.

En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.

Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.

El golpe a los afiliados

Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre. Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.

Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.

Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.

Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.

“La eficiencia administrativa es esencial

Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.

Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.

Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.

Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.

Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.

Redacción

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Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar

A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.

A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.

Silencio forzado y caza de filtraciones

Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.

La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.

El entramado judicial y los nexos locales

El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.

Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas

El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.

Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.

Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.

Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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Eugenio Casielles criticó la prórroga del Fondo Nacional de Turismo y apuntó contra Scioli

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.

En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.

El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.

Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.

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Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.

Redacción

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Desde 2027, Entre Ríos implementará la Boleta Única y ahorrará $1.500 millones: “Es un salto de calidad democrática”

Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.

La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.

El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.

La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.

Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.

La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.

Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.

Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.

La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.

El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

Redacción

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