Soledad acuña denunció a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas y los obligará a pagar los daños
Tras la toma del colegio Mariano Acosta, el gobierno de la Ciudad optó por no hacerle pagar los daños a los contribuyentes y apuntó a los responsables de los menores.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
$1.5 millones por día por la toma del colegio
La elevada cifra que solicitó el Gobierno de la Ciudad a los padres y tutores de los alumnos que tomaron más de 5 escuelas porteñas se dio a conocer este miércoles a la tarde, tras las contundentes declaraciones de la ministra de Educación en LN+.
Soledad Acuña apuntó contra los legisladores del Frente de Todos y profesores K, a quienes les atribuye la organización de la toma y también a quienes acusó de armar un “manual de tomas” para decirles “los discursos deben sostener y las reivindicaciones que tienen que sostener”. En el transcurso de la entrevista con Eduardo Feinmann, también afirmó que “los autores intelectuales” son ellos -refiriéndose al oficialismo-, “claramente sí, por los propios dichos de los estudiantes, ellos comentan”. Y también detalló que “algunos docentes que han estado bajando linea e incentivando esto“.
Pintadas y leyendas en los baños del colegio Mariano Acosta: El conflicto entre los centros de estudiantes simpatizantes de la izquierda y el gobierno porteño sigue escalando. Este martes, la ministra de Educación denunció que los alumnos del colegio que iniciaron la toma, vandalizaron el establecimiento durante la ocupación.
“Es una obra que hicimos en el 2020, invertimos en la escuela porque los baños estaban destrozados por vandalismo, entonces se puso todo nuevo y hoy los baños están nuevamente destrozados y vandalizados“, señaló Acuña.
La toma del colegio Mariano Acosta inició el pasado viernes por la tarde y se extendió hasta este martes por la mañana. Este lunes los estudiantes resolvieron en asamblea levantar la ocupación para que se reanuden las clases en jardín y primaria, pero, en cuanto a la secundaria optaron por permanecer en vigilia nocturna y luego cerrar la protesta con un abrazo simbólico a la institución.
Con respecto a la toma y a los daños ejecutados, la ministra de Educación señaló a los padres de los alumnos que tomaron la institución como responsables y los denunció para que afronten los gastos correspondientes que se desprenden de estos daños.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exige mayores contribuciones bajo el argumento de mejorar áreas clave como la seguridad, la educación y la salud, aunque los resultados hasta el momento muestran un deterioro evidente en estos sectores.
En el marco de una nueva licitación pública, identificada como LPU-0003-2024, el gobierno de Axel Kicillof adquirió un puñado de camiones con cabina dormitorio y caja volcadora trasera, versión diésel. La justificación oficial es la necesidad de atender ciertas problemáticas operativas.
La apertura de ofertas se llevó a cabo en la dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales, en la sede de la capital provincial. Sin embargo, lo que promete generar indignación entre los bonaerenses, quienes luchan por llegar a fin de mes, es el exorbitante costo de la licitación, que asciende a 1.489.681.440 de pesos, financiados con los impuestos de los bonarenses.
La inversión irá a parar a tres distritos ultrakirchneristas: Pilar, donde gobierna Federico Achával(hijo del empresario K, Federico De Achával, accionista mayoritario de Hipódromo Argentino de Palermo SA); Mercedes, cuyo intendente es Juan Ustarroz(hermano de crianza de Wado de Pedro); y Luján, distrito conducido por Leonardo Boto(quien viene de instaurar una tasa municipal al combustible del 1,55 por ciento).
De acuerdo con consultoras privadas, la imagen positiva del gobernador Kicillof ha disminuido considerablemente. En un contexto económico crítico, los elevados gastos y la falta de resultados tangibles incrementan el descontento de la población, que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos mientras el mandatario bonaerense utiliza a la provincia como trampolín para sus aspiraciones personales.
La polémica diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, es parte de una nueva controversia: Un decreto emitido el 16 de marzo de 2018 por la Municipalidad de Huinca Renancó, localidad cordobesa donde es oriunda, constata que la legisladora fue beneficiaria de un subsidio.
El documento especifica que Ponce recibió una “ayuda socioeconómica reintegrable con trabajo social comunitario”, a realizar “en cualquiera de las Áreas bajo responsabilidad del Municipio, sin generar precedentes de relación laboral” con la Municipalidad. En el Decreto Nº 125/2018, figura su nombre entre el de varios beneficiarios, junto a su respectiva información personal, domicilio y número de DNI.
El documento público lleva la firma del abogado Oscar Elías Mario Saliba, entonces intendente por parte de la Unión Cívica Radical. Ocupó ese puesto de manera ininterrumpida desde 2001 hasta 2023, cuando pasó a integrar la Legislatura de Córdoba.
Fuentes de Huinca Renancó expresaron que “el plan social era para ayudar a los vecinos de Huinca, sin embargo, en esa época, ella (por Ponce) estaba en Córdoba Capital. Hasta ahora nunca se demostró la contraprestación” que detalla el documento.
Además, la misma fuente agrega: “Lo polémico es que el padre de Celeste era funcionario de esa gestión (la de Oscar Saliba) que le otorgó el plan social. Y su situación económica no es vulnerable, para empezar, ellos tiene, aquí en el pueblo, tres lujosas propiedades. Una de las viviendas cuenta hasta con una piscina”.
Según expresa en su biografía oficial, volcada en la página de la Unicameral, Saliba (el ex intendente radical) ocupa cargos en en el Estado cordobés desde 1985, año en el que se desempeñó como secretario privado del Presidente Provisorio de la Legislatura provincial.
UN PUESTO EN EL ESTADO PARA EL PAPÁ DE LA DIPUTADA “LIBERTARIA”
La familia Ponce también aparece vinculada a la actual gestión de gobierno. Ana Lucía Bolaño, la actual intendente de Huinca Renancó, contrató a Ricardo Ismael Ponce, padre de María Celeste, como Encargado del Área de Tránsito.
Cabe destacar que las direcciones de domicilio registradas en los decretos de María Celeste y Ricardo Ponce coinciden, es decir, se trata de la misma casa.
La contratación de Ricardo Ponce fue oficializada a través del Decreto N° 090/2024, con las firmas de la intendente y la secretaria de Gobierno, el 26 de enero del corriente año. Según consta en el documento, Ponce padre recibió un salario mensual superior a los $400 mil entre enero y julio de 2024, alcanzando en abril casi los $520 mil.
Según fuentes periodísticas locales, el ingreso del padre de la diputada nacional al Estado municipal de Huinca Renancó se dio luego de una visita que Celeste Ponce realizó exclusivamente (principios de enero de este año) a su pueblo para reunirse con la intendente Bolaño, para conseguirle el puesto estatal a su padre y a otro familiar.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
*Columna de opinión por: Walter Klix. Director nacional del @Minseg – Presidente de Fundación @proyectar_arg – Consultor y militante PRO
La política, en Argentina más que en otros países, suele correr al ritmo de la adrenalina que le inyecta la ansiedad de quienes la practican a diario. Pero también de quienes esperan muy pacientemente los resultados de las promesas de campaña.
Probablemente en las últimas 15 o 20 elecciones hayamos escuchado a los candidatos de distintos partidos políticos prometer que van a bajar la inflación, que van a bajar los índices de inseguridad y que van a terminar con la corrupción.
¿Por qué el relato es tan repetitivo? Básicamente por algo que suele decir el actual Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La administración argentina fue tan mala, que ni siquiera fuimos capaces de generarnos problemas o desafíos nuevos. Y es así, hace al menos 30 o 40 años que Argentina tiene inflación, inseguridad y corrupción.
Con estos precedentes, Javier Milei, quien preside actualmente el país atacando de lleno estas tres arterias y con algunos indicios de mejora en todas ellas, tiene en jaque electoral a toda la oposición, la cual indudablemente transita una crisis general luego de 20 años de un modelo y grieta política qué dominaron la atención del sector.
Por eso pareciera normal que se empiece a hablar de las elecciones del año 2025, para las cuales faltan exactamente un año, tiempo suficiente para que en un país como Argentina cambie absolutamente todo.Aun así, me animo a afirmar que el oficialismo va a triunfar en las elecciones del año que viene, principalmente por la debacle de la oposición y muy al margen del rumbo del gobierno.
El Peronismo con una interna qué no se veía desde antes de la llegada del kirchnerismo. El Radicalismo sin entender los mensajes de la sociedad jugando nuevamente a las internas para que emerja un vencedor qué jamás validará el pueblo. El PRO, partido al cual pertenezco desde sus inicios, proponiendo una renovación qué no se da ni en la práctica, ni en sus nombres ni en sus formas.
Dicho esto, y afirmando que el partido o frente electoral que apoye el Presidente Milei va a ganar las legislativas del 2025, es importantísimo darle la entidad necesaria a ese acontecimiento, principalmente en la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Muchos dirán que puede ser el final del Peronismo/Kirchnerismo y fácilmente podríamos demostrar que no es así.
Soy del PRO (de sus ideas), y por ende me abrazo a los números. El Peronismo ha perdido las últimas cuatro elecciones legislativas y erróneamente en todas se los dio por muerto para las presidenciales siguientes. Repaso En 2009 un, para ese entonces, desconocido Francisco De Narváez encabezaba una lista de un frente electoral llamado “Unión Pro” con el acompañamiento de Macri y Felipe Solá, entre otros, y le ganaría ajustadamente a la lista testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, que para ese entonces era un Kirchnerista en crecimiento.
El frente electoral triunfante se desintegró, y dos años después Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. En 2013, un Sergio Massa qué venía a prometer celdas para los ñoquis de La Cámpora, sus ex aliados, enfrentaba al candidato del oficialismo, Martin Insaurralde. La cómoda victoria del tigrense daba por sentado un futuro auspicioso en las elecciones de 2015. Nuevamente, quienes fueron juntos en las elecciones legislativas fueron separados en las ejecutivas y dividieron votos, en este caso Macri y Massa. Reñida victoria de Scioli en las generales, y ajustadísima derrota luego vs Macri 51-49 en el balotaje.
Aquí si se instaló la idea de que el kirchnerismo sin “fierros” pasaría a la inevitable desaparición. Más aún, cuando en 2017 la propia Cristina Fernández caería derrotada frente a Esteban Bullrich. Sin embargo, dos años después lo que parecía inimaginable sucedió. Massa se olvidó de sus rencores con los ñoquis de La Cámpora, Cristina escondió su orgullo a cambio de no ir presa y Alberto Fernández vio la oportunidad de su vida. Resultado aplastante en las PASO qué definió anticipadamente la elección y eyectó por las nubes el dólar y el riesgo país durante 4 meses.
Por último, victoria ajustada pero victoria al fin de Santilli sobre Tolosa Paz. Dos años después, ambos frentes cayeron derrotados ante la figura renovadora de Javier Milei. En resumen, el Kirchnerismo perdió el 100% de las elecciones legislativas de los últimos 15 años. Sin embargo, lejos de desaparecer como frente político fueron capaces de volver al poder más de una vez.
Quienes participamos activamente de todo este proceso que acabo de detallar, y más aún quienes vivimos en carne propia el regreso del Kirchnerismo al poder en el 2019, tenemos la posibilidad de afirmar que el pragmatismo Peronista le ha ganado por goleada a la arrogancia y soberbia de los sectores que lo enfrentaron. Principalmente en el partido al cual aún pertenezco.
Aquellos que deseamos que el rumbo político y económico actual se sostenga en el tiempo, debemos ayudar a nuestros líderes a que entiendan tres cosas: 1. Ganarle al Kirchnerismo el año que viene es prácticamente una misión obligada. 2. Esa eventual victoria no implica absolutamente nada más que un número x (equis) de diputados y senadores. 3. Si no dejamos de lado el ego, ellos van a volver.
La política argentina necesita imperiosamente qué La Libertad Avanza y el PRO entiendan que no hay margen para ir separados el año que viene, incluso cuando en términos electorales tal vez convenga quedarse con las 3 bancas del senado en algún distrito. LLA y el presidente Milei deben asumir con altura y humildad el liderazgo de un nuevo frente electoral. Macri, Bullrich y el PRO deben asumir que quien gana conduce, y que en este momento toca acompañar. Con seguridad el Peronismo hará su parte, y dejaran sus diferencias de lado al menos por unos meses. Es ahora el momento en el que hay que ser más Peronistas que nunca a la hora de los acuerdos a mediano y largo plazo.
El desenlace de un 2025 no implica un correlato a futuro, pero sin dudas marcará un rumbo hacia un nuevo horizonte en la política argentina qué puede tomar envergadura de manera definitiva o en este caso sí, desvanecerse rápidamente ante el aparato político más ambicioso de poder que se haya conocido en América latina, solo comparable con el PRI del siglo XX.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…