Viejo ardid de la política más rancia, los sobreprecios en las licitaciones se transformaron desde hace años en moneda corriente, en una herramienta para obtener dinero rápido que seduce al empresario que paga y al funcionario que cobra.
En el mes de abril, cuando la pandemia daba sus primeros pasos en Argentina y la cuarentena comenzaba a afianzarse, un escándalo de sobreprecios sacudió los cimientos del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En una compra masiva de alimentos que tenía el objetivo de paliar las dificultades de los estratos más vulnerables ante los efectos del aislamiento, el ministro Daniel Arroyo aprobó una compra que sobrepasaba en varios millones de pesos el monto real de los productos.
La noticia provocó un sismo tal en el gobierno de Alberto Fernández que inmediatamente se inició una caza de brujas en más de cuarenta organismos del estado en busca de cualquier irregularidad en las compulsas públicas. Las investigaciones no fueron precisas, se terminó sumariando y despidiendo a funcionarios de segundas y terceras líneas y los responsables directos, como suele suceder, quedaron impunes.
Tan impunes, que volvieron al ruedo. Recientemente, el ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, a cargo del camporista Andrés Larroque, se lanzó a una contratación directa de emergencia, la 369-0084-CDI20, para la compra de bolsones de alimentos.
La misma, según pudo averiguar REALPOLITIK, esconde un grosero sobreprecio. Acorde al pliego, el ministro Larroque, hombre de estrecha confianza del gobernador Axel Kicillof, aprobará el pago total de $13.075.920 por un total de 3.600 módulos alimentarios, compuestos de desayuno y almuerzo, que tendrán como destino la dirección de Unidades de Desarrollo Infantil.
En forma individual, la provincia gastará unos $3.632 por módulo. Sin embargo, un análisis pormenorizado del costo de los productos que contienen da un resultado mucho menor. Consultado por REALPOLITIK, el propietario de uno de los comercios mayoristas más reconocidos de la ciudad de La Plata, aseguró que “si una persona común y corriente quiere comprar los productos que figuran en el pliego, gastaría unos $1.400, lo que implica un 38% de lo que la provincia va a pagar. Pero a esto hay que agregarle que los que compiten para ganar la licitación son empresas que consiguen los productos aún más baratos, por lo que el costo final debe rondar los mil pesos”.
De este modo, el costo real de cada uno de los módulos alimentarios se encontraría entre los $1.000 y los $1.400, mientras que la provincia pagará hasta un 280% más por los mismos productos, en una evidente maniobra de corrupción y sobreprecios.
Otra mancha más, para una gestión que ha hecho una bandera de las licitaciones polémicas.
*Fuente: REALPOLITIK
