Sobreprecios en una millonaria licitación de computadoras del jefe de Gabinete, Carlos Bianco
Bianco lanzó una compulsa pública para comprar cuarenta y tres notebooks nuevas para sus funcionarios, y las cotizó a un precio que, según los comerciantes del rubro, es más del doble de su valor real...
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En las últimas horas, empresarios, comerciantes y autónomos de toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo colegios privados y emprendedores de todo tipo, salieron al cruce del gobierno de Axel Kicillof, reclamando la suspensión de las restricciones impuestas por la gestión bonaerense siguiendo lo establecido en el decreto nacional publicado por el presidente Alberto Fernández.
Las nuevas medidas dejaron un amplio abanico de actividades económicas en la provincia de Buenos Aires al borde de la quiebra. Sólo en el caso de los gastronómicos, que fueron uno de los rubros más golpeados durante el 2020, la obligación de cerrar a las 19.00 y sólo poder atender en lugares abiertos les quita más del 50 por ciento de la capacidad y los mantiene cerrados en el horario de mayor venta. “Es el tiro de gracia”, aseguraron a REALPOLITIK desde PULPA, la cámara que los nuclea.
En este escenario, lejos de mantener una imagen de austeridad que se solidarice con la situación por la que están atravesando las pymes bonaerenses, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se despachó con la licitación pública N°30-0042-LPU21, a través de la cual gastará 10.412.063 pesos en notebooks nuevas.
Acorde al pliego, las mismas serán destinadas “para uso de agentes que se desempeñan en diversas dependencias” de la jefatura de Gabinete. Bianco se propuso comprar 18 notebooks standard, 2 portables y 23 “advanced”. En total, serán cuarenta y tres computadoras a un precio promedio de 242 mil pesos cada una.
Según diversos comercios y proveedores dedicados a la informática, “en líneas generales el precio de éste tipo de computadoras oscila, en promedio, entre los 90 mil y los 120 mil pesos, algo menos de la mitad de lo que está dispuesto a pagar el jefe de Gabinete”.
*Fuente: REALPOLITIK
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El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, SantiagoCaputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
– Héctor Daer
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); RobustianoGeneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); LuzMarinaJaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exige mayores contribuciones bajo el argumento de mejorar áreas clave como la seguridad, la educación y la salud, aunque los resultados hasta el momento muestran un deterioro evidente en estos sectores.
En el marco de una nueva licitación pública, identificada como LPU-0003-2024, el gobierno de Axel Kicillof adquirió un puñado de camiones con cabina dormitorio y caja volcadora trasera, versión diésel. La justificación oficial es la necesidad de atender ciertas problemáticas operativas.
La apertura de ofertas se llevó a cabo en la dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales, en la sede de la capital provincial. Sin embargo, lo que promete generar indignación entre los bonaerenses, quienes luchan por llegar a fin de mes, es el exorbitante costo de la licitación, que asciende a 1.489.681.440 de pesos, financiados con los impuestos de los bonarenses.
– Achával (Pilar), Ustarroz (Mercedes) y Boto (Luján)
La inversión irá a parar a tres distritos ultrakirchneristas: Pilar, donde gobierna Federico Achával(hijo del empresario K, Federico De Achával, accionista mayoritario de Hipódromo Argentino de Palermo SA); Mercedes, cuyo intendente es Juan Ustarroz(hermano de crianza de Wado de Pedro); y Luján, distrito conducido por Leonardo Boto(quien viene de instaurar una tasa municipal al combustible del 1,55 por ciento).
De acuerdo con consultoras privadas, la imagen positiva del gobernador Kicillof ha disminuido considerablemente. En un contexto económico crítico, los elevados gastos y la falta de resultados tangibles incrementan el descontento de la población, que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos mientras el mandatario bonaerense utiliza a la provincia como trampolín para sus aspiraciones personales.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
Karina Milei mandó a medir la intención de voto del vocero Manuel Adorni en Provincia de Buenos Aires con la clara intención de bloquear la candidatura de José Luis Espert, empujado por el presidente para encabezar las listas libertarias en ese distrito en 2025.
Fuentes de Casa Rosada revelaron que la hermana del Presidente piensa en el vocero, a pesar de que su figura se medía para competir en Capital Federal. Desde el Congreso, en tanto, confirmaron que Adorni es platense, punto a favor para candidatearse en suelo bonaerense.
Adorni hizo la secundaria en el colegio San Luis y trató sin éxito de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata como economista. La exigencia de esa carrera lo obligó a cambiarse a la UADE para terminar como contador.
Varios medios, ya habían informado en junio pasado que Karina ubicó a su armador, Sebastián Pareja, como presidente del partido La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, una vez que la Justicia le otorgó el reconocimiento provisorio al sello. Esa maniobra le serviría para frenar la candidatura de Espert, catapultado por el propio Jefe de Estado como primer candidato a diputado en esa jurisdicción para el año próximo.
En el oficialismo es un secreto a voces que Karina desprecia profundamente al economista pero es Milei quien lo venera y lo llama “profe” en público. “Lo loco es que Espert, en privado, dice barbaridades de Milei pero Milei es el único que lo sostiene”, dijeron.
La bronca de la secretaria general de la Presidencia con Espert derivó en la evaluación acerca de la posibilidad de que fuera ella misma quien encabezara la boleta bonaerense en las elecciones de medio término.
Karina, Lule Menem y Pareja estudiaron a cada paso la forma de frenar la candidatura del diputado que preside actualmente la comisión de Presupuesto en la Cámara Baja y pretenden limitarlo a punto tal de dejarlo sin un solo concejal en las listas.
Entre los diputados libertarios descreen que el gobierno traslade la candidatura de Adorni a PBA. “El candidato es Espert“, aseguró un legislador.
No obstante, en otro despacho oficialista abrieron el paraguas. “Es una práctica habitual medir en los dos lados”, deslizaron en referencia al distrito porteño y la provincia, pero también admitieron que el vocero presidencial “tiene la doble posibilidad porque es platense”.
La polémica diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, es parte de una nueva controversia: Un decreto emitido el 16 de marzo de 2018 por la Municipalidad de Huinca Renancó, localidad cordobesa donde es oriunda, constata que la legisladora fue beneficiaria de un subsidio.
El documento especifica que Ponce recibió una “ayuda socioeconómica reintegrable con trabajo social comunitario”, a realizar “en cualquiera de las Áreas bajo responsabilidad del Municipio, sin generar precedentes de relación laboral” con la Municipalidad. En el Decreto Nº 125/2018, figura su nombre entre el de varios beneficiarios, junto a su respectiva información personal, domicilio y número de DNI.
El documento público lleva la firma del abogado Oscar Elías Mario Saliba, entonces intendente por parte de la Unión Cívica Radical. Ocupó ese puesto de manera ininterrumpida desde 2001 hasta 2023, cuando pasó a integrar la Legislatura de Córdoba.
Fuentes de Huinca Renancó expresaron que “el plan social era para ayudar a los vecinos de Huinca, sin embargo, en esa época, ella (por Ponce) estaba en Córdoba Capital. Hasta ahora nunca se demostró la contraprestación” que detalla el documento.
Además, la misma fuente agrega: “Lo polémico es que el padre de Celeste era funcionario de esa gestión (la de Oscar Saliba) que le otorgó el plan social. Y su situación económica no es vulnerable, para empezar, ellos tiene, aquí en el pueblo, tres lujosas propiedades. Una de las viviendas cuenta hasta con una piscina”.
Según expresa en su biografía oficial, volcada en la página de la Unicameral, Saliba (el ex intendente radical) ocupa cargos en en el Estado cordobés desde 1985, año en el que se desempeñó como secretario privado del Presidente Provisorio de la Legislatura provincial.
UN PUESTO EN EL ESTADO PARA EL PAPÁ DE LA DIPUTADA “LIBERTARIA”
La familia Ponce también aparece vinculada a la actual gestión de gobierno. Ana Lucía Bolaño, la actual intendente de Huinca Renancó, contrató a Ricardo Ismael Ponce, padre de María Celeste, como Encargado del Área de Tránsito.
Cabe destacar que las direcciones de domicilio registradas en los decretos de María Celeste y Ricardo Ponce coinciden, es decir, se trata de la misma casa.
La contratación de Ricardo Ponce fue oficializada a través del Decreto N° 090/2024, con las firmas de la intendente y la secretaria de Gobierno, el 26 de enero del corriente año. Según consta en el documento, Ponce padre recibió un salario mensual superior a los $400 mil entre enero y julio de 2024, alcanzando en abril casi los $520 mil.
Según fuentes periodísticas locales, el ingreso del padre de la diputada nacional al Estado municipal de Huinca Renancó se dio luego de una visita que Celeste Ponce realizó exclusivamente (principios de enero de este año) a su pueblo para reunirse con la intendente Bolaño, para conseguirle el puesto estatal a su padre y a otro familiar.
*Columna de opinión por: Walter Klix. Director nacional del @Minseg – Presidente de Fundación @proyectar_arg – Consultor y militante PRO
La política, en Argentina más que en otros países, suele correr al ritmo de la adrenalina que le inyecta la ansiedad de quienes la practican a diario. Pero también de quienes esperan muy pacientemente los resultados de las promesas de campaña.
Probablemente en las últimas 15 o 20 elecciones hayamos escuchado a los candidatos de distintos partidos políticos prometer que van a bajar la inflación, que van a bajar los índices de inseguridad y que van a terminar con la corrupción.
¿Por qué el relato es tan repetitivo? Básicamente por algo que suele decir el actual Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La administración argentina fue tan mala, que ni siquiera fuimos capaces de generarnos problemas o desafíos nuevos. Y es así, hace al menos 30 o 40 años que Argentina tiene inflación, inseguridad y corrupción.
Con estos precedentes, Javier Milei, quien preside actualmente el país atacando de lleno estas tres arterias y con algunos indicios de mejora en todas ellas, tiene en jaque electoral a toda la oposición, la cual indudablemente transita una crisis general luego de 20 años de un modelo y grieta política qué dominaron la atención del sector.
Por eso pareciera normal que se empiece a hablar de las elecciones del año 2025, para las cuales faltan exactamente un año, tiempo suficiente para que en un país como Argentina cambie absolutamente todo.Aun así, me animo a afirmar que el oficialismo va a triunfar en las elecciones del año que viene, principalmente por la debacle de la oposición y muy al margen del rumbo del gobierno.
El Peronismo con una interna qué no se veía desde antes de la llegada del kirchnerismo. El Radicalismo sin entender los mensajes de la sociedad jugando nuevamente a las internas para que emerja un vencedor qué jamás validará el pueblo. El PRO, partido al cual pertenezco desde sus inicios, proponiendo una renovación qué no se da ni en la práctica, ni en sus nombres ni en sus formas.
Dicho esto, y afirmando que el partido o frente electoral que apoye el Presidente Milei va a ganar las legislativas del 2025, es importantísimo darle la entidad necesaria a ese acontecimiento, principalmente en la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Muchos dirán que puede ser el final del Peronismo/Kirchnerismo y fácilmente podríamos demostrar que no es así.
Soy del PRO (de sus ideas), y por ende me abrazo a los números. El Peronismo ha perdido las últimas cuatro elecciones legislativas y erróneamente en todas se los dio por muerto para las presidenciales siguientes. Repaso En 2009 un, para ese entonces, desconocido Francisco De Narváez encabezaba una lista de un frente electoral llamado “Unión Pro” con el acompañamiento de Macri y Felipe Solá, entre otros, y le ganaría ajustadamente a la lista testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, que para ese entonces era un Kirchnerista en crecimiento.
El frente electoral triunfante se desintegró, y dos años después Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. En 2013, un Sergio Massa qué venía a prometer celdas para los ñoquis de La Cámpora, sus ex aliados, enfrentaba al candidato del oficialismo, Martin Insaurralde. La cómoda victoria del tigrense daba por sentado un futuro auspicioso en las elecciones de 2015. Nuevamente, quienes fueron juntos en las elecciones legislativas fueron separados en las ejecutivas y dividieron votos, en este caso Macri y Massa. Reñida victoria de Scioli en las generales, y ajustadísima derrota luego vs Macri 51-49 en el balotaje.
Aquí si se instaló la idea de que el kirchnerismo sin “fierros” pasaría a la inevitable desaparición. Más aún, cuando en 2017 la propia Cristina Fernández caería derrotada frente a Esteban Bullrich. Sin embargo, dos años después lo que parecía inimaginable sucedió. Massa se olvidó de sus rencores con los ñoquis de La Cámpora, Cristina escondió su orgullo a cambio de no ir presa y Alberto Fernández vio la oportunidad de su vida. Resultado aplastante en las PASO qué definió anticipadamente la elección y eyectó por las nubes el dólar y el riesgo país durante 4 meses.
Por último, victoria ajustada pero victoria al fin de Santilli sobre Tolosa Paz. Dos años después, ambos frentes cayeron derrotados ante la figura renovadora de Javier Milei. En resumen, el Kirchnerismo perdió el 100% de las elecciones legislativas de los últimos 15 años. Sin embargo, lejos de desaparecer como frente político fueron capaces de volver al poder más de una vez.
Quienes participamos activamente de todo este proceso que acabo de detallar, y más aún quienes vivimos en carne propia el regreso del Kirchnerismo al poder en el 2019, tenemos la posibilidad de afirmar que el pragmatismo Peronista le ha ganado por goleada a la arrogancia y soberbia de los sectores que lo enfrentaron. Principalmente en el partido al cual aún pertenezco.
Aquellos que deseamos que el rumbo político y económico actual se sostenga en el tiempo, debemos ayudar a nuestros líderes a que entiendan tres cosas: 1. Ganarle al Kirchnerismo el año que viene es prácticamente una misión obligada. 2. Esa eventual victoria no implica absolutamente nada más que un número x (equis) de diputados y senadores. 3. Si no dejamos de lado el ego, ellos van a volver.
La política argentina necesita imperiosamente qué La Libertad Avanza y el PRO entiendan que no hay margen para ir separados el año que viene, incluso cuando en términos electorales tal vez convenga quedarse con las 3 bancas del senado en algún distrito. LLA y el presidente Milei deben asumir con altura y humildad el liderazgo de un nuevo frente electoral. Macri, Bullrich y el PRO deben asumir que quien gana conduce, y que en este momento toca acompañar. Con seguridad el Peronismo hará su parte, y dejaran sus diferencias de lado al menos por unos meses. Es ahora el momento en el que hay que ser más Peronistas que nunca a la hora de los acuerdos a mediano y largo plazo.
El desenlace de un 2025 no implica un correlato a futuro, pero sin dudas marcará un rumbo hacia un nuevo horizonte en la política argentina qué puede tomar envergadura de manera definitiva o en este caso sí, desvanecerse rápidamente ante el aparato político más ambicioso de poder que se haya conocido en América latina, solo comparable con el PRI del siglo XX.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
