22 octubre, 2024

Ser o no ser humano

Nuevamente se instala el tema del aborto entre los políticos y una parte minoritaria de la sociedad...
10 Years Experiences

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*Por: Rogelio López Guillemain

“Juntos podemos prevenir que el genocidio ocurra de nuevo. Juntos podemos hacer un mejor futuro para nuestros niños”

Dith Pran

Digo minoritaria porque, más allá de la opinión que cada quien tenga sobre el aborto, plantear este tema en medio de la dramática crisis que estamos viviendo; con un sistema de salud sin inversión, una impunidad absoluta para con los delincuentes comunes y los corruptos, una educación destruida e invadida por el lavado de cabeza y niveles de pobreza inimaginables; hablar en este momento de aborto es mínimamente desubicado.

Esta obsesión abortista sólo es comprensible desde lo ideológico, desde la estrategia política (para correr el foco de atención a los desastres que vivimos) o desde la imposición de una agenda foránea (requisito sine qua non para recibir dólares de las organizaciones internacionales).

Los defensores del derecho al aborto, al que “bautizan” con el escurridizo eufemismo posmodernista (dialéctica negadora de la realidad) de “interrupción del embarazo”, esgrimen distintas justificaciones, entre las más frecuentemente encontramos: el embarazo adolescente no deseado, las violaciones, el derecho a disponer de su cuerpo por parte de la mujer y el estado embrionario como una etapa pre-humana.

Algunos de estos argumentos hacen referencia a problemas muy graves y delicados que deben ser abordados con seriedad y firmeza, pero que no abordan la cuestión esencial. La pregunta que debemos responder es: ¿Cuándo tiene origen la vida humana?

Desde la ciencia la respuesta es clara y terminante: “la vida comienza desde el momento de la concepción”, al momento de la concepción se conforma un ser humano nuevo, con un genotipo propio, individual y diferente al de sus progenitores.

Por su parte, los defensores del derecho al aborto, en un manoseo dialectico sin lógica e intelectualmente deshonesto, formulan distintos momentos del comienzo de la vida humana: desde que comienza a latir el corazón, con el desarrollo neuronal o desde que el no nato es viable. Ya esta falta de acuerdo de por sí sobre el instante en el que “aparece” un ser humano, muestra la inconsistencia del planteo. “Inventar” un “origen de la vida humana”, eligiendo arbitrariamente un momento dentro del desarrollo evolutivo de un ser que, en esencia, no cambia su naturaleza ni su huella cromosómica, muestra la ausencia de un argumento lógico o científico.

La tesis que toma el momento en que el no nato es viable como límite en el que esta práctica es un aborto o un asesinato, es mínimamente caprichosa. El límite de viabilidad en Uganda y en Suiza es muy diferente, por lo que, siguiendo esta lógica, el inicio de la vida humana sería diferente según el punto geográfico de la embarazada. Lo mismo se aplica al tiempo; en un mismo país el derecho a la vida (a no ser abortado) cambiaría según la evolución histórica de la medicina, terminar con la vida de un no nato en el sexto mes sería un aborto hace un siglo y hoy un asesinato. Es ridículo definir el derecho humano a la vida según el estado de desarrollo de la ciencia.

Otro argumento utilizado es el innegable derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo. Pero ese derecho no le da vía libre para disponer del cuerpo de un tercero. Siguiendo ese razonamiento, una madre podría negarse a amamantar a su bebé pues sus mamas son suyas y ella puede disponer de su cuerpo libremente, o podría dejar que su hijo de 5 años juegue con fuego sin interferir pues ella tiene derecho a disponer de su cuerpo. Ridículo.

La violación es quizás, el hecho más aberrante que puede existir y merece el peor de los castigos. Un embarazo fruto de una violación es un tema muy delicado y merece nuestra mayor atención. Se debe promover la denuncia inmediata (momento en el que aún no hay concepción) para poder tomar las medidas médicas necesarias, agilizar el mecanismo de adopción para ese bebé y acompañar a la madre durante el embarazo y después del parto.

Pero un delito (violación) nunca justifica la comisión de otro delito (aborto). Y menos aún contra un tercero inocente. Es como decir que, porque me robaron, tengo el derecho a robarle al vecino, es justificar la ley de la selva.

Por último, está el argumento del embarazo adolescente. Este otro problema tiene directa relación con la destrucción de la familia, la educación en ruinas y la sexualización temprana de los niños promovida por el hedonismo posmodernista imperante. Nuevamente, el derecho a la vida del no nato no puede estar sujeto a la edad de la madre. Siguiendo esta lógica, ¿por qué no sujetarlo a la capacidad económica, al nivel educativo o a su raza? Estas ideas se acercan peligrosamente a las del nazismo.

Preguntas sin respuestas

Hay algo que en lo personal y desde lo analítico aún no he resuelto. El embarazo comienza en el momento en que se implanta el cigoto, pero existe un período “ventana” desde la concepción hasta ese instante. Técnicamente lo que se realice antes de la implantación no es un aborto. Lo mismo sucede, conceptualmente, con la fecundación in-vitro y los embriones congelados. Estos son las cuestiones que creo debemos resolver.

Considero que el debate por el derecho al aborto es el aborto del derecho, el aborto del derecho humano más importante, el derecho a la vida. Su simple debate implica desnaturalizar la esencia de lo que es un derecho en sí mismo y rebajarlo a la mera satisfacción de un deseo, de una necesidad, de la avidez legislativa o de la voluntad de la mayoría (aunque por el momento quienes apoyan el aborto no lo sean).

El reemplazo de la realidad objetiva por la percepción subjetiva, el ataque a los valores de occidente y la pérdida de principios éticos básicos nos están sumergiendo en un periodo decadente y mediocre.

Debemos despertar y tomar las riendas de nuestras vidas y de nuestra Argentina. Debemos asumir la responsabilidad que implica ser ciudadano y entender que si dejamos “la cosa pública” exclusivamente en manos de los políticos, nuestro destino es de pobreza y muerte.


Rogelio Lopez Guillemain

Medico Cirujano . rogeliolopezg@hotmail.com

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Diputada ultra K presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales

En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.

Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.

En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.

Redacción

info@data24.com.ar

El Gobierno se arrodilla ante la CGT y el sindicalismo le copa la reforma laboral

El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.

El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.

– Héctor Daer

De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.

Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.

Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).

“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos

Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.

Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.

El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.

Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".

Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.

Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.

Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.

"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.

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Redacción

info@data24.com.ar

Aerolíneas Argentinas expulsó a Pablo Biró del directorio de la empresa

En una decisión que busca cambiar el rumbo de la empresa estatal, la asamblea de accionistas de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas decidió remover de su cargo al secretario general del gremio de pilotos (APLA) Pablo Biró, quien fue el responsable directo de al menos 13 paros en el último año, situación que generó millonarias pérdidas económicas, atentando contra la operatividad de la empresa y afectando a aproximadamente 100.000 pasajeros.

A través de esta medida, el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, busca que Biró deje de ser el representante de los trabajadores de la empresa. Su lugar lo ocupará Eduardo Juan García, director suplente y también miembro de APLA. Se estima que el gremio hará una presentación judicial para revertir esta situación.

Desde el inicio del mandato, el gobierno ha intentado avanzar en la privatización de la empresa, en un primer momento se la incluyó dentro de la Ley Bases para su privatización, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, nuevamente el gobierno buscará, con apoyo del Pro, más negociaciones con la oposición dialoguista, para poder aprobar una ley que permita privatizarla.

En el mientras tanto, el gobierno avanzó en una racionalización de la empresa sumamente deficitaria, y en este sentido, la decisión de expulsar a Biró continúa en esa dirección: un sindicalista que defendió los privilegios de una casta aeronáutica, con salarios exorbitantes lejos del valor de mercado, más choferes privados y beneficios en pasajes de primera línea. Privilegios pagados con los impuestos de todos los argentinos.

Se estima que el gobierno logró reducir en un 70% el déficit de Aerolíneas Argentinas, y en ese sentido muchas empresas ya han manifestado el interés de adquirir la empresa en caso de ser privatizada. De esta manera se la haría más eficiente aún y no dependería para su funcionamiento de los impuestos de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos nunca han podido subirse a un avión.

Redacción

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El Gobierno eliminó el “registro de abogados y gestores” para tramitar jubilaciones

A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, Mariano De Los Heros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.

Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.

El ministro ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados publicó datos sobre empleados, contratos y subsidios, con una fuerte reducción en 2024

La Cámara de Diputados de la provincia brindó información sobre empleados de planta permanente, contratos de obra, de servicios y subsidios otorgados entre los años 2022 y 2024. Esta medida, liderada por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, representa una importante medida en el proceso de transparencia y reordenamiento institucional que la gestión del gobernador Rogelio Frigerio impulsó desde su inicio.

Hein destacó el compromiso de su administración con la transparencia y el acceso a la información pública, afirmando que “los entrerrianos nos eligieron para que realicemos una transformación real; no se hace en un día, pero estamos dando pasos firmes en ese sentido”.

– El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Uno de los aspectos más destacados de la información publicada es la notable reducción en la cantidad de contratos y subsidios otorgados por la Cámara de Diputados. En comparación con los años anteriores, los números revelan una disminución significativa en diversas áreas.

Por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, la cifra se redujo de 909 agentes en 2023 a solo 325 en 2024. Esta drástica disminución, recordaron las fuentes oficiales, es parte del proceso de reordenamiento interno que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y evitar contrataciones innecesarias. En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara enfatizó la necesidad de “transitar liviano” y aclarar que las decisiones de contratación y asignación de recursos deben ser justificadas y transparentes.

Los contratos de servicios, por su parte, se han mantenido relativamente estables, con 15 contratos en 2024, la misma cantidad que en 2022, pero con un ligero aumento en 2023 cuando se registraron 18 contratos.

En cuanto a los subsidios otorgados, la reducción fue aún más drástica. Mientras que en 2023 se otorgaron 823 subsidios, en lo que va de 2024 apenas se registraron 9.

LOS DATOS DIFUNDIDOS POR EL GOBIERNO ENTRERRIANO

TransparenciaCDER-1

Agentes de Planta Permanente:
– 2022: 119 Agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 165 Agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 157 agentes (al 31/03/2024)

Contratos de Servicios realizados:
– 2022: 15 (al 31/10/2022)
– 2023: 18 (al 31/10/2023)
– 2024: 15 (al 31/03/2024)

Contratos de Obra:
– 2022: 744 agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 909 agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 325 agentes (al 31/03/2024)

Subsidios otorgados:
– 2022: 177 (al 31/10/2022)
– 2023: 823 (al 31/10/2023)
– 2024: 9 (al 31/03/2024)

Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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