*Por: Karin Leiva
El funcionario, integrante de Juntos Somos Río Negro, presentó un proyecto esta semana con el que busca que se modifique el Código Penal y se agrave las penas para las personas que organicen y usurpen propiedades, ya sean pública o privadas, pero solo afectará a quienes realicen tomas de manera organizada.
Según integrantes del despacho del senador, en el proyecto se diferencia lo que son usurpaciones de acuerdo al artículo 181 del Código Penal provocadas por una persona o un grupo pequeño, de las que se producen masivamente.
“El delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los delitos que más notoriedad ha tomado en el último tiempo. Claro que existe una necesidad de dar solución de acceso a tierras a muchas personas por parte del Estado, pero esta necesidad no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, expresó Weretilneck, en referencia a las usurpaciones que están teniendo lugar en distintas partes del país.
“Si a alguien en la sociedad le falta algo y lo quiere resolver con la violencia, tiene que quedar claro que es anarquía y está mal”, agregó el senador, en cuanto al por qué es necesario subir las penas.
También apuntó a quienes organizan las tomas, ya que muchas veces pueden quedar impunes si no participaron directamente y advierte que solo son imputados por instigación, y en esta propuesta legislativa se busca poder acusarlos y hacerlos cumplir una pena por el delito de usurpación.
El legislador nacional aseguró que con el proyecto se busca darle a fiscales y jueces instrumentos “para que no esté en duda si es usurpación o no”. “Estamos atacando a aquellos que lucran con la usurpación”, agregó.
La legislación propuesta establece que si los delitos se producen por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años de prisión, para quienes hayan participado del hecho. Pero a los organizadores les alcanzarían penas de entre 3 y 6 años de prisión.
También propone que se agrave las penas de 4 a 10 años de prisión, cuando un grupo usurpa “invocando injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras, generando conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos, sea por la producción de daños en los bienes y/o temor o daño en las personas”, apuntando a quienes, sin integrar pueblos originarios, aprovechan esas situaciones.
Además impulsó la reforma del artículo 23 del Código Penal para que el desalojo y la restitución del bien a sus verdaderos dueños se realice sin tener que esperar hasta el final del proceso y que los códigos procesales establezcan las formas específicas para esto, según el sistema procesal que cada provincia.
– Especial para Data24.com.ar –
