Santilli expuso las mentiras de Kicillof sobre la coparticipación bonaerense: “Construyen un relato”
El diputado nacional de Juntos y aspirante a gobernador, le puso los puntos al actual mandatario provincial.
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El precandidato a gobernador y actual diputado de Juntos, Diego Santilli, eligió Expoagro para redoblar la apuesta en el debate por la coparticipación bonaerense que mantienen el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aspirante el primero a la reelección y a la presidencia el segundo.
Santilli dialogó con la prensa en Expogro, luego de las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta en dónde había señalado que “los bonaerenses han sido perjudicados por la coparticipación. Por donde lo mires, es una realidad”. En ese sentido había reclamado “hacer un replanteo del sistema de distribución” de fondos.
El precandidato a gobernador bonaerense y actual diputado nacional de Juntos, Diego Santilli.
Para el precandidato a gobernador no hay contradicción entre esa postura y el planteo que Rodríguez Larreta sostiene ante la Corte Suprema para recuperar fondos que el presidente Alberto Fernándezquitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por un decreto luego refrendado por el Congreso, planteo que el máximo tribunal aceptó parcialmente.
“Son dos cosas distintas, lo que pasa es que lo que ha hecho este Gobierno que siempre construye un relato y confunde a la sociedad, es mentirle a los argentinos. Que a la provincia de Buenos Aires le falte plata de coparticipación no quiere decir que haya que sacársela a otras provincias. Es el Estado nacional el que tiene que dar esos recursos”, dijo Santilli.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Kicillof había reafirmado su postura al calificar de “escandaloso” el fallo de la Corte al hablar el lunes de esta semana ante la asamblea legislativa. Además, convocó a la oposición a formar una comisión que impulse el forma permanente acciones para recuperar los fondos que Provincia perdió en la década del ’80.
“Nosotros tenemos siempre la misma posición respecto de la coparticipación de la Provincia, que es esta: Buenos Aires está muy perjudicada. Fijate esto: este actual gobernador cuando era ministro de Economía tuvo la coparticipación más baja de su historia, 18,7 puntos en el año 2015. (María Eugenia) Vidal la llevó a 22,5 puntos”, dijo Santilli ante la prensa.
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El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.
Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.
Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.
La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.
Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.
Manotazos de ahogado
No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.
Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.
El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.
El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.
Todos los hombres de Chávez
Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto: “el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.
— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)
Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.
La ruta del dinero
Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.
Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:
Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.
Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.
Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.
El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país.
(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.
b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.
c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su informe sobre Proveedores No Financieros de Crédito, un segmento que incluye billeteras virtuales, fintech y plataformas de economía digital. En ese informe, el organismo dedicó un apartado específico a la llamada “economía gig” —término en inglés para los trabajos por encargo o “a la demanda”, como el delivery, la cadetería o el transporte de pasajeros—.
El dato central del estudio es la explosión de deudores. La cantidad de repartidores que accedieron a créditos otorgados por las plataformas para las que trabajan creció 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a aumentar otro 122% a lo largo de 2025.
“Las firmas multinacionales utilizan estos esquemas financieros como un mecanismo de presión operativa”, afirmó Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), denunciando que las tasas de interés anuales podrían llegar al 700% anual en 2026.
La flexibilidad horaria es una de las marcas más visibles de la “economía gig”, ya que no existe un horario fijo y, al menos en teoría, el trabajo se realiza cuando cada persona decide pedir algo. A ello se suma un vínculo laboral atípico, en el que la relación no se encuadra en un contrato de empleo tradicional, sino que el trabajador aparece registrado como independiente o monotributista. En paralelo, la digitalización total del dinero ordena cada cobro y cada pago a través de la aplicación, dejando además un rastro financiero propio.
Ese tercer punto es clave. Como todos los movimientos de dinero son digitales, la plataforma acumula datos de comportamiento financiero de cada repartidor, como cuántos pedidos hace, en qué horarios, qué calificaciones recibe. Eso funciona como un scoring alternativo —un puntaje crediticio— para otorgar préstamos a quienes los bancos tradicionales ignorarían por falta de historial formal.
Solo en dos años, el universo de trabajadores endeudados con sus propias apps se multiplicó a una velocidad inusual. A fines de 2025, la deuda promedio por repartidor monotributista se ubicó en $900.000, mientras que para los comercios adheridos a esas mismas plataformas el promedio era siete veces superior.
⚠️ALERTA REPARTIDORES: Esclavitud financieraRappi y Pedidos Ya promueven préstamos a tasas abusivas de más del 700% anual para explotar repartidores por aplicación ¡Mira las placas y lee el comunicado completo! pic.twitter.com/iatwZwPhw4
Pedidos Ya —la empresa más activa en este segmento— confirmó que desde 2022 otorgó 57.000 préstamos por un total de USD$84 millones. El 54% de ese monto fue a comercios, y el resto, a repartidores individuales. Para acceder al crédito, los repartidores deben cumplir con métricas de desempeño dentro de la app, ya fuese antigüedad, tasa de aceptación de pedidos, calificación de usuarios y disponibilidad en horarios de alta demanda.
La mayoría de los préstamos tiene un destino concreto para comprar, reparar o mejorar la bicicleta o la moto con la que el repartidor trabaja. Es decir, el trabajador pide prestado para mantener la herramienta que le permite seguir generando ingresos para pagar el préstamo que sacó para comprar esa herramienta. Un círculo que se retroalimenta e incrementa con el tiempo la deuda.
No es casualidad que los créditos están dirigidos a quienes más horas trabajan y más disponibles están en horarios pico. Desde Pedidos Ya lo presentan como “inclusión financiera” para personas que no califican para un banco tradicional —por falta de recibo de sueldo, historial crediticio o documentación— ahora tienen acceso a préstamos. El argumento tiene algo de real, siendo que un repartidor sin acceso a ningún crédito formal que necesita arreglar su moto, en el pasado solo podía acudir a un prestamista informal con tasas aún más abusivas o pedir fiado en el taller.
El problema está en el precio de ese acceso. Las plataformas responden que sus tasas son “competitivas dentro del segmento de entidades no bancarias”. El BCRA, en su informe, no publicó las tasas individuales de cada empresa y con una tasa anual del 700%, la cuenta se vuelve rápidamente asfixiante. Traducido a términos concretos, si un repartidor toma un préstamo de $900.000, el promedio mencionado, a seis meses, el interés acumulado puede terminar superando con amplitud el capital original.
La economista Lucrecia Simes lo sintetizó al describir que “si un trabajador pide USD$500 para arreglar la moto, paga USD$800 de intereses y termina trabajando más horas para la misma plataforma durante seis meses, eso no es inclusión. Es captura.”
Cabe aclarar que la tasa del 700% es el techo denunciado por el sindicato, no la única tasa. Las plataformas ofrecen distintas condiciones según el perfil del repartidor.
El mecanismo de cobro
Uno de los puntos más relevantes para entender el modelo es que las cuotas no se pagan como en un banco. No llega una factura, no hay fecha de vencimiento que el repartidor tenga que recordar. El dinero se descuenta automáticamente de cada pedido completado.
Cada vez que un repartidor entrega un pedido y cobra una comisión, una parte de esa comisión va directo al pago de la deuda, antes de que el repartidor reciba lo que sobra. La plataforma cobra primero.
Esto explica un dato que, a primera vista, parece paradójico. La tasa de mora de Pedidos Ya entre sus repartidores deudores es del 11.7%, inferior al promedio del sistema bancario para familias (12.7%). ¿Cómo puede ser que trabajadores informales, sin garantías, paguen mejor que el promedio bancario?
La respuesta a ello no es que los repartidores sean más responsables, es que no pueden elegir no pagar. Al no poder interceptar el pago antes de que la plataforma lo descuente, la posibilidad de entrar en mora se reduce drásticamente. La mora del 11.7% no refleja buena salud financiera, demuestra que el sistema de cobro hace casi imposible evitar el descuento.
Los críticos del modelo señalan que debido a esto las jornadas laborales se extienden hasta 12 horas diarias para poder cubrir los costos de la deuda. Las comisiones por pedido oscilan entre $1.500 y $3.000, independientemente del valor de la compra. Con una deuda promedio de $900.000 y tasas elevadas, el repartidor necesita completar un volumen muy alto de pedidos para pagar la cuota y tener algo de ingreso propio.
“El problema no es que la plataforma preste. El problema es que presta a quien trabaja exclusivamente para ella, a tasas que solo pueden pagar trabajando más horas para esa misma plataforma. Es un círculo que se cierra sobre el propio trabajador”, sostuvo sobre el tema la economista Laura Ventura.
Los datos del BCRA confirman esa dinámica. Los que toman estos préstamos son principalmente los repartidores que dependen exclusivamente del delivery como fuente de ingresos. Los que usan las apps como ingreso complementario no los toman, porque tienen alternativas más baratas.
El dato demográfico más preocupante es que el 70% de los deudores de plataformas tiene menos de 40 años. Son trabajadores jóvenes cuya primera experiencia formal de crédito es con la app para la que trabajan. Si esa experiencia termina en mora, extensión de jornada o sensación de trampa, podrían llegar a la adultez con una relación deteriorada con el sistema financiero, justo cuando deberían estar en condiciones de acceder a créditos hipotecarios o productivos.
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6% durante julio y requiere del 15% de los salarios promedio en la región.
Este avance en el indicador se fundamenta en un mayor nivel de consumo de energía eléctrica y gas natural por estacionalidad, junto con ajustes en los cuadros tarifarios de la mayoría de los rubros, con la única excepción del servicio de provisión de agua.
Dentro de los componentes de la canasta, el gasto en transporte posee un peso del 40% sobre el total y mostró un aumento del 3,7% en comparación con junio.
Los datos corresponden al el Reporte de tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet, que procesó Agencia Noticias Argentinas.
Según este informe, a la cobertura tarifaria actual de subsidios alcanza el 54%. Esto significa que los hogares pagan, en promedio, ese porcentaje de los costos de producción de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante” para completar el financiamiento del sistema en la zona metropolitana.
En cuanto a las transferencias estatales, los subsidios reales acumulados hasta el 17 de julio mostraron una suba del 10%.
El desglose por servicios es:
Gas: en julio el cargo fijo sube 2,8% y el variable 3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que se encuentra en el pico del invierno en julio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 5,2%.
Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combina con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.
Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentan 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte sube 3,7% respecto del mes anterior.
Agua: confluyen dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tiene 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio. La reducción en el coeficiente variable responde a un descuento del 10,47% aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable derivado de la fórmula de actualización con el objetivo de no aumentar más del 3% mensual como indica la normativa vigente.
“El aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio es la energía eléctrica”, sintetiza el trabajo.
Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) yatrepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.
La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.
Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.
El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.
El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.
— Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA
Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.
El crecimiento hasta julio de 2026
Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.
Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.
El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.
Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada,la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.
La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.
La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.
Detrás de los 800 mil dólares frenados en Aeroparque hubo más de diez viajes previos con maletas que sí llegaron a destino, un noveno pasajero ligado a la inteligencia chavista que los grandes medios pasaron por alto y una ruta del dinero que terminaba en cuentas suizas.
La carencia alimentaria fue el rubro que más empeoró y ya son uno de cada cuatro los hogares porteños que redujeron porciones, cambiaron lo que comen o saltean comidas. En los hogares con chicos la privación estructural trepa al 20,6%.
El guía de montaña Julián Pajarola denunció que le cerraron el paso al cerro Ezpeleta, en una parcela de 1.672 hectáreas a nombre de Gernot Langes-Swarovski.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
