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De cara a las próximas elecciones, que se celebrarán el 11 de junio en esa provincia, el liberalismo puntano se encolumnó tras el candidato del PRO, Claudio Poggi, con el objetivo común de derrotar el feudalismo que imponen —hace 40 años— los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
En diálogo con este medio, el candidato a intendente de Villa Mercedes, Andrés Forgione, explicó que el primer paso fue “generar un gran lema opositor que reúne diferentes colores, diferentes fuerzas políticas, desde la izquierda a la derecha. Todos con sus improntas pero con algo fundamental, que es el respeto a la democracia. Nos une el respeto a las instituciones, la creencia en la alternancia de poder, elegimos creer en un Estado que esté al servicio del pueblo y no al de una familia de la nobleza”.
Andrés Forgione: “Lo principal fue crear este lema opositor, que con diferentes partidos y matices, comparten valores democráticos. Valores que hace mucho no vemos por nuestra provincia”.
“Impusieron la Ley de Lemas como una estrategia para sostener su poder (el cual está completamente debilitado y con el menor apoyo popular de los últimos 40 años). Implementaron estás nuevas reglas electorales sin saber que, por primera vez en la historia, toda la oposición nos unimos con un mismo objetivo: recuperar la libertad y la democracia en San Luis“, argumentó por su parte la candidata a intendente de Justo Daract, Dalma Guinda, quién actualmente se desempeña como concejal.
La joven candidata liberal, protagonista de un batacazo electoral en 2021
Tanto Forgione como Guinda reflexionaron sobre el cambio de tendencia de los vecinos, que abandonan viejos dogmas en post de acercarse a ideas liberales y a espacios novedosos que trabajan en conjunto bajo el lema Cambia San Luis. “El cambio de tendencia responde a un agotamiento del modelo político. Desde hace varias elecciones vienen prometiendo cosas que no cumplen. Esto se ve en un incremento de la pobreza inédito, una inseguridad galopante, falta de oportunidades sobre todo para los jóvenes, una salud pública en detrimento donde las personas eligen atenderse en otras provincias y la falta de una planificación seria en la construcción de viviendas”, señaló Forgione.
El equipo de Dalma Guinda, en Justo Daract
Guinda, en sintonía con esa premisa, argumenta que “hoy, es más factible direccionarnos hacia ideas del sentido común cuando un relato se queda sin bases, desde el laburante que no le alcanza para llegar a fin de mes, el hijo que ve a sus padres trabajar toda su vida para nunca lograr un progreso, los miles de jóvenes que escapan de su país para salir adelante en búsqueda de un futuro. Entonces, ahí es cuando las ideas de la libertad siguen imponiéndose a la vieja política que deja que la mentira los defina y siendo esclavos de una verdad que espera cobrar su deuda”.
Silvina Domínguez, Juan Quiroga, Claudio Poggi, Nélida Figuerola y Franco Pedrozo
Sin embargo, no resulta tan llamativo para el candidato a concejal de Villa Mercedes, Franco Pedrozo, que sostiene que “es un hecho insólito, porque San Luis es una de las provincias más feudales del país. Sin embargo, tampoco sorprende tanto: los políticos perdieron toda su credibilidad y también venimos haciendo aportes desde el espacio, siendo simples ciudadanos. El vecino ve eso y lo valora”.
“Los vecinos están acercándose a las ideas liberales porque están empezando a cansarse de estar sometidos permanentemente a la clase política que los lleva de un lado a otro a todos los actos políticos para sacarse fotos con ellos, prometiendo planes y entregando solamente bolsas de alimentos. Estas personas se están dando cuenta que, por su propia cuenta, pueden lograr cambios más significativos que los que los políticos prometen. Venimos a plantear propuestas y proyectos liberales, que apunten a achicar el gasto público, que en Villa Mercedes es gigante. Y también queremos transparentar, porque el presupuesto no figura en ningún boletín oficial”, concluyó Pedrozo.
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El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
Entrevistada por medios locales, la diputada GabrielaLena (de Juntos por Entre Ríos) se refirió a los temas que se plantea como objetivos para el año 2025, entre los cuales mencionó principalmente dos reformas: a la Ley de Municipios y a la del Consejo de la Magistratura, así como el alivio fiscal anunciado por el gobernador.
“Todavía nos quedaron pendientes algunos temas importantes del año pasado. En Diputados hemos avanzado bastante en reformas que tienen que ver con la institucionalidad en la provincia, en el marco de la comisión que yo presido (Legislación General), y de esto nos quedan dos temas que para mí van a ser el inicio del año legislativo”, indicó la legisladora.
LAS DECLARACIONES DE LENA:
En ese sentido, dijo que uno de esos temas será la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las regulaciones sobre municipios y comunas, en un trabajo conjunto con la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside María Elena Romero.
“Esto va a llevar un tiempo, porque necesita mucho debate. Es un tema sensible, porque afecta directamente a cada uno de los municipios de la provincia, y hay dos proyectos de ley que hay que consensuar”, dijo sobre las propuestas para reformar la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 que comenzaron a ser tratadas en comisiones en 2024 y que pertenecen a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) y Romero.
Por otro lado, mencionó a la reforma electoral como uno de los pasos más importantes de la actividad parlamentaria del 2024. “Si bien hubo muchas leyes importantes que han sido aprobadas, ésta ha sido una de las más importantes”, comentó. “Ojalá este año podamos tener una ley que para mí también es muy importante, que está todavía en el Senado, que es la de Ética Pública y Ficha Limpia”, agregó.
Finalmente, dijo que los diputados están a la espera del ingreso del proyecto de ley anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio sobre “alivio fiscal” a través de la reducción de alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. “Cuando ingrese el proyecto, va a ser seguramente uno de los primeros temas a tratar”, señaló.
La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente a la Justicia Federal para reclamar la restitución de su jubilación especial, luego de que el gobierno de Javier Milei suspendiera su cobro. La expresidenta percibía dos haberes en simultáneo: su pensión como exjefa de Estado y la asignación correspondiente como viuda de Néstor Kirchner, lo que le permitía recibir una suma millonaria.
Cabe recordar que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, según lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún restan instancias judiciales para que la sentencia quede firme.
Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo de 2024, la expresidenta percibía un monto bruto mensual que equivalía aproximadamente a 385 jubilaciones mínimas de aquel entonces.
El abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner, presentó ante la ANSES un escrito en el que sostiene que la suspensión de los pagos “vulnera los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y exigió el reintegro de los montos retenidos. En su denuncia, calificó la medida como “un acto más de persecución con fines vengativos, hostigamiento y sectarismo político” por parte del Gobierno. Asimismo, insistió en que la ANSES carece de facultades legales para revocar este tipo de beneficios.
Fuentes del organismo previsional confirmaron que ni Cristina Kirchner ni Amado Boudou —condenado por el caso Ciccone— están cobrando actualmente sus asignaciones especiales. “Por ahora, no cobran un peso”, indicaron.
El pasado 14 de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la decisión de revocar tanto la jubilación como la pensión de la exmandataria. En ese contexto, señaló que la medida representaba “un ahorro de unos $21.827.624 para los argentinos”.
Desde el Gobierno buscan rechazar el reclamo de Cristina Kirchner, argumentando que su situación encuadra en el concepto de “indignidad” previsto en el artículo 29 de la ley 24.018, que impide otorgar beneficios previsionales a quienes hayan cometido delitos dolosos contra el Estado con fines de enriquecimiento. La normativa establece que estos haberes no podrán ser percibidos por quienes hayan sido destituidos mediante juicio político o sumario debido a un mal desempeño en sus funciones.
Un escandaloso audio difundido esta semana por el portal especializado Doble Amarilla involucró a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un presunto intento de tráfico de influencias para convertir al Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la grabación filtrada, Santillán aseguró tener “todo arreglado” con el ministro de Justicia, Mariano CúneoLibarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para garantizar la celeridad del trámite.
El material en cuestión proviene de un diálogo de Whatsapp ocurrido el 12 de julio entre la legisladora y el periodista Juan Cruz Sanz, quien ocupa el rol de presidente ejecutivo del club del sur desde octubre de 2023. “Es un trámite que lo llevamos con Cuneo Libarona, habilita a la inversión extranjera, viene a ser como un fideicomiso lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA como Arsenal”, señala Santillán en el audio.
EL POLÉMICO AUDIO DE SANTILLÁN
Santillán le propone a Sanz que le presente “una nota, no de intención, pero de consulta ante la Inspección General de Justicia. Tenemos a los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol, esa es una de las partes”.
“Tenemos que tener dos partes: la interesada en invertir y la parte que recibe la inversión”, explica Santillán y le asegura que el camino está allanado. “Obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”.
En su relato, Santillán asegura a Deportivo Bancruz que tenían “todo armado” para que el club que iniciara el trámite no pudiera tener ninguna sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino: “La AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita. Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”.
– Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roque Vítolo (titular de la Inspección General de Justicia)
En otra parte del audio revela que el pedido lo hace alineada con el presidente de la Nación Javier Milei. “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”.
Consultada por el diario La Nación, la diputada oriunda de Mar del Plata confirmó que el audio existió pero negó la existencia de presión política: “Yo tengo la conversación completa, la que es prueba documental si la justicia lo requiere. Juan Cruz Sanz se presentó ante mí como presidente de un club, pidiéndome asesoramiento, anteriormente también había hablado con (Daniel) Scioli y (Julio) Garro. Le respondí las consultas y asesoré según sus inquietudes”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, prefirió el silencio y no dio declaraciones.
– El periodista y presidente del Club Social y Deportivo Bancruz, Juan Cruz Sanz
En redes sociales, Santillán respondió a las críticas asegurando que su gestión busca “modernizar un sistema quebrado” y promover la inversión privada como motor de crecimiento.
En un extenso posteo publicado en X, la diputada afirmó: “Un dirigente me contactó desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra el miedo que le tienen a las SAD y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la modernización de un sistema quebrado, que quebró la dirigencia que conduce la Liga Nacional del Fútbol Argentino”. Además, defendió la iniciativa impulsada por el gobierno, afirmando: “No hay ningún rédito personal en mi gestión, más que cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la Argentina en otro nivel, en el camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección. Es lo único que hay, y lo vamos a lograr”.
El periodista Juan Cruz Sanz también aportó detalles sobre el contexto que lo llevó a mantener diálogos con Santillán. “Asumí con la intención de buscar fondos para revivir el club, que pueda volver a ser lo que fue, y así solicité ayuda a Daniel Scioli, ya como funcionario de este gobierno. Él me derivó a Julio Garro (ex subsecretario de Deportes), con quien me contacté dos semanas antes de que Milei lo echara del cargo”, explicó el presidente del Club Bancruz, al reconstruir la previa de su contacto con Santillán.
– El comunicado de Club Social y Deportivo Bancruz, publicado ayer en X
“Cuando a Garro lo echan, sigo la conversación con Santillán, siempre en la búsqueda de encontrar sponsor para revivir al club. Sabía que ella tenía llegada en el sector y lo primero que me pide es que el club debía convertirse en SAD. Yo estoy en contra de esa idea y el club también, pero decidí seguir la corriente, como periodista, para ver qué eran capaces de hacer”, agregó Sanz, quien desde el año pasado se alejó de los medios y actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Consejo Federal de Fútbol.
El dirigente también relató que tuvo una reunión con Juan Cruz Martínez, abogado de Santillán. “Hablo con la AFA y aviso que voy a seguir hablando con ella. Le seguí la corriente para que me sienten con los supuestos inversores, pero eso nunca ocurrió. Me pedían que armemos los papeles y todo el tiempo me decían no queremos nada”, detalló.
Finalmente, Sanz vinculó lo sucedido con Santillán a otros movimientos similares en el fútbol argentino. “Cuando pasa lo de Estudiantes, digo: están haciendo lo que me proponían a mí que haga con Bancruz, y por eso decido difundir el audio. Ahora debe investigar la justicia”, afirmó el presidente ejecutivo del club, que actualmente participa en la Liga de Fútbol Sur y cuenta con licencia deportiva para disputar el Torneo Regional Amateur.
El primer mes de 2025 estuvo marcado por una escalada de inseguridad en el Conurbano bonaerense del kirchnerista Axel Kicillof, concentrada especialmente en los partidos de La Matanza y Moreno, donde ocurrieron homicidios de civiles y enfrentamientos armados con agentes de las fuerzas de seguridad.
Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el asesinato de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años que intentó defender a un vendedor ambulante de un robo en Moreno y terminó apuñalado. Familiares, amigos y vecinos protestaron frente a la Municipalidad de Moreno, y la manifestación concluyó con balas de goma y gases lacrimógenos. Las autoridades municipales, encabezadas por la intendenta Mariel Fernández, describieron el homicidio casi como una riña callejera. Sin embargo, en simultáneo se conoció que otros cuatro asesinatos sacudieron ese mismo distrito en diferentes episodios, incluido el de un motociclista de 25 años en un asalto sobre la ruta 7, un crimen intrafamiliar y un doble homicidio vinculado a un presunto ajuste de cuentas narco.
Las estadísticas históricas mostraron que Moreno ya había registrado altas tasas de homicidios en años anteriores: en 2016 llegó a 15,8 casos cada 100.000 habitantes, superando el índice que en ese entonces mostraba Rosario (12,1). En 2023, la Procuración General bonaerense computó 59 homicidios en el departamento judicial Moreno-General Rodríguez, con cinco asesinatos cometidos por menores. De hecho, un informe del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) alertó sobre un incremento del 48,7% de menores involucrados en hechos delictivos en Moreno y General Rodríguez desde 2023.
– La intendente Mariel Fernández junto a Cristina Kirchner
El impacto de la violencia también se sintió en La Matanza, que se ubicó como el partido con mayor cantidad de hechos de inseguridad en los últimos 31 días, afectando localidades como Villa Madero, Isidro Casanova, La Tablada, San Justo y alrededores. Según datos publicados por el Fuero Criminal y Correccional (FCC), La Matanza quedó tercera en un ranking general de distritos con aumentos de casos de inseguridad (18,3%), detrás de Mar del Plata (25,9%) y La Plata (19%), y por encima de Moreno-General Rodríguez (18,1%) y Lomas de Zamora (15,1%).
En medio de esta ola delictiva, ocurrió el asalto al ministro de Transporte, Martín Marinucci, el 21 de enero en Ramos Mejía. Ladrones agredieron a su esposa y huyeron con su cartera y el teléfono del funcionario. Días después, la UFI N.º 13 de La Matanza detuvo a un menor de 16 años por el hecho y recuperó la cartera en Dock Sud.
También predominaron los enfrentamientos entre delincuentes y agentes de la Policía Bonaerense y de la Policía de la Ciudad. En La Matanza, al menos diez efectivos se batieron a tiros con asaltantes durante enero. El primer caso ocurrió el 3 de ese mes, cuando un oficial de civil fue interceptado por tres ladrones armados en Villa Luzuriaga. El policía abrió fuego y mató a uno, hirió a otro y el tercero se dio a la fuga. A lo largo de las semanas, se contaron ocho delincuentes muertos y tres heridos en distintas balaceras, incluida la de dos motochorros que abordaron a un policía de civil en Villa Madero: uno murió por un disparo y el otro se estrelló contra un auto al intentar escapar.
“Vinieron a golpearnos”: Así fue la agresión a los medios en La Matanza
La cobertura de este último episodio terminó con agresiones a la prensa cuando familiares y amigos de los ladrones muertos enfrentaron a los periodistas que llegaron al lugar. “Fueron directo a golpearnos y lo hicieron porque pudieron”, denunció Ana Ortiz, notera de TN, quien afirmó que los agresores no mostraron temor alguno a los oficiales que presenciaban la escena.
La violencia también alcanzó a los propios miembros de las fuerzas de seguridad fuera de su horario de servicio. En Castelar, dos motochorros asesinaron a Brian Coria, un oficial de la Policía Bonaerense de 34 años que se dirigía a la casa de su novia en una motocicleta Kawasaki Z400. Los delincuentes le dispararon en la zona del coxis, le robaron el vehículo y su pistola Bersa reglamentaria. Días después, se confirmó que uno de los asaltantes muertos en Villa Madero, de 15 años, había participado en ese homicidio, aunque no habría sido el tirador, sino el conductor de la moto. El mismo menor también habría cometido el robo que sufrió el médico Santiago Bos el 14 de enero, cuando lo balearon en el estómago y en la pierna para quitarle su moto y otras pertenencias.
En Moreno, otro episodio trágico ocurrió con Pablo Fernando Bartoli, de 38 años, asesinado de un disparo en la espalda cuando se dirigía a su trabajo en la madrugada. Por el hecho, fue detenido un menor de 17 años que había participado en otro robo de motocicleta la noche anterior en la misma zona de Cuartel V.
La seguidilla de homicidios y robos, sumada a la participación recurrente de menores en los delitos, intensificó el cruce entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y su par bonaerense, Javier Alonso. Wolff exigió medidas más efectivas en territorio provincial, al argumentar que 13 de los últimos 14 policías asesinados en la provincia pertenecían a la Policía de la Ciudad.
Aunque ambos funcionarios se reunieron la semana pasada, el encuentro terminó con reproches públicos. Tras la reunión, Alonso afirmó que “los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos, y la suciedad que invade las calles porteñas se maquillan con estrategias superficiales, como si un perfume pudiera ocultar la falta de soluciones reales para los vecinos”. Además, desmintió la existencia de ataques sistemáticos contra policías porteños.
Wolff respondió con un comunicado donde aseguró que habían acordado trabajar en conjunto, pero luego contestó: “Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas entre políticos”. Y añadió: “2024 fue el año con menor cantidad de homicidios generales y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de haber gobernado PBA 40 años, todavía no entendieron que la gente quiere soluciones, con las chicanas siguen sufriendo la inseguridad. Lo espero para trabajar cuando quiera”.
– El ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff
En este contexto, el asesinato de Lucas Aguilar cobró una dimensión nacional cuando el presidente Javier Milei destacó el accionar del joven y anunció la creación de la Condecoración al Valor del Hombre Común: “Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto. El vendedor ambulante fue apuñalado pero sobrevivió gracias a Lucas, que hizo el sacrificio máximo por un desconocido y entregó su vida para defenderlo”, manifestó el mandatario. La distinción sería entregada a los familiares del joven, quien murió apuñalado por un agresor identificado como Luis Benjamín Benítez, de 36 años, con antecedentes y tres condenas firmes que no le impidieron recuperar la libertad el 16 de abril de 2024.
La secuencia de hechos violentos que se concentró en las últimas semanas incluyó también el caso de Esteban Jesús Maciel, de 29 años, asesinado en Pericles y Pirovano, y el enfrentamiento en Daract y Vicente López, donde un policía de la Ciudad abatió a un joven de 18 años que intentó robarle la moto. Los partes oficiales señalaron que ese delincuente ya tenía antecedentes y una orden de captura vigente.
Pese a las detenciones, las cifras de criminalidad en el Conurbano bonaerense continuaron en aumento durante el primer mes de 2025, con La Matanza y Moreno como principales escenarios de robos, homicidios y la aparición reiterada de menores en el circuito delictivo.
El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.
El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.
La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.
Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.
En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.
La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.
Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
