PRIVILEGIOS DE CASTA | Yáñez viajó ilegalmente a Misiones 6 veces durante la cuarentena
La novia del presidente viajó al menos seis veces a Misiones durante la cuarentena estricta. El jueves pasado fue denunciada.
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Una investigación exclusiva de Periodismo y Punto (Federico Teijeiro) publicada el pasado 10 de noviembre reveló que la novia del presidente, Fabiola Yáñez, viajó a la provincia de Misiones en 7 ocasiones mientras transcurría el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), período en el cual estaba terminantemente prohibido trasladarse entre provincias.
La detallada investigación de citado portal aclara las incongruencias oficiales dadas a la hora de comunicar los viajes. “El presidente de la Nación impartió normas, acusó a diestra y siniestra con el dedo, pero tras bambalinas ninguno de ellos las cumplía. En especial Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Se creen, viven y gobiernan como una casta”, concluye Teijeiro en su nota.
Información de los vuelos, publicados en la investigación de Periodismo y Punto
Una vez conocidos los datos de los vuelos de Fabiola, la Fundación Apolo denunció el hecho: “La Primera Dama se habría desplazado por el país cuando no debía hacerlo, en tanto que, no existiendo actividad oficial, se descuenta que Fabiola YAÑEZ no habría estado cumpliendo actividad esencial alguna. Más aún, ninguna de las ‘actividades esenciales’ a las que aluden las normas vigentes, cuando ocurrieron los hechos, toman en cuenta la actividad desarrollada por una Primera Dama, es decir, la actividad de una persona que no es funcionaria y que no cumple ningún rol de relevancia que la torne ‘personal esencial'”.
Los abogados firmantes agregan además que “Fue el mismo Exmo. Sr. Presidente de la Nación, quien en referencia al caso del ciudadano llegado de Estados Unidos que golpeó a un guardia en Vicente López, en conferencia de prensa, expresó que sería inflexible en el cumplimiento de la ley, perseguiría penalmente a los trasgresores y llamó a ser solidarios con el prójimo cumpliendo con las medidas sanitarias. Evidentemente, la inflexibilidad aludida por el Primer Magistrado cede ante los allegados al poder”.
*Con información de Periodismo y Punto
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Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.
Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado interventor César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.
El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.
Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.
En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.
En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.
OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.
Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).
¿Por qué fue intervenida?
En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.
Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.
— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario
Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.
El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.
La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.
En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo códigoregula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.
La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.
Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.
Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.
Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.
La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.
La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.
Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.
Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.
La advertencia de masacre
Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situaciónlímite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.
La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo trasla declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado
Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.
22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.
El frente legislativo y la presión al Ejecutivo
La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.
Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.
Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.
Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.
El Gobierno nacional traspasó cinco corredores viales clave a la firma privada Corresur. El nuevo esquema elimina los subsidios estatales y traslada el riesgo operativo a las empresas controlantes. La medida incluye un plan de obras prioritarias y la digitalización obligatoria en el cobro de peajes.
El embajador Eyal Sela confirmó que la sede abarcará Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Argentina declaró clandestina a Navitas Petroleum en 2022 y la inhabilitó por veinte años.
Las plataformas presentan sus préstamos como una solución “inclusiva” para quienes quedaron afuera de poder sacar un crédito bancario. Según el BCRA, la mayoría de los deudores de las apps tiene menos de 40 años.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
