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Por confirmación de la vocera presidencial se supo que, este sábado Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro Matías Kulfas. La solicitud de renuncia se produjo luego de la difusión de un informe “en off” atribuido a la cartera que manejaba el ex ministro Kulfas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el mismo hablaba de las críticas del jefe de Estado y la vicepresidente al gasoducto Néstor Kirchner.
El informe señalado en cuestión circuló todo el viernes a través del WhatsApp de diferentes periodistas. Luego de que dichos mensajes llegarán a Alberto a través de Twitter, este hizo mención a ellos y comentó: “Comparto la respuesta dada por @Energía_ArgOk en una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno”. El descargo al que se refiere Alberto es una publicación de la cuenta oficial de Energía Argentina en donde declaran: “A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”.
En respuesta a ello Alberto expresó: “Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”.
Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B
Luego de este descargo el ministro Kulfas recibió el pedido de renuncia y el mandatario dictaminó: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner”.
Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad.
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En un video publicado en sus redes sociales, Marra denunció que las villas son el principal foco de inseguridad en CABA, un problema que el Gobierno porteño no ha sabido resolver. “OPERATIVO CERROJO EN TODAS LAS VILLAS”, afirmó el legislador, exigiendo controles fijos y móviles, requisas y respaldo legal a las fuerzas de seguridad para proteger a los porteños.
El candidato detalló que los puntos de control en cada entrada de las villas incluirán detectores de metales y revisiones exhaustivas, mientras que operativos móviles actuarán dentro de los barrios para desmantelar redes de narcos y delincuentes. Marra señaló que hoy en día los robos en la Ciudad terminan con los celulares localizados en las villas, una situación que su plan busca erradicar. “Los chorros y los narcos se esconden detrás de la gente honrada; es hora de que el miedo lo tengan ellos, no la gente de bien”, lanzó Marra, criticando la impunidad que permite que estas mafias operen.
El video, que acompaña un tweet viral, genera debate sobre la necesidad de actuar con firmeza frente a un problema que afecta la seguridad de toda la Ciudad. Marra advirtió que, de no tomarse medidas drásticas, CABA podría convertirse en una “gran villa miseria”. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, cerró el candidato, reafirmando su compromiso con una CABA más segura y ordenada para todos.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.
El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.
El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.
La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.
En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.
Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.
Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
El farmacéutico y candidato a legislador porteño Marcelo Peretta (lista Remedios para CABA) acusó a los sucesivos gobiernos de haber convertido en “una estafa” el proyecto del Polo Farmacéutico de Lugano III y IV. La iniciativa, sancionada por la Ley 7168 en 2005 para reunir a empresas productoras e investigadoras de medicamentos, permanece como “un terreno baldío” casi veinte años después.
En un video difundido en redes, Peretta señala las rejas oxidadas que rodean el predio y afirma: “Aquí debía haber 100 productores de medicamentos, pero veinte años después solo hay 4”. Para el postulante, el incumplimiento configura una violación de los deberes de funcionario público previstos en la Ley 25 188 y en el artículo 248 del Código Penal.
El dirigente apunta a una “connivencia” multipartidaria: “Hay connivencia entre macrismo, kirchnerismo y radicalismo, cuyos partidos están financiados por los laboratorios y, a cambio, les congelan este proyecto que traía competencia, producción y trabajo”.
Peretta sostiene que la parálisis del polo encarece el acceso a los medicamentos: “esta es la prueba de que la política está comprada por la industria farmacéutica y, por eso, tenemos los medicamentos más caros del mundo”. Su programa incluye instalar nuevos laboratorios en el predio para aumentar la competencia, obligar a recetar por nombre genérico y sancionar a los médicos que prioricen marcas comerciales por “intereses económicos” y limitar la publicidad engañosa y cortar el financiamiento empresario a la política.
“Vamos a abrir más laboratorios para generar competencia y cortar el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros. Tengo conocimiento, experiencia y valentía para enfrentar a las corporaciones y aliviar a los porteños”, aseguró.
A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.
Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.
Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.
Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.
Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
El candidato a legislador por CABA criticó al Plan Patria Grande del kirchnerismo: “La población de las villas se multiplicó por diez en la última década”.
Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A
