26 julio, 2025

Polémica en Paraná por el apoyo político de Vidal a Emanuel Gainza, el ex concejal imputado por narcotráfico

Se trata de Emanuel Gainza, un exconcejal entrerriano señalado en los cuadernos de contabilidad de una banda narco.
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La exgobernadora de Provincia de Buenos Aires y aspirante a presidente de la Nación, María Eugenia Vidal, sorprendió al presentar a su precandidato a intendente en Paraná (Entre Ríos), Emanuel Gainza, un exconcejal imputado en una causa narco.

“En todo el país encuentro una nueva generación de dirigentes con talento y convicción para llevar adelante los cambios que la Argentina necesita. Uno de ellos es Emanuel Gainza, de Entre Ríos. Un joven que eligió poner el cuerpo para cambiar el país y se sumó al PRO con ganas de trabajar para encontrar nuevas soluciones a los viejos problemas que sufrimos los argentinos”, celebró la exgobernadora bonaerense en su cuenta de Instagram. Pero, detrás del telón no todo es tan perfecto.

Captura de la publicación de María Eugenia Vidal (Instagram)
Captura de la publicación de María Eugenia Vidal (Instagram)

El funcionario que actualmente se desempeña como secretario del Bloque de Juntos por el Cambio del Concejo Deliberante de Paraná, fue apartado de la causa en el año 2018 tras una insólita defensa. Según su representante legal, su apellido (plasmado en la libreta de clientes de la banda proveedora de drogas) no estaba del todo legible. Por ello, Gainza fue sobreseído en aquel entonces de tal imputación.

No obstante, DATA24 logró tener acceso a material judicial donde se ve que, estas declaraciones brindadas a la prensa a nivel nacional podrían no ser del todo verídicas.

El precandidato a intendente fue señalado por comprar 6 kilos de cocaína por un total de $150.000 (en el año 2018). No obstante, cuando fue a declarar explicó que no era para consumo personal ni “para comprar voluntades a los más vulnerables de Paraná”, como había declarado otro testigo, sino que era para regalarle a sus amigos. En paralelo, la mujer del líder narco que llevaba la contabilidad del “negocio” de su esposo, Luciana Lemos, declaró ante el juez que, tanto Gainza como los otros tres imputados en la causa le dieron el dinero para la adquisición de cocaína, la cual ella personalmente entregó en la sede municipal, en el despacho de Griselda Bordeira, ex subsectraria de Seguridad Comunal.

Así se comprobó que Gainza estaba ligado a la causa narco
Así se comprobó que Gainza estaba ligado a la causa narco

Incluso, a pesar de las irrisorias declaraciones de Gainza y los supuestos peculiares obsequios a sus amigos, Lemos aseguró que, en una oportunidad, la secretaria Bordeira le devolvió unos “775 gramos por estaba fea”, según consta en la página 195 de la declaración publicada por el Poder Judicial de la Nación, por lo que, claramente, la cocaína era para consumo personal de los funcionarios.

La causa no solo había salpicado al precandidato a intendente, sino también a Sergio Varisco, quien en ese entonces era intendente por Cambiemos. Además, estaba señalado en el cuaderno de clientes y, como detalle no menor, tenía una foto junto al líder de la banda narco, Tavi Celis.

Sergio Varisco, ex intendente de Paraná señalado en la causa y Tavi Celis, líder narco.
Sergio Varisco, ex intendente de Paraná señalado en la causa y Tavi Celis, líder narco.

A pesar de tan extenso historial desfavorecedor y años de mantenerse en un perfil modestamente bajo, Gainza volvió a mostrarse y está listo para competir por la intendencia.

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Redacción

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Denuncian que la UNDEF está “capturada por intereses partidarios” y esquiva auditorías

La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños. 

Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.

Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.

El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.

La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.

Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.

A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.

La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.

“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.

El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.

Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.

Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.

Redacción

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Villarruel cerró el jardín del Senado que inauguró Boudou

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.

El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.

El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.

Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.

En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.

La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.

Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.

Redacción

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NEGOCIOS Y MILLONES | El enigmático testaferro (y acreedor) de Alberto Fernández

*Por Christian Sanz

El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.

Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.

Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.

Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.

Aparece allí toda una trama de negocios que fue descubierta por su “segundo”, Jorge Rivas, y que culminó en un suspicaz hecho de violencia contra este.

Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.

El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.

Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.

Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.

En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.

*Fuente: Tribuna de Periodistas

Redacción

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Kicillof echó a 24 jefes de la Bonaerense tras acusarlos de “conspirar” para un candidato de LLA

El gobernador Axel Kicillof cesanteó a veinticuatro oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras una auditoría de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que “constató la veracidad de las denuncias anónimas” sobre una maniobra política dentro de la fuerza. Los operativos sorpresa se realizaron el miércoles pasado en dependencias de conducción ubicadas en el Bosque de La Plata y otras delegaciones.

Entre los desafectados quedó la cúpula completa de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, incluido el comisario mayor responsable del área. Fuentes oficiales indicaron que “están involucrados en esta maniobra, oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la Policía”. También fueron puestos en disponibilidad preventiva efectivos de Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó en Radio 10 que Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar al ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza‑PRO a diputado provincial por la estratégica Tercera Sección del Conurbano.

Según Alonso, los implicados “diseñaron una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Las auditorías hallaron conversaciones de WhatsApp, nombres, audios, hojas con membretes de LLA, computadoras con fondos de pantalla del “León” que identifica al presidente Javier Milei y borradores de proyectos de ley sobre seguridad destinados a la Legislatura. Además, se detectó la redacción de un proyecto de reforma de la Policía en el que los involucrados se autoincluían en niveles de conducción jerárquica.

Por infringir el Decreto‑Ley 9.550 (artículo 58, inciso 10), que prohíbe la participación político‑partidaria del personal en actividad, los efectivos fueron cesanteados y puestos en disponibilidad preventiva. La cartera de Seguridad bonaerense elevó las actuaciones a la Justicia Penal para establecer si cometieron delitos.

Las medidas también suscitaron críticas de la oposición. Patricia Bullrich escribió en X: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”. En la misma línea, Cristian Ritondo posteó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta ‘vinculación política’. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía”.

Bondarenko —concejal de Florencio Varela, coordinador de LLA en ese distrito y ex candidato de Facundo Manes— fue propuesto por Karina Milei y responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente partidario en la provincia. El sábado, anunció en redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”. Agregó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”.

– El ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso

La Tercera Sección, que abarca diecinueve distritos con casi cinco millones de votantes, constituye un bastión peronista donde Kicillof apuesta gran parte de su capital político. Bondarenko competirá contra Verónica Magario, vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, por un escaño en la Legislatura, tras una disputa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner que frustró la postulación de Mayra Mendoza.

Alonso advirtió que la intervención evitó “un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense” y recordó que el presidente Milei planteó una intervención federal tras calificar de “baño de sangre” la situación en el Conurbano. Fuentes de Seguridad señalaron que los oficiales proyectaron purgas y retiros obligatorios para quedarse al frente de áreas clave de la institución.

Si Bondarenko asume su banca el 10 de diciembre, sus vínculos con los jefes desplazados podrían quedar bajo la lupa judicial.

Redacción

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Finocchiaro acusó al kirchnerismo de usar causas sensibles para “desestabilizar al Gobierno mediante la economía”

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.

El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.

Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.

Redacción

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RÍO NEGRO | El vicegobernador denunció que Weretilneck le bajó la candidatura por sus críticas a Milei

El vicegobernador Pedro Pesatti afirmó que el gobernador Alberto Weretilneck decidió bajarlo de la candidatura al Senado Nacional debido a sus opiniones políticas. En un comunicado publicado en redes sociales, Pesatti sostuvo que fue vetado “por sus ideas”.

Pesatti relató que Weretilneck le comunicó que el espacio impulsará una candidatura con una postura distinta a la suya. Señaló no coincidir con el análisis del escenario ni con la estrategia adoptada, y calificó la movida como una traición al acuerdo previo.

Según fuentes provinciales, el gobernador eligió al jefe del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura, Facundo López, como candidato al Senado. La decisión fue confirmada ayer martes y generó sorpresa interna.

Pesatti manifestó su profunda decepción y opinó que, aunque en su momento Weretilneck propuso su postulación, el gesto de vetarlo demuestra la verdadera ideología del gobierno. “Los métodos desnudan la verdadera ideología”, escribió.

La denuncia se inscribe en un contexto de tensiones mayores entre Weretilneck y el oficialismo nacional. El gobernador mantuvo posiciones críticas hacia el gobierno de Javier Milei, sin embargo luego suavizó su discurso, lo que ahora juega en su contra en la interna de JSRN.

En junio, Weretilneck hizo público su respaldo al fallo de la Corte que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo mediante un comunicado institucional y en declaraciones ante medios provinciales, lo que generó repercusiones dentro del peronismo local.

Dentro de Río Negro, el gobernador adelantó que las provincias afrontan una fuerte merma de recursos bajo la nueva administración nacional, con una caída estimada de alrededor del 70 % en fondos coparticipables.

El gobernador también rechazó depender de la Nación y resaltó la necesidad de encontrar respuestas desde lo provincial, en un escenario que calificó como un “tiempo de emergencia” durante el vínculo con el gobierno central.

Pesatti enfatizó que quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron históricamente relegados y perseguidos. Consideró su exclusión como parte de un patrón que deja en evidencia diferencias de fondo dentro del partido.

Al interior del bloque legislativo, algunos sectores de la oposición provincial ya habían cuestionado la estrategia del gobernador. Lo acusaron de alinearse con el centralismo y descuidar los intereses provinciales. En los próximos días se espera que el círculo interno de JSRN anuncie formalmente la fórmula al Senado, sin presencia de Pesatti. Queda planteado el desafío de cómo se articulará la campaña electoral sin la presencia del titular del Ejecutivo provincial.

Redacción

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