25 octubre, 2024

Pichetto y Cornejo denunciaron al titular de Asuntos Indígenas que le otorgó tierras a mapuches

Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto denunciaron a Alejandro Marmoni por hacer entrega de 25.000 hectáreas privadas a la comunidad mapuche.
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El senador radical Alfredo Cornejo junto al auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto presentaron una denuncia penal contra el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, por otorgar 25 mil hectáreas a comunidades aborígenes.

El punto central de la denuncia que se presentó formalmente este viernes en los tribunales de Comodoro Py se basa en la entrega de 25 mil hectáreas en la provincia de Mendoza que fue oficializada a inicios de este mes en la Resolución 47/2023 plasmada en el Boletín Oficial que llevó la firma de Marmoni. Al titular del Instituto se lo acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la patria.

Miguel Ángel Pichetto on Twitter: “Efectuado el sorteo de la denuncia presentada junto a @alfredocornejo por Traición a la Patria contra el titular del INAI por la ilegítima entrega de porciones de nuestro territorio a grupos autodenominados mapuches en la prov. de Mendoza. La misma recayó en el Juzgado Federal 8. pic.twitter.com/9R76VdMsSG / Twitter”

Efectuado el sorteo de la denuncia presentada junto a @alfredocornejo por Traición a la Patria contra el titular del INAI por la ilegítima entrega de porciones de nuestro territorio a grupos autodenominados mapuches en la prov. de Mendoza. La misma recayó en el Juzgado Federal 8. pic.twitter.com/9R76VdMsSG

“La denuncia es por la resolución del INAI en la provincia de Mendoza —que entregó tierras cuando sólo podría hacer relevamiento— y porque es una batalla cultural que pasa desapercibida. Mendoza no era un conflicto respecto de los reclamos de los Mapuches y ahora lo es”, explicó el senador nacional.

“El INAI no puede hacer reconocimiento de propiedades, no está en sus funciones. Además hizo caso omiso a dos fallos de la provincia de Mendoza. Hace dos años había en todo el país 600 reclamos, hoy hay 1800 reclamos”, agregó Pichetto.

Alfredo Cornejo on Twitter: “Con @MiguelPichetto presentamos una denuncia penal contra Alejandro Marmoni, titular del INAI, por extralimitarse en la entrega de tierras en Mendoza a favor de supuestas comunidades mapuches.Debemos combatir estas políticas que implican pérdida de la soberanía territorial. pic.twitter.com/VQlYshwiXc / Twitter”

Con @MiguelPichetto presentamos una denuncia penal contra Alejandro Marmoni, titular del INAI, por extralimitarse en la entrega de tierras en Mendoza a favor de supuestas comunidades mapuches.Debemos combatir estas políticas que implican pérdida de la soberanía territorial. pic.twitter.com/VQlYshwiXc

Para el auditor general hay pruebas fehacientes para comprobar la existencia de los tres delitos mencionados en la actividad del recientemente designado Marmoni: “Inclusive el de traición a la patria, está suficientemente documentado porque hay sesión de soberanía, hay pérdida de territorio porque esas comunidades que se autoperciben como mapuches no reconocen al Estado argentino“, planteó.

Al detallar por qué se considera que el INAI y su titular se comportan de tal manera, tanto Pichetto como Cornejo señalaron como culpable al espacio oficialista: “Es parte del conflicto del Frente de Todos que es una alianza heterodoxa en donde hay un Presidente que no lidera o que, en realidad, valida esto”. “Debemos combatir estas políticas que implican pérdida de la soberanía territorial”, coincidieron.

“DONACIÓN” DE TIERRAS

En las primeras semanas del mes de febrero, el INAI hizo entrega de más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches: El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe. Ambas venían protagonizando violentos reclamos bajo el fundamento de la pertenencia de dichas tierras. Como respuesta, el Instituto liderado por el íntimo amigo de Amado Boudou, Alejandro Marmoni, donó las tierras y unas semanas después agregó 4.477 hectáreas más para la comunidad Lof Limay Kuref.

Ante esto, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, salió al cruce contra el gobierno nacional y afirmó que presentará denuncias contra los responsables.

Rodolfo Suarez on Twitter: “Oportunamente una vez transitada esta vía, se realizarán las acciones judiciales que correspondan.Hoy el ministro de Gobierno, @vibanezrosaz, recibió al fiscal de Estado, Fernando Simón y al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para trabajar en la elaboración de estos recursos. / Twitter”

Oportunamente una vez transitada esta vía, se realizarán las acciones judiciales que correspondan.Hoy el ministro de Gobierno, @vibanezrosaz, recibió al fiscal de Estado, Fernando Simón y al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para trabajar en la elaboración de estos recursos.

“Las resoluciones del INAI presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó“, señalaron desde la gobernación mendocina.

Además se sumó el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, quien presentó tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del INAI por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados publicó datos sobre empleados, contratos y subsidios, con una fuerte reducción en 2024

La Cámara de Diputados de la provincia brindó información sobre empleados de planta permanente, contratos de obra, de servicios y subsidios otorgados entre los años 2022 y 2024. Esta medida, liderada por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, representa una importante medida en el proceso de transparencia y reordenamiento institucional que la gestión del gobernador Rogelio Frigerio impulsó desde su inicio.

Hein destacó el compromiso de su administración con la transparencia y el acceso a la información pública, afirmando que “los entrerrianos nos eligieron para que realicemos una transformación real; no se hace en un día, pero estamos dando pasos firmes en ese sentido”.

– El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Uno de los aspectos más destacados de la información publicada es la notable reducción en la cantidad de contratos y subsidios otorgados por la Cámara de Diputados. En comparación con los años anteriores, los números revelan una disminución significativa en diversas áreas.

Por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, la cifra se redujo de 909 agentes en 2023 a solo 325 en 2024. Esta drástica disminución, recordaron las fuentes oficiales, es parte del proceso de reordenamiento interno que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y evitar contrataciones innecesarias. En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara enfatizó la necesidad de “transitar liviano” y aclarar que las decisiones de contratación y asignación de recursos deben ser justificadas y transparentes.

Los contratos de servicios, por su parte, se han mantenido relativamente estables, con 15 contratos en 2024, la misma cantidad que en 2022, pero con un ligero aumento en 2023 cuando se registraron 18 contratos.

En cuanto a los subsidios otorgados, la reducción fue aún más drástica. Mientras que en 2023 se otorgaron 823 subsidios, en lo que va de 2024 apenas se registraron 9.

LOS DATOS DIFUNDIDOS POR EL GOBIERNO ENTRERRIANO

TransparenciaCDER-1

Agentes de Planta Permanente:
– 2022: 119 Agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 165 Agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 157 agentes (al 31/03/2024)

Contratos de Servicios realizados:
– 2022: 15 (al 31/10/2022)
– 2023: 18 (al 31/10/2023)
– 2024: 15 (al 31/03/2024)

Contratos de Obra:
– 2022: 744 agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 909 agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 325 agentes (al 31/03/2024)

Subsidios otorgados:
– 2022: 177 (al 31/10/2022)
– 2023: 823 (al 31/10/2023)
– 2024: 9 (al 31/03/2024)

Redacción

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El intendente de Gualeguaychú eliminó el 60% de las tasas municipales en solo diez meses

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.

En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.

La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.

“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.

Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.

El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.

LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO

  1. Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
  2. Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
  3. Solicitud de deuda líquida y exigible.
  4. Aprobación para instalación medidor de luz.
  5. Venta de planos del municipio.
  6. Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
  7. Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
  8. Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
  9. Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
  10. Inscripción de comercio, industria, etc.
  11. Los recursos contra resoluciones administrativas.
  12. Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
  13. Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
  14. Por presentación de denuncias contra vecinos.
  15. Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
  16. Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
  17. Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
  18. Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
  19. Sellados municipales de planos.
  20. Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
  21. Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
  22. Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
  23. Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
  24. Carnet sanitario.
  25. Desinfección y desratización.
  26. Derechos de edificación.
  27. Actuaciones administrativas.
  28. Tasa por servicios especiales.
  29. Tasa por servicios eventuales.
  30. Sobretasa General Inmobiliaria.
  31. Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.

Redacción

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El legislador Santoro apuntó contra Villarruel: “Es inconstitucional ese busto de Isabelita”

El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.

Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.

El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.

La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.

La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.

Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.

El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.

Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.

Redacción

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El Gobierno canceló un contrato millonario a la ONG de Madres de Plaza de Mayo

El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.

“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.

El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.

La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.

“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.

Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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Aerolíneas Argentinas expulsó a Pablo Biró del directorio de la empresa

En una decisión que busca cambiar el rumbo de la empresa estatal, la asamblea de accionistas de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas decidió remover de su cargo al secretario general del gremio de pilotos (APLA) Pablo Biró, quien fue el responsable directo de al menos 13 paros en el último año, situación que generó millonarias pérdidas económicas, atentando contra la operatividad de la empresa y afectando a aproximadamente 100.000 pasajeros.

A través de esta medida, el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, busca que Biró deje de ser el representante de los trabajadores de la empresa. Su lugar lo ocupará Eduardo Juan García, director suplente y también miembro de APLA. Se estima que el gremio hará una presentación judicial para revertir esta situación.

Desde el inicio del mandato, el gobierno ha intentado avanzar en la privatización de la empresa, en un primer momento se la incluyó dentro de la Ley Bases para su privatización, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, nuevamente el gobierno buscará, con apoyo del Pro, más negociaciones con la oposición dialoguista, para poder aprobar una ley que permita privatizarla.

En el mientras tanto, el gobierno avanzó en una racionalización de la empresa sumamente deficitaria, y en este sentido, la decisión de expulsar a Biró continúa en esa dirección: un sindicalista que defendió los privilegios de una casta aeronáutica, con salarios exorbitantes lejos del valor de mercado, más choferes privados y beneficios en pasajes de primera línea. Privilegios pagados con los impuestos de todos los argentinos.

Se estima que el gobierno logró reducir en un 70% el déficit de Aerolíneas Argentinas, y en ese sentido muchas empresas ya han manifestado el interés de adquirir la empresa en caso de ser privatizada. De esta manera se la haría más eficiente aún y no dependería para su funcionamiento de los impuestos de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos nunca han podido subirse a un avión.

Redacción

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