¡PAPELÓN! | La Justicia intimó a Schiaretti a que le quite la palabra “JUNTOS” a su sello
El 26 de abril, la alianza del gobernador peronista había decidido modificar su nombre a "Hacemos Juntos por Córdoba", ahora deberá re-modificarlo para evitar confundir al electorado.
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La coalición rebautizada por Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, tuvo un arranque con pocas luces. Y es que la alianza que llevará como precandidato presidencial al cordobés (decisión que anunció en la Ciudad de San Francisco) debió modificar su nombre debido a una presentación de Juntos por el Cambio en la Justicia Electoral Provincial.
El espacio se llamó inicialmente “Hacemos Juntos por Córdoba”, motivo por el cual la coalición opositora instó a impugnar la utilización de la palabra “Juntos”, argumentando que podría confundir al electorado. La solicitud buscó el cese del uso de la expresión de manera inmediata.
Quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en las próximas PASO del mes de agosto. Lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que sea la superación de la grieta que tanto daño nos hace.
Con la intención de extinguir el reclamo judicial antes de que la Justicia Electoral analizara el planteo, la coalición del oficialismo resolvió modificar la denominación y pasará a llamarse “Hacemos Unidos por Córdoba”.
Para las elecciones locales del 25 de junio, en las que se elegirán gobernador y vicegobernador, 70 legisladores y 3 miembros para el Tribunal de Cuentas, “Hacemos Unidos por Córdoba” llevará como candidato a gobernador al actual intendente capitalino, Martín Llaryora. Su principal rival será Luis Juez.
Ser un país normal es ser capaces de trabajar juntos, con los sectores productivos, académicos, científicos. Queremos llevar para el resto del país el modelo de gestión de #Córdoba, que ha probado su éxito en la provincia.
En tanto, Schiaretti competirá en las PASO como precandidato presidencial contra el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Con esta nueva alianza, ya son 6 las oficializadas: Juntos por el Cambio, Hacemos Unidos por Córdoba, Creo en Córdoba de Todos (kirchnerismo), La Libertad Avanza, Frente Liberal Demócrata Desarrollista y Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad. En la medianoche del próximo sábado vence el plazo electoral para la presentación de las candidaturas.
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La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.
Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.
A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.
Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.
Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.
Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.
Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).
El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.
Mauricio Macri analiza reeditar a Juntos por el Cambio en la provincia para freezar el acuerdo con Javier Mileiy llegar en una posición menos débil a una negociación antes del cierre de listas de agosto.
El PRO bonaerense se reunió este martes y, en medio de la falta de defunciones, hubo señales respecto de un regreso de Juntos al menos de manera parcial.
Si bien la mayoría de los presentes en la reunión que encabezó Cristian Ritondo en sede del partido en San Telmo se mostraron favorables a un acuerdo con los libertarios, no se pudo imponer una postura. Principalmente porque Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que reporta a Jorge Macri, se opuso a cerrar con La Libertad Avanza.
Del cónclave, en el que estuvieron los intendentes del PRO, surgió la idea de invitar al próximo encuentro a los intendentes radicales. Fue llamativa la coincidencia con las palabras del propio Macri desde Balcarce, donde pidió integrar a los radicales a un acuerdo para volver a gobernar la Argentina. No parecieron las definiciones de alguien que busca acordar ya con Milei.
En el PRO dijeron al medio La Política Online que el escenario bonaerense puede quedar abierto si recrean Juntos con los radicales que gobiernan buena parte de los distritos del interior, más la porción de peronistas de Juan Schiaretti y algunos aliados que formaron parte de la alianza que gobernó el país y la provincia entre 2015 y 2019.
Más aún considerando que los libertarios tienen serios problemas para encontrar candidatos competitivos tanto a nivel seccional como para la lista de diputados nacionales.
El acuerdo que quiere Karina Milei con los dirigentes del PRO por separado, sin cerrar con el propio Macri, tiene dos trabas fundamentales.Una es la del propio Macri, que quiere estirar la definición para luego de las elecciones porteñas. El líder del PRO dice que si logran dejar a Manuel Adorni en un tercer puesto, serán los libertarios los que deberán venir a golpear la puerta para un acuerdo.
En el gobierno también quieren evitar forzar el acuerdo subterráneo con los dirigentes del PRO para evitar que se rompa el bloque amarillo en Diputados, que necesitan como agua hasta diciembre para garantizarse el tercio del que Milei se valió para tener gobernabilidad.
El legislador porteño Ramiro Marra confirmó la semana pasada que competiría por fuera de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 18 de mayo y adelantó los principales lineamientos de su nueva campaña. “Que se prepare Kicillof”, arengó eldirigente libertario luego de anunciar que lanzaría una propuesta para cobrarle a la administración de Axel Kicillof el servicio de salud que brindan los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses.
Marra subrayó que “el 40 % de la gente que se atiende en el sistema público de la ciudad viene de la provincia de Buenos Aires” y explicó que su iniciativa consistiría en “pasarle la factura” a la provincia cuando esos pacientes se atendieran en hospitales porteños. “Cuando vienen le pasas la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, resumió el legislador en diálogo con Paulino Rodrígues, en LN+. Según aclaró, no buscó confrontar con LLA ni ser funcional al kirchnerismo o a Pro, sino que quiso “aportar desde su espacio a la consolidación del ideario liberal en la Ciudad”.
Al detallar otras propuestas, Marra hizo hincapié en la importancia de impulsar reformas en materia educativa, entre ellas, un proyecto para transparentar el financiamiento del sistema escolar. “Queremos que haya transparencia en la educación. Saber cuánto recibe cada establecimiento, tanto privado como público. Queremos información y a partir de ella, se van a poder tomar decisiones. Porque sabemos que de los 2500 escuelas que hay la mayoría, hasta los privados, reciben subsidios”, señaló. “Vos mandás a tu hijo a un parroquial que recibe subsidio y no tenés información de cuánto es y pagás un cuota sin saber esto”, advirtió.
El legislador consideró urgente revisar los contenidos de las currículas para incorporar tecnología. “Hay que estar más enfocado en el mundo moderno, la educación siempre llega tarde. Los chicos están más preocupados por ver qué hay en el teléfono que lo que dicta el profesor. Porque lo que dicta el profesor capaz ya está en una alguna inteligencia artificial”, planteó. “Hay que incorporar la tecnología en los colegios”, reclamó.
Marra también recordó su reciente desvinculación del bloque libertario en la Legislatura porteña, aunque afirmó que mantendría su respaldo a las iniciativas del Gobierno. “Acompaño las políticas de este Gobierno porque desde mi salida no cambiaron las políticas. Entonces, ¿por qué cambiaría mi apoyo?”, expresó. Al mismo tiempo, ratificó su respeto personal hacia la figura del presidente Javier Milei y prefirió no dar más detalles sobre su relación con el mandatario: “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, sostuvo días atrás, al explicar que su objetivo principal apuntó a reforzar las propuestas libertarias en la Ciudad.
Joaquín De la Torre abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la provincia de Buenos Aires y decidió conformar un monobloque, aunque aseguró que seguiría alineado con Javier Milei en el plano nacional. Su salida respondió a las diferencias con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, y marcó un cambio en la composición de la Cámara alta, donde el bloque libertario quedó ahora con cuatro miembros.
Desde el entorno de De la Torre aclararon que “no se siente representado por las decisiones que se están tomando en cuanto al armado provincial, pero en lo nacional sigue alineado con el gobierno de Javier Milei”. En tanto, desde la bancada libertaria minimizaron el impacto de su alejamiento al sostener que la relación legislativa con el exalcalde “fue ‘muy buena’” y atribuyeron la ruptura a diferencias con el rumbo provincial del partido. De la Torre, por su parte, negó conflictos con Karina Milei, pero reconoció la tensión con Pareja y también con José Luis Espert, a quien el Presidente promovió como candidato a diputado nacional.
La relación del exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal con el oficialismo libertario había sufrido roces en mayo del año anterior, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a Pablo De la Torre —hermano de Joaquín— de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por una denuncia de retención de 5 millones de toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno avanzó entonces con una denuncia penal. A pesar de esos conflictos, De la Torre permaneció algunos meses más en la bancada de LLA, hasta que finalmente se alejó por las discrepancias con el armado bonaerense.
Paralelamente, surgieron detalles sobre una presentación del municipio de San Miguel —bajo la órbita de De la Torre— por una deuda del Ejército en tasas impagas de Campo de Mayo que ascendió a más de 650 millones de pesos. Ese reclamo alcanzó al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con una intimación de pago y posible remate de predios.
El bloque libertario en el Senado provincial quedó integrado por Curestis, Arietto, Reich y Riva. Una bancada aparte, compuesta por tres senadores que también se identificaron con el nombre de La Libertad Avanza pero que no respondieron al Gobierno nacional, se mantuvo en el recinto como otro espacio diferenciado. Al mismo tiempo, De la Torre pasó a ser el único representante de su monobloque. Así, el mapa de la Cámara alta bonaerense quedó conformado por 21 bancas de Unión por la Patria, 9 del PRO, 8 de la UCR + Cambio Federal, 4 de LLA1, 3 de la otra bancada libertaria y la monobanca de De la Torre.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el exsecretario de Seguridad de San Miguel, Juan José Esper Zamar, continuó por el momento en el bloque libertario que conduce Agustín Romo, sin replicar la determinación de su referente político. De la Torre confirmó, además, que no competiría en los comicios de medio término de 2025: “En San Miguel, nuestro grupo tiene como regla no dar reelección a los cargos legislativos y tengo que dar el ejemplo. Vamos a aspirar a que San Miguel siga teniendo una representación, pero no voy por la reelección”.
El exintendente explicó que esa decisión respondía a su proyecto local y añadió: “Creemos que tenemos una historia y que, si la elección es desdoblada, tenemos cosas para decir y mostrar, como nuestros sistemas de seguridad y de primera infancia. Eso lo vamos a sostener y seguramente intentaremos desde lo local construir una fuerza que permita que los bonaerenses discutan temas provinciales. Estamos dispuestos a dar esa discusión, creyendo que la provincia debe ser reconstruida desde lo local hacia lo provincial”.
De la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que en su carrera política pasó por el massismo, el macrismo y el kirchnerismo, había llegado al Senado bonaerense en 2021 bajo la lista de Juntos, encabezada por Facundo Manes. Posteriormente se distanció de ese espacio debido al acuerdo entre el sector cambiemita y el peronismo por el pliego de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas, y en 2023 fundó su monobloque Derecha Popular. Sin embargo, en marzo de 2024 se sumó a la bancada libertaria que presidía el senador Carlos Curestis, junto con Florencia Arietto, Betina Riva y Daniela Reich.
De esta manera, La Libertad Avanza perdió a uno de sus alfiles en la Cámara alta bonaerense, que quedó con cuatro senadores afines al Gobierno de Javier Milei y diferentes expresiones liberales divididas en otros bloques. Pese a la ruptura, De la Torre insistió en que mantendría su respaldo nacional a la gestión presidencial, al tiempo que buscó reforzar su influencia territorial a través de la experiencia adquirida en San Miguel.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.
Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con undéficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.
Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.
No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.
