¡PAPELÓN! | La Justicia intimó a Schiaretti a que le quite la palabra “JUNTOS” a su sello
El 26 de abril, la alianza del gobernador peronista había decidido modificar su nombre a "Hacemos Juntos por Córdoba", ahora deberá re-modificarlo para evitar confundir al electorado.
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La coalición rebautizada por Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, tuvo un arranque con pocas luces. Y es que la alianza que llevará como precandidato presidencial al cordobés (decisión que anunció en la Ciudad de San Francisco) debió modificar su nombre debido a una presentación de Juntos por el Cambio en la Justicia Electoral Provincial.
El espacio se llamó inicialmente “Hacemos Juntos por Córdoba”, motivo por el cual la coalición opositora instó a impugnar la utilización de la palabra “Juntos”, argumentando que podría confundir al electorado. La solicitud buscó el cese del uso de la expresión de manera inmediata.
Quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en las próximas PASO del mes de agosto. Lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que sea la superación de la grieta que tanto daño nos hace.
Con la intención de extinguir el reclamo judicial antes de que la Justicia Electoral analizara el planteo, la coalición del oficialismo resolvió modificar la denominación y pasará a llamarse “Hacemos Unidos por Córdoba”.
Para las elecciones locales del 25 de junio, en las que se elegirán gobernador y vicegobernador, 70 legisladores y 3 miembros para el Tribunal de Cuentas, “Hacemos Unidos por Córdoba” llevará como candidato a gobernador al actual intendente capitalino, Martín Llaryora. Su principal rival será Luis Juez.
Ser un país normal es ser capaces de trabajar juntos, con los sectores productivos, académicos, científicos. Queremos llevar para el resto del país el modelo de gestión de #Córdoba, que ha probado su éxito en la provincia.
En tanto, Schiaretti competirá en las PASO como precandidato presidencial contra el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Con esta nueva alianza, ya son 6 las oficializadas: Juntos por el Cambio, Hacemos Unidos por Córdoba, Creo en Córdoba de Todos (kirchnerismo), La Libertad Avanza, Frente Liberal Demócrata Desarrollista y Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad. En la medianoche del próximo sábado vence el plazo electoral para la presentación de las candidaturas.
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El ministro de Defensa, Luis Petri, acusó al gobierno anterior de desviar fondos destinados a las Fuerzas Armadas. Durante la entrega de cinco tanques TAM 2C AC modernizados en Magdalena, Buenos Aires, Petri reveló que se usaron 20 millones de dólares del astillero Tandanor para construir pérgolas y refugios de ómnibus, en lugar de reparar buques.
Petri destacó que estas decisiones políticas con sesgo ideológico retrasaron la modernización de los tanques y otros equipos militares. Afirmó que desde que asumieron en diciembre, el gobierno ha destinado recursos para equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas, incluyendo la adquisición de aviones supersónicos F-16.
La modernización de los tanques TAM 2C AC se realizó en colaboración con la empresa israelí Elbit Systems, mejorando significativamente sus capacidades operativas con tecnología de última generación. El ministro de Defensa enfatizó que se han invertido más de 21 millones de dólares en proyectos de drones, sin resultados concretos hasta el momento.
En su discurso, Petri declaró: “Los recursos han estado disponibles, lo que claramente se les ha dado otro destino por decisión política”. Además, subrayó: “Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó”.
El ministro criticó la falta de inversión y el desvío de fondos en el pasado, subrayando la necesidad de destinar los recursos a los intereses vitales de la patria y no a otros fines. Además, cuestionó la retención de ascensos militares por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la disponibilidad de fondos para la compra de sistemas de armas y la remodelación de bases militares.
La visita incluyó una demostración dinámica de los tanques en la pista de prueba y una exposición de los desarrollos en curso en la planta de producción. Petri concluyó reiterando el compromiso de su gestión con la modernización y el equipamiento de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la seguridad de Argentina.
Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
David Adrián “El Dipy” Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una “opereta”.
El documento de designación del cantante cumbiero lo nombra como “asesor en bandas emergentes”, con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.
La designación oficial establece queEl Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.
El martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo a América TV.
El sitio LPO ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante villero detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo “Es lo que hay”.
En una reciente entrevista concedida a la revista Gente, Estanislao Fernández denunció que el rol de su padre en la arena política, en lugar de acercarle posibilidades, se las ha alejado. Sin embargo, “Dyhzy” -tal como se da a conocer en redes sociales en calidad de drag queen-, omite mencionar que, gracias a los contactos de Alberto Fernández, todavía conserva un contrato en Provincia Seguros, una de las empresas del Banco Provincia.
Segú constató el sitio REALPOLITIK, a pesar de residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estanislao logró ingresar a este organismo en diciembre de 2015, el mismo mes en que Daniel Scioli abandonó la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Desde entonces, ha cobrado ininterrumpidamente su sueldo hasta el día de hoy.
“A diferencia de lo que considera la gente, más que darme trabajo, me ha quitado”, aseguró el hijo de Alberto Fernández. “Más que ayudarme, me perjudicó. Lo que sí creo es que soy una persona muy inteligente y trabajadora, y todo lo que he ganado fue gracias a mi esfuerzo”, añadió.
En formato drag queen, completamente de amarillo y con el micrófono de la revista Gente en mano, el hijo de Alberto Fernández acusó al ex presidente de haberle complicado su vida laboral. Los detalles en www.realpolitik.com.ar
Como era de esperar, las declaraciones de Estanislao generaron controversia en la escena pública y, particularmente, en las redes sociales. Actualmente, el hijo del ex presidente cobra un sueldo de organismo estatal bonaerense mayor a $800.000 mensuales, sin cumplir ninguna función. Según fuentes del lugar, jamás lo vieron trabajando en ningún área de Provincia Seguros.
El subsecretario de Integración Socio Urbana y armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sigue generando polémica, de camino hacia las elecciones legislativas del 2025. Ahora se encargó de sumar a kirchneristas que recorren las calles del Partido de La Costa.
Según publicó el sitio La Postal de Mar del Plata, se llevó adelante una reunión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la cual siguió al siguiente día en La Plata. De la misma, se habría cerrado un acuerdo entre Sebastián Pareja y el dirigente de Unión por la Patria (UxP) en La Costa, Walter Ortega. Sin ir más lejos, casi una alianza de trabajo entre peronistas y libertarios.
“No se habló de un Ortega encabezando las listas de La Costa para lo que será el armado de La Libertad Avanza en el 2025”, resaltaron. A lo que se añadió: “Se lanzaron nombres de jóvenes que pueden tener representación local”.
Walter Ortega fue un operador y “patotero” del ex intendente K, Juan Pablo De Jesús: Se acercó hasta la sede del gremio muñido de palos, y agredió al titular del mismo, Javier Cícero, que terminó desmayado y con numerosas lesiones, entre ellas fractura de maxilar, por las cuales está hoy internado en terapia intensiva del hospital San Martín de Porres, sentenció Letra P, el medio que informó de las amenazas que recibió el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) local.
Juan Pablo De Jesús
Son varios los casos polémicos que se generan alrededor de Walter Ortega, el nuevo hombre de confianza que tiene Sebastián Pareja para desembarcar a La Libertad Avanza en el Municipio. Un último ejemplo, está en que el dirigente peronista apoyó en las últimas elecciones a Cristian Cardozo y, posteriormente, ayudó en la campaña del ya ahora intendente Juan De Jesús (ambos de UxP).
